A pocas semanas de que asuma Claudia Sheinbaum en lo que será el segundo mandato consecutivo de Morena, hacemos un balance de distintos aspectos de la protesta de las y los trabajadores durante el sexenio que termina.

La política laboral del gobierno de López Obrador incluyó distintas medidas que tuvieron un alto impacto en la sociedad mexicana. Las mismas deben ser consideradas para entender las características que adquirió la movilización y la protesta obrera en el sexenio. Dentro de aquellas, el salario mínimo tuvo un importante incremento, pasando de 88 a 249 pesos y, en los estados fronterizos del norte a 375 pesos. Entre los programas implementados por el gobierno, destacó el caso de “Jóvenes construyendo futuro”, un programa de capacitación laboral de 12 meses. Además, en 2021, López Obrador impulsó una reforma que reguló el sistema de outsourcing, restringiendo la subcontratación autorizada. Cabe mencionar también el aumento de los días vacacionales para las y los trabajadores y la regularización de las trabajadoras del hogar.

El 1 de mayo de 2019 entró en vigor una nueva reforma laboral, aprobada en el contexto de las negociaciones del TMEC, y de las presiones de los gobiernos, las cámaras industriales y los liderazgos sindicales de Estados Unidos y Canadá para instituir regulaciones comerciales y laborales. En la reforma se definió la supresión de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, la revisión de los Contratos Colectivos de Trabajo cada cuatro años, así como la elección por voto personal, libre, directo y secreto de las conducciones sindicales. Estas medidas se inscribieron en el discurso progresista propugnado por el presidente. El apoyo social y electoral conquistado entre los trabajadores durante los años previos y que fue capitalizado por la ahora presidenta electa el pasado 2 de junio, tiene parte de su explicación en el impacto de estas políticas laborales.

En ese marco, deben considerarse los límites de estas reformas, inscritas en las características del proyecto del Morena, anclado en la preservación de un capitalismo dependiente y un cierto desarrollismo económico con mayor preponderancia estatal. El aumento al salario mínimo, significativo si se lo compara con el rezago de las décadas previas, está sin embargo restringido a una fracción de las y los trabajadores —según datos oficiales un 29% del empleo inscrito en el IMSS—. Las reformas al outsourcing, no eliminaron la subcontratación e introdujeron nuevas reglas de juego: muchas de las empresas proveedoras de empleos tercerizados se reorientaron a sectores como maquila, logística y servicios (Martínez, 2021). En la manufactura, aunque el trabajo tercerizado descendió (un 35% entre 2020 y 2022, según Gómez Zuppa 2023, p.89), es un componente clave que permite mantener ganancias sustantivas a las empresas. Respecto a la reforma, en un apartado posterior nos detendremos en sus límites y contradicciones.

Por otra parte, la política laboral no puede ser caracterizada solamente por las medidas mencionadas, deben tomarse en cuenta los aspectos de continuidad con los sexenios previos. Durante la pandemia, el gobierno impulsó, de acuerdo a las exigencias imperialistas, la temprana reapertura de la industria automotriz y maquiladora, bajo el criterio de que eran “esenciales”, sin considerar la salud de las y los trabajadores. Se mantuvieron altos niveles de trabajo informal y de la precarización laboral, no sólo en el sector privado, sino también en el estatal. Esto es un aspecto constitutivo del capitalismo dependiente, sobre la cual se basan las ganancias empresariales, como es el caso de Carlos Slim y Germán Larrea, que duplicaron sus fortunas (Flores, 2024).

Aun así, el contraste entre la ofensiva que enfrentaron las y los trabajadores durante los sexenios anteriores, y las medidas mencionadas, contribuyó a la hegemonía conquistada por el gobierno entre el movimiento obrero.

Las conducciones sindicales y el gobierno de la Cuarta Transformación

En la relación establecida por las organizaciones obreras más importantes con la administración obradorista, se dieron cambios sustanciales.

El charrismo tradicional, vinculado históricamente con el priismo, desarrolló una creciente cercanía con el gobierno. Aunque en los primeros años hubo momentos de fricción, particularmente de la CTM, se desplegó una relación cada vez más “cordial”: como puede verse en distintos comunicados emitidos por el Congreso del Trabajo hay una aceptación explícita de la política laboral del gobierno (Reyes, 2022). En otros casos, fueron más pronunciados los acercamientos: el SNTE desde 2019 se autodenominó como “aliado” y “ejército intelectual de la Cuarta Transformación”, y un curso similar tuvieron la CROC y la CROM.

