Tres empanadas. Quitar la indemnización: la “mochila argentina” que le quieren cargar a los trabajadores

Son varios los proyectos de las patronales para intentar eliminar un derecho fundamental de los trabajadores que es la indemnización por despido, que los protege contra los despidos arbitrarios.

Horacio Larreta lo agitaba públicamente en televisión la semana previa a las elecciones primarias, el empresario textil afín al gobierno de Fernández, Teddy Karagozian, lo viene difundiendo hace unos meses bajo el rótulo de “mochila argentina” (en alusión a un sistema austríaco), y la semana pasada el ex embajador en Estados Unidos y supuestamente ala “progre” de Juntos, Martín Lousteau, presentó un proyecto en Senadores.

Todos tienen un denominador común, que es el reemplazo de la indemnización por la conformación de un "seguro de indemnización" en base a un Fondo común. ya que elimina el actual régimen de indemnizaciones contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo y lo reemplaza por un fondo común o "Fondo de Cese" donde aportan los empresarios para cuando alguno/s de ellos quieran despedir, para hacerlo mas barato.

En forma cínica, los empresarios pretenden hacer creer que se trata de cambios en la legislación laboral que serían favorables tanto para ellos como para los trabajadores. Esconden que el principal objetivo es que los empresarios tengan mayor libertad para despedir trabajadores y quitar derechos laborales. Veamos algunos elementos.

1- El mito de que bajar costos laborales crea empleo

Ya vimos la vez pasada las declaraciones de Horacio Larreta en favor de sacar el derecho a la indemnización y extender o generalizar el “Fondo de Cese Laboral” de la construcción a todos los trabajadores bajo convenio.

Todos los proyectos parten cínicamente de fundamentarse en los altos niveles de desocupación del país y plantean que estos proyectos aumentarían el nivel de empleo.

Explicamos que en la construcción, lejos de la falacia de que dichos beneficios a los empleadores “crean empleo” y “beneficia la registración”, es uno de los sectores de actividad con mayor nivel de empleo informal. Según un reciente estudio del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), del Ministerio de Desarrollo Productivo, según datos del Indec el 67,8% de los trabajadores no está registrado en el sector de la construcción, el segundo sector con más incidencia del trabajo no registrado después de servicio doméstico 75 % y agricultura (55%).

Esto demuestra que aún bajando los costos, los empleadores no contratan en blanco. Lo más barato siempre es evadir.

La situación crítica de desempleo y precarización de la clase trabajadora es producto del ajuste que viene desde hace años, y la desmovilización y entrega por parte de las centrales obreras que pactan con cada gobierno. Ahora pretenden que se va a solucionar la precarización con más leyes precarizadoras. Poco creíble.

Otro argumento recurrente es plantear que la falta de creación de empleo responde a que los empresarios no quieren contratar para evitar pagar los costos de despedir. Pero sin indemnización ni consecuencias para los empleadores, los despidos van a crecer. Esto es, de mínima, contradictorio con “generar empleo”. Es la fiesta de la rotación laboral, del obrero como descartable.

2- Todavía puede ser peor

La semana pasada, directamente Martín Lousteau avanzó en concretar dicho proyecto en un proyecto de ley llamado “Fondo Nacional de Cese Laboral” que copia el esquema de la construcción pero tiene el mérito de empeorarlo aún más.

Además de tomar sus aspectos precarizadores, todavía prevé la posibilidad de que sea más barato para los empresarios que este último. Esto es así ya que pone como un “tope” de 12% sobre el valor salarial el primer año y 8% desde el segundo año en adelante el aporte obligatorio, lo que en la construcción en lugar de un tope es el nivel de la alícuota.

Myriam Bregman salió a cruzarlo por tuiter mediante un hilo que desmenuza varios de sus argumentos.

Sin indemnización ni consecuencia alguna, los despidos van a crecer.
Por lo que es por lo menos contradictorio que con el supuesto fundamento de promover la creación de empleo comiencen por liberar el despido, tal como dicen Espert y otros.

