Jujuy viene siendo el principal laboratorio a nivel nacional, tanto de los ataques al movimiento de masas como de la resistencia popular. En el presente artículo Jonatan Ros y Eduardo Castilla abordan las primeras conclusiones sobre el proceso, así como sobre las diferentes estrategias políticas que se ha puesto a prueba. Muestran la importancia de una izquierda revolucionaria fuerte para afrontar las peleas que se vienen.

A esta altura, las largas semanas de lucha transcurridas en Jujuy permiten un primer balance de las diversas estrategias que entraron en acción. Al mismo tiempo, dejan planteadas lecciones político-estratégicas para actuar en la lucha de clases que, más temprano que tarde, volverá a emerger en la provincia, como parte de un escenario nacional también conflictivo.
 
El proceso de conjunto puede ser definido como una suerte de levantamiento provincial extendido en el tiempo, con protagonismo destacado de la docencia y las comunidades originarias, apoyado en la simpatía de sectores amplios de las masas. Enfrentó al régimen que impulsó una Reforma Constitucional reaccionaria votada por la UCR y el PJ, uniendo esa pelea a demandas largamente postergadas, como la del salario y el rechazo al saqueo de los bienes comunes naturales, que cuestiona los negociados del litio. Cuando esas tres peleas se articularon, emergió una lucha política de masas contra el régimen y contra esa sociedad de radicales y peronistas que gobernó Jujuy por 8 años, casi como partido único. Esa unidad de docentes, comunidades y otros sectores en lucha conformó el bloque de junio.

Describirlo como levantamiento lo emparenta a la definición de revueltas, el tipo de procesos de masas que marca la tónica de la lucha de clases internacional en los últimos años. En De la movilización a la revolución, Matías Maiello define que la fisonomía de las mismas está marcada, entre otras cuestiones, por: a) el carácter “ciudadano” y atomizado que adquiere el movimiento de masas; b) la concentración de la misma en determinados puntos del espacio público (con las plazas como lugares emblemáticos) y c) la fragmentación social de los sectores que entran en el proceso (pp. 19-21) [1]. Un aspecto central es que “no adoptan como objetivo reemplazar el orden existente sino presionarlo para obtener algo” (p.17). Sin embargo, al mismo tiempo, “contienen en sí la posibilidad de superación de ese estadio de acciones de resistencia o actos de presión extrema” (p.19). Es decir, no hay una barrera absoluta entre revuelta y revolución. El salto de un estadio a otro depende de múltiples factores, entre los subjetivos, “especialmente, de si el movimiento de masas puede ir más allá en su conciencia y organización”.

En Jujuy, el proceso de movilización contó desde el inicio con la participación de la docencia como actor colectivo. Aunque existe división entre gremios (Adep en primaria, Cedems en nivel medio) entraron a la pelea con sus organizaciones y la sostuvieron por semanas. Las comunidades originarias que cortan rutas, también intervienen como actor colectivo. En comparación a otros procesos tipo revueltas, la “novedad” es la intervención de sectores de la clase trabajadora con sus métodos de lucha. Sin embargo, esto tiene sus límites. La clase obrera no participa de conjunto en la lucha política. Lo central de su accionar está dado por la perseverante lucha docente –que duró más de un mes y se sostiene ahora como lucha salarial– y, en segundo lugar, por la acción de las y los estatales. En ese marco, las pocas jornadas de paro provincial no lograron ser contundentes.

Por otra parte, el espacio público fue ocupado por constantes movilizaciones, esencialmente pacíficas, que convergieron en el centro de San Salvador y las principales ciudades. En la capital, la Plaza Belgrano actuó como punto de concentración. En Purmamarca, en el punto más alto de enfrentamiento, se libró una dura batalla el 17 de junio. Al mismo tiempo, el corte de ruta apareció como desafío directo al control estatal sobre territorio provincial. En sus momentos más tensos –aún sin datos oficiales que lo registren– se evidenciaron las dificultades ocasionadas al turismo y a la circulación de insumos para la minería.

A esos límites hay que agregar tanto el carácter provincial del proceso –que restringe geográficamente la acción de masas– como la relativamente breve duración, con el momento más alto de la movilización concentrado en alrededor de 10 días.

Como parte del balance de las revueltas, Matías Maiello se pregunta “como romper la relación circular entre procesos de movilización y de institucionalización” (pág. 30). Eso lleva a pensar las formas de impedir que el régimen pueda recomponerse luego de sufrir duros golpes de la lucha de clases. Esa eventual recuperación sucede cuando las tendencias a una lucha más radicalizada, más política, de impugnación y superación al régimen de conjunto, son contenidas o frenadas por la intervención de direcciones sindicales y políticas conciliadoras.

Por ello, uno de los puntos centrales a preguntarse alrededor de Jujuy es ¿qué formas organizativas tenía que desarrollar el movimiento para unificar a los sectores en lucha, en el camino de derrotar la Reforma?

El PTS-Frente de Izquierda planteó la pelea por una Asamblea Provincial de Trabajadores y Comunidades que pudiera ser un engranaje para imponer un verdadero Paro Provincial hasta tirar la Reforma. Una institución así hubiera permitido, en parte, enfrentar las políticas que el régimen se dio para desarmar el bloque de lucha formado por docentes, comunidades, estatales y otros sectores. Al mismo tiempo, podría permitir superar la “discordancia de los tiempos” entre la vanguardia más combativa (docentes y comunidades) y sectores amplios de las masas que repudiaban la Reforma.