Durante el sexenio se fortaleció un sindicalismo orgánicamente vinculado al gobierno y a su partido, encabezado por el senador Napoleón Gómez Urrutia —secretario general del sindicato minero y presidente de la CIT— y Pedro Haces, líder de la CATEM, también integrante de Morena. Estos buscaron ampliar su influencia, disputando la titularidad de nuevos CCT y son abiertos defensores de la legislación laboral de AMLO.

En el caso de las organizaciones que en sexenios previos se autodefinían como opositoras, como la UNT o el SME, apoyaron la política laboral del gobierno de AMLO, planteando la necesidad de profundizarla, y evitaron impulsar la movilización y la protesta obrera.

Es importante considerar la actitud de varias de estas conducciones burocráticas en las elecciones recientes. El secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda, fue candidato plurinominal de Morena. El petrolero Ricardo Aldana también manifestó su apoyo electoral a la candidata morenista. En noviembre de 2023, sindicatos de la UNT y de la CROC se inclinaron a favor de Claudia Sheinbaum; y en el Primer Encuentro Nacional con Organizaciones sociales y civiles por la 4T, convocado por Gerardo Fernández Noroña el 25 de febrero, el SME junto a organizaciones como la cooperativa Pascual, sindicatos del sector salud y educativo, apoyaron a Sheinbaum.

En este contexto, la CNTE se posicionó de manera contrastante y distinta. Aunque al inicio del sexenio su dirigencia mostró expectativas en las políticas gubernamentales, en los años siguientes se fue distanciando -cuestionando la política educativa- y protagonizó acciones de protesta en varios estados, para culminar en dos importantes acciones de alcance nacional, el 15 de abril, y el Paro Nacional iniciado el 15 de mayo y que duró varias semanas [1]. Además, la CNTE mantuvo un posicionamiento independiente de las tres candidaturas presidenciales.

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De esta manera, la mayoría de estos liderazgos evitaron la confrontación con el gobierno federal, mantuvieron su pasividad en el terreno de la lucha de clases y se subordinaron políticamente al Morena. El acercamiento de la mayoría de estas burocracias, le permitió al gobierno ampliar su base de apoyo entre las organizaciones sindicales. Como decíamos en otro artículo"Esto es otra muestra descarnada de la mencionada crisis histórica del priismo, que basó su hegemonía durante décadas en su control de las organizaciones obreras a través de la burocracia charra, y que ahora es desplazado por Morena." Marca un cambio evidente respecto a la vieja hegemonía priista, y está llevando a que Morena ocupe el lugar que antes tenía aquel partido, en la subordinación de las organizaciones obreras y populares.

Momentos claves de la protesta obrera en el sexenio

Tanto el impacto de la política laboral como el rol de estas conducciones sindicales son fundamentales para explicar una dinámica de baja lucha de clases y fortalecieron la hegemonía gobiernista. Esto no niega el número importante de conflictos locales y sectoriales, pero sí implicó un cambio cualitativo respecto a los sexenios de Peña Nieto y Calderón, en los que se dieron movilizaciones de carácter más generalizado y extendido (en el tiempo, geográficamente y/o en los sectores involucrados) que antagonizaron directamente con los gobiernos federales. En aquellos procesos, sectores de la clase trabajadora fueron protagonistas -o bien se sumaron a los mismos- como en las movilizaciones por Ayotzinapa en 2014 y 2015 o los movimientos magisteriales en 2013 y 2016. Aunque esas oleadas fueron desactivadas antes de la llegada de AMLO, pusieron en el centro de la escena nacional al movimiento de masas. Hay que considerar, además, que durante el sexenio se desarrolló la pandemia, con la baja de las acciones callejeras.

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En ese contexto hay que destacar cuáles fueron los principales acontecimientos de la lucha de los trabajadores [2] . Aquí no abordamos un análisis específico de los trabajadores de la educación básica y media, y de los trabajadores universitarios, que son tratados en otros ensayos [3], aunque hacemos mención de la importancia que adquirieron.

