Piñera está dispuesto a recurrir a la violencia estatal y a la suspensión de derechos, con el único fin de proteger la herencia de la dictadura. ¿Qué estrategia necesitamos para conquistar nuestras demandas y ponerle fin a este gobierno de los millonarios?
La teoría del "enemigo interno": ¿qué democracia?
El domingo 20, Piñera había calificado el conflicto del gobierno contra la rebelión popular como una “guerra contra un enemigo poderoso”. Ahora quiere arrojar algunas migajas al pueblo, y "relaja" el tono bélico a ver si con eso calma la rebelión. Pero en las calles nos siguen matando. Al mismo tiempo que cambió su discurso, se hizo pública la denuncia de un joven de que el metro Baquedano se estaba utilizando como centro de torturas y también se hizo pública la detención ilegal -en sus domicilios- de tres militantes secundarios de las JJCC, una de ellos dirigente de la CONES.
Aunque su discurso modifique los énfasis, aunque la prensa haya modificado su línea puramente criminalizadora y comience a hacer eco de los horribles vejámenes a estas alturas inocultables; la preservación del estado de emergencia y el toque de queda -una merma efectiva a los derechos democráticos- significan que para el gobierno, el enemigo es el pueblo.
¿Por qué? Porque no puede tolerar que sea cuestionada la herencia de la dictadura, el sistema de AFP, los bajos sueldos, los altos costos del agua y la luz, los altos precios de la locomoción colectiva. La “declaración de guerra” de Piñera responde al afán de conservar esa herencia que constituye lo que es Chile hoy. Los grupos económicos más poderosos son los que se enriquecen con este “modelo” y el gobierno sólo ha estado ahí para defenderlos.
En política, suele distinguirse lo que son los adversarios de lo que son los enemigos. Mientras que entre los primeros existen diferencias que se procesan en un “marco democrático común”, entre los segundos la confrontación se resuelve con la destrucción de uno de los beligerantes. Si la lógica de la “democracia de los consensos” que se instaló en el Chile de la transición se basó en la disputa entre adversarios, no es irrelevante que Piñera recurra a la figura del enemigo. Bien reparaba El Mercurio en la ruptura de consensos básicos para el funcionamiento de la institucionalidad actual, aunque desde la óptica de la clase dominante.
Con esto, se revela que el régimen político actual, con sus instituciones, no es más que una muralla que protege los intereses empresariales puestos en el Chile neoliberal. En cuanto los estudiantes, los trabajadores y los sectores populares cuestionaron esta herencia, se desmoronó toda la demagogia consensual de Piñera, que al asumir su mandato, hablaba de retomar la política de los acuerdos característica de la "transición". Como si dijeran: consenso, pero si no te gusta el “modelo”, guerra. Democracia y derechos, pero con límites dictados por los intereses del capital. Pero si los límites fueron impuestos en un tiempo y un espacio anteriores, en 1980, con la Constitución de Pinochet, bajo el terror, ¿no es acaso más democrático que los cientos de miles que se han movilizado en las calles, jóvenes y trabajadores, y el pueblo que hoy padece esta herencia, puedan decidir su destino y cuestionar de pies a cabeza esta herencia que nos condena a una vida miserable?
La oposición en el régimen
Ahora bien, pese al tono bélico que ha primado en Piñera, la “oposición progresista” ya mostró su servilismo, cuando el gobierno quiso mostrar la unidad de las instituciones de la república, con un Iván Flores (DC) y un Jaime Quintana (PPD) secundándolos en su calidad de presidentes del senado y la cámara respectivamente, junto al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. Las instituciones republicanas, unidas en su afán de acallar la rebelión. Al lado de un presidente con las manos manchadas de sangre.
Sus palabras sobre el estado de guerra generaron una profunda indignación. El lunes 21, después de que Jaime Iturriaga -el general a cargo de gestionar el estado de excepción en la Región Metropolitana-, desdijera a Piñera en una conferencia de prensa realizada en la mañana, señalando que él no está en ninguna guerra; éste, ya a la noche, pidió que comprendieran su enojo, reconoció haber hablado en duros términos y trató con mayor énfasis de marcar una diferencia entre quienes se manifiestan pacíficamente, de una parte, y los vándalos y delincuentes que saquean, de otra. Ahora bien, el gesto de Iturriaga no ha implicado el fin de los disparos al cuerpo y los asesinatos. Escribimos estas líneas en toque de queda y continúan llevándonos noticias de asesinatos y torturas por el Ejército y Carabineros.
