Mientras en algunas provincias se discute la vuelta a clases presencial, el gobierno avanzó durante el aislamiento obligatorio con medidas que favorecen la lógica de mercado en perjuicio de docentes y estudiantes.
Martes 4 de agosto de 2020 00:00
Foto: utelpa.com
La pandemia mundial de Covid19, y las consiguientes medidas de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO), están siendo utilizadas para avanzar sobre los derechos laborales y condiciones de vida del conjunto de lxs trabajadorxs, no siendo la excepción el sector educativo. Durante estos primeros meses el gobierno nacional ha implementado distintas medidas con el apoyo activo de la oposición de Juntos por el Cambio, y el acompañamiento del conjunto de los gremios del sector (CTERA, UDA, AMET y otros).
Primero fue la modificación express del art. 109 de la Ley de Educación Nacional (LEN) en el mes de Junio, seguido por la aprobación del Protocolo de Regreso a las Aulas en los primeros días del siguiente mes. En consonancia con lo anterior, se creó por primera vez desde la sanción de la LEN en 2006, el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación (CNED). Aunque parezcan inconexas, las tres medidas tienen un trasfondo común: adecuar (aún más) el trabajo docente y la formación de lxs estudiantes, a los requerimientos del mercado laboral y sus extendidas condiciones de precarización y aumento de la explotación.
La pandemia como catalizadora de reformas laborales docentes
Como señalamos en un artículo anterior la actual pandemia ha catalizado la implementación de reformas educativas estructurales postergadas en la región, que en otras circunstancias hubieran generado mayor resistencia.
La modificación del artículo 109 de la LEN plantea la posibilidad de estudios remotos o a distancia para menores de edad, en “situaciones de excepción y/o fuerza mayor” como la actual pandemia. Frente a acciones de protesta sostenida o deficiencia de infraestructura para garantizar presencialidad, se habilita a los gobiernos jurisdiccionales a poner en marcha todo tipo de mediaciones tecnológicas para sostener la escolaridad en los distintos niveles. De esta manera se constituye en un respaldo normativo que pone en peligro derechos docentes adquiridos, encubriendo la concepción de educación como un servicio público esencial bajo argumentos de continuidad educativa.
Bajo la misma lógica inconsulta a la comunidad educativa, el pasado 2 de julio se aprobó de manera unánime el documento “Protocolo Marco y Lineamientos Federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y en los Institutos Superiores”, en una reunión del Consejo Federal de Educación presidida por el ministro Nicolás Trotta. Estuvieron presentes lxs ministrxs de educación de las 24 provincias y representantes de los sindicatos docentes: Roberto Baradel (SUTEBA), Eduardo López y Juan Monserrat (CTERA), y referentes de SADOP, UDA, AMET y CEA.
Allí se establece que el regreso a las aulas va a estar supeditado a criterios epidemiológicos de evolución de la pandemia en conjunción con las características sociodemográficas de cada región y la identificación de momentos críticos de la escolaridad. Esto significa que se podrán definir fechas alternativas de tránsito a la presencialidad en cada jurisdicción según distintos años y/o grados de la escolaridad.
Uno de los mayores avances de este documento en la regulación laboral es que reconoce y deja explicitado el trabajo docente bajo el modelo “bimodal”, proponiendo un hibridaje entre la presencialidad y la educación remota en el retorno a clases. “Las instituciones asumirán formatos distintos que se caracterizan por articular lo presencial con lo no presencial, abriendo el camino para el desarrollo de una “bimodalidad” que pueda dar respuesta a los requerimientos de las trayectorias educativas”.
Las consecuencias del trabajo virtual domiciliario ya están instaladas. Según la Encuesta Provincial de Trabajo Docente en APSO realizada por SUTEBA Provincial, el 91,6% de lxs docentes declaró haber incrementado el tiempo de trabajo durante la pandemia y un 57,3% respondió que su jornada laboral semanal aumentó más de 6 horas. En el mismo sentido la encuesta del SUTEBA Bahía Blanca expresa que 2 de cada 3 encuestadxs no logran un “corte” en su trabajo para poder ejercer su derecho a la desconexión, sumado a la sobrecarga de la “doble jornada” de cuidado de personas a cargo junto a las tareas domésticas,las que recaen principalmente sobre las mujeres. Entre las sensaciones/emociones experimentadas, la encuesta provincial señala: que se encuentran estresadxs (43%), preocupadxs (42%), cansadxs (32%), desbordadxs (31%) de los docentes. Estas son claras manifestaciones del llamado “malestar docente”, que se agudiza con el aumento de la explotación laboral y un nuevo avance del Estado y lxs empresarixs sobre el tiempo libre de lxs trabajadorxs.