Narrando lo ocurrido en Jujuy se puede ver cómo una estrategia basada en la autoorganización de los y las trabajadores y la unidad con las comunidades podría haber permitido nuevos saltos hacia adelante, superando a las corrientes que quisieron imponer límites al desarrollo del proceso. Trataremos de demostrarlo, analizando los acontecimientos.

La historia de la Constituyente

 
La reforma constitucional de Morales y el PJ empezó a prepararse en septiembre de 2022. El anuncio fue acompañado de un frío gélido por parte de la población. Meses antes, el gobierno había tenido una ofensiva sobre varias organizaciones sociales, tanto independientes del gobierno nacional como afines a él. La respuesta fueron las movilizaciones más grandes de sus años de mandato. También en ese tiempo había sufrido el repudio a un tarifazo del que debió retroceder. Luego de 8 años gobernando con mano dura, había indicios de fin de ciclo para ese régimen de cuasi cogobierno entre Morales y el PJ.

Sabiendo que el esquema de gobierno estaba construido sobre la persona del gobernador, Morales buscó un cambio constitucional. Para miles de jujeños se intentaba la re-reelección. Ninguna promesa bastó para despejar las dudas. El peligro no era perder electoralmente, sino que un porcentaje inédito del pueblo no fuera a votar. El gobernador quería dejar un legado de su régimen policial, darle rango constitucional a lo que había logrado: prohibir la protesta social.
 
Allí tuvo su primera derrota parcial. La elección iba a hacerse en diciembre, en medio del Mundial, lo que alimentaba más las sospechas. Morales, con cara de canchero y de “acá no pasa nada”, dijo que lo “pensó mejor” y que, para no entrar en gastos innecesarios, iba a unificar con las elecciones a gobernador. Messi mediante, Carnavales y sol de verano, empezó la campaña electoral.

La impugnación de la izquierda y los candidatos del PTS al régimen social y económico encontró un eco amistoso. Durante la campaña electoral provincial denunciamos una provincia rica con trabajadores pobres. Que eso no era obra de ningún poder extraño ni del destino, sino de un régimen que permite el saqueo de forma obscena [2]; la superexplotación en el campo en manos de tabacaleras y empresas como Ledesma, que sigue sin pagar impuestos municipales; y salarios bajísimos, como los estatales que, en ese momento, estaban entre los 5 más bajos del país.

Realizada en mayo, la elección se unió a la de los intendentes. Esto facilitó la polarización en varias localidades entre la UCR y el PJ; allí era el único lugar donde había “algo” en juego [3]. El peronismo provincial estaba en manos de Rubén Rivarola, político totalmente desacreditado. Esas elecciones a intendente tuvieron su peso y –con ayuda del aparato y el clientelismo– le dieron sobrevida a un peronismo que ya tenía olor a cala. Así y todo, la izquierda encabezada por Alejandro Vilca, Natalia Morales, Gastón Remy y Keila Zequeiros (PTS-FITU) hizo la mejor elección ejecutiva en una provincia desde 1983, con casi el 13% de los votos, saliendo segunda nuevamente en San Salvador de Jujuy y conquistando 6 convencionales constituyentes. 
 

La Convención

Ni bien terminaron de contarse los votos, con un triunfo radical con el 47 %, se llamó a la primera sesión de la Constituyente, que arrancaba amañada. En su famoso artículo 5 se establecía que todo lo discutido por fuera de la convocatoria (lo que le importaba a radicales y peronistas, no al pueblo) sería declarado nulo. Apenas iniciada, el PJ le entregó el control a la UCR. Un reglamento votado por ambos partidos definió que todo podía aprobarse con mayoría simple: la mitad más uno de los convencionales.

En la apertura de la Convención, Gerardo Morales –“efímero” presidente de la misma– se hizo votar conductor, dio un discurso y pidió licencia. Fue directo a una reunión con dirigentes de la Sociedad Rural. En la alocución inaugural dijo que iba a proponer “algo que no se había discutido”: votar cada 4 años, no cada 2. Días después apareció otra propuesta: la llamada “cláusula de gobernabilidad”, por la que el gobernador que ganase las siguientes elecciones, más allá de cuanto obtuviera, se quedaría con la mitad más uno en la Legislatura. El “tú has mentido, has engañado a todo el pueblo”, que sonó en las calles por semanas, fue una respuesta popular a esa “avivada”. 

Durante días, nadie supo de qué hablaba la Reforma. De a poco, el pueblo empezó a querer saber de qué se trataba. Lo que salía del recinto solo alimentaba desconfianza. La pelea de la izquierda en la Convención fue central. Sus convencionales denunciaron esas maniobras para hacer un régimen totalitario.

Los marxistas luchamos por una república organizada a través de Consejos de diputados electos por unidad de producción (empresa, fábrica, escuela, etc.), revocables, que cobren el sueldo de un trabajador y no tengan ningún privilegio. Una forma de democracia muy superior a la más democrática de las repúblicas burguesas. Sin embargo, en la Convención terminamos enfrentando a los supuestos republicanos, que trataban de limita el derecho al voto, incluso dentro del restringido esquema de la democracia capitalista.

