Se aproxima el nuevo plebiscito de salida. Es importante que profesoras y profesores, trabajadores de la educación, estudiantes y comunidades educativas, asumamos una posición frente a este escenario.
Lunes 23 de octubre de 2023
Las profesoras y profesores y los trabajadores que nos agrupamos en Nuestra Clase denunciamos abiertamente que el texto constitucional emanado del consejo sólo quiere mantener el actual sistema de educación escolar que se cae a pedazos. Llamamos a organizarnos para enfrentar el fraude constitucional. Las corrientes que dirigen actualmente el Colegio de Profesores, que quieren repetirse el plato (Díaz, Aguilar, Cartagena (PC)); no sirven, si realmente queremos transformar la educación.
¿Qué dice el borrador de Constitución sobre educación?
El texto plantea un principio general: que la “educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida, en el contexto de una sociedad democrática”. Pero junto a ese principio general, leemos normas como estas:
“Las personas tienen el derecho de abrir, organizar, mantener y desarrollar establecimientos educacionales, sin otra limitación que las impuestas por las buenas costumbres, el orden público y la seguridad de la Nación”.
“Se reconoce el derecho y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos o pupilos”.
Si “las personas tienen el derecho de abrir y desarrollar establecimientos educacionales”, entonces, se mantiene intacto el actual sistema en el cual la educación particular-subvencionada gana cada vez más espacio en desmedro de las escuelas públicas. Actualmente, cerca del 55% de la matrícula escolar corresponde a la educación particular subvencionada y cerca de un 35% a la educación municipal.
Si los únicos límites para abrir una escuela, son los que imponen las “buenas costumbres”, el “orden público” y la “seguridad de la nación”, entonces cualquier fanático-religioso o personaje turbio -que sea respetuoso de esos valores- puede abrir un colegio, recibir plata del Estado, contratar y despedir profesores y profesoras a su antojo, amparándose en la Constitución. Tal cual sucede ahora. “La asignación de recursos públicos deberá seguir criterios de calidad, respeto a la libertad de enseñanza y razonabilidad”. Con esa norma, “cualquiera” puede alegar recursos públicos en nombre de la “libertad de enseñanza” con el pretexto de que está impartiendo educación, respetando la calidad y la razonabilidad.
La realidad en las escuelas
Quienes hemos trabajado en distintos colegios particulares subvencionados sabemos que muchas veces es muy poco claro en qué se gastan esos recursos que se reciben desde el Estado. Muchas veces sucede que familias que quieren “hacer negocios”, grupos de interés que cuentan con la propiedad de algún suelo urbano, sectores profesionales altos que forman corporaciones ideológicas, etc., forman escuelas y hacen los trámites para recibir recursos estatales. En algunos casos “se ve la plata” en herramientas, datas, instrumentos musicales, etc. En otros casos directamente se trabaja sólo con plumón y pizarra mientras directivos y sostenedores pasean en bonitas camionetas. Hay colegios, como el Oscar Salinas de La Pintana, donde hay casos de profesoras/es despedidos ahora en octubre, de manera completamente prepotente.
Quien esté leyendo esta columna, le puede preguntar a cualquier profesora o profesor que haya trabajado en varios tipos de colegios si estos ejemplos son “exageraciones” o realidades que se repiten en distintas comunas y ciudades.
Con el borrador de constitución que está en el horno del Partido Republicano, todo este sistema, quedará intacto. Con “el derecho y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos o pupilos” también quedan intactos los argumentos conservadores en contra de profesoras y profesores y los lineamientos como la “educación sexual integral” o contra ideas que sean consideradas “contrarias a los valores de las familias”. La derecha siempre busca sembrar el temor al “adoctrinamiento” en las aulas, para cubrir que su interés es evitar a toda costa que la escuela sea un espacio donde las y los jóvenes o niños puedan expresarse y desarrollar su creatividad y pensamiento crítico. Argumentos jurídicos para reclamar en contra del profesorado, podrán encontrar amparo en una norma constitucional como esta.
Una ilusión de libertad
Lo peor de todo es que se trata de una “ilusión” de libertad de elección de la educación para los hijos e hijas de las familias. ¿O acaso una vecina o vecino de clase trabajadora de Puente Alto puede escoger libremente que su hija o hijo estudie en un colegio particular con una mensualidad de $200.000 o $300.000 o incluso más dinero? Para alguien que habita en la comuna de Til-til, que desea libremente que su hijo estudie en la localidad ¿es libre de hacer esa elección cuando el alcalde de Revolución Democrática decidió cerrar las escuelas de la comuna?