El 11 de enero de 2019 inició una oleada de huelgas y paros en las maquiladoras y empresas de Matamoros, Tamaulipas, que involucró a casi un centenar de establecimientos y 70 mil obreras y obreros. Comenzando con los llamados “paros locos” en algunos centros de trabajo, el 25 de enero se sumaron alrededor de 45 empresas. El 1 de febrero inició una segunda fase: para el día 9 se involucraron otras 30 empresas y se extendió a otros sindicatos y ciudades de la entidad (Méndez Moissen 2019 y Castellanos 2019a). Surgió el movimiento 20/32, autodenominado así por las demandas que lo impulsaron: aumento salarial del 20% y un bono de 32 mil pesos. Según Quintero (2019, 11), “un pasado de luchas sindicales existentes en la localidad, así como el empoderamiento que los trabajadores matamorenses traían con la elección de AMLO, fueron la base para exigir estas demandas”. La combatividad del movimiento impactó en empresas siderúrgicas que se fueron a huelga el 25 de febrero, así como entre trabajadores de supermercados y tiendas departamentales (Ríos Vera, 2019). Las huelgas se extendieron hasta marzo, siendo Coca Cola la empresa cuyo paro fue más extendido: 63 días. Este proceso llegó a otras entidades del estado: en Victoria, los trabajadores de la maquiladora Springs Window Fashions realizaron un paro exigiendo la renuncia del líder sindical y el incremento salarial de 16%. En Altamira, los trabajadores de Dragados Offshore, exigieron mejoras salariales (Ríos Vera, 219). Y alcanzó impacto y trascendencia nacional, motivando la solidaridad en CdMx y la visita de organizaciones políticas y sindicales en apoyo al movimiento.

Un rasgo distintivo de esta oleada, localizada en la clase obrera industrial vinculada a la exportación, fue que las reivindicaciones salariales y económicas se articularon con la confrontación con las burocracias tradicionales, lo cual asumió elementos antiburocráticos. En ese proceso emergió un nuevo sindicato, el SNITIS, impulsado por la abogada del movimiento, Susana Prieto Terrazas, quien luego fue diputada por Morena. Este sindicato se formó finalmente en junio de 2019, antecedido por reuniones multitudinarias en la plaza de la ciudad, pero donde se ratificaba, sin mayor deliberación, lo que proponía la abogada (Quintero, 2023) quien ejercía un control vertical y no fomentaba la democracia obrera. Otro aspecto que distinguió al movimiento fue que la confrontación fundamental era con la empresa y las burocracias mencionadas, en tanto que el gobierno no era identificado como un adversario. Se buscaba que se concreten las promesas salariales de AMLO: “Sabemos a lo que nos atenemos, el presidente dijo que iba a haber un cambio y estamos peleando por ello”, declararon los huelguistas de Coca Cola (Méndez Moissen, 2019).

El movimiento obtuvo la mayoría de las reivindicaciones y un reanimamiento de la organización y la combatividad. Sin embargo, las patronales despidieron alrededor de 4,700 trabajadores en los meses siguientes (Jiménez, 2019).

En el período de enero a marzo de 2019 la oleada de huelgas en Tamaulipas fue el centro de un proceso más extendido a nivel nacional. Impactó y coincidió con estallamientos en las universidades de Chapingo y la Autónoma Metropolitana (92 días de huelga), en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca y en el Colegio de Bachilleres. La CNTE de Michoacán, protagonizó casi un mes de huelgas, manifestaciones y bloqueos, en tanto que los académicos de los Cecyte realizaron paros en 12 entidades. También en el sector salud se dieron movilizaciones y paros en distintos puntos del país, y se desarrolló un inédito paro en trabajadores de tiendas del Grupo Walmart y Soriana en Colima. El Universal (2019) tituló “Vive México efervescencia de huelgas”, en tanto que el 13 de marzo cámaras patronales denunciaron “huelgas ilegales en el norte”. El 2019 fue el año que tuvo más huelgas registradas de los dos últimos sexenios (76 de jurisdicción local), correspondiendo 45 de ellas a la industria, agrupando a más de 25 mil trabajadores de este sector y a más de 7 mil de la educación [4], números muy superiores a la última década.

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El segundo momento destacado de acciones de lucha se desarrolló a partir de febrero de 2020 y se extendió hasta mayo, comprendiendo los primeros meses de la pandemia. No tuvo las características de una oleada concentrada en un sector determinado y unificado por reivindicaciones comunes —como el proceso anterior— pero destacó por la diversidad de sectores de trabajadores involucrados y el incremento de conflictos; entre marzo y mayo, fue el periodo de mayor conflictividad obrera durante toda la pandemia.