En la Convención también se vio el secretismo. La UCR y el PJ tenían la firme voluntad de que nada de lo que sucediera fuera conocido por el pueblo trabajador. Los convencionales de la izquierda dieron pelea para que se transmitieran las comisiones. La insistencia llevó a que, como sanción, se le quitara la palabra a Gastón Remy y Natalia Morales, convencionales del PTS. Luego, en la Comisión que trataba los límites a la protesta social, se impidió que hablaran decenas de dirigentes de organismos de derechos humanos, sociales y políticos. En medio de todo eso, la izquierda denunció que no había un texto sobre el cuál debatir modificaciones. El escándalo creció. La Convención no votó la transmisión en vivo, pero “permitió” que los asesores de los constituyentes pudieran hacerlo. De ahí en más, quien quisiera ver las comisiones, podía hacerlo por La Izquierda Diario.

Estas, en la mayoría de los casos, fueron una pura formalidad, con las cámaras empresarias invitadas a dar su punto de vista, siempre favorable. Así y todo, los convencionales del PTS buscaron la forma de que sus bancas fueran tribunas para que hablara el pueblo trabajador. Se aprovechó cada resquicio dado por el afán de la UCR y el PJ de disimular que todo estaba acordado de antemano. Así, la izquierda invitó a decenas de personalidades de DDHH; sindicatos (como SEOM y Cedems); presos políticos; abogados; miembros de organizaciones sociales (como el FOL). Todos y todas tomaron la palabra, fueron grabados y sus denuncias transmitidas [4]. Cuando se trató la situación de las Comunidades originarias, Natalia Morales puso su banca a disposición de que se escuchara esa voz. Allí pudieron expresarse, denunciar que no había sido aplicada la consulta previa e informada, mostrar como actuaba verdaderamente el Gobierno provincial. Sin embargo, nada de lo planteado fue tenido en cuenta por el conjunto de la Convención.

La falta de texto hizo todo más turbio. Este apareció un día y, tras un par de sesiones más, se pasó a la Comisión redactora. El peronismo puso un par de despachos por minoría, pero avisó que votaría en general. O sea, que acompañaba a Gerardo Morales y la UCR hasta el final. 
 

La calle responde

 
Afuera, la calle empezaba a hablar. La Coordinadora No a la Reforma hizo una primera movilización. Los sindicatos no participaron. Sola la izquierda y las organizaciones sociales opuestas al peronismo. En el caso del SEOM, pasó por el acto e hizo un saludo. El 5 de junio, todo tomó más color: se convocó a un paro docente de 24 horas, con movilización por salarios. En el caso del Cedems, se agrega el rechazo a la Reforma. Ese día, cuando la secretaria general de Adep toma la palabra, un grupo de docentes grita “no se vendan”. Ese activismo, durante todo el proceso, mantuvo una actitud de tratar de controlar a la dirección burocrática. Pero, a pesar de esa desconfianza, no logró poner en pie organismos alternativos, que pudieran reemplazar a las conducciones cuando no quedara más alternativa para seguir peleando (así sucedió el domingo 30 de julio, cuando la dirección burocrática decidió levantar el paro pese al mandato de las asambleas de base, que votaron seguir; hay que destacar que, a pesar de eso, un sector importante del activismo se sigue movilizando hoy, junto al Cedems, sin la dirección de su gremio y contra ella).

También a inicios de junio, el Cedems –recientemente recuperado de manos de la burocracia– decide salir al paro en una asamblea mediana. La medida de fuerza resulta enorme. Marcha conjunta y acto en Plaza Belgrano; las columnas se deciden a dar la vuelta y pasar por la puerta de la Legislatura, donde sesiona la Constituyente. Adep pasa de largo; el SEOM, no intenta detenerse; Cedems sí lo hace. Los activistas de Adep obligan a sus dirigentes a dar pasos hacia atrás; el SEOM se queda finalmente en el lugar. La lucha por el salario y contra la Reforma acaba de unirse. Luego una asamblea del Cedems, esa misma tarde se llama al paro por tiempo indeterminado.

En esta entrada en escena de la docencia jujeña influyó –y mucho– la lucha docente en Salta, que en ese momento aun enfrentaba al gobierno de Gustavo Sáenz, que la había reprimido en varias ocasiones.

Hacia el choque

El Palacio seguía su show y el repudio aumentaba fuera. Si todo seguía su curso, se podía prever el choque. La izquierda seguía denunciando como se conspiraba contra el pueblo trabajador. Las marchas eran cada vez más grandes, el apoyo a ellas también.

Se forma entonces la Intersindical, que juega un rol progresivo en este momento, haciendo entrar en la lucha a otros sindicatos. Luego, cuando se convierta en Multisectorial, empezará a jugar un papel desmovilizador. Se convoca entonces a paros provinciales que, en realidad, son solo de estatales. Las marchas pasan a ser organizadas solo por los sindicatos, entre ellos la CTA, generando una primera división. A partir de ese momento, la Coordinadora No a la Reforma –donde están la izquierda, organizaciones sociales independientes, a veces el SEOM y el Cedems– empieza a ser “avisada” de los actos y marchas “unitarias”, pero no se establece una coordinación real. El SEOM cumple el papel de “enlace” entre sindicatos y Coordinadora, pero no garantiza que las acciones ocurran efectivamente unificadas y planificadas en común, en función dañar al enemigo [5]. Junto a la CTA, logran que movilizaciones de muchos miles parezcan más reducidas. Así y todo, no pueden impedir que las cosas sigan para arriba. Las trabajadoras de salud intentan una y otra vez entrar en la lucha, pero entre la burocracia y las divisiones en varios sectores de autoconvocados, no logran hacerlo con la fuerza suficiente. El gobierno trata de sacar a los docentes de las calles, otorgando aumentos parciales, pero son rechazados.
 