Llama la atención que uno de los argumentos de Piñera a favor del estado de excepción y el toque de queda sea la “defensa de la democracia”. Si la democracia es el "gobierno del pueblo", resulta llamativo que para Piñera defenderla sea balear al pueblo. En realidad, más que democracia, Piñera -tal cual Macri en Argentina- parece defender una "plutocracia": un gobierno de los ricos.
El parlamento sosteniendo al poder ejecutivo
El lunes, Piñera deslizó una agenda social que acaba de presentar, la que finalmente presentó consensuadamente con los partidos que accedieron a reunirse (UDI, RN, Evópoli, DC, PPD, PRSD). El PS, el FA y el PC, también apuestan al diálogo y a negociar, pero, sobre todo en el caso de los últimos, han tratado de no hacerlo sin antes presionar para que termine el estado de emergencia. Una presión que tampoco llevan hasta el final. Desde el Colegio de Profesores y el FA se habló incluso de una "huelga legislativa", pero rápidamente giraron a sesionar en el Congreso, lo que en última instancia le conviene al gobierno, que puede canalizar en una agenda legislativa el descontento de la calle y salvarse de ese modo a sí mismo.
Gabriel Boric, en su cuenta de Twitter, consideró interesantes algunas de las propuestas de la "agenda social" de Piñera -que no toca en nada la herencia neoliberal- y se abrió a analizarlas en el Congreso. No sólo eso: tanto el Frente Amplio como el PC han avalado al ejecutivo al participar de las sesiones del Congreso. Si es coherente, bastaría que se saque a la milicia de la calle a través de un "plan de desmilitarización" para que él y sus camaradas enfríen la cabeza y sopesen lo dulce y agraz de los anuncios de Piñera, y se pongan a acordar proyectos de ley. Se asume que eso sería con Piñera en el poder. Pero ni siquiera en eso hay coherencia. Camila Vallejo ha dicho que no se trata de ir "contra el gobierno". Una declaración contundente de que el PC está en contra de los millones que en las calles quieren derrubar Piñera y su régimen asesino. Pero esto sirve también para el Frente Amplio: ¿Acaso Boric no ha oído el clamor popular por el fin de su gobierno? ¿Acaso este Congreso no ha mostrado una y otra vez que legisla para los ricos y millonarios?
La Constituyente que el PC y Frente Amplio defenden, está en sintonía con la preservación de este régimen heredado de Pinochet, e incluso, en formulaciones como la de Vallejo ¡con la presencia de Piñera! ¿Cómo va a existir un nuevo poder constituyente, sin derribar los poderes constituidos?
Piñera, incluso quiere bajar la cantidad de parlamentariosen el Congreso actual y hacerlo todavía más restrictivo de lo que es. Cómo sea, éste, no es expresión de la voluntad popular, sino uno de los enclaves institucionales de la herencia de la dictadura. Es parte de un régimen que conserva instituciones como el TC que puede anular una ley congresal o dejar sin efecto un proyecto de ley si considera que no se ajusta a la Constitución de 1980, elaborada en plena dictadura. Es parte de un régimen donde el presidente de la república, tiene la capacidad de tomar la decisión de suspender los derechos democrático. Es decir, los ofrecimientos de Piñera no sólo son meras migajas: además, si estas migajas se deliberaran en el Congreso, quedarían en nada, como hemos visto tantas veces. La oposición de los partidos de la ex Nueva Mayoría y el FA, se adaptan a estas reglas del juego.
El gobierno de trabajadores y la consigna de Asamblea Constituyente Libre y Soberana
Quienes militamos en el Partido de Trabajadores Revolucionarios creemos que sólo un gobierno de trabajadores basado en organismos de autoorganización podrá garantizar la realización de nuestras aspiraciones de manera íntegra. Terminar con las AFP, con el negocio de la luz y el agua, con las alzas en el transporte público, con el negocio de la salud, implica tocar intereses poderosos, los intereses de los capitalistas que han moldeado el Chile neoliberal. Lo que está ocurriendo en el país, muestra que esta gente no tiene problemas en derramar sangre cuando se trata de defender sus intereses. En 1973, a la clase dominante, no le tembló la mano a la hora de reprimir a trabajadores, estudiantes y sectores populares, instaurando una dictadura contrarrevolucionaria que liquidó a la organización obrera y a la izquierda.
