Lenin Moreno busca legitimar su agenda política luego de la ruptura con Rafael Correa. En su conjunto, la casta política quiere sostener los aspectos más antidemocráticos del régimen inaugurado con la Constitución del 2008, para así poder avanzar con el ajuste que reclaman los empresarios para descargar la crisis sobre el pueblo.
Viernes 2 de febrero de 2018 18:47
Foto: Andes
Tras diez años de gobierno de Rafael Correa y la autodenominada “Revolución Ciudadana”, el régimen de Montecristi se hunde en un manglar. La Constitución de 2008, cuya sanción apaciguó los anhelos de democratización y mejores condiciones de vida, comenzó a transitar su sobrevida a partir de la asunción de Lenin Moreno como presidente de Ecuador. Con una crisis económica que aumenta su profundidad, la casta política local sabe que, si pretende llevar adelante sus planes de ajuste, necesita primero convencer sobre su necesidad, y luego, de la siempre ansiada legitimidad de las urnas.
Del primer punto se encargó el nuevo gobierno desde su arribo al Palacio de Carondelet. El presidente Moreno, ungido como la continuidad correista -presentado en campaña como “giro a la izquierda” en el movimiento oficialista- rápidamente tomó en sus manos el discurso empresarial, que hace años clama por la parálisis de la economía ecuatoriana y exige cambios en materia impositiva, comercial, y contratación de mano de obra. En una economía dolarizada, donde no es posible devaluar, para el Estado son motivos de preocupación la deuda externa e interna, el déficit fiscal y la falta de liquidez.
Con la publicación de las cifras económicas heredadas, se expusieron las fisuras que Alianza País arrastraba. Éstas son expresión de una disputa entre facciones en torno al futuro del proyecto de modernización del capitalismo nacional. Si en enero del 2017 el progresismo latinoamericano miraba con entusiasmo y esperanza el proceso electoral en Ecuador, en enero del 2018 esa ilusión ya está hecha trizas.
La política de diálogo con los sectores de la oposición despertó la ira del ex mandatario Rafael Correa. El discurso de la lucha contra la corrupción, bandera de la derecha, fue el faro que guió los encuentros. El avance del caso Odebrecht contra el ahora ex vicepresidente Jorge Glas, aceleró la ruptura del oficialismo.
A puro “decretazo” -las mismas herramienta antidemocráticas que usó Correa-, Moreno abrió paso a su propia agenda política: quitó las funciones al vicepresidente, impuso una nueva vicepresidenta en su cargo, y convocó al referéndum sin esperar el dictamen de la Corte Constitucional.
Con el llamado a las urnas, Moreno plebiscita su nueva agenda, a sabiendas que fue ungido como correista y por pocos puntos frente al candidato opositor. La estrategia parece dar sus frutos. Todo el arco político apoya el proceso de “descorreización”, y las encuestas le son favorables. Pero los paliativos gubernamentales no satisfacen al conjunto del empresariado, que califica de insuficientes todas las medidas gradualistas de la reciente Ley de Reactivación Económica. Difícilmente haya un rechazo masivo en los resultados del domingo, pero los porcentajes obtenidos no son un detalle menor cuando el plan es avanzar con reformas económicas más radicales y descargar la crisis sobre los y las trabajadoras.
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Un régimen podrido
La Constitución de Montecristi fue corolario del ciclo de movilizaciones que desembocó en la "Rebelión de los Forajidos" en 2005, la salida del gobierno de Lucio Gutiérrez, y la convocatoria a las elecciones que consagraron a un Rafael Correa recargado de retóricas progresistas. Gracias a los precios internacionales del petróleo, el Estado emprendió el viejo anhelo de la burguesía nacional: la modernización de la estructura capitalista local, que significó mejoras parciales para las condiciones de vida del pueblo. La Constitución incluyó el reconocimiento de derechos nunca antes consagrados, al tiempo que fortaleció la posición del Ejecutivo sobre la política en general, acentuando los rasgos más bonapartistas de la neoliberal reforma constitucional de 1998.
Un ejemplo es el artículo 398, sobre el derecho de las comunidades a ser consultadas previamente sobre la implementación de proyectos extractivistas en sus territorios. A renglón seguido, se aclara que el Ejecutivo podrá igualmente avanzar con el proyecto, aunque resulte una oposición mayoritaria. En otras palabras, la propia Constitución exime al Estado de cumplir con ese derecho.
Este semi bonapartismo es parte de la lógica de contar con una financiación que solvente la modernización, lo que significó profundizar el saqueo imperialista a los recursos naturales, reprimarizando el conjunto de las exportaciones y perpetuando la dependencia. El autoritarismo de Correa no tuvo que ver con factores psicológicos, sino con la necesidad política de imponer un proyecto de reformas con una conflictiva relación de fuerzas.
