No más AFP. Reforma de pensiones en Chile y debate en el mundo: ¿Qué otros sistemas de pensiones existen?

En medio de la discusión actual del sistema de pensiones, la votación general del proyecto de reforma previsional en la Sala del Senado se realizó el lunes a las 15:00 horas hasta total despacho. Esta ya fue aprobada, la promulgación solamente dependería de la Cámara de Diputados y Diputadas y la resolución debería estar lista la próxima semana, antes del receso político de febrero.

El acuerdo alcanzado en el Senado implica un aumento paulatino de la cotización de un 8.5% (a cargo del empleador), sin embargo, más de la mitad de esos recursos irán directamente a las cuentas individuales administradas por las AFP. Millones de dólares de los ahorros de los trabajadores irán a parar directamente a las carteras de inversión de las AFP, quienes a su vez entregarán estos recursos a las grandes empresas que transan sus acciones en la bolsa.

Chile: entre el modelo de capitalización individual y las demandas de cambio

En Chile, el sistema de pensiones basado en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ha sido objeto de intenso debate y movilización social. La controversia se centra en la percepción de que este modelo, implementado durante la dictadura de Augusto Pinochet en 1981, ha fracasado en garantizar pensiones dignas para la mayoría de la población, generando desigualdad, descontento social y pensiones de miseria.

El sistema de AFP reemplazó el modelo de reparto solidario existente hasta 1980 por uno de capitalización individual, donde cada trabajador aporta a una cuenta personal administrada por empresas privadas. La “promesa” era que este mecanismo garantizaría pensiones superiores a las obtenidas con el sistema solidario. Sin embargo, décadas después, las pensiones resultantes han sido significativamente más bajas de lo esperado, con montos que en muchos casos no llegan a ¾ del salario mínimo, una completa estafa del sistema capitalista chileno hacia las y los trabajadores. El sistema de AFP reemplazó el modelo de reparto solidario existente hasta 1980 por uno de capitalización individual, donde cada trabajador “aporta” a una cuenta personal administrada por empresas privadas, las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El gobierno de Gabriel Boric del Frente Amplio, Partido Comunista y Socialismo Democrático, alcanzó un acuerdo con la derecha tradicional para avanzar en una reforma previsional que mantiene elementos del sistema de capitalización individual que incrementa la Pensión Garantizada Universal (PGU) de 214,000 a 250,000 pesos y propone que los empleadores contribuyan con un 8.5% al sistema de pensiones. Además, se introduce un beneficio por tiempo cotizado y se mantiene la existencia de las AFP y seguirán siendo las únicas encargadas de administrar los fondos de pensiones de todas y todos los trabajadores: es decir, estas últimas se fortalecen.

Las AFP han desempeñado un papel activo en el debate previsional, buscando mantener su participación en la administración de los fondos de pensiones. Han ejercido presión para evitar cambios que puedan afectar su modelo de negocio, como la eliminación de las comisiones o la creación de entidades públicas que compitan en la gestión de fondos.
El mercado financiero chileno, que incluye bancos y entidades de inversión, tiene un interés directo en las reformas previsionales debido al impacto que los fondos de pensiones tienen en las inversiones y en la economía nacional. Estos actores han abogado por reformas que fomenten el ahorro y la inversión privada. Este sector empresarial fue el que más celebró el acuerdo.

La pelea por No más AFP sigue vigente

La influencia del movimiento social iniciado en el estallido social (2019-2020) sigue presente. Las demandas de un sistema público y solidario continúan siendo un eje del debate, pese a la resistencia de sectores empresariales y políticos. Quienes nos proponemos terminar con este sistema de AFP, vemos que no se debe retroceder en esta demanda y que la miseria que hoy ofrece la PGU es parchar un sistema que ha demostrado que no sirve. Por otro lado, confiar en una ley corta desde el ejecutivo es no ver que este ya tomó postura a favor de este sistema de AFP, vendiendo la ilusión de regular a través de una supuesta mayor competencia.

Terminar con esto implica retomar el camino de la movilización, por un sistema tripartito, solidario y que asegure una pensión mínima igual a la canasta familiar, que las decisiones estén en manos de los trabajadores y usuarios.

Te puede interesar: Declaración de firmas No a la reforma

Esta perspectiva estuvo muy marcada en la lucha iniciada por el movimiento NO+AFP, pero la confianza en que este gobierno cambiaría las cosas ha debilitado una perspectiva así, que hoy es necesario retomar.

¿Qué otros sistemas de pensiones existen en el mundo?

EE. UU: sostenibilidad en el centro del debate

Estados Unidos se encuentra en medio del debate ahora que Donald Trump acaba de asumir la presidencia de la mano de los multimillonarios más grandes del mundo como Jeff Bezos, Elon Musk y Mark Zuckerberg.