Por eso, en términos estratégicos, consideramos de importancia vital, la autoorganización obrera, que al desarrollarse, puede ganar capacidad de confrontar a esos poderes efectivos. El Estado ha mostrado una y otra vez ser una maquinaria para defender los intereses de los capitalistas. Si la clase trabajadora y los sectores oprimidos por el capital desean garantizar sus intereses y evitar que lo que los empresarios dan un día, lo quiten al día siguiente, se hace necesaria la construcción de un Estado propio, no separado de la vida de los trabajadores, como ocurre con el Estado burgués que en su forma democrática reduce la participación de los trabajadores al sufragio en las elecciones cada tres o cuatro años. Un Estado basado en consejos de delegados de todas y todos los trabajadores, revocables, arraigados en los principales centros productivos y barrios obreros y populares. Como decía Lenin, un Estado del tipo de la Comuna de París de 1871, y que se hizo carne en la revolución rusa de 1917.
Es porque tenemos esta perspectiva que en los combates de la lucha de clases, buscamos desarrollar la coordinación de los sectores obreros, juveniles y populares. Es lo que estamos peleando ahora, con el Comité de Resguardo y Emergencia organizado desde los docentes organizados en el Colegio de Profesores en Antofagasta, que viene convocando a importantes sectores de trabajadores de la ciudad y respondiendo a las urgencias de la lucha; con la coordinación entre trabajadores de la salud y pobladores del sector que impulsamos desde el Sindicato del hospital Barros Luco, que han protagonizado cortes y marchas combativas; y con el Cordón Santiago Centro que impulsamos desde el Sindicato GAM, en el que participan artistas, estudiantes, trabajadores y vecinos.
Avanzar en una perspectiva de autoorganización es algo que está completamente planteado en la actual situación en Chile. El movimiento pasó a un momento superior, con el ingreso inicial de la clase trabajadora, de portuarios, profesores y mineros. Con la realización de asambleas masivas en colegios y universidades. Está completamente planteado coordinar estas iniciativas y transformarlas en un factor que profundice el movimiento y le de más chances de victoria.
Sin embargo, entendemos que aún la mayoría de los trabajadores no piensa que podrá surgir un nuevo Estado a partir de su autoorganización, un gobierno de trabajadores. Por eso, consideramos que al mismo tiempo que desarrollamos la coordinación y la autoorganización, para que la clase trabajadora se haga sujeto de su propio destino, planteamos la consigna de Asamblea Constituyente Libre y Soberana.
¿Para conquistar una "nueva Constitución" y un "nuevo pacto social" como piensan ciertos integrantes del Frente Amplio o el PC? Nada de eso. A nuestro modo de ver, la Asamblea Constituyente es la instancia más democrática que puede darse en los marcos de un Estado capitalista. Esta consigna para nosotros va de la mano de la supresión de la figura de la presidencia de la república y de todas las instituciones antidemocráticas que actúan en el régimen tales como el TC o el Senado, algo que solo se puede imponer con los métodos de la lucha de clases y sobre las ruinas del régimen. Al contrario de lo que piensa la derecha: que es mejor reducir la cantidad de miembros del Congreso, nosotros creemos que una Asamblea Constituyente debe elegir un diputado cada 20.000 habitantes mayores de 14 años. Debe suprimir los privilegios por concepto de ingresos, reduciendo los sueldos parlamentarios a lo que gana un profesor a jornada completa. Todos los cargos públicos deben ser revocables por sus electores, y los jueces tienen también de ser electos y revocables. También debería instalar una Cámara Única, legislativa y ejecutiva a la vez, para que todo aquél que elabora las leyes tenga la responsabilidad por implementarlas (contra la trampa de la “división de los poderes”).
Creemos que una Asamblea así, no debe tener ninguna restricción para abordar el conjunto de problemáticas que configuran el Chile heredado de la dictadura: la entrega de recursos -como el agua o el cobre- a los grandes capitales nacionales y extranjeros, los bajos salarios, el subcontrato, el sistema de AFP, sin detenerse ante ningún límite, ni siquiera la sacrosanta propiedad privada.
No creemos que los capitalistas simplemente cedan sus privilegios y su poder por una deliberación democrática. Pero conquistar una instancia así ayudaría enormemente a la politización y fortalecimiento de la clase trabajadora y las masas populares. Esta experiencia “parlamentaria” de los trabajadores y sectores populares, que enfrentará la resistencia de la burguesía, puede llevar a la conclusión sobre la necesidad de un gobierno de trabajadores que rompa con el capitalismo para implementar todos los cambios socioeconómicos profundos en Chile.
Hoy, está planteado botar al gobierno de Piñera y sustituirlo por una Constituyente que asuma funciones legislativas y provisionalmente ejecutivas. El deseo de ver a Piñera fuera del gobierno es masivo. Pero no sólo eso. La fuerza se está gestando. Entró en la escena la clase trabajadora. Mantener la huelga general hasta que caiga Piñera es lo que abrirá estás perspectivas que permitirán que la clase trabajadora avance en realizar sus aspiraciones, por tanto tiempo postergadas.
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