La creación del nuevo ente recaudatorio fue anunciada este lunes con el objetivo de recortar más de 3.000 puestos de trabajo. La medida no incluye ningún plan contra la evasión fiscal, el trabajo no registrado y los entramados de corrupción. Es fundamental la organización desde las bases en la CGT y la CTA para enfrentar este nuevo ataque que las burocracias sindicales querrán dejar pasar.
Matías Hof @HofMatias
Lunes 21 de octubre 21:57
Para un Presidente que llamó héroes a los empresarios que fugan dólares, impulsar cambios en la AFIP no puede tener como fin mejorar su funcionamiento, ni combatir la corrupción. El Gobierno anunció este lunes la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplaza a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), argumentando que ayudará la eficiencia pero no es otra cosa que un ataque a los trabajadores.
La AFIP es, o era, el principal organismo recaudador del Estado con presencia en todo el país, integrado por la Dirección General Impositiva, Aduanera y de la Seguridad Social. Cuenta con más de 23 mil empleados (16 mil de DGI, DGRSS y 7 mil de DGA) y representa uno de los sectores estratégicos del Estado al ser la principal caja de ingresos en materia impositiva, control del comercio exterior, con incumbencia en el control del trabajo registrado.
Según el propio Gobierno, la medida implicará “una reducción del 45% del personal para las autoridades superiores y un 31% en los niveles inferiores, lo que supone una eliminación del 34% de la estructura actual y un ahorro estimado de 6.400 millones de pesos al año.” El oficialismo pretende dejar en la calle a 3.155 empleados que ingresaron, según su opinión, de “manera irregular” durante el último gobierno de Alberto Fernández.
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El flamante ente oficial, que seguirá liderado por Florencia Misrahi, se dividirá en dos grandes áreas: la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA). Recordemos que Florencia Misrahi tiene en su currículum haber dirigido hasta 2023 el Departamento de Impuestos de la exportadora agropecuaria Cargill SACI, siendo responsable de la evasión y la fuga de capitales de la empresa en los últimos años.
Andrés Gerardo Vázquez quedará a cargo de la DGI reemplazando a Gabriel Ramírez. Sus antecedentes son llamativos: fue encargado de inteligencia de la AFIP en la gestión del kirchnerista Ricardo Echegaray. Como tal, envió un día 200 inspectores al Grupo Clarín, fue acusado de proteger a empresarios como Cristóbal López y Lázaro Báez y de girar US$500.000 a una cueva del banco francés BNP Paribas en el exterior. Aunque la Justicia no lo condenó por estas imputaciones.
En el caso de la DGA Eduardo Mallea, socio del bufete de abogados Bruchou & Funes de Rioja (estudio encabezado por el titular de la Unión Industrial Argentina), será sustituido por José Andrés Velis.
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A la vez que realiza este ataque a los trabajadores estatales, Milei y Caputo tienen en funcionamiento el libre el blanqueo de capitales, un beneficio para el capital financiero especulativo, los grupos empresarios y hasta narcotraficantes. Por esta vía están ingresando fondos no declarados al sistema bancario teniendo la opción de no tener que pagar ni un sólo dólar.
El cambio organizativo no viene asociado a ninguna nueva restricción para ingresar productos sin pagar impuestos, una práctica habitual de las grandes importadores. Ilustremos con un ejemplo, Promarlon S.A. fue denunciada en 2017 por la misma Aduana, acusada de conseguir mercadería de contrabando procedente de Paraguay ante la “vista gorda” de funcionarios aduaneros. Finalmente esa denuncia terminó en un “acuerdo” en el que la empresa se comprometía a pagar una especie de indemnización, lo que en los hechos significa haber reconocido el delito. La misma empresa que fue acusada de sobornar a Rosana Lodovico, la antecesora de Eduardo Mallea, a principios de este año. Los funcionarios pasan, pero los entramados de corrupción se mantienen.
Tampoco se pondrá en cuestión el andamiaje de evasión impositiva de las grandes exportadoras que fue perfeccionándose desde la década de los noventa a esta parte. Tal como describen en su investigación Gaggero y García Zanotti (2023), las corporaciones utilizan a Uruguay como enclave financiero para evadir impuestos. La misma Cargill, de donde proviene Misrahi, ha desarrollado una estrategia de evasión y fuga a través del intercambio con filiales montadas en ese país, que no producen nada y sólo cumplen la función de servir como plazas para el registro de ventas y ganancias generadas en Argentina y en Brasil.
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Menos aún el nuevo organismo aportará algo en reducir la informalidad laboral. Según el último informe del Indec el 46,5% de los trabajadores se encuentra en condiciones precarias, ese porcentaje se compone de un 26,8% de trabajadores considerados asalariados no registrados y un 19,7% de cuentapropistas no profesionales.
Las burocracias de la CGT y la CTA están dejando pasar el avance del ajuste de Milei y Caputo. El Gobierno busca conseguir fondos para pagar la fraudulenta deuda externa a costa de la educación, la salud y el empleo públicos. Los estudiantes y trabajadores de la salud están mostrando que hay fuerzas para enfrentar el ajuste, es clave coordinar el conjunto de las luchas para derrotar al Gobierno.