— Myriam Bregman (@myriambregman) September 17, 2021

Sin ánimos de agotar la crítica, ya que todos los puntos de este proyecto son regresivos y quitan derechos laborales, cabe mencionar algunos:

• Borra el derecho al preaviso y las multas;
• Se consagra el período de prueba de los años menemistas para toda relación laboral;
• Si el trabajador decide acudir a la justicia se le suspende el pago hasta que el juez resuelva, una verdadera extorsión.
• Se habilita el despido cuando el trabajador sufre un accidente o enfermedad laboral en el período de prueba, y no obliga al empleador a abonar las prestaciones de ley (como atención médica) pasados los tres meses.
• No se prevé claramente un mecanismo para actualizar el fondo que va a cobrar el trabajador lo que atenta contra la preservación de su valor frente a la inflación.
• Pero sí se habilita a que ese fondo pueda ser invertido en instrumentos financieros: más timba especulativa y negocios para los bancos.
• Por último, otro aspecto sumamente crítico, es que podría ser retroactivo., Es decir, no solo aplicaría para las nuevas relaciones laborales, sino que también para las relaciones laborales anteriores a la ley y “a voluntad de la parte empleadora” con lo cual las incorpora en el acto al nuevo régimen sin que el trabajador pueda siquiera optar. Una pérdida retroactiva de derechos laborales, totalmente inadmisible.

3- La “mochila” y el summum de la uberización

Previamente al proyecto de Lousteau, venía circulando entre los industriales el proyecto del empresario textil aliado al Gobierno nacional, Teddy Karagozián, denominado “mochila argentina”, para constituir un "seguro de indemnización" en lugar de la indemnización misma. Pero, ¿para quién es el seguro? Es para el empleador, para protegerse legalmente y poder despedir sin consecuencias.

Entre varios de los argumentos plantean que los trabajadores se verán beneficiados ya que no perderían la antigüedad y que cobrarían lo mismo que con la indemnización. Sin embargo, eso es falso. Los costos que estipula el proyecto para el empleador van desde un 2% a un 8,33% del salario mensual, lo que no permitiría cubrir el equivalente a lo que corresponde hoy con la indemnización, y lo exime de toda responsabilidad.

También el proyecto aclama que el trabajador tendrá “libertad para moverse” de un empleo a otro, un eufemismo para encubrir la flexibilización laboral y una total desprotección.

La “libertad para moverse”, también argumentan, "será un incentivo para que los empleadores paguen mejores salarios". Es también una forma de encubrir que habrá mayor competencia entre trabajadores por la finalización de contratos laborales con mayor frecuencia. Lejos de aumentar los salarios, es una permanente presión a la baja y a aceptar peores condiciones de trabajo ante la amenaza de perder el trabajo.

Enfrentar a la derecha y al FMI: ¿con un gabinete reaccionario o con la organización y movilización en las calles?

Todos los proyectos para eliminar la indemnización buscan abaratar los costos laborales. Lejos de ser un beneficio para los trabajadores, es inversamente proporcional: significa menor protección económica para él y su familia en caso de despidos arbitrarios, mayor exposición a perder el trabajo, menor cobertura legal y una mayor competencia que castiga a todo aquel que busque organizarse para enfrentar dicha situación.

Es un aspecto central del tipo de reformas estructurales antiobreras que el capital global y su representante directo, el FMI, buscan imponer en el país. Frente a esta ofensiva, que ataca en toda la línea los derechos de las y los trabajadores, algunos referentes del Gobierno han salido a despegarse, pero por otra ventanilla le ceden a la derecha con más figuras reaccionarias en el gabinete nacional. De igual forma, se extiende una alfombra roja para que el FMI despliegue su agenda de condiciones con un nuevo acuerdo de deuda entreguista.

De hecho el peronismo en el gobierno ha permitido el avance de la precarización e incluso de "reformas laborales" parciales y de hecho, como implica la flexibilización de muchos convenios colectivos e incluso que este regimen de indemnizaciones "a lo UOCRA" ya rija para cientos de miles de trabajadores y trabajadoras tercerizadas en las empresas de servicios o las fabricas, donde no les aplican el convenio que corresponde sino el de la construcción que tiene estas condiciones que tanto destacan Lousteau y Larreta.

Por su parte, las centrales sindicales siguen en su inmovilismo y se cuidan de convocar a cualquier plan de lucha para enfrentar el ajuste y estos posibles ataques.

Para enfrentar a la derecha hay que seguir el ejemplo de la marea verde en las calles o de la juventud chilena contra el régimen pinochetista. La salida no es con más derecha, sino con más organización y deliberación desde abajo, y con la movilización independiente de los trabajadores la forma en que se podrán derribar estos planes de ajuste, retomando la histórica tradición de lucha del movimiento obrero en nuestro país, en unidad con estudiantes, la juventud, las mujeres y distintos sectores populares en lucha por sus derechos.

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