A esta altura, la escisión entre los representantes y los representados es bastante aguda. Nadie quiere la Reforma. Ni el gobierno ni el PJ pueden hacer ni una marcha a favor. El lunes 12 de junio Morales da cuenta de esta situación y retira los puntos más totalitarios: el voto cada 4 años y la mayoría legislativa automática. Esto da más moral, se ve que se puede hacer retroceder al gobierno. Dos días más tarde retrocede en otro intento de criminalizar la protesta, derogando un decreto propio –emitido cinco días antes– que acrecentaba el castigo por salir a manifestarse. Se pierde el miedo. Se empieza a derrumbar la estabilidad creada en base al temor; el clima reaccionario logrado estos años, basado más que nada en el hartazgo de gran parte de la población con el PJ y los métodos de la Tupac. Morales había hecho creer que ahí estaba todo el problema y que la solución era el orden. El “orden” se impuso y trajo salarios de hambre. El argumento no daba para más. Fin.
 
Las centrales sindicales finalmente convocan a un paro general. Ponen como fecha el viernes 16, el día que la UCR dice que van a votar la Reforma. Antes de eso, la Comisión Redactora hace un cut-paste de todo lo que acuerdan radicales y peronistas; pone por separado los despachos de mayoría y minoría. El miércoles 14 de junio los convencionales de la izquierda anuncian que se retiran, que no van a ser parte de ese ataque contra el pueblo. Alejandro Vilca hace un discurso que seguramente será recordado por mucho tiempo y entrará en la historia de este proceso. Se van a Plaza Belgrano a acompañar las movilizaciones. Desacreditan aún más a la Convención. Cumplen con su palabra y su compromiso. Culmina allí una larga tarea de parlamentarismo por parte de los revolucionarios, deslegitimando desde adentro a las instituciones del Estado capitalista e impulsando la movilización extraparlamentaria.
 
Para el día 16 comienzan los cortes de las Comunidades originarias. Sobre todo, en la Quebrada. Ese día hay represión en Abra Pampa. El eje, sin embargo, será Purmamarca, donde se unen las rutas 9 y 52. Allí, el día 17 se desata una represión brutal. Pero tiene lugar una batalla abierta, con un saldo de unos 60 detenidos, entre ellos Natalia Morales, diputada electa del PTS, y Lucho Aguilar, periodista de La Izquierda Diario. La Policía tira a los ojos, a la cara, deja a Misael Lamas, de 17 años, sin un ojo. Arroja piedras, detiene gente, pero pierde la batalla. El corte no se mueve pese a la represión. La población sale a la ruta a apoyar. Combate y vuelve a controlar el nudo que une estas dos rutas que van a Chile y Bolivia. Ese día, junto a los jóvenes estudiantes organizados en el Comité contra la Reforma, la Juventud del PTS-FITU pone el cuerpo en el fragor del combate. De inmediato, los cortes se multiplican en la Quebrada a la Puna y también en el Ramal y San Salvador. En la provincia donde se hizo una Reforma para prohibir cortes que no existían, los cortes proliferan y proliferarán.

Haciendo su ingreso a la escena de crisis provincial, las Comunidades ganan su lugar y respeto. Serán un factor dinamizador de la resistencia del pueblo jujeño, incorporando demandas propias, como el derecho a la tierra, a sus tierras. Ponen en discusión nada menos que la destrucción ambiental y el saqueo alrededor del enorme negocio del litio. Cuestionan uno de los objetivos centrales de la Reforma, que apuntaba a construir un orden para garantizar ese saqueo de los bienes comunes naturales. En esa pelea defienden sus territorios, que es la defensa del agua y la tierra frente a la explotación capitalista, que provoca la destrucción sistemática de la naturaleza. Salen con decisión, con garra. Ponen el cuerpo, pasan frío. En ocasiones buscaron una coordinación mayor de la que se logró. Son uno de los dos bastiones que conquista la lucha, junto a los y las docentes. A lo largo del proceso, en el momento más alto, llega a haber 26 cortes en las rutas de Jujuy.

En muchos puntos de la provincia hay disposición seria a luchar. Las redes sociales muestran algunas escenas. En el norte, un oficial o un comisario se acerca a los manifestantes y los intima a irse. Hay negativa. El policía, bravucón, dice “a mí no me molesta ir al choque”; se escucha de atrás un coro que le responde “a nosotros tampoco”. En el Ramal, se acerca otro oficial a llevar la nota de intimación. Un manifestante le advierte que “tenga cuidado” con lo que puede pasar “con nuestros hermanos del Norte”. El ánimo es de combate, no es una simple protesta. Son miles quienes tienen el firme deseo de ganar la pelea, tirar abajo la reforma y conquistar sus derechos postergados.

Todos y todas desprecian la Reforma: la leen, la estudian y ven en ese texto agravios y ataques contra el pueblo todo y contra cada sector en particular. Quienes viven en tierras fiscales que pueden ser usadas prioritariamente para emprendimientos productivos; las Comunidades, que ven la amenaza de desalojos exprés; la docencia, que recibió importantes ofertas salariales gracias a la lucha y sabe que, si quitan ese derecho, pierde una herramienta muy útil. Todas y todos defienden su derecho a reclamar. La conciencia avanza en semanas lo que no había logrado en años. Para el gobierno se abre un momento crítico.

