El gobierno federal entregará su propuesta de Proyecto de Egresos para la Federación 2020 este domingo 8 de septiembre. La administración de Peña Nieto se caracterizó por cortar de forma importante el presupuesto destinado al gasto social. El gobierno de AMLO ha hecho lo propio buscando recursos para la Guardia Nacional. ¿Sus recortes serán aún mayores?
Sábado 7 de septiembre de 2019
Este 1 de septiembre el gobierno de AMLO entregó su “1er Informe de Gobierno”, un documento de 994 páginas de las cuales más de 600 páginas son estadísticas que prácticamente fueron copiadas y pegadas de diversas secretarías y entidades desconcentradas sin una propuesta de orientación política ni análisis para ellas.
Este informe tuvo solamente tres puntos de discusión, de los cuales el tercero correspondió a economía. El punto uno y dos versaron sobre los rubros de “Política y gobierno” y “Política social” respectivamente. Catorce subtemas son los que se incluyen en el análisis de la política económica del primer año de gobierno, aunque entre ellos se encuentran “la cobertura de internet” y termina con el poco transcendental tema para la economía de: “El deporte es salud”.
Los objetivos generales de la orientación política del gobierno de la austeridad republicana se postulan en el informe como: “erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad” y utilizar con “responsabilidad e eficiencia de los recursos públicos para redistribuirlos”. De conjunto, las políticas impulsadas por el gobierno buscan “un cambio institucional que reordene la estructura social desigual, extienda los beneficios sociales a todos los sectores, redistribuya el poder político [sic] y recupere el sentido de compromiso de los funcionarios públicos con los ciudadanos y con la nación”. Vaya usted a saber qué significa “redistribuir el poder político”.
En este primer año de gobierno ¿su orientación política se encamina a lograr los objetivos propuestos?
¿Detonar el crecimiento?
El primer punto de la sección económica del informe es claramente controversial. La economía se salvó de estar, técnicamente, en recesión. Pero creció a un porcentaje que casi toca el 0 %. Además, el gobierno afirma que su administración tiene un compromiso con la “estricta disciplina fiscal”. Esto tiene dos implicaciones.
En primer lugar parece que no hubo una ruptura con la política fiscal de los gobiernos de la época neoliberal. Más allá de que el informe y en el discurso del gobierno proponga una “administración pública honesta y austera” el propio informe elogia (¡en la primera página de la sección económica!) el “sólido marco macroeconómico” de los gobiernos neoliberales previos. ¿Realmente hay una ruptura?
En segundo lugar, diversas voces reconocidas en economía nacional han señalado una incompatibilidad entre continuar con las políticas económicas de la “estricta disciplina fiscal” (es decir, continuar y profundizar la política económica de los gobiernos anteriores) con el objetivo lograr un crecimiento. Incluso la teoría económica keynesiana –ni siquiera marxista– señala abiertamente que para lograr un crecimiento en épocas de crisis, el gobierno tiene que intervenir. Pero el gobierno de AMLO ha decidido orientar su política económica hacia los rasgos más neoclásicos. ¿Dónde está el cambio?
¿Qué política hay hacia las megaempresas?
Si bien el propio informe muestra una continuidad y un elogio a las políticas macroeconómicas neoliberales, en cambio no ofrece ninguna explicación ni orientación para entender una ruptura en la relación del gobierno con las megaempresas asociadas con la “mafia en el poder”.
Incluso después del accidente minero provocado por Grupo México en las costas de Baja California, el informe señala que el gobierno acompañará “a los patrones de minería responsable, sustentable y compartida, aunado a generalizar las mejores prácticas con relaciones de respeto y beneficio mutuo entre empresas y comunidades”. La nueva relación con el empresariado ecocida y asesino de mineros parece que reafirma y profundiza su amistad.
Ya ni hablar de que exista una política de recaudación fiscal que, aunque sea de forma moderada, tienda a cambiar la dinámica de la participación de las megaempresas en los impuestos y por tanto en los ingresos que recupera el Estado. Los impuestos progresivos, es decir aquellos que tiendan a recaudar más mientras más grande sea la fortuna de las megaempresas, no aparecen por ningún lado en el informe, mientras que los pequeños contribuyentes seguimos manteniendo la carga más pesada con impuestos como el ISR y el IVA.
¿Cómo pretende lograr esta redistribución de la riqueza el nuevo gobierno entonces? Es claro que para lograr un cambio estructural se requiere una orientación de economía política que rompa con las bases de los gobiernos anteriores. Porque incluso para mantener los programas sociales que se enuncian en el Informe (Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, Jóvenes Construyendo el Futuro y Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez) es necesaria una política impositiva diferente. Esto no está, ni estará, en la política del gobierno de la Austeridad.
¿Qué pasa con las actividades productivas y la deuda?
Según los datos del propio informe, la Inversión Extranjera Directa (IED) no tiene visos de alcanzar siquiera los niveles los últimos años. Esto es importante porque dada la dependencia que los gobiernos neoliberales consolidaron subordinando a nuestro país a los designios imperialistas de Estados Unidos -los cuales el actual gobierno no tiene interés de romper con su política de “amor y paz”- la IED es una de las principales fuentes de financiamiento productivo en México.
Según los datos del gobierno el total de la inversión extranjera en 2013 fue de 48,399 millones de dólares (mdd), mientras que en el 2018 fue de 31,694 mdd y las estimaciones para el 2019 auguran que el número quedará aún por debajo de la cifra del año anterior. La inversión para la industria de la transformación ha mantenido su tendencia a la caída en el 2018 alcanzando una cifra de 16,267 mdd y las estimaciones para el 2019 de nueva cuenta parece que no alcanzarán ni los números del año previo.
Esto es importante por la relación directa que existe entre el empleo formal y la inversión en los sectores productivos. Si no existen nuevas inversiones, públicas o privadas, en el sector productivo, difícilmente crecerá la participación del empleo formal en la economía.
En el terreno de la deuda, el Informe reconoce que el saldo de la deuda neta del sector público federal se encuentra en 10,965,246.3 millones de pesos. Si se revisan los datos de la deuda bruta y neta presentada en realidad no hay ningún cambio en la forma en que México sangra por miles de millones por el concepto del pago del servicio de la deuda.
La deuda ha crecido constantemente durante los gobiernos neoliberales y sigue la misma tendencia en el primer año del gobierno de la Austeridad. En el primer año del gobierno de Peña Nieto la deuda externa bruta se ubicó en 125,726 millones de dólares. En el primer año de gobierno de AMLO la cifra se ubicó en 202,307 millones de dólares y sus estimados hacia el segundo trimestre del 2019 la tienen en 208,919 millones de dólares.
Los datos indican que no existe ningún cambio en el paradigma de las finanzas públicas y la economía nacional respecto a los gobiernos “neoliberales”. Pero con la información que el gobierno presente en el Proyecto de Egresos de la Federación 2020 se podrán trazar más puntualmente incluso los coeficientes de crecimiento de los recortes al gasto público, la caída de la inversión y el empleo e incluso del incremento de la deuda externa e interna.
Puede usted concluir si hay un cambio en el paradigma de la política económica del nuevo gobierno.