Resaltan en el inicio de este periodo la huelga de los trabajadores de la universidad de Chapingo y del sindicato de Notimex; la cual se extendió por 3 años y 10 meses, hasta el 29 de diciembre del 2023, siendo el conflicto obrero de mayor duración del sexenio, con gran repercusión mediática. Durante abril y mayo surgieron procesos de lucha en los llamados “sectores esenciales” que continuaron laborando durante la pandemia: destacando particularmente entre los trabajadores del sector salud de distintos estados, y en la industria de transformación, particularmente en las maquiladoras del norte del país, con más de 40 conflictos (Méndez Moissen, 2019b).

En el sector salud, las demandas se centraron en la falta de insumos y el retraso de los pagos; en momentos posteriores de la pandemia se sumó el reclamo por la falta de vacunas para las y los trabajadores. En la maquiladora los conflictos apuntaron a la exigencia del cierre de las empresas ante la emergencia sanitaria y contra los abusos patronales, por el pago del 100% de las horas y en protesta por la muerte de trabajadores, por contagio de COVID, en la misma línea de producción. También se manifestaron, en esos primeros meses, otros sectores esenciales, como los meseros, los trabajadores de call centers y de aplicaciones, como en el caso de Rappi.

Estos fueron los dos momentos de mayor concentración de acciones del sexenio, destacando por la intensidad y conflictividad obrera. A la par, destacamos otros procesos de lucha que se desarrollaron en los años posteriores, con un carácter más sectorial y protagonizado por actores cuya participación fue recurrente.

Movimiento Unam no paga, entre marzo y junio de 2021. Proceso extendido durante más de 3 meses y protagonizado por trabajadores académicos precarizados, profesores de asignatura organizados y movilizados, que mediante movilizaciones y mítines cuestionaban la precarización laboral en la máxima casa de estudios, y que se dieron además en un contexto donde se venía anunciando el regreso a clases presenciales cuando aún continuaba la pandemia.

Trabajadores de la Secretaría de Cultura en la zona metropolitana, entre enero y abril de 2022. Con movilizaciones, bloqueos, mítines y un proceso de organización asamblearia, este proceso de lucha fue motorizado por la precarización laboral y los despidos, con la negativa de las autoridades de reconocerles su carácter de trabajadores. Esta lucha debe verse en un contexto signado por la participación que tuvieron trabajadores de dependencias públicas y al servicio del estado, los cuales en varios casos se orientaron contra los efectos de la llamada austeridad republicana sobre las franjas más precarizadas de los trabajadores estatales y contra los despidos, que según distintos datos de abogados y organizaciones defensoras de los derechos laborales, en 2019 ya llegaba a 20 mil personas [5]. En ese sentido, debe destacarse también el conflicto contra los despidos en el DIF de la CdMx durante los meses de junio de 2019 a febrero de 2020, que incluyó mítines, movilizaciones y bloqueos, y logró la reinstalación de varias trabajadoras despedidas por motivos políticos. Estos procesos tienen continuidad durante la actual transición de gobierno, por ejemplo, con las acciones convocadas por la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras de la CDMX.

Dentro de la dinámica de la participación del magisterio, que se tratará en otro ensayo, resaltamos en particular las acciones que ya mencionamos: la Jornada Nacional de movilización y el paro del 15 de abril convocados por la CNTE, por ser la primera acción del sector que asume una dimensión nacional durante el sexenio —antecedida por numerosas movilizaciones estatales durante los años previos—, además de que se inscribe en una mayor confrontación con el gobierno federal, así como el Paro Nacional Indefinido iniciado el 15 de mayo y que se extendió por varias semanas.

Por último, queremos destacar la huelga de Audi en Puebla, que se desarrolló del 24 de enero al 18 de febrero de 2024. La misma fue el conflicto huelguístico en la industria más extenso, desde el movimiento 20/32 de Matamoros. El mismo fue motorizado por demandas salariales —obtuvo un incremento mayor al propuesto originalmente por la empresa— y por el repudio a los atropellos de la patronal, encabezado por un sindicato autodefinido como democrático, que fue cuestionado por sectores de la base que sostuvo los paros.

