Qué hay tras la nueva ley de Agricultura Familiar

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La ley aprobadaen el Congreso en diciembre del año pasado y promulgada el 20 de enero por el Poder Ejecutivo Nacional se denomina de “Reparación histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina”. Entre los puntos destacados se encuentran la creación de un Banco de tierras, la suspensión de desalojos por 3 años, la conservación de semillas nativas y líneas de crédito específicas que no superan las 10 canastas básicas. La reglamentación de la ley deberá realizarse en los próximos 180 días, mientras que el plazo para su ejecución es de 3 años.

Un punto controversial ha sido el financiamiento de la implementación de la ley. En noviembre pasado, un grupo de 11 organizaciones de productores familiares e indígenas que participaron de la elaboración del proyecto cuestionaban que fuera suprimido el artículo 33 que disponía de un fondo mínimo de 1.500 millones de pesos. Sin embargo, optaron por priorizar “que la ley se apruebe” e insistir a posteriori en el reclamo del financiamiento. Finalmente el texto del artículo de ley se limita efectivamente a enunciar que “los recursos serán asignados por la adecuación presupuestaria que el Poder Ejecutivo Nacional disponga”.

Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la agricultura familiar representa el 20 por ciento del PBI del sector agropecuario nacional, el 20 por ciento de tierras productivas y el 27 por ciento del valor de la producción. Comprende 30,9 millones de hectáreas totales y el 65 por ciento del total de productores. La actividad constituiría el 53 por ciento del empleo rural. El ministro, Carlos Casamiquela, declaró que “estamos iniciando una nueva etapa de transformación y ejecución de políticas públicas para regenerar y fortalecer a estos sectores que muchas veces fueron postergados por los gobiernos de turno”. Sin embargo, Casamiquela omite que fue el propio gobierno bajo el kirchnerismo quien ha postergado las demandas de los sectores más vulnerables del campo, manteniendo escencialmente las bases menemistas del modelo extractivista de producción de alimentos, como hemos señalado en esta nota. La pregunta que aparece entonces es qué cambios proporcionaría esta ley y cuál es el modelo agrario que subyace.

Un dato de contexto necesario es encuadrar las tendencias en curso. A partir de los años `70 en América Latina y en particular en Argentina se han ido acelerando los procesos de concentración económica en el agro, con expansión de capitales, crecimiento del tamaño mínimo de escala productiva, crisis de la pequeña y mediana producción y expulsión de campesinos minifundistas para la expansión de la frontera agrícola que ha visto transformar millones de hectáreas en un mar de soja, sobre todo desde los años `90 hasta la actualidad. Según un informe de la Red Agroforestal Chaco Argentina, hasta agosto de 2011 en toda la región chaqueña hay al menos 1.580.580 personas y 11.824.660 hectáreas afectadas por algún tipo de conflicto, por la propiedad de la tierra o medioambiental.

Las reformas neoliberales han traído a la par un auge de proyectos a nivel internacional con fuerte presencia de organismos multilaterales de crédito (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) para paliar situaciones de pobreza en la población del sector que quedaba “excluida” del modelo y posteriormente también para reconvertir a los productores pequeños y medianos a los nuevos formatos productivos. Algunos investigadores agrarios señalan que a mediados de los años `90 comenzó a prevalecer un “nuevo discurso” denominado “Desarrollo Territorial Rural” que sin abandonar la visión de retracción del rol del Estado consideraría a la agricultura familiar como “sujeto” del desarrollo. En otras palabras esto significó que los nuevos programas para la agricultura familiar buscaron una mayor participación de los colectivos y organizaciones en lucha por sus demandas, la cooptación económica de muchos de ellos y el postergamiento de reclamos básicos como el acceso a la tierra. La mayoría de estos programas se financiaron con las mismas fuentes internacionales de crédito sin un cambio sustancial en la realidad de sus destinatarios, pero con un fuerte rol de contención de la canalización de sus demandas.

A partir del conflicto por las retenciones agropecuarias en el 2008 el gobierno buscó dar una salida a la crisis política mediante una mayor institucionalización de la política hacia el sector que de aire a los reclamos de su base progresista. Así se creó la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Nación, en septiembre de 2009 se creó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que elevó el rango de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, y dependiente de la misma se conformó la Subsecretaría de Agricultura Familiar a cargo de Emilio Pérsico, dirigente de la agrupación kirchnerista Movimiento Evita, quién seguiría escalando posiciones cuando nuevamente se eleva de rango a Secretaría de Agricultura Familiar el año pasado. En el 2009 también se creó la Unidad para el Cambio Rural, dependiente del Ministerio de Agricultura, que directamente sería el organismo canalizador de los préstamos internacionales hacia las provincias.

La soberanía alimentaria, esto es, la diversificación productiva para la provisión de los alimentos necesarios para la población y a precios accesibles también se ha puesto en jaque. La transformación de millones de hectáreas de campos ganaderos, tamberos, trigueros y de ciertas economías regionales en campos de soja para exportar a China, han sido fuente de enormes ganancias para unos pocos propietarios de la tierra, burguesía agraria e intermediarios y para la provisión de dólares que alivianaron las cuentas del sector externo. Pero el esquema del monocultivo sobre el cual estuvo el verdadero foco de las políticas hacia el agro resta margen de maniobra y genera una mayor vulnerabilidad externa, impactando asimismo sobre los precios internos de la canasta básica de alimentos de los trabajadores, con sus consecuencias visibles en la inflación local.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró al 2014 como el “Año Internacional de la Agricultura Familiar” y el gobierno nacional “se apuró” a cerrar el año con una ley que lo deje bien parado con los lineamientos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y los organismos internacionales de crédito, al mismo tiempo que dice dar respuesta a los reclamos históricos a nivel local de las organizaciones de pequeños agricultores de base familiar. La nueva ley es festejada por amplios sectores del progresismo y de las propias organizaciones que se oponen al modelo extractivista en el agro que ven una luz de esperanza “inclusiva” después de 12 años de “soja power”. ¿Va esta ley en el sentido de un cambio real en el modelo productivo imperante en el agro, o es otra faceta necesaria del mismo modelo?