Este miércoles el diputado por el PTS en el Frente de Izquierda Unidad, Nicolás del Caño, presentó un dictamen de rechazo al finalizar el plenario de las comisiones de Previsión Social y Presupuesto de la Cámara de Diputados, en oposición al proyecto de ley oficial de un nuevo índice de movilidad previsional.
El proyecto del gobierno propone “desindexar” las jubilaciones y confiscar nuevamente un trimestre, al igual que lo hizo en su momento el cambio en la fórmula durante el gobierno de Macri, por lo cual se estima que el ajuste a los jubilados podría rondar el 1 % del PBI en 2021. Esto implicaría consolidar la pérdida de 20 puntos del haber real durante el gobierno de Macri y el recorte efectuado en 2020 con la suspensión de la movilidad.
El Frente de Izquierda Unidad realizó este martes 22 un acto en la plaza de mayo en repudio al ajuste a los jubilados que está llevando adelante del gobierno de Alberto Fernández. El cambio de ley de movilidad significará un nuevo golpe, un ajuste para negociar un nuevo acuerdo con el FMI, por lo cual el FIT-U convoca a movilizar ampliamente el día que se trate el proyecto en Diputados, el próximo martes 29 de diciembre.
A continuación, las claves del dictamen y el proyecto de ley presentado por Nicolás del Caño (FITU), integrante de la comisión de Prevision y Seguridad Social:
Un sistema previsional en crisis tras décadas de vaciamiento
El 63% de las jubilaciones del sistema están en la mínima. Ya en 2011 las jubilaciones mínimas cubrían el 60% de las necesidades mínimas de un jubilado o jubilada. En diciembre de 2015 solo llegaban al 50% de lo que necesitaban mensualmente y, en la actualidad, hacia fines de 2020 apenas alcanzan a cubrir el 36 % de la Canasta del Jubilado elaborada por la Defensoría de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires. El ajuste macrista:
Entre noviembre de 2015 y diciembre de 2019 los haberes cayeron un 21,2 %.
Se eliminaron las moratorias y se estableció una Pensión Universal que es un 20 % menor a la jubilación mínima (PUAM) y que aumentó 5 años la edad de acceso para las mujeres. Se extendió la “opción” de trabajar hasta los 70 años en el sector privado. En 2017 con el cambio en la fórmula previsional se realizó un ajuste de $100.000 millones sobre los jubilados. El ajuste del Frente de Todos en 2020:
Con la movilidad previsional en 2020 por primera vez los jubilados iban a recomponer 5,6% de su poder adquisitivo. El Gobierno la suspendió y reemplazó por decretos. Los aumentos por decreto fueron inferiores a lo que arrojaba la movilidad y sumaron entre 24,3% y 35,3% (dependiendo el rango de haber), mientras que con movilidad correspondía 42,1%. El efecto fiscal fue una reducción del gasto público de más de $98.700 millones (IERAL). En estos últimos cinco años se llega a que la jubilación mínima en términos reales se encuentra 21 puntos por debajo del nivel de noviembre de 2015 y la jubilación máxima unos 27 puntos. El proyecto de movilidad previsional de Alberto Fernández:
Vuelve a repetir lo esencial del recorte efectuado con el cambio en la movilidad previsional de diciembre de 2017: de una parte se elimina la contabilización de un trimestre mediante el empalme de fórmulas, de otra parte se busca limitar los incrementos de las jubilaciones sin una garantía frente a la inflación. Confiscación de un trimestre: el incremento de marzo de 2021 contabilizará las variables económicas entre octubre y diciembre de 2020, dejando por fuera lo acontecido entre julio y septiembre de 2020, es decir, en el tercer trimestre del año. El resultado será que en marzo de 2021 se espera realizar una suba del orden del 6 %, mientras que con la fórmula semestral la misma hubiese sido de casi un 12 %. La fórmula tiene un "tope" pero no un "piso": no brinda una garantía o un límite inferior que garantice que los haberes no se incrementarán por debajo de la inflación. El proyecto retoma el criterio de la priorización del gasto fiscal por sobre la preservación del poder de compra de los haberes. Una salida de Fondo:
Recomposición inmediata de los ingresos perdidos por los jubilados, jubiladas, asalariados y asalariadas durante el gobierno de Macri y el primer año del Frente de Todos. Que el haber inicial sea igual al 82 % móvil del mejor salario en actividad para jubiladas/os y pensionadas/os. Y que el haber mínimo no pueda estar por debajo de la Canasta de los Jubilados. Ningún salario por debajo del valor de la Canasta Familiar. Para que los fondos alcancen hay que restituir las contribuciones patronales al 33 %, aplicar verdaderos impuestos progresivos a las grandes fortunas y el no pago de la fraudulenta deuda externa. Que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la Anses sean administrados directamente por los jubilados/as y trabajadores/as para preservar verdaderamente los recursos del sistema previsional, público y de reparto. Que los recursos sean puestos en función de las necesidades de las jubiladas y jubilados y no para garantizar la rentabilidad de las grandes empresas beneficiarias de las inversiones del FGS o el pago de la deuda externa. También, el proyecto aclara que su elaboración fue colectiva, a partir de un intercambio impulsado por el FITU y una audiencia pública con especialistas, referentes de organizaciones de jubiladas y jubilados, políticas y de trabajadores/as, que no habían sido convocados por la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional.
Mirá el proyecto completo:
Dictamen de minoría - movilidad jubilatoria | Del Caño by La Izquierda Diario on Scribd