Los cuestionamientos llegaron por izquierda y por derecha. Ahora que Moreno echa mano a las herramientas del régimen para “descorreizar”, ningún sector denuncia el autoritarismo y la falta de democracia. La corrupción tiene un papel principal en la crisis política. La Constitución también habilitó un esquema de impunidad, a través del manejo de órganos de control como el Consejo de Participación Ciudadana, hoy en el ojo de la tormenta.
La Constitución de Montecristi, aplaudida por los reformistas regionales, se mostró incapaz tanto de democratizar, perpetuó la expoliación de la naturaleza y la pobreza de las y los trabajadores. Aunque la movilización social es prácticamente nula, la crisis del régimen se expresa en el referéndum del próximo domingo: introducen cambios cosméticos para relegitimar el orden actual, desplegando ataques contra las condiciones de vida de millones.
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Las preguntas del referéndum
“1) ¿Está de acuerdo con que se enmiende la Constitución para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política y la pérdida de sus bienes?”.
Con esta pregunta, la casta política quiere lavar su propia imagen con una autodepuración. Lo que se omite es que la corrupción está en el ADN del propio Estado. Los empresarios aseguran el acceso a los negocios, y los funcionarios su enriquecimiento. El caso del ex vicepresidente Glas muestra que la corrupción fue funcional: las licitaciones adjudicadas mediante sobornos son en megaproyectos diseñados para la modernización antes descrita.
El quid también está en que si se aprueba esta enmienda, la justicia obtendrá más poder como armamento para quitar opositores del terreno electoral, como con Lula en Brasil. Los jueces -que siempre se atan al péndulo de los tiempos políticos-, son magistrados con sueldos y jubilaciones de privilegio, que ocupan cargos donde son colocados por apenas un puñado de funcionarios, y con suficiente poder de fuego para destituir mandatarios de elección popular. Lejos de tocar este vital aspecto antidemocrático, la pregunta nada dice sobre quiénes son los que juzgarán a los corruptos.
“2) Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está de acuerdo con enmendar la Constitución para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo?”.
La Constitución permitía la reelección por sólo un mandato. Ésta fue colocada vía Asamblea Nacional en 2015, cuando la poderosa mayoría de Alianza País impuso cambios constitucionales sin siquiera convocar una consulta popular no vinculante. Correa no fue candidato en 2017 debido por que las movilizaciones sociales obligaron a colocar una disposición transitoria para que la enmienda entre en vigor después de las elecciones.
El objetivo actual es atacar al núcleo correista para que ya no pueda ser alternativa de gobernabilidad. Que Moreno incluya esta pregunta da cuenta de los acercamientos a la agenda de la derecha, que nunca dejó de reclamar sobre esta enmienda. Satisfaciendo a la supuesta oposición, se granjea su simpatía para la negociación de las futuras leyes en la Asamblea, donde la fractura del bloque oficialista le dejó una posición débil.
Con el argumento “garantizar el principio de alternabilidad”, pretende dar una imagen democrática al régimen. Pero nada dice sobre los poderes del Ejecutivo. El problema no está en la alternabilidad, sino en la negación del derecho de los votantes a la revocatoria inmediata de todos los mandatos políticos, en especial cuando se alejan de los proyectos por los cuales fueron electos -algo sobre lo que Lenin Moreno, a esta altura, sabe mucho-.
“3) ¿Está de acuerdo con enmendar la Constitución para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo transitorio tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo anticipar la terminación de sus periodos?”
Este Consejo (CPCCS) fue creado en Montecristi como el “quinto poder” del Estado, supuestamente para promover la participación, el control de lo público y la rendición de cuentas. Coloca autoridades en las superintendencias, la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, etc. Tanto éstas como la propia designación de los integrantes del CPCCS fueron cuestionadas por la poca transparencia de los concursos, y la firme influencia del oficialismo en las decisiones finales. Otro chantaje sobre democratización.
El CPCCS es un codiciado botín para manejar los resortes del Estado. De aprobarse la enmienda, sus integrantes serán reemplazados por los nombres que el Presidente envíe a la Asamblea. Las autoridades que el organismo designó, con profunda responsabilidad en los escándalos de corrupción y la impunidad, retendrán sus cargos hasta que la comisión transitoria evalúe su desempeño. Esta maniobra permitirá a Moreno abrir un terreno de entendimientos con altos mandos del Estado, quienes podrán negociar su mantenencia en el cargo. Una farsa que ni acaba con la corrupción, ni pone en manos del pueblo la función de control y juzgamiento de los funcionarios.
“4) ¿Está de acuerdo con enmendar la Constitución para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes?”