Encontramos entonces que bajo la presidencia de AMLO se desarrollaron distintos movimientos y acciones de lucha —en su mayor parte sectoriales y en muchos casos en condiciones de aislamiento—, y hemos plasmado aquí los que consideramos más importantes. En estos movimientos, que involucran a sectores de la clase trabajadora, podemos destacar la participación de: trabajadoras y trabajadores al servicio del estado de diversas dependencias, de la educación (básica, media y superior), así como de distintas ramas de la industria —incluyendo la industria maquiladora de exportación—, y también de los llamados sectores esenciales, como salud, apps y call centers.

Procesos claves de participación sindical y política

Como mencionamos al inicio, los cambios a la legislación laboral impulsados por el gobierno (que se realizaron manteniendo la histórica sujeción de los sindicatos respecto al Estado), generaron importantes expectativas entre las y los trabajadores. Particularmente en lo que refiere a la posibilidad de que, a partir del rechazo de los CCT mediante el voto secreto, se abriese la posibilidad de un cambio en la representación sindical.

Al 1 de mayo de 2023, se habían sometido a legitimación un total de 30,529 CCT de los 139,000 vigentes (casi un 22%), en tanto que más de 100 mil fueron declarados inexistentes. Aunque según distintas informaciones, la mayoría eran considerados como contratos de protección patronal, los trabajadores de esos centros de trabajo pasaron a tener contratos individuales (Gutiérrez, 2023). En particular, destaca el dato de que sólo un 0.2% de los CCT fueron rechazados. Esto mostró que, en la mayoría de los casos, las dirigencias charras condujeron procesos de legitimación a modo, con la complacencia de las autoridades laborales. Hubo casos destacados, como el sindicato petrolero, donde no arribó la democratización anunciada y donde su dirigencia se alineó con la candidata presidencial de Morena. En este y otros casos, la democratización sindical anunciada por el gobierno estuvo subordinada a la conservación de conducciones ahora afines a la 4T.

Aun así, un elemento novedoso es que un sector de la clase trabajadora aprovechó los cambios en el marco regulatorio para expresar su descontento y su aspiración de democratizar sus organizaciones, un fenómeno verdaderamente progresivo. Se generó así un proceso de politización y de participación sindical, a través del rechazo a los CCT, como se verificó en General Motors Silao, Mazda Guanajuato o Nissan Aguascalientes, y que buscó sacudirse el control del charrismo tradicional, en particular de la CTM.

En ese contexto aparecieron otros actores. Por una parte, los llamados sindicatos independientes que atrajeron el descontento obrero con el charrismo para disputar y en algunos casos ganar la representación sindical, como el SNITIS en plantas de Matamoros y Reynosa, SINTTIA en General Motors y Frankische Industrial Pipes o el Sindicato independiente de Saint Gobain, los cuales conquistaron simpatías entre las y los trabajadores con un discurso de democratización sindical y de oposición al charrismo tradicional, aunque han sido señalados por no desarrollar esta democracia al interior (ver por ejemplo, sobre el SNITISS, (Quintero 2023, págs 286-288). Establecieron además un estrecho vínculo con las dirigencias sindicales de la AFL-CIO y UNIFOR en EEUU y Canadá, y apostaron al respaldo de la nueva normativa laboral gubernamental y de los mecanismos de respuesta rápida del TMEC.

Por otro lado, contendieron en estos procesos y ganaron la representación sindical centrales burocráticas como la CATEM, como en Mazda Guanajuato y Nissan, en el marco de su disputa con las centrales charras vinculadas al PRI, como la CTM, y su búsqueda de ampliar influencias y de construir un proyecto sindical burocrático afin al Morena.

A manera de conclusión

En contraste con los sexenios anteriores, bajo el obradorismo asistimos a procesos más localizados y sectoriales de lucha y de movilización. En ese sentido, se dio una pasivización relativa de la lucha de clases, cuyas características explicamos antes y enunciamos sus causas: la política laboral del gobierno y el alineamiento con éste de las burocracias sindicales, que permitieron la construcción de una importante hegemonía. A la par, los aspectos de continuidad neoliberal expresados en la persistencia de la precarización laboral. empujaron muchas de las acciones de lucha que se dieron estos años y que significaron una experiencia de politización y movilización para determinados sectores obreros. En ese contexto, queremos concentrar las características centrales de los movimientos que describimos previamente.

