MINERIA. Protestas en Perú contra el proyecto minero Tía María

Una vez más, el pueblo del Valle de Tambo, en Arequipa-Perú, se apresta a iniciar una medida de lucha a partir de este lunes 15 de julio ante la anunciada aprobación, por parte del gobierno de Martín Vizcarra, de la ampliación del proyecto minero Tía María que es propiedad de la empresa transnacional Southern Cooper. Este proyecto procesará óxidos de cobre de los yacimientos La Tapada y Tía María, ambos ubicados en el desierto de La Joya. El punto más próximo del proyecto al valle de Tambo se encuentra a una distancia de 2.5 kilómetros, en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa. Ello hace prever que los márgenes de contaminación, propios de la minería a tajo abierto, terminarían afectando la salud de los pobladores del valle de Tambo y sus actividades económicas (agricultura), como ha ocurrido anteriormente en otras zonas aledañas a los grandes yacimientos mineros.

Según estimaciones del gobierno central y de la empresa Southern Cooper, este proyecto minero compromete una inversión de 1,400 millones de dólares y considera la construcción de una mina a tajo abierto con una producción de 120,000 toneladas de cobre al año (4.9% de la producción nacional). Los estudios realizados indican que hay en esta zona 638 millones de toneladas de mineral con una ley promedio de cobre de 0.39%.

El presidente Martín Vizcarra y los empresarios alineados en torno al gremio de empresarios CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas), ven en este proyecto una importante fuente económica que les permitiría dinamizar sus negocios ante la inminente recesión que ya se empieza a sentir en el Perú debido a nuestra dependencia exclusiva de la venta de materias primas al mercado externo, el cual atraviesa por una severa crisis y por la guerra comercial entre las grandes potencias capitalistas. Sin embargo, estas estimaciones del ejecutivo y de los empresarios nacionales y extranjeros no toman en cuenta – porque no les interesa - el impacto social de este proyecto minero en las poblaciones aledañas. Una vez más, el gobierno termina poniendo sobre los hombros del pueblo trabajador las consecuencias de la crisis económica internacional, lo cual evidencia palmariamente su carácter pro empresarial y pro imperialista.

Y decimos pro imperialista porque la empresa transnacional Southern Coopper - ex Southern Perú Cooper Corporation – ha sido y es (a pesar de su cambio de denominación y de personería jurídica) – la principal punta de lanza de la penetración imperialista norteamericana en nuestro país. Esta empresa empieza a operar formalmente en el Perú desde la década de 1950. Inicialmente explotan el yacimiento de Toquepala (Tacna) y luego Cuajone (Moquegua), teniendo su refinería en la ciudad porteña de Ilo (Moquegua). Desde los primeros años de su instalación hasta la actualidad, su derrotero ha estado teñido por una serie de denuncias por abusos laborales, contaminación ambiental y corrupción de funcionarios públicos y dirigentes sociales y siempre ha “sabido” salir airosa gracias a sus vínculos con los gobiernos de turno y con los poderes del Estado. Tanta es su influencia política, que ni siquiera el gobierno dictatorial y nacionalista de Velasco Alvarado se atrevió a tocarla, allá por la década del 70, cuando la mayoría de las empresas mineras fueron nacionalizadas.

En la actualidad, la Southern tiene más de 13 sanciones por contaminación ambiental en las regiones de Moquegua, Tacna y Apurímac. Tal es así que, tanto el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (Osinergmín) como la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la han sancionado varias veces por dañar el medio ambiente. Cinco de estos incidentes contra la naturaleza sucedieron en la refinería y fundición de cobre en Ilo (Moquegua), por lo cual la empresa fue sancionada con 530.745 soles por infracciones ambientales. En el terreno laboral, Southern también hace gala de su autoritarismo y blindaje jurídico, a ello se debe el despido de más de 20 trabajadores que participaron en las últimas huelgas del 2017, dentro de los cuales se encuentra el ex secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores, Jorge Campos.

Urge una salida de fondo

Como vemos, en sus casi 70 años de permanencia en el Perú, la empresa Southern solo ha traído saqueo nacional, daño ambiental, abusos laborales y corrupción. A cambio de ello, esta empresa aspira a convertirse en la 3era empresa minera de cobre más importante del planeta, desplazando a empresas de la talla de Glencore y BHP Billiton, como bien lo señaló en su momento Raúl Jacob responsable de finanzas de Southern. Es así como funciona el capitalismo y el imperialismo: concentra la riqueza en las manos de los grandes empresarios provenientes de los países imperialistas, mientras que condena a los pueblos de los países explotados y oprimidos a la pobreza y a crisis recurrentes.