Visto desde el ángulo de la educación, el borrador de nueva constitución en realidad es la misma porquería neoliberal de siempre: en nada importante se diferencia de la constitución de 1980. En otros aspectos -trabajo, salud- tampoco es muy distinto. El Colegio de Profesores, que de la mano de Carlos Díaz se ha dedicado a festejar un supuesto “fin del agobio laboral” que no es tal -pues quedan intactos el portafolio, la prueba de conocimientos específicos y causales de despido-, no está dando ninguna pelea tampoco contra el fraude constitucional. Es claro que estos dirigentes no sirven para dar una lucha seria, así lo demostraron echándole “agua fría” al “paro indefinido” que no se pudo organizar. Ahora Carlos Díaz y otras dirigentes como Paulina Cartagena celebran un supuesto fin de la doble evaluación, cuando siguen en pie el portafolio, la prueba de conocimientos específicos, las causales de despido, como han tenido que reconocer incluso otros dirigentes como Aguilar.
Qué plantea Nuestra Clase ante el fraude constitucional
Por eso hace falta construir una agrupación alternativa a las direcciones burocráticas del Colegio de Profesores. En las elecciones nacionales no apoyamos a ninguna lista. En las elecciones de Antofagasta nos referenciamos en la lista que impulsa la agrupación Nuestra Clase. En Santiago, desarrollamos trabajo de base en colegios del centro y la zona sur de la ciudad. Recientemente planteamos que es necesario que el Colegio de Profesores impulse un plan de movilizaciones, que incluya asambleas desde la base y un paro en solidaridad con Til-til y los docentes de Atacama. El Colegio de Profesores ha llamado a una “gran movilización” para el miércoles 25 por esta razón, pero hasta ahora no existe ningún indicio de que busquen preparar seriamente una jornada de lucha.
Se acerca el plebiscito constitucional: las y los trabajadores de la educación necesitamos enfrentar este fraude porque es parte de enfrentar la educación neoliberal heredada de la dictadura pinochetista y conservada por todos los gobiernos posteriores incluyendo al actual de Gabriel Boric. Los dirigentes oficiales toman el palco y comentan, pero no impulsan ninguna acción de lucha. Antes el pretexto que daban era el apruebo a la ex nueva Constitución de la Convención. Ahora no tienen pretexto.
¿Qué peleas es necesario dar? Por ejemplo, romper con la lógica de los “subsidios” a privados, garantizando un financiamiento estatal basal a la educación en todos sus niveles y un sistema gestionado democráticamente por trabajadores de la educación y comunidades; pelear por una inyección de recursos que responda a las urgencias y garantizar sistema público financiado por el Estado. También urge pelear por una jornada docente con un 50% de horas no lectivas, por un máximo de 15 estudiantes por sala, con equipos profesionales suficientes y capacitados para abordar todo tipo de necesidades de las y los jóvenes y sus familias relacionadas con el ámbito educativo, en red con universidades, por estabilidad laboral para los trabajadores de la educación. Todo esto nos lo mostrarán como imposible o “fuera del debate constitucional”, pero es necesario. Otra pelea necesaria: la gestión directa de trabajadores y comunidades de cada centro educativo, por ejemplo, de colegios y liceos. Una planificación democrática desde abajo del currículum; también, cuestionar los métodos retrógrados de educación funcionales a la reproducción de las desigualdades sociales y los valores capitalistas. Pelear por derechos democráticos de organización en el lugar de trabajo, por ejemplo, fuero para delegados de profesores. Esto, necesariamente, para quienes integramos Nuestra Clase, implica unir la lucha por transformar la educación con la lucha por transformar la sociedad y denunciar su farsa de la “libertad de enseñanza” que no es más que libertad del capital para dominar la educación, con la complicidad del Estado. Transformar la sociedad implica enfrentar a la clase capitalista que quiere que todo -incluso la educación de las escuelas- le sirva para ganar siempre en la sociedad; mientras otra/os trabajan para ellos. Estas son algunas peleas que da Nuestra Clase.