Por miedo a la calle, la UCR y el PJ apuran los tiempos: el jueves 15 aceleran y votan, entre gallos y medianoche. La CTA y la CGT garantizan que el paro no tenga efecto; llegará un día después de la aprobación. En la noche de ese jueves está convocada una marcha de antorchas. Muchos avisan que se está votando; otros agitan que hay que ir a la Legislatura. Van llegando más y más personas; en un momento son miles y miles, rodeando el edificio. Los dirigentes sindicales lo único que hacen allí es esperar que la gente se retire. 
 
Morales busca dividir. El lunes 19, después de la brutal represión en Purmamarca, intenta una maniobra para desactivar; busca hacerse el comprensivo con las Comunidades. En conferencia dice que va a sacar puntos referidos a su problemática. Para las comunidades es un engaño, lo rechazan. Natalia Morales denuncia que se trata de una provocación, al retirar el artículo 50. Allí se reafirmaban derechos consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales; pero incumplidos. Como la consulta previa, libre e informada, que es obligación de los Estados antes de hacer cambios en territorios de comunidades. Ese incumplimiento se hace en beneficio de los grandes monopolios, que hacen del litio un negocio “a lo Potosí”, como una vez dijo CFK, quien también es parte del consenso extractivista. La Reforma ya había sido votada. En su discurso, Morales dice que puede hacer esos cambios porque aún no ha sido jurada. El mamarracho vuelve a evidenciar que el gobernador hace y deshace a su antojo.

El martes 20 de junio, cuando va a jurarse, hay paro con movilización. Se da una fuerte represión, que termina con enfrentamientos en barriadas como Moreno y en las cercanías de la vieja terminal. Jóvenes de los barrios humildes pelean durante horas. La represión se transmite en cadena nacional. Hay cerca de 150 detenidos. El repudio es masivo. Jujuy pasa a ser noticia en todo el país [6] e incluso internacional. Morales pierde muchísima legitimidad. A diferencia de lo ocurrido con Purmamarca –donde el repudio fue completo– un sector en lucha toma cierta distancia. Sin embargo, esencialmente se mantienen las ganas de pelear. El gobierno, votado hace poco, no tiene ninguna legitimidad. No logra constituir una fuerza política ni social que lo apoye. No tiene la capacidad de reprimir los cortes. El PJ también queda completamente golpeado. Pocos días más tarde, Morales intenta hacer una marcha para recuperar la calle: es un fracaso total.

Es el momento en que se articulan la pelea en San Salvador, los cortes de ruta en el interior provincial y el mayor desprestigio del Gobierno. Donde más claramente se abre la posibilidad de avanzar hasta derrotarlo. Donde estaba planteada la Huelga General para intentar terminar con la Reforma como tarea inmediata. Si se lo intentaba, las posibilidades de triunfo eran reales. O se avanzaba hacia una perspectiva que buscara desatar todas las fuerzas posibles para derrotar al régimen o se conciliaba con él, más allá de la intención de cada actor. En momentos así no hay terceras opciones. Se hace necesario tomar una perspectiva donde se busque poner todas las fuerzas a disposición para ganar la pulseada. Esa orientación revolucionaria se muestra como el único camino viable para conquistar los objetivos. Es todo lo contrario a un dogma, surge como una necesidad. 

Es en ese momento cuando, con demora, la Ctera convoca a paro nacional docente en repudio a la represión. Dura 48 horas y, a pesar de la exigencia de los sectores combativos, no tiene continuidad.

Lucha política y lucha sindical

Tras la represión del 20, durante varios largos días, no hay convocatorias a nuevas medidas serias. Las rutas siguen cortadas, los docentes están de paro, pero no se avanza. Más allá de alguna u otra acción, las direcciones sindicales no convocan al paro general hasta voltear la Reforma. El régimen libera rápido a los presos para evitar respuestas. La situación no le permite volver a reprimir los cortes de las Comunidades ni tener detenidos por mucho tiempo. En esos días decisivos no hay ninguna organización capaz de imponerles a los dirigentes sindicales de las centrales la única política posible: la Huelga General para terminar con la tarea iniciada semanas antes. Los dirigentes peronistas, que las conducen, juegan su rol, negándose a tomar este camino. Las organizaciones sociales, que habían movilizado a varios miles, no lo hacen. Muchas de ellas son contrarias a exigir la Huelga General. En medio del operativo de desmovilización, no logran ser una contratendencia. 

El día 24, una asamblea dividida del Cedems decide levantar el paro por tiempo indeterminado, luego de recibir un fuerte aumento salarial. La decisión deja más aislados a los sectores que seguían en la lucha dura, como Adep y las Comunidades. Ese momento constituye un punto de quiebre. Ocurre cuando se transita el momento más alto del proceso. En esa asamblea, la posición de la Agrupación 9 de Abril –que es parte de la directiva de este sindicato recuperado, junto a compañeras y compañeros con quienes se peleó en común contra la burocracia– fue plantear la continuidad de la lucha, discutiendo medidas en común, junto las comunidades originarias y otros sectores. La votación fue favorable al acuerdo por escaso margen: 240 a 214 votos. Cientos de docentes del norte provincial, que bancaban la lucha en las comunidades, no pudieron participar.
 
