Fue secretario de un juzgado de menores en la dictadura, desde donde colaboró con la adopción irregular de bebés como Simón Riquelo. Había sido recusado en 2010 por organismos de derechos humanos.
Juana Galarraga @Juana_Galarraga
Viernes 29 de diciembre de 2017
Este fin de año, quizás, Miguel Osvaldo Etchecolatz brinde y sonría con sorna. Finalmente obtuvo del poder que se dice llamar Justicia el beneficio de la prisión domiciliaria.
La decisión de los magistrados despertó la indignación generalizada de miles que repudian la impunidad y que pelean desde hace décadas por juicio, castigo y por cárcel común y efectiva a los genocidas.
La definición judicial en sí misma ya es repudiable, pero lo es más aun si se observa quién es uno de los integrantes del tribunal que obró en este caso: el juez federal José Valentín Martínez Sobrino.
“Este señor”, como lo definió la nieta restituida María Victoria Moyano Artigas, tiene más explicaciones para dar que la real potestad para impartir justicia en materia de delitos de Lesa Humanidad. La joven abogada, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), se refirió al beneficio otorgado al represor Etchecolatz y al prontuario de Martínez Sobrino, en una entrevista en Crónica TV.
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“Él en ese momento, en la dictadura, era secretario de un juzgado cuyo juez era Mitchell, que falleció. Ellos participaron de una adopción completamente ilegal de un joven que fue entregado a un policía de la Capital Federal. Este señor firmó la documentación para fraguar toda una causa”, detalló la abogada, luchadora contra la impunidad y defensa de los derechos humanos.
“Hace unos cuantos años, antes de que se desarrollara el juicio del plan sistemático del robo de bebés, del cual yo fui uno de los casos, nosotros junto con Chicha Mariani, con Mirta Baravalle, con Clara Petrakos y otras hijas, nietas y abuelas, hicimos una denuncia justamente contra Martínez Sobrino que iba a formar parte del tribunal, porque este señor que hoy está como juez, participó de la apropiación de un joven que se llamó Simón Riquelo”, denunció Moyano Artigas. Gracias a la intervención de organismos de derechos humanos, Martínez Sobrino quedó afuera de la causa en la que hubiera juzgado hechos que él mismo cometió.
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La impunidad que se sostiene a lo largo de los años y a través de todos los gobiernos, hace que hoy, un juez con las manos más que sucias, sea el hombre “compasivo” que concede el beneficio de la prisión domiciliaria a un represor de la calaña de Etchecolatz. En diálogo con Radio Nacional, el magistrado habló sobre dicha decisión. "Ha tenido varios episodios de bastante gravedad relacionados con su salud, ha tenido incluso un ACV del que se pensó que no se iba a recuperar. Etchecolatz está con varios imputados más, el defensor oficial solicitó hace un tiempo la prisión domiciliaria”. "Evaluamos la edad y el estado físico delicado", continuó el juez.
En 2015, los abogados defensores de Etchecolatz habían solicitado la prisión domiciliaria atendiendo a que “su cuadro de salud empeoraba con la situación de encierro”. Entonces el Cuerpo Médico Forense entendió que el represor podía ser atendido en el hospital penitenciario de Ezeiza. Sin embargo, el TOF Nº 1 de La Plata le otorgó la prisión domiciliaria, aunque el excomisario siguió en prisión dada la vigencia de otras condenas.
La médica forense que le negó el beneficio, Virginia Creimer denunció que después de haber tomado los exámenes de salud de Etchecolatz, encontró un cuchillo de carnicero con sangre en la puerta de su casa. Todo un mensaje. Tal como sucedió con la desaparición de Jorge Julio López, la idea es dejar en claro que los represores siguen en acción, aunque sea desde adentro de la cárcel. ¿Qué sería capaz de hacer Etchecolatz desde su casa?
“Evitar instituciones y formas burocráticas”
En el año 2010 “formulamos denuncia contra Wagner Gustavo Mitchell, quien en aquel año era miembro de la Cámara Nacional de Casación Penal, y quien durante la dictadura se desempeñó como Juez a cargo del Juzgado Nacional de Instrucción nro. 16, también contra Jorge Martínez Sobrino, quien se desempañaba como Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 6 de la Capital Federal, y que se desempeñó como titular de la Secretaría de Actuación del referido Juzgado, y contra José Domingo Allevato, abogado. Que se desempeñó como titular de la Secretaría tutelar del referido juzgado”, detalla Mirta Baravalle, en un documento que presentó en carácter de querellante ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2, en el marco de la causa por la desaparición de su hijo.
Según detalla Baravalle, la participación de Martínez Sobrino, quien “en una de las causas conexas, reconoció su intervención en el caso que pretende juzgar, admitiendo circunstancias tales como que a veces se evitaba a las instituciones y las formas burocráticas. Llegó al punto, incluso, de admitir que pocas horas después del secuestro, se reunió con el Dr. Mitchell y dispusieron entregar al menor al Subcomisario Parodi, que en definitiva a través de un expediente ideológicamente falso se apropió del niño, inscribiéndolo como su hijo adoptivo”.
A tono
Recientemente, Martínez Sobrino fue protagonista de un grave ataque a las libertades democráticas mínimas, como el derecho a expresar libremente una opinión. A mediados de diciembre Myriam Bregman y los abogados de Centro de Profesionales por los Derechos Humanos presentaron un recurso ante la Justicia Federal en defensa del dirigente de la CTEP Juan Grabois. El motivo de la presentación, fue el rechazo a las sanciones pecuniarias que le impuso el Tribunal Oral Federal N.° 6 por sus dichos vertidos en el alegato que pronunció en defensa de Lito Borello, en la causa conocida como “toma de la comisaría de La Boca” ante la muerte de El Oso Cisneros en 2004.
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A los jueces del tribunal que sancionó a Grabois, le molestaron las opiniones vertidas por este, al punto que le impusieron una multa equivalente al 15 % del sueldo de juez de primera instancia. Para aplicar la sanción, el TOF N° 6 del que forma parte Martínez Sobrino, se basó en el decreto-ley 1285/58, cuyo origen se encuentra en la autodenominada “Revolución Libertadora”.
Este repaso permite ver la predisposición del juez Martínez Sobrino para ponerse al servicio de la impunidad, que no solo beneficia a los represores, si no a él mismo. Además, como bien denunció Victora Moyano Artigas, el beneficio otorgado a Etchecolatz es un mensaje para todos los genocidas hoy presos, para que salgan a exigir la prisión domiciliaria.
Por otro lado, como expresa la sanción a Grabois, este juez miembro de una casta absolutamente privilegiada, está al servicio del gobierno de los ricos hoy en el poder. Cambiemos cuenta con jueces como él, a tono con sus intenciones, para avanzar en una afrenta permanente contra las libertades democráticas y las garantías procesales mínimas.
Puede que este fin de año brinden jueces y represores impunes, pero no deberían olvidar las enormes movilizaciones que tiraron abajo el 2 por 1. Como se demostró entonces y como se vio en las recientes expresiones de repudio y la movilización contra la domiciliaria a Etchecolatz, la lucha contra la impunidad continúa con fuerza: Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación.