No será entonces de la mano de más inversión privada extranjera que el pueblo peruano saldrá de la crisis en la cual ya estamos insertos, como consecuencia de nuestra condición de país capitalista dependiente. Esto ya quedó demostrado cuando, a pesar del importante crecimiento del PBI durante el periodo conocido como boom primario exportador (2005-2013), nuestro país siguió dependiendo de los mercados internacionales de materias primas, ya que la estructura de nuestra economía se mantuvo y se mantiene atada a las demandas y necesidades de las metrópolis imperialistas. Por eso, la capacidad de diversificación productiva - llámese industrialización nacional – no se ha desarrollado y, ante la recesión internacional, nuestra economía ha empezado a contraerse significativamente, a eso se debe que hayamos pasado de un crecimiento que superaba el 8% anual a las cifras actuales que apenas llegan al 3%.

Esto se da porque a nuestra burguesía nacional lo que menos le interesa es tener autonomía para impulsar un proyecto industrializador. Ellos han institucionalizo su carácter cipayo y pro imperialista, por eso hoy dan todo de sí para concretar proyectos como el de Tía María o el de las Bambas, sostenidos en capitales extranjeros, ya que de esa manera pretenden sacar algún beneficio a través de sus empresas tercerizadoras (constructoras, entre otras), las mismas que se sostienen en la precarización del trabajo de millones de asalariados.

En ese entender, el gobierno de Martín Vizcarra, al ser un gobierno del empresariado nacional y del gran capital imperialista, hará lo que esté a su alcance para concretar los objetivos de estos sectores. Por esa razón, el presidente se ha trazado como meta para la reactivación económica atraer la mayor inversión privada posible y esto va de la mano de realizar cuanto antes una reforma laboral que termine por liquidar los ya precarios derechos laborales, haciendo de esa manera “más atractivo” nuestro país a los capitales extranjeros. A ello se debe entonces que el pasado 31 de diciembre del 2018 se aprobó la política de competitividad del ejecutivo y que el pasado 9 de julio el gobierno haya aprobado la viabilidad del proyecto Tía María, a pesar de las denuncias en su contra. Lo que está pasando en el valle de Tambo, no es entonces una desviación del “demócrata” Vizcarra quien actuaria ahora bajo la presión infame de los empresarios de la CONFIEP como nos pretende hacer creer Verónika Mendoza del Nuevo Perú, sino todo lo contrario: el fallo del ejecutivo a favor de Southern es una expresión concreta de la orientación de clase del presidente.

Hacen mal entonces aquellos sectores que creen que de la mano del presidente y de su política de “reactivación” de la economía se solucionarán los problemas de contaminación ambiental provocados por la actividad minera o el estancamiento del mercado interno que empieza a afectar notoriamente a los agricultores como los del valle de Tambo. Para acabar con la contaminación provocada por las empresas mineras, reactivar la economía y salir de la crisis en la que ya hemos ingresado, necesitamos romper con el imperialismo y su lógica de dominación que nos condena a ser proveedores de materias primas y pagadores compulsivos de la deuda externa. Necesitamos, para ello, empezar por nacionalizar nuestros recursos naturales (como el cobre y otros) y ponerlos bajo control de los y las trabajadores y el pueblo organizado, solo de esa manera la economía empezará a estar al servicio de los productores y no de los explotadores. Decidiremos así, de manera colectiva y democrática cuánto producir y cómo producir. Ya no será la búsqueda de la ganancia la que guie la esencia de la economía, sino el bienestar de los trabajadores, el pueblo y la preservación de la naturaleza.

Esto, definitivamente no lo hará un gobierno de la izquierda reformista o neo reformista, ya que ellos – con sus matices - apenas aspiran a “humanizar” las formas de dominación del capital, lo cual a la postre termina agudizando la crisis social, como claramente lo demuestran las experiencias de Venezuela, Brasil y Argentina. Esto, solo será posible de la mano de un gobierno de las y los trabajadores y de las grandes mayorías explotadas y oprimidas. Para avanzar hacia ese objetivo estratégico, hoy urge luchar por imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que sobre la base de la ruina del régimen fujimorista del 93, permita a los trabajadores y el pueblo discutir la expulsión de las transnacionales así como la propiedad de nuestros recursos naturales, y en definitiva qué país construir. La experiencia de una asamblea constituyente de estas características permitirá llegar a vastos sectores de la población a la conclusión de que sólo un gobierno de las y los trabajadores y el pueblo puede dar una salida estructural y definitiva a todos los problemas que afectan a los trabajadores del campo y de la ciudad.