El trabajo dual representa una sobrecarga a las labores y rutinas de todo el colectivo docente. Sin lugar a dudas este criterio normativo que logró concretarse a partir de la pandemia, hace las veces de trampolín para trasladarse a innumerables situaciones escolares que se van a intentar naturalizar internacionalmente bajo la órbita de la excepcionalidad y la fuerza mayor que mencionabamos anteriormente.
Otro elemento del avance en la precarización del trabajo docente, presente en el protocolo, es la propuesta de implementación de “estudiantes avanzadxs de los Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD)” como personal de sostenimiento de la escolaridad desde los espacios de práctica y/o extensión”. Esto se da por fuera de la legislación laboral docente, utilizándose como medida supletoria para la no cobertura de vacantes. Como es sabido en la Provincia de Buenos Aires, en lo que va de la pandemia no se han realizado actos públicos (recién comenzarán este mes) lo cual constituye una clara muestra de hacia dónde van las políticas educativas mediadas por una propuesta irrisoria de “estrategia burbuja”.
El pasado 31 de Julio el Congreso de la Nación dió sanción a la ley que regula el teletrabajo, donde entre otros items, aparece el derecho “a la desconexión” y horarios de trabajo pautados. En educación parece imposible cuando testimonios de miles de docentes demuestran lo contrario. Casi la mitad de nuestrxs alumnxs no tienen computadora ni wifi. Muchxs dependen del único celular familiar para enviar las actividades por whatsapp (lejos de clases por zoom o foros) a altas horas de la noche o los fines de semana, cuando estos dispositivos están disponibles.
Ante la crisis, lxs empresarixs y gobiernos ven una oportunidad de negocios. La legislación laboral establece que los instrumentos de trabajo deben ser otorgados por el empleador (en este caso el Estado o las Instituciones educativas privadas). Sin embargo la respuesta del gobierno nacional es un plan de créditos “blandos” para que nosotrxs como trabajadorxs paguemos, de nuestro bolsillo, los dispositivos tecnológicos.
Ya no se trata solo de tizas, materiales didácticos para el aula, artículos de limpieza, incluso alimentos y ropa para nuestrxs alumnxs. Ahora estamos obligadxs a ser consumidorxs forzadxs de un nuevo “gran negocio” para las empresas de la industria informática y de telefonía, las proveedoras de internet, y los bancos que otorgan los créditos. Esta impronta de beneficio empresarial, y de una educación orientada a sus intereses, queda claramente explicitada en la tercer medida gubernamental, la creación del Consejo Nacional de la Calidad de la Educación (CNCE)
Gobernanza: La educaciòn al servicio de las necesidades empresariales, ¿quiénes están detrás del Consejo Nacional de la Calidad de la Educación?
A partir de los 90 la idea de hacer política y abordar los asuntos públicos se ha visto resignificada bajo el concepto de governance (traducido al castellano como gobernanza) donde se plantea una integración entre las administraciones públicas con el mercado y las organizaciones privadas o de la denominada sociedad civil. Esta amalgama de intereses del mercado en las políticas públicas generalmente va de la mano con la promoción de negocios de empresas privadas y de fundaciones empresariales en áreas que en tiempos pasados estaban reservadas exclusivamente a la gestión estatal.
Bajo esta lógica de aumento de la injerencia del sector privado en la definición de la política educativa estatal, se llevó a cabo la la convocatoria del CNDE. Este organismo reúne a miembrxs de la comunidad académica de reconocida trayectoria, a representantes del Ministerio de Educación y del Consejo Federal, del Congreso Nacional y de las organizaciones gremiales docentes, junto a representantes de las principales entidades empresariales.
Esto se da en un momento de mayores exigencias del empresariado al gobierno solicitando facilidades fiscales y subsidios, mayores facultades para despedir y suspender, presión para bajar costos laborales, etc., a las que se suma la intención de definir el “perfil de egresadxs” que necesita el mercado laboral. Es decir, estudiantes “adaptadxs” a los nuevos requerimientos de una economía cada vez más desigual donde la juventud se lleva la peor parte en materia de precarizaciòn, informalidad y desocupaciòn.