En esa decisión, se vieron los límites que pueden llegar a tener las llamadas “nuevas direcciones” o de los “dirigentes honestos” [7]. No estamos poniendo en cuestión la honestidad en sí misma. Tampoco las intenciones; sino la estrategia. En estos casos, o se avanza en una perspectiva independiente o se va hacia la aceptación de los límites impuestos por el régimen, por más que la dirección se mantenga en oposición política al mismo. O se actúa con una perspectiva sindicalista o con una que lleve a actuar en función de los intereses comunes de explotados y oprimidos, es decir, que se proponga una política hegemónica.

La independencia de los sindicatos respecto al Estado se define, en gran medida, por si estos se limitan o no solo a la discusión sobre las condiciones de venta de la fuerza de trabajo. El Estado capitalista busca que los sindicatos no trasciendan esa tarea. Que representen los intereses inmediatos de sus afiliados, pero no que actuén como organizadores del conjunto de la clase trabajadora, empezando por los sectores más oprimidos, de donde saldrá la mayor energía de lucha.

En Jujuy, lo conquistado salarialmente era subproducto de una lucha decidida de amplios sectores del pueblo. Si el régimen logra salir del momento más crítico –algo que viene logrando– comienza con la tarea de “recuperar lo perdido”, buscando que la inflación y los ataques hagan su trabajo para retrotraer todo lo posible la situación.

La perspectiva que tomó la mayoría de la conducción de Cedems en la asamblea del 24 se basó en un cálculo sindical; en la posibilidad de conquistar una mejora para el sector que representa. Sin embargo, no era solo eso lo que estaba en juego en Jujuy. Había una lucha política de masas, que mediante la acción directa se proponía derrotar una ofensiva del régimen político con la Reforma.

Esa decisión debilitó la lucha de conjunto. El resto de las conducciones sindicales no sufrió ninguna presión más para continuar la lucha. Salvo Adep, por la propia base de activistas. Si el Cedems no paraba por tiempo indeterminado o no contaba con un plan de lucha, ¿cómo exigir que lo hagan los gremios de la CTA, el SEOM o, ni hablar, los de la CGT? En ese escenario, un sector de la burocracia sindical salió a pedir “diálogo”, tirándose contra los cortes. Tiempo después el Gobierno, la Iglesia y la CGT iban a comenzar su llamado a la “pacificación” sin repudiar la represión.
 
Después de aquella asamblea, las maestras nucleadas en Adep y las comunidades siguieron resistiendo durante semanas. La tarea del momento era rodear de solidaridad a esos dos sectores, que quedaron más aislados. Se trataba de ganar tiempo y ver si esa persistencia alcanzaba para que ingresaran nuevos sectores o volvieran otros a la lucha.

El gobierno atacó a las maestras con descuentos duros: ni la directiva de Adep ni los demás sindicatos salieron en su auxilio. Si se hubiera convocado a un gran fondo de lucha nacional e internacional, la enorme solidaridad que se había manifestado con la lucha de Jujuy hubiera permitido juntar millones de pesos. La Agrupación 9 de Abril planteó esta pelea, impulsándola activamente en Humahuaca, donde estaba un sector combativo de la docencia primaria.

En esas semanas, las Comunidades siguieron con sus cortes, firmes y heroicas frente al frío. Al día de hoy resisten, ya con menos dureza y atacados por patotas enviadas por el gobierno, empresarios del turismo un tanto fascistizados y personajes por el estilo. Hace pocos días, irrumpieron en Buenos Aires con sus demandas, en la marcha del Tercer Malón de la Paz. En simultáneo, Cedems volvió a salir a la lucha, en reclamo de aumento salarial y condiciones laborales. Sin embargo, estas luchas se dan en un escenario distinto al momento más alto del proceso.

Las políticas de desmovilización

Al no caer la Reforma, el gobierno retomó parte de su ofensiva. En ese escenario se dio la detención de 12 manifestantes, que luego fueron liberados. Uno de ellos era Iván Blacutt, de IS-Frente de Izquierda. El régimen intentaba sembrar el miedo con las detenciones. Pero también se hizo evidente que no contaba con una base social que permita una política realmente dura. En el futuro, si se recompone, lo intentará seguramente [8].
 
El intento de desactivar la enorme movilización implicó varias políticas. Por un lado, el Gobierno, además de perseguir y amedrentar, apostó a la división. Buscó cerrar acuerdos salariales con la docencia y gremios estatales, al tiempo que intentaba dividir a las Comunidades, estigmatizando a un sector como “violento” diferenciándolo de otro “dialoguista”. Sumó el uso electoral de los hechos, acusando al kirchnerismo y al Gobierno nacional de impulsar los cortes y protestas, algo absurdo. Ya hemos visto el papel del PJ en la Convención.

El Gobierno nacional entró en escena junto con el peronismo para empujar dos políticas impotentes, por vía “institucional”. Por un lado, la intervención federal de la provincia; por otro, el pedido a la Corte Suprema de declarar inconstitucional la Reforma. Pero la Corte está vinculada políticamente a la oposición de derecha. Resulta ilusorio pensar que pueda fallar a favor del pueblo jujeño. Por otro lado, la intervención Federal implicaría ubicar un funcionario cercano a Massa como interventor. Cabe recordar que Massa aportó muchísimo a que Morales fuera gobernador en 2015. Esta, además, es una política de vía muerta: para aprobar la intervención se necesitarían los votos de Juntos por el Cambio. Es decir…del partido de Morales [9].
 