Por un lado, la lucha y participación político-sindical que se presentó en franjas del movimiento obrero industrial. Estos procesos —en un sector estratégico para el capitalismo dependiente— tuvieron antecedentes muy destacados en los años previos que fueron gestando una experiencia de lucha y organización, como en la empresa Schumex en Matamoros, en abril de 2013 (Quintero, 2023) o en Lexmark, Eaton y otras empresas de Ciudad Juárez en 2015 (Méndez Moissen, 2016). La confrontación con las centrales tradicionales empieza a hacerse presente, con mayor frecuencia, en sectores del proletariado industrial históricamente oprimido por las estructuras charriles.

En muchos de estos procesos pueden encontrarse la expectativa en la acción y la legislación laboral del progresismo gobernante, algo esperable considerando tanto las ilusiones que suscitó la llegada de AMLO en 2018, como las simpatías que despertaron las reformas antes mencionadas. Esto además fue fomentado tanto por las burocracias sindicales tradicionales, como por las nuevas conducciones que se reclaman independientes. La articulación entre la lucha por la democracia obrera y por la independencia de clase surge entonces como una perspectiva necesaria y a construir en el movimiento de las y los trabajadores y en la industria en particular.

Por otra parte, las acciones protagonizadas por trabajadores al servicio del estado y de distintos niveles educativos. En sus demandas se combinaron reclamos salariales y en torno a las condiciones laborales, así como frente a cierres, despidos, cesantías y la precarización; por su extensión en algunos casos se constituyeron como procesos de resistencia, que duraron meses y hasta años, como el caso ya referido de Notimex.

Algunas de estas luchas se dieron por fuera de las organizaciones sindicales tradicionales y en sectores altamente precarizados y no sindicalizados (como en distintas dependencias estatales o entre profesores de asignatura), con elementos de espontaneidad y de organización asamblearia. Al ocurrir en muchos casos en el sector público, el antagonismo se estableció con las autoridades. Esto se tradujo en notables elementos de crítica y de confrontación con el gobierno y sus representantes, como en los mencionados procesos de trabajadores del DIF, de la Secretaría de Cultura y de otras dependencias. Estos aspectos —que pueden ser considerados en términos de autonomía— se contraponen con el posicionamiento referido de la mayoría de las dirigencias sindicales, aunque por la atomización y el aislamiento que aquellas impulsaron, no se desarrollaron ni ampliaron su influencia .

El sexenio obradorista representó entonces nuevos desafíos para los trabajadores, que protagonizaron distintos procesos de lucha y de participación político-sindical, poniendo en juego sus demandas salariales, laborales y de democratización de sus organizaciones, y articulando distinto grado de antagonismo respecto a los empresarios, las burocracias sindicales y las autoridades locales o federales.

Las acciones y procesos de la lucha de clases, desarrolladas bajo el gobierno de AMLO por los trabajadores de la educación, del estado o de la clase obrera industrial -por mencionar algunos sectores- representaron una verdadera experiencia, que puede apuntalar una nueva subjetividad y nutrir lecciones y conclusiones de lucha que sean puestas en juego en el próximo periodo, en particular por estos sectores en condiciones que seguramente serán cambiantes. Esas condiciones estarán marcadas no sólo por los acontecimientos nacionales, sino por los vaivenes de la situación política y la economía internacional, y en particular la relación con Estados Unidos -donde en los próximos meses se realizarán elecciones-.

Bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum -en el cual más allá de la continuidad de los planes sociales y de algunas medidas progresistas no se resolverá la situación de fondo de precariedad, explotación y opresión de las mayorías obreras-, estará planteado desarrollar la movilización y la lucha de las y los trabajadores. Como en los años previos, el accionar de la mayoría de las conducciones sindicales burocráticas, aliadas al gobierno, intentará mantener la pasividad y fortalecer la hegemonía morenista sobre el movimiento obrero.

En la lucha por las demandas y los derechos de la clase trabajadora, irá jugándose la superación de la subordinación al Morena (y a los demás partidos de la oposición patronal, como el alicaído PRI), que permita resquebrajar la hegemonía burguesa existente, y avanzar en la autoorganización y la independencia de clase, al servicio de lo cual debe ponerse la construcción de una alternativa política de las y los trabajadores, anticapitalista, socialista y revolucionaria.

Fuentes de consulta

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