Tras las llamas aparece el problema de la reconstrucción y el mantenimiento de la ayuda solidaria para acelerar los tiempos para recuperar el hogar y el territorio. En 10 mil hectáreas todos los afectados suman más de 30 mil personas. En total son casi 15 mil viviendas destruídas total o parcialmente por el incendio.
Martes 20 de febrero
Tras las llamas aparece el problema de la reconstrucción y el mantenimiento de la ayuda solidaria para acelerar los tiempos para recuperar el hogar y el territorio. En 10 mil hectáreas todos los afectados suman más de 30 mil personas. En total son casi 15 mil viviendas destruidas total o parcialmente por el incendio que inició en el Lago Peñuelas de Valparaíso un 2 de febrero en un lapso de 24 horas arrasó con todas las villas, poblaciones y campamentos entre ambas ciudades alcanzando a Quilpué por el oeste. 131 personas murieron, 372 están desaparecidas y los primeros días cientos de familiares, estudiantes, trabajadores y profesionales por su propia cuenta colaboraron con ayuda directa solidaria. En estas semanas las labores de remoción de escombro comienzan a acabar y aparece la necesidad de reconstruir y mantener las redes de alimentación y redes de cuidado. También las personas de El Olivar y Villa Independencia cuentan que la ayuda solidaria tiene un error de logística debido al atochamiento de insumos y alimentos en estas dos poblaciones, mientras las zonas más altas y alejadas de la ciudad que también sufrieron la destrucción total de casas no reciben ayuda porque sencillamente no tienen acceso vehicular. Se trata de los campamentos o tomas de terreno de pobladores sin casa que en comités de vivienda o de manera familiar o individual tomó un terreno y construyó su hogar, allí es donde más se sufre la catástrofe social.
En 2023 el déficit habitacional se elevó a un 23%. Es decir, Chile necesita más de 1 millón de terrenos y viviendas, por lo tanto el problema del suelo es una realidad para 1 millón de familias de la clase trabajadora más precarizada. Sólo en Valparaíso el déficit de hogares era de 18 mil viviendas. En ese tipo de suelo tomado viven también familias migrantes con escasos derechos sociales y ningún derecho político a pesar de tener trabajo estable o auto empleo. Las familias que tienen mejor situación económica ya están reconstruyendo sus hogares a punta de endeudamiento y caridad familiar, pero la inmensa mayoría no desea iniciar ninguna construcción para así cumplir con el requisito del gobierno para obtener mediaguas o viviendas de emergencia.
La catástrofe que viven los habitantes de Viña del Mar, Valparaíso y Quilpué no se ha detenido. Por sus efectos y por los desafíos que presenta tanto para el gobierno, como para la política chilena y su relación con la población quien pasando la primera etapa del shock está comenzando a sentir rabia por la lenta respuesta del gobierno. Los gremios empresariales son los más beneficiados con las consecuencias del incendio. Por otra parte se sabe el deseo de empresas privadas por construir carreteras que conecten Viña del Mar con Valparaíso y también con San Antonio o una ruta que conecte la RM con Reñaca facilitando los tiempos de acceso. En lo inmediato ha sido el gremio monopólico de la construcción quien públicamente se ofreció a ser contratada por el Estado para construir 5 mil viviendas abriendo el mercado de la tierra a los intereses de los empresarios.
Si bien no se puede establecer que la intencionalidad de los incendios esté ligada criminalmente con los empresarios (que tampoco podemos descartar) sí podemos afirmar que el principal beneficiado de todo esto querrá ser el empresariado a través de la ayuda que le da el propio Estado.
Respuesta del gobierno y plan de reconstrucción de la derecha: focalización del gasto y viviendas de mercado
El gobierno los primeros 4 días después del incendió se mantuvo insensiblemente al margen de la zona afectada. Esto sumado a las noches sin luz eléctrica generó mucha confusión con personas que culpaban a sospechosos de encender nuevos focos que resultaron en serios malos entendidos. La excusa era que como existía tal nivel de personas muertas era primordial acordonar militarmente ciertas zonas para proceder a investigar las causas de la muerte. Las municipalidades y principalmente las familias directas de los afectados junto con voluntario respondieron rápidamente con acopio de agua y alimentos además de herramientas y mano de obra para la remoción de escombros, que ya supera las miles de toneladas acopiadas en los espacios públicos de cada barrio, villa o población quemada.