Por abajo, gran parte de las conducciones sindicales acompañaron esas políticas. A días de que Cedems levantara el paro, la Intersindical pasó a llamarse Multisectorial, integrando a sectores de pequeños productores y apartando más aún a la izquierda que incomodaba, con su insistencia, para que se llame a una Asamblea provincial y al Paro general. Al mismo tiempo, planteó también, como política central, la inconstitucionalidad de la Reforma.
 
Así se logró desarmar el bloque de junio, que habían unido en los hechos a docentes y comunidades, con el apoyo del pueblo, contra la Reforma. En ese proceso de desagregación actuaron tanto los partidos patronales como las direcciones de las organizaciones sindicales y sociales, que plantearon una política desmovilizadora.
 
Ahora, de cara a las elecciones, el régimen intenta recomponerse. Los radicales, tratando de no desmoralizar a su propia base, aunque la caída electoral parece segura. El PJ, por su parte, intenta una política gatopardista, yendo en tres listas separadas, buscando despegarse de la colaboración con Morales [10]. La reciente intervención nacional de este partido va en el mismo sentido. Una importante política del régimen pasa por la candidatura de Milei. Con su discurso antipolítica, busca canalizar la bronca contra el PJ, la UCR y contra la política en general.

Una nueva situación

De conjunto, como resultado del levantamiento, la relación de fuerzas ha cambiado. A pesar de los votos, el próximo gobierno radical será un fantasma comparado con el de Morales. Y el peronismo no podrá jugar más su papel de socio permanente.

La reforma existe en el papel. Pero, curiosamente, la situación es mejor que antes de que fuera votada. Hay más libertad, contradiciendo el texto escrito. Los cortes, por ahora, no pueden levantarse así nomás. Terminó el tiempo donde poner un pie en la calle, sin autorización y con un cartel, terminaba realmente mal. No se aceptan más los ataques como ocurría antes. Pero, precisamente, eso es lo que van a necesitar los gobiernos entrantes, provincial y nacional.

Por eso esta situación no puede durar para siempre. El consenso extractivista trae consigo la necesidad de un régimen autoritario que llevará a que el gobierno intente imponer la Reforma de manera efectiva, en un marco de ajuste. Se abrirá, antes o después, una pelea seria para definir la relación de fuerzas. Las peleas actuales no son más que episodios para la preparación de esos combates por venir.

Algunos elementos de balance

 
Volvamos a las definiciones. El límite principal de las revueltas radica en su incapacidad de derribar al régimen político. Como plantea Matías Maiello, al no poder avanzar se continúa una “relación circular entre procesos de movilización e institucionalización. Esta termina configurando un verdadero ecosistema de reproducción de regímenes burgueses en crisis” (p. 11). Al no derrotar al régimen, se abre un escenario donde la clase dominante puede retomar la iniciativa, intentando recuperarse.

Romper esa “relación circular” entre movilización e institucionalización se vuelve un problema estratégico, que está ligado al “desarrollo de nuevas instituciones para la unificación y organización de los sectores en lucha. El objetivo pasa por quebrar la resistencia de los aparatos burocráticos para desplegar una estrategia de autoorganización capaz de articular aquello que se ha fragmentado (…) unir a los diferentes sectores de la clase trabajadora (…) junto con el movimiento de mujeres, estudiantil, medioambiental, antirracista, etc., en la perspectiva de constituir un poder alternativo que sea capaz de derrotar al Estado capitalista” (p. 24).

Uno de los límites de las revueltas pasa por el no surgimiento o no desarrollo de organismos democráticos de base, que puedan unir a los distintos sectores en lucha e impedir la “tarea” de desagregación que llevan adelante las burocracias, bloqueando la perspectiva de un cambio profundo de régimen social.

En ese marco estratégico, en Jujuy, desde el PTS-Frente de Izquierda planteamos la pelea por una Asamblea Provincial de trabajadores y comunidades originarias, que fuera capaz de unir a todos los sectores en lucha. Una instancia amplia y democrática, que permitiera discutir y debatir medidas de lucha en común, en la perspectiva de pelear por imponer el paro provincial hasta derrotar la Reforma. Desde esa perspectiva actuamos en los sindicatos y el movimiento estudiantil, al mismo tiempo que la planteamos a las Comunidades. Una instancia así podría permitir superar la “discordancia de los tiempos” entre los diversos sectores de las masas, que tienen distinto nivel de organización y entran en diferentes momentos a la lucha. También podría haber permitido que, si un sector sufría más el desgaste, dispusiera formas consensuadas de continuar la lucha común.

En esas semanas, mientras la docencia actuaba a través de sus sindicatos, otros sectores no podían hacerlo por los límites de sus propias organizaciones. Por ejemplo, las y los trabajadores de Salud podrían haber sido parte de una Asamblea Provincial, superando la fragmentación sindical del sector. También los mineros que se movilizaron en algunas ocasiones. El movimiento estudiantil también podría haber encontrado allí un canal de organización para sumarse a la pelea conjunta. A lo largo del proceso, desarrolló instancias como el Comité Estudiantil contra la Reforma –que luego sumó docentes y trabajadoras de la salud– y realizó tomas de establecimientos en lugares como Abra Pampa. Sin embargo, no llegó a unirse más activamente.

