A un año del megaincendio que arrasó con miles de viviendas en la región de Valparaíso, la reconstrucción sigue estancada. En una reciente entrevista para TVN, el gobernador Rodrigo Mundaca ha lanzado duras críticas al gobierno por la lentitud del proceso, la falta de transparencia en el uso de los fondos y las trabas burocráticas que han impedido que las familias damnificadas recuperen sus hogares. Pero más allá de los cuestionamientos puntuales a la administración actual, lo que queda en evidencia es un problema mucho más profundo: la política en su conjunto, tanto del gobierno como de la derecha, ha sido incapaz de garantizar soluciones reales para quienes lo han perdido todo.
Lunes 3 de febrero
Promesas incumplidas y cifras que no cuadran
El plan de reconstrucción elaborado en marzo de 2024 registró 8.200 viviendas afectadas, de las cuales 7.236 quedaron destruidas. Sin embargo, según los últimos datos del Ministerio de Vivienda, apenas 933 familias han recibido un subsidio y solo 329 están próximas a acceder a uno. “Las cifras no se condicen con la realidad”, advirtió Mundaca, enfatizando la incertidumbre y desesperación que esto genera en las comunidades afectadas.
El gobierno prometió acelerar la reconstrucción, pero lo cierto es que las familias siguen atrapadas en un limbo burocrático, mientras los recursos aprobados para la emergencia no se reflejan en soluciones concretas. De los 800 mil millones de pesos destinados a la reconstrucción, solo se han ejecutado 3.509 millones.
Las trabas burocráticas y la exclusión de familias
Uno de los mayores problemas denunciados es la incompatibilidad entre los subsidios de arriendo y los de reconstrucción. Para muchas familias, recibir el subsidio para levantar su vivienda significa perder el de arriendo, dejándolas sin opciones habitacionales mientras esperan que se construya su casa.
A esto se suman los criterios administrativos que han dejado a muchas familias fuera del proceso de reconstrucción. El gobernador expuso el caso de una mujer que perdió su casa en el incendio pero no puede acceder a ayuda estatal porque su pareja adquirió una segunda vivienda antes de conocerla. “Ahí están sus recuerdos, su identidad cultural y territorial, sus vecinos y su red de apoyo… y simplemente por esa condición, hoy día no le dan la posibilidad de volver a levantar su casa”, lamentó.
Ni la derecha ni el gobierno han dado respuestas reales
El problema no es solo del actual gobierno. Lo que se ha visto en la reconstrucción de Valparaíso es la expresión de un problema estructural, sin importar el color de turno, responde con lentitud, promesas incumplidas y una desconexión total con la realidad de las personas afectadas.
La derecha, que históricamente ha defendido la gestión privada y minimizado el rol del Estado, ha sido cómplice del abandono al bloquear o dilatar soluciones más estructurales. Mientras tanto, el gobierno, que prometió poner a las personas en el centro, ha perpetuado salidas parche ante la crisis habitacional. En lugar de soluciones inmediatas, han ofrecido discursos vacíos y gestiones ineficientes.
Lo que queda claro es que las víctimas siguen siendo las mismas: las familias de la clase trabajadora que perdieron sus casas, que pasaron un invierno bajo carpas y que siguen esperando respuestas. El pan, el techo y el abrigo nos faltó en el invierno de 2024. Hubo soluciones indignas, como entregar plástico a las personas para que no se mojaran.
El invierno se acerca y la incertidumbre persiste
Con la llegada de 2025, las familias afectadas enfrentan un nuevo invierno sin soluciones claras. Las demoras en los permisos municipales, la falta de recursos efectivos y la negligencia en la ejecución del plan de reconstrucción reflejan un Estado que no está a la altura de la emergencia.
Mientras el gobierno sigue prometiendo respuestas y la oposición solo utiliza la tragedia para su propio beneficio, las familias damnificadas continúan esperando lo mínimo: un lugar digno donde vivir.
Es urgente la entrega de recursos a las familias afectadas, y un plan de reconstrucción financiado en base al impuesto a las grandes fortunas, gestionado por trabajadores y las familias afectadas.