El gobierno esperó burocráticamente a las FF.AA y a Carabineros para después aparecer aplicando encuestas y fichas para las familias con el fin de obtener un catastro para las ayudas posteriores. La respuesta fue tan irracional que el día del incendio apenas se desplegaron una veintena de marinos en el plan de la ciudad de Viña del Mar al parecer para impedir saqueos que nunca ocurrieron. El mando militar además no autorizó el ingreso de servicios públicos, municipio, incluso de la delegación presidencial.
A una semana de que se desatara el incendio, el gobierno ya está desplegado. Este viernes 9 de febrero comenzarán los pagos de tres de las ayudas que determinó el gobierno para los damnificados: bono de recuperación, bono de acogida (de 300 mil pesos para personas que acogen a personas sin hogar) y bolsillo electrónico de emergencia.
Según los datos recogidos a través de las fichas FIBE hasta el miércoles 7 de febrero, este viernes se destinarán $2.800 millones por el bono de recuperación a 1.930 hogares de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Esos hogares son a los que se alcanzó a aplicar las fichas FIBE hasta las 23:00 del 7 de febrero. Hasta ahora, hay 5.417 personas catastradas, según una minuta difundida por el gobierno a las autoridades regionales.
Según la información recogida por el gobierno, el 54% de los hogares catastrados hasta ahora, cuentan con mujeres como jefas de hogar. Del total de fichas, 956 se levantaron en Viña del Mar, otras 921 en Quilpué y 92 en Villa Alemana.
La ayuda está lejos de abarcar a todo el espectro de familias afectadas. Primero porque los bonos poseen una lógica de focalización extrema en donde para calificar se debe tener avanzado su proceso de “solución definitiva” con el Serviu lo que pocos habitantes cumplen. Son bonos que durarán entre 3 a 6 meses por lo demás. Lo mismo sucede con la entrega de viviendas de emergencia, que se hará para personas que cumplan requisitos y que cuenten con un terreno habilitado y apto para la construcción. En un terreno irregular de cerros y quebradas muchos quedarán excluidos. Estas viviendas se harán por medio de una alianza con las fundaciones privadas “Techo para Chile” y “Desafío levantemos Chile” quienes a través de la donación y la caridad pública compran materiales e infraestructura logística para construir viviendas compitiendo con el mercado en desigualdad de condiciones. A todas luces no hay una planificación social de la reconstrucción que asegure el derecho a la vivienda de parte del gobierno.
La política del gobierno además de los tres bonos de fondo se trata de una línea de reeditar la política de la Nueva Mayoría que tuvo para el incendio del 2014 en Valparaíso: apostar a la autoconstrucción. No hay un plan de vivienda, dijeron que en marzo presentarán uno, pero no se sabe realmente nada, recien las ayudas sociales serán para compra de materiales de construcción, además de reeditar la política de Piñera de abrir el Fondo de Aportes para la Reconstrucción que es perdonar impuestos a empresarios a cambio de realizar donaciones. Hay empresarios que lucran con la tragedia y el gobierno lo va a volver a permitir.
CChC y la derecha proponen iniciar el desarraigo y abrir la especulación del suelo
La Cámara Chilena de la Construcción, que reúne a las 20 grandes empresas privadas constructoras del país, ofrece construir 5 mil viviendas en un año si le quitan las obligaciones administrativas o “permisología” (que se puedan saltar permisos de todo tipo relacionadas a urbanidad, medio ambiente y permisos laborales). El gremio patronal de la construcción ofrece “5 mil viviendas que estén en terreno propio”, es decir, permitiendo la especulación del suelo donde estaban esas 10 mil viviendas restantes correspondientes a campamentos o tomas de terreno, que según la ley del régimen chileno corresponden a “ocupantes ilegales”. La CChC ve esto como la oportunidad para desalojar campamentos y facilitar la reconstrucción a través de nuevos proyectos inmobiliarios a los que esas familias no podrán acceder, generando ese tan deseado desalojo por el que han abogado estos defensores de la propiedad privada de la tierra. En un negocio redondo la CChC conseguiría contratos millonarios del Estado para lucrar con la vivienda a través del trabajo precario de los obreros de la construcción y construyendo el territorio sin sus ocupantes.
