Por tierra y vivienda. Reconquista: represión, causas judiciales y ataques a los vecinos que no tienen donde vivir

Sábado 10, en la víspera de la final por la Copa América entre Argentina y Brasil, y ni se siente en las calles céntricas, ni en las tomas de los barrios de Belén, allí están los terrenos baldíos de Cian. La llaman la Chimenea porque cada parcela de terreno tiene su propio pozo para hacer el fuego y por la noche, por las heladas de un descampado a la intemperie, por la oscuridad, cada familia hace su propio fuego. Desde 2019 la intendencia de Enrique Vallejos del PJ promete viviendas sociales en los terrenos de Cian, los cuales son inaccesibles: un salario de 50 mil pesos en blanco es un privilegio.

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Allí las viviendas fueron mermando tras los ataques brutales de la policía el 10 junio a las dos de la tarde, bajo las órdenes del fiscal Leandro Mai del radicalismo que dejó un tendal de heridos. El 12 de julio, el fiscal imputó a Rodrigo Ezequiel Aquino, Agustín Benítez Pinto y Soledad Macarena Soto por “portación de arma de guerra en concurso ideal con abuso de arma de fuego, atentado agravado contra la autoridad por ser a mano armada, por poner manos en la autoridad y por ser cometido por una reunión de más de tres personas; y daño calificado, por haber sido cometido a los fines de impedir el libre ejercicio de la autoridad”. La jueza Claudia Bressan dio curso a la imputación y ordenó la detención de los imputados.

Soledad Sosa no forma parte de las tomas, ella vive en el Barrio Belén y fue a solidarizarse con los vecinos. Según la Asociación Norte Amplío por los Derechos Humanos: La de hoy fue la audiencia con el caso que nos convoca y es el de SOLEDAD MACARENA SOTO, quien al socorrer a una mujer baleada ese día (vive frente al lugar de los hechos) pidió ayuda a la policía para solicitar una ambulancia del 107. ¿Qué hizo la Policía? La detuvo y la imputaron falsamente de “resistencia y atentado a la autoridad, lesiones y abuso de armas”, etc. La misma cumple prisión domiciliaria (45 días) y fue asistida por el abogado Dr. RODRIGO CHAPERO. Joven mamá, esa detención se estableció en el barrio San Francisco de Reconquista, donde habita una hermana.

Por las acusaciones del fiscal Mai los imputados podrían purgar de mínima de 3 años y 6 meses de prisión; y de máxima de 8 años y 6 meses, según el código penal.

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Pero los vecinos no se rinden y tras el desalojo vuelven de nuevo a montar la estructura en madera, a cubrirla con lona o con nylon, y poner en el piso los palets para que le den cierta altura y que el agua de la lluvia no inunde la habitación. Es que no hay otro lugar donde ir.

En su mayoría son jóvenes trabajadores sub 30, con hijos. Son changarines, vendedores ambulantes, albañiles desocupados, madres jóvenes quienes tomaron un terreno abandonado, con yuyales altos y basura para construirse su propia vivienda. Como Karen que tiene 21 años, y una criatura de 5. Cuenta que tuvo que ir a construirse su propia vivienda porque vivía en casa de un familiar, en una habitación con otras cinco personas en medio de la pandemia, que con lo poco que cobra no le alcanza para pagar un alquiler. Todavía pesa sobre ellos una nueva orden de desalojo.

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“Nosotros solamente le pedimos a la municipalidad que venga y que nos dé una respuesta, porque a nosotros nos dijeron que teníamos una audiencia pero no podíamos conectarnos porque acá no tenemos crédito, no tenemos celular porque acá vivimos como podemos’’, cuenta Karen. “Yo no puedo volver a vivir con mi suegra, somos muchísimos.”

En la otra toma, en el Barrio La Cortada, hay establecidas alrededor de 500 familias hace más de un mes, si bien no tienen una orden de desalojo urgente tienen todo tipo de necesidades tales como agua, luz, gas. Al igual que en la toma de Cian, los vecinos usan velas a la noche, y los más afortunados, los que viven al costado de la calle, aprovechan la luz de la calle. Eso sí, para vivir al costado de la calle hay que fumarse los olores de un zanjón que bordea el terreno y que parece un riachuelo. Además con las lluvias se empantana el suelo durante días.

“La verdad es que no se puede pagar un alquiler”, cuenta una vecina de la toma, “hay gente que vive en una casa con 3 o 4 familias, que en esta situación de aislamiento supera todo. Somos 500 familias las que estamos acá y queremos tener una solución.” Además cuentan con la solidaridad de los barrios aledaños como Ombusal y Las Ranas. “La gente del barrio viene a apoyarlos, pero la Municipalidad no viene”, cuenta una vecina de Ombusal.

En la tierra de Vicentin, donde unas pocas familias patricias detentan el poder como es el norte de la provincia de Santa Fe, el gobierno tiene una política de criminalizar a los vecinos, y no ofrece ninguna salida para las familias que están ocupando tierras para vivir. En la provincia Perotti sólo se compromete a defender a los grandes empresarios, particularmente en estos territorios donde los “patrones de estancia” imponen las reglas de juego, como hicieron los estafadores del Grupo Vicentin.

Desde La Izquierda Diario nos solidarizamos con los vecinos que pelean para que sus hijos tengan un techo. Creemos que a los vecinos deberían darle las escrituras de los terrenos, y que la municipalidad se encargue de hacer un gran plan de viviendas, donde le de trabajo a las familias, que se construyan merenderos, y se le brinden los servicios básicos como gas, luz, agua e internet. Para resolver estas demandas de fondo es necesario imponer, con la movilización de los trabajadores y vecinos, la expropiación de Vicentin y el no pago al FMI para conquistar un plan de obras públicas que de trabajo genuino y resuelva el problema de la desocupación y a su vez garantice tierra y vivienda para el pueblo trabajador.