En representación de las organizaciones de “la producción” participan Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro (Mesa de Enlace) como representante de las cámaras empresarias del agro; Pedro Fioriliso, presidente del departamento de educación de la Unión Industrial, por las grandes patronales de la industria; Martín Trubycz, ex subsecretario PYME del gobierno de Horacio Larreta, en nombre de la Cámara de Medianas Empresas. Entre los consejeros de la “comunidad académica y científica” aparecen Carlos Torrendel, docente y referente de políticas educativas de la Universidad Católica Argentina; y Alejandra Cardini, Directora del área educativa del CIPPEC. Esta influyente fundación recibió en 2018 más de un millón de dólares como “aporte” de las principales multinacionales y empresas del país, presentándose así misma como una organización que “produce conocimiento y ofrece recomendaciones para construir mejores políticas públicas”.
El CNDE será presidido por Axel Rivas, director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés y miembro del CIPPEC. En su trabajo “América Latina después de PISA” (2015) propone una serie de medidas dentro de los “cuatro círculos de la mejora y el cambio educativo”. Junto a propuestas aparentemente democratizadoras e igualitarias, aparecen clásicas recetas neoliberales, tomando a Chile como modelo a seguir, proponiendo la creación de una carrera docente con especializaciones y remuneración diferenciada, a la que se accede “a partir de rendir pruebas de conocimiento, con una función a término en el tiempo, que pueda ser renovable sobre la base de la especialización y los logros demostrados”. También es partidario del examen de finalización de la formación docente “que permita sintetizar el perfil esperado”.
Sostenemos que esta ala de representantes vinculada a los negocios incidirá en el perfil de formación de lxs estudiantes. Con el recurrente argumento que recupera Rivas de que “la mayoría de los trabajos que ocuparán los alumnos de hoy todavía no fueron creados”, propone “definir un mapa de competencias laborales para establecer rutas de aprendizaje que generen capacidades de actuar en diversos escenarios futuros”. Con un currículum basado en capacidades que apuntan a “redefinir la educación secundaria con especializaciones vinculadas para el mundo del trabajo” estamos más cerca de la “educación para la incertidumbre” de Esteban Bullrich que de una educación con bases críticas y emancipadoras.
El CNDE tiene como objetivo un asesoramiento especializado no vinculante sobre la evaluación y mejora de la calidad de la educación y la equidad en la asignación de recursos. A partir de esta concertación se busca generar “consensos y propuestas” relevantes en materia de política educativa. Creemos que esta integración, bajo lógicas “plurales y de consenso”, terminará siendo funcional a las exigencias de los grandes grupos concentrados del poder económico. Lxs trabajadores sabemos de sobra qué “recomendaciones” pueden surgir de instancias donde participan e imponen todo su peso los representantes de los poderes económicos, religioso, y de extracción política conservadora y neoliberal en nuestro país.
Organizarnos desde abajo y democráticamente a nivel nacional para dar una respuesta
Necesitamos garantizar el cumplimiento de los límites horarios y carga semanal de cada docente, así como reclamar junto a los sindicatos la cobertura de todos los cargos faltantes. Exigimos un plan nacional de conectividad gratuito que suministre los dispositivos tecnológicos a todxs lxs docentes y estudiantes, obligando a las empresas de comunicación a garantizar el suministro permanente y gratuito de datos de internet y telefonía. Los recursos deben salir de un impuesto a las grandes fortunas como impulsa el Frente de Izquierda y del dinero destinado al pago de la deuda externa.
Proponemos rediscutir los contenidos de la educación en función de las necesidades populares, en un Congreso Educativo Nacional con mandatos por escuela y distritos. Frente a la profundización de un modelo curricular tecnocrático, que precariza el saber para formar mano de obra barata para los Rappi y call centers, necesitamos pensar la educación ligada a un proyecto político de reorganización social construido por lxs propios trabajadorxs.
En este camino, te invitamos a ser parte de la Asamblea Nacional Educativa del 8 de agosto, que estamos impulsando desde la Corriente Nacional Docente 9 de Abril, junto a trabajadorxs de la educación de todo el país. Una instancia virtual que agrupe y de voz a todxs lxs que queremos unir fuerzas: docentes, estudiantes y familias junto a las organizaciones de trabajadorxs, para pelear por todas nuestras demandas y dar una respuesta propia a la crisis social y educativa.