Una instancia así, aunque agrupara a docentes, trabajadores estatales y a las comunidades, no hubiera representado aún a la mayoría de la clase obrera. Sectores amplios de la industria, transportes y servicios podrían haber quedado afuera por responsabilidad de sus direcciones. La Asamblea tenía que batallar por sumarlos al movimiento. Y parte de esa pelea era para imponerle a las conducciones sindicales el paro provincial hasta que cayera la Reforma.

Fue para pelear por esa perspectiva que el PTS-Frente de Izquierda impulsó la Asamblea contra la Reforma del pueblo, trabajadores, comunidades, estudiantes y derechos humanos [11]. Junto a un sector de vanguardia, organizamos a los sectores más decididos a dar una pelea por la perspectiva que planteamos antes. La Asamblea contra la Reforma se convirtió en un polo para pelear con más fuerza por esos objetivos. En un engranaje –más fuerte que el propio partido– para intentar imponerle a la burocracia acciones que unificaran al conjunto de la clase trabajadora en camino a la Huelga General, única perspectiva realista para la derrota efectiva de la Reforma. Actuamos intentando seguir la lógica planteada por León Trotsky en ¿Adónde va Francia? para el impulso de “comités de acción” [12]. El PTS también buscó también otras formas de coordinación de los sectores antiburocráticos, como en Ledesma, a partir de la iniciativa de trabajadores rurales y azucareros. Esa perspectiva enfrentaba, necesariamente, las políticas de desmovilización de diversas conducciones y corrientes.

Cuando llegaron los momentos decisivos, cuando el gobierno estaba en su peor situación y se debía convocar a la Huelga General, no existió una organización fuerte en todos los terrenos para garantizar ese rumbo. Es importante señalar que, cuando se llegó a ese momento, objetivamente se podía avanzar en derrotar la Reforma. Pero, para garantizar que –llegada la hora de pasar a la ofensiva– esta derrota de la Reforma se realizara, hacía falta un fuerte partido, capaz de ayudar a poner en pie organismos democráticos de base, que impidieran a las burocracias imponer su política de preservación del régimen.

La actuación del PTS

En la vida política y social de Jujuy siguen teniendo un peso significativo los gremios. Este se evidenció, por ejemplo, en el caso del SEOM que, como dijimos antes, no actuó jugándose a una efectiva coordinación que condujera a las bases a imponer paro general. Por su peso dentro de la Intergremial y Multisectorial, terminó influyendo a otras conducciones sindicales hacia esa estrategia.

En este proceso volvió a mostrarse, como no podía ser de otra manera, el rol indispensable del partido. Sin militantes de carne y hueso, formados lo máximo posible, sin muchos de ellos en los lugares claves –contando influencia en la base y organización del activismo– es imposible dar las peleas contra las demás estrategias, que disputan la dirección de los sectores más avanzados y, a partir de ellos, la de las masas mismas.

En estas semanas, el PTS sostuvo y peleó una política de este tipo. Llegamos al proceso armados con un programa, una teoría y una estrategia para intervenir en situaciones como estas [13]. Con influencia política, expresada en nuestras y nuestros referentes públicos. Estas posiciones conquistadas mostraron su enorme valor en situaciones como estas. Nuestra organización, además, tuvo un rol en la pelea de los docentes de ambos gremios, sobre todo en Cedems, pero también en Adep.

Esa fue, también, una lucha nacional del PTS-Frente de Izquierda. El sábado 17 de junio, a horas de la represión y las detenciones en Purmamarca, convocamos a una movilización de repudio en la Casa de Jujuy, en el centro porteño. Tres días más tarde, el día que se reprimió en San Salvador, fuimos parte de la importante convocatoria que volvió a recorrer las calles del país. El 14 de julio volvimos a marchar en repudio a las detenciones y persecuciones del Gobierno de Jujuy y el Poder Judicial. Más de conjunto, nuestro partido peleó nacionalmente para aportar a la victoria del levantamiento jujeño. Parte de esa pelea fue la importante actividad que desplegó La Izquierda Diario, con enviados especiales permanentes en la provincia y una presencia activa en los cortes de ruta y las movilizaciones, apostando a dar voz a esa rebelión que recorría la provincia. Esa pelea también tomó cuerpo en esta campaña hacia las PASO. Myriam Bregman, Nicolás del Caño y todos los candidatos y candidatas de nuestra lista hicieron una reivindicación constante de la enorme lucha que se vio en aquella provincia.

Hoy, en Jujuy, en el camino de conquistar militancia y mayor peso político en la clase trabajadora y el movimiento estudiantil, se nos plantea fusionarnos con los sectores más conscientes, que hayan sacado conclusiones similares a las nuestras. Mirando de frente el futuro, estas enseñanzas son la base para construir una organización más fuerte, más templada, con más experiencia, que trabaje para construir el partido que las masas trabajadoras necesitan para vencer. Nuevos combates llegarán, más temprano que tarde.

Al mismo tiempo, estas lecciones las estamos llevando a todos los lugares en los que actuamos: gremios, lugares de trabajo, facultades, barriadas, colegios terciarios y secundarios, entre otros. Jujuy anticipa lo que puede pasar en otras provincias o ciudades. La rebelión que sacudió rutas y calles es una enorme experiencia de lucha para enfrentar los ajustes que se vienen.