Aprovechando la coyuntura la derecha, ungida con la santidad del ex presidente muerto, Sebastián Piñera, tomó vuelo y presentó un plan de reconstrucción al gobierno. El documento fue presentado por Cristobal Mena, Iván Produje, Karla Rubilar, Jaime Bellolio y Andrea Balladares, todos ex asesores o ex ministros de Piñera. Se trata de un plan de 750 millones de dólares con foco en 7 medidas: 1. Emergencia y propiedad del suelo, 2. Radicación de campamentos, 3. Relocalización de asentamientos por zonas de riesgo, 4. Reconstrucción en sitio propio, 5. Nuevas viviendas, 6. Ejecución de obras de prevención, 7. Definir zonas de reconstrucción rápida para dar “confianza" en las obras públicas. A todas luces se trata de un plan basado en el individualismo, el consumo y el desarraigo. En muchos casos involucraría la pérdida del derecho a vivienda debido a que: no serán contemplados sitios en disputa legal, la reconstrucción se hará postulando a los planes del Serviu ya existentes (y que tienen un nivel de retraso de más de 3 años). Además incluye el terrible proceso de radicación y reubicación de personas sin criterio social y a espaldas de las familias, juntas de vecinos y comités de vivienda. Abre la puerta a la especulación del suelo que tanto quieren los empresarios para el aprovechamiento de la catástrofe algo que ya se ha visto en el terremoto del 2010 y en los incendios del 2014 donde familias fueron desplazadas desde Valparaíso a zonas del interior de la región.
El derecho a terreno propio y un plan de reconstrucción, social, colectiva y planificada
No da igual qué tipo de reconstrucción se hace porque se está jugando con la existencia de 30 mil personas damnificadas. Las ayudas del gobierno basadas en la focalización del gasto le son funcionales a la propuesta neoliberal de reconstrucción que proponen los Piñera boys y los gremios empresariales. De conjunto se quiere que el problema sea resuelto bajo la lógica de la acción privada, la supuesta libertad de las personas a postular a soluciones habitacionales en donde compiten con muchas otras y siempre un número significativo queda fuera. Esto, por el contrario a lo que se cree, incentiva una reconstrucción no planificada y susceptible de aprovechamiento por parte de estos agentes económicos que pujan por el suelo de ese territorio, ya sea para el negocio inmobiliario, como para el negocio de las carreteras y el de plantaciones forestales. El incendio de 2022 en Valparaíso en el sector Forestal evidenció que hubo un directo beneficio del cultivo forestal tras los incendios y que muy poco se hizo en protección del derecho de la vivienda.
Por el contrario, y dada la gravedad de la crisis social abierta con el incendio, lo que se debe realizar es una reconstrucción social, colectiva y planificada. En primer lugar en vez de desproteger a los habitantes sin legalidad de suelo, hay que ir en su protección asegurando el derecho al suelo. Esto sólo se hará efectivo expropiando toda la superficie siniestrada para ser entregada a los actuales habitantes. Esto permitiría resolver el problema de más de 20 mil familias que se encuentran en situación de campamento o toma de terreno. De esta manera el suelo tendría una finalidad social y no comercial privada. Este plan de reconstrucción, que implica planes de urbanización y loteo, debe contar con la ejecución y debate colectivo de las propias comunidades a través de sus juntas de vecinos, comités de vivienda, asambleas u otras instancias democráticas que representan las ideas y necesidades de todas las viviendas, con la activa colaboración de estudiantes y profesionales universitarios que se pongan al servicio de este tipo de reconstrucción. La mayor parte de las viviendas siniestradas corresponde a personas ancianas, familias con hijos o trabajadores migrantes, todos parte de la clase trabajadora más precarizada. Estos sectores no podrían cumplir con las vías de la autoconstrucción. Junto con esto la reconstrucción debe ser en base a una empresa estatal de obras públicas, que permitiría resolver el problema del 10% de desempleo que tiene la región de Valparaíso, financiada por el Estado a través de impuestos especiales a l as grandes fortunas y a las empresas inmobiliarias monopólicas del país. No puede ser posible que a la vez que lucran con la reconstrucción el gobierno les perdone el pago millonario de impuestos si las empresas realizan donaciones.
Un plan así debe ser discutido por las comunidades afectadas mientras se hace latente también un plan más integral de emergencia que involucre otras variables y medidas urgentes: por ejemplo sueldo para los cuidadores de menores, ancianos y enfermos, red de albergues, red remunerada de comedores populares. Postergar inicio de año escolar porque los establecimientos son albergues, educación gratuita y condonación de deuda educacional para estudiantes universitarios afectados por los incendios. Es impresentable que el gobierno no esté llamando a interrumpir el receso parlamentario para iniciar acciones políticas contra la especulación del suelo. Se debe derogar la ley anti tomas que desprotege a los trabajadores más precarizados por tomar un pedazo de suelo para vivir, se debe aprobar la ley preventiva que prohíbe la actividad comercial en terrenos siniestrados.
Gabriel Muñoz
Licenciado en Historia
