El crimen social ocurrido en València tras los desastres de la DANA ha causado grandes estragos en las familias de clase trabajadora. Las personas migrantes, sobre todo aquellas en situación irregular, son uno de los sectores más afectados por la tragedia. Ahora se enfrentan también a obstáculos administrativos y muchos temen pedir ayudas por miedo a deportaciones.
Lunes 11 de noviembre 13:19
Tras la catástrofe de la DANA en la Comunitat Valenciana, la población afectada se enfrenta a la escasez de bienes de primera necesidad como comida o productos de higiene, las arduas tareas de limpieza y, en muchos casos, la reconstrucción de sus viviendas o la recuperación de sus bienes tras perderlo todo. Estas circunstancias nefastas para la clase trabajadora se recrudecen en el caso de las personas migrantes, sobre todo en situación irregular.
La clase trabajadora migrante ya se enfrentaba a las condiciones más paupérrimas debido a los trabajos precarios que ocupan, así como las dificultades de tener una vivienda digna y los obstáculos administrativos para acceder a la sanidad pública. El hecho es que, tras el duro golpe de la DANA, las pocas e insuficientes ayudas que pueda proporcionar el gobierno para las afectadas no llegarán a las personas migrantes. La exclusión sistemática causada por la Ley de Extranjería se multiplica en crisis sociales como la que está ocurriendo en València.
Uno de los sectores más vulnerados son las mujeres migrantes, que en muchos casos son el sostén principal de sus familias y ahora se encuentran totalmente desprotegidas. En muchos casos, las mujeres migrantes dependen de “la buena voluntad” de sus jefes como las trabajadoras del hogar internas o las jornaleras que además han visto terriblemente afectadas las chabolas en las que viven. Ni las ayudas económicas, laborales ni administrativas están pensadas para la clase trabajadora migrante.
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— Jornaleras de Huelva en Lucha (@JornalerasL) November 1, 2024
Por otra parte, el despliegue policial y militar de los últimos días en las zonas más afectadas lejos de ser de ayuda, ha supuesto un problema más para las familias migrantes que evitan pedir ayuda por miedo a ser deportadas o enfrentarse a problemas administrativos por su documentación. Esto además ha empeorado con las redadas policiales, como las producidas a raíz de los actos de robo en el centro comercial de Bonaire, y la criminalización mediática de las personas racializadas por parte de la extrema derecha. Ni siquiera en una terrible catástrofe paran los bulos racistas y los discursos de odio.
El racismo institucional y la desigualdad capitalista se nota en todos los ámbitos de esta crisis social. Y así lo han denunciado distintos colectivos y asociaciones que ponen el foco en el abandono por parte de las autoridades de las personas migrantes en situación irregular, las personas que se dedican al trabajo sexual o las que se encuentran en situación sin techo en las tareas de búsqueda de las personas desaparecidas por la riada.
Ante esta oleada de racismo generada por los grupos de extrema derecha, las personas migrantes y racializadas de las comunidades afectadas y de todo el estado se han movilizado en solidaridad y han estado ayudando en las tareas de limpieza y reparación, como muestran las comidas populares o las brigadas de voluntarios, dejando claro que también son parte de la clase trabajadora y parte de los barrios y pueblos dañados.
La inoperancia de los gobiernos primero y su ineficacia para ayudar a la población afectada después deja claro que para el Estado capitalista lo que realmente importa es proteger las ganancias de los grandes empresarios, incluso por encima de las vidas de la clase trabajadora. Las consecuencias para la clase obrera de este crimen social se intensifican con las distintas opresiones. En el caso de las personas migrantes y racializadas, además de enfrentarse a la catástrofe climática, deben hacerle frente a los discursos de odio que la extrema derecha propaga a través de bulos racistas. Todo esto se suma también al completo abandono por parte de las autoridades y los gobiernos, tanto el autonómico del PP como el central del PSOE y Sumar.
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Está claro que ante la derecha criminal y la hipocresía progresista, las personas migrantes y racializadas debemos construir una alternativa política que realmente sea capaz plantear una salida a este sistema. Si algo ha demostrado el criminal social de la DANA es que la clase trabajadora de conjunto no le debe nada a este sistema y todos sus gerentes que solo se preocupan por aumentar las ganancias capitalistas.
Para restaurar las comunidades afectadas por esta catástrofe queda un largo camino por delante, pero las primeras medidas propuestas por el gobierno son insuficientes, limitadas y no llegan a todo el mundo. Por ello, la clase trabajadora organizada debe exigir medidas que realmente ayuden a las afectadas, poniendo por primera vez las vidas de la clase trabajador por encima de las ganancias capitalistas.