Como “pregunta a la que nadie puede oponerse”, es justo el argumento correista que la acusa de “anzuelo” para arrastrar la aprobación de todas las otras. Más allá de esto, es una pregunta bastante limitada. No hubo intención política de aprovechar la oportunidad de volver imprescriptibles todos los delitos sexuales y de género. Su inclusión responde a los casos de abusos en escuelas públicas, destapados en los últimos meses. A pesar que las Iglesias también encubren sus casos de pedofilia, Moreno tampoco está peleándose con éstas por colocar esta pregunta, y el rumbo de las políticas de género y contra la violencia machista sigue siendo designado por la curia ecuatoriana.
“5) ¿Está de acuerdo con enmendar la Constitución para que se prohíba la minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?”
Otra “pregunta a la que nadie puede oponerse”-, pero que choca con los límites de un modelo económico históricamente estructurado en torno a la exportación petrolífera, que con las inversiones chinas de la última década busca diversificarse hacia la megaminería. Aumentar la producción para cubrir la pérdida de valor de las exportaciones es un mecanismo potenciado en los últimos años al calor de la crisis económica y la caída de los precios internacionales. El avance del extractivismo implicó tanto la destrucción de fuentes de agua como luchas campesinas e indígenas por la protección de sus tierras. Nada se modificará sobre la potestad del Ejecutivo para avanzar con estos proyectos aunque sean rechazados en una consulta. Es inverosímil pensar que con la necesidad de atraer capitales, paliar la crisis y continuar el proyecto modernizador, el Estado vaya a cumplir con esta disposición, privándose de cuantiosos recursos. Más que prohibir la megaminería, el referéndum tiene la intención de legitimarla en las áreas que no sean “protegidas”.
Las preguntas de la consulta popular
“6) ¿Está de acuerdo con que se derogue la Ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como “Ley de plusvalía”?”
Llega directamente de los diálogos que Moreno mantuvo con las cámaras de la patronal. El argumento es que esta ley limitó las inversiones en el sector de la construcción, destruyendo miles de puestos de trabajo. Lo que los empresarios buscan es menos impuestos para continuar especulando sobre el valor de la tierra en un país donde, según cifras oficiales, más del 60% de las viviendas son arrendadas. Moreno accede a sus reclamos, y deja fuera los pedidos de las organizaciones sindicales por la restitución de sus derechos de contratación colectiva. Esto también muestra el fracaso de la estrategia de apoyo crítico a la consulta que operó el Frente Unitario de Trabajadores, en lugar de una denuncia sistemática hacia esta trampa política.
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“7) ¿Está de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?”
Otra pregunta de carácter ambientalista que dificilmente encuentre oposición. Como se explicó, el aumento de la producción de crudo es una necesidad para cubrir las pérdidas que ocasiona el desplome de los precios. Ecuador incumple acuerdos con la OPEP y aumenta de a poco el volúmen de sus exportaciones. Además ya tiene comprometido parte de sus barriles en la preventa que firmó el gobierno anterior con China a precios muy bajos. ¿Cuánta voluntad tendrá el Estado para no recurrir al crudo que yace bajo el Yasuní? No por nada ni siquiera se plantea prohibir la explotación en cualquiera de los Parques Nacionales.
Foto: El Espectador
Voto en blanco o abstención: la independencia política como herramienta de lucha
El papel de la “izquierda” local es triste. El Partido Comunista, que apoyó y prestó sus cuadros al gobierno correista, está dividido entre la facción que apoya a Moreno y la que apoya a Correa. Los primeros, lógicamente, votarán “Sí” en todas las preguntas, mientras que los otros rechazan las puntos 1, 2 y 3, al igual que pide el correismo en su nuevo partido Revolución Ciudadana.
Por otro lado, Unidad Popular -ex MPD, brazo electoral del PCMLE-, toma el mismo argumento de la derecha sobre la necesidad de “descorreizar” al Estado y la sociedad para, de esa forma, preparar mejores condiciones para la lucha popular. Es la misma lógica que los llevó a apoyar la candidatura del banquero Guillermo Lasso en la segunda vuelta del pasado abril.
En estos partidos se observa su constante búsqueda por acomodarse cerca del campo burgués que consideran más progresivo. En lugar de poner en pie una alternativa de lucha con independencia política, opuesta a todas las variantes de la casta política, marchan detrás de las banderas del conjunto del régimen político.
Para rechazar el ajuste económico hace falta oponerse con determinación a los partidos políticos que implementarán esas medidas. La farsa que plantea el referéndum y consulta popular exige una posición de denuncia que tenga en claro que no es posible reformar el régimen para democratizar al capitalismo, sino que debe ser derribado por una movilización popular que imponga un gobierno obrero. En ese sentido, la campaña por la abstención o el voto en blanco significa tanto difundir estas ideas, como también el primer paso para la construcción de una alternativa política propia para las y los trabajadores.