En Estados Unidos, el sistema previsional, basado en un modelo mixto que combina seguridad social pública y planes privados, enfrenta un debate sobre su sostenibilidad. La necesidad de reformar el Seguro Social ha sido planteada, pero no se han implementado cambios significativos en los últimos años. Think tanks como la AARP y organizaciones financieras desempeñan un rol clave en las discusiones, al igual que el conjunto de los multimillonarios.

El sistema de pensiones de jubilación de Estados Unidos está construido sobre tres pilares: un seguro social público y de reparto, de carácter obligatorio y gestionado por la Social Security Administration o SSA, los diferentes planes voluntarios de ahorro individual para la jubilación, disponibles para cualquier trabajador, y los planes de pensiones de empleo que ofrecen las empresas. Administrado por el Gobierno Federal de EE. UU., el seguro social funciona mediante cotizaciones abonadas a un fondo fiduciario desde el que se generan prestaciones no solo para la jubilación, sino también de viudedad o por discapacidad. Mientras un trabajador está activo, la empresa y el trabajador cotizan a partes iguales a la Seguridad Social. Estas cotizaciones se usan para pagar las prestaciones de los pensionistas actuales, mediante un sistema de reparto.

Sin embargo, el sistema por el que un trabajador gana el derecho a percibir una pensión es diferente. Por cada año trabajado, las personas suman créditos de elegibilidad para recibir una pensión cuando se produce una de las contingencias. Desde que empiezan su vida laboral, los trabajadores son informados de que este sistema sólo servirá para recibir una pensión pequeña en el futuro, que deberán complementar mediante otras formas de ahorro.

Argentina: vetos presidenciales y protestas sociales

El régimen de capitalización consiste en que cada trabajador acumula sus ahorros previsionales en cuentas individuales que pueden ser gestionadas por administradoras privadas, quienes invierten ese dinero para generar intereses. A su retiro, el trabajador contará con el resultado de ese ahorro más los intereses generados.

En la Argentina este sistema funcionó entre 1993 y 2008, con las AFJP. Y actualmente está vigente en países como Chile y Colombia.

En tanto, el régimen de reparto consiste en que los trabajadores en actividad y las empresas, con sus aportes, financian las jubilaciones. A esto se le suman otros fondos provenientes de impuestos y aportes del Tesoro nacional. Este es el actual sistema que funciona en el país desde 2008, cuando se eliminó el sistema de capitalización y los fondos de las AFJP pasaron a formar parte del FGS.

Por un lado se encuentra el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que cubre a la mayoría de los trabajadores registrados y es administrado por la ANSES. Pero también existen sistemas provinciales, que nuclean a empleados públicos de las provincias y los municipios; esquemas previsionales con normativa propia, como el del personal de las fuerzas armadas y de seguridad; y cajas profesionales, como la de los abogados o los médicos.

No todas las personas en la Argentina se jubilan bajo las mismas condiciones: existen algunas actividades que cuentan con sistemas previsionales especiales ya sea por la edad mínima de retiro (por ejemplo, en el caso de actividades consideradas insalubres, como la minería), los años de aportes (se exige una menor cantidad que los 30 años del régimen general), el nivel de haberes (las jubilaciones son más altas) o las reglas de movilidad (el tipo de actualización al que están sujetas).

En el SIPA existen 7 tipos de regímenes especiales: docentes, trabajadores de Luz y Fuerza, investigadores científicos, empleados del Poder Judicial, docentes universitarios, personal del Servicio Exterior, trabajadores de los Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) de Río Turbio y personal de policía y servicios penitenciarios provinciales cuyas cajas fueron transferidas.

En 2024, el presidente Javier Milei vetó una ley que buscaba aumentar las pensiones en un 8%, argumentando riesgos para la sostenibilidad fiscal. Este veto provocó protestas masivas de sindicatos y jubilados, denunciando la precariedad del sistema y la insuficiencia de los haberes mínimos.

Francia: movilizaciones contra la reforma de Macron

El sistema de pensiones se compone de un plan de pensiones básico estatal, obligatorio para todos los trabajadores por cuenta ajena, así como de planes complementarios ofrecidos por las empresas. Los trabajadores también pueden optar por un plan de pensiones privado, financiado exclusivamente por el individuo, es decir, de capitalización individual como en Chile.

En Francia hay dos regímenes, el básico y el complementario obligatorio.
El primero de ellos se asemeja a la Seguridad Social y el otro se compone de un sistema de puntos. Las cotizaciones se traducen en puntos que se van acumulando y cuando un ciudadano francés termina su vida laboral, la mitad de la pensión que le queda procede de esos puntos cotizados, mientras que la otra parte llega por lo cotizado para la pensión de base.

El aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años propuesto por Emmanuel Macron desató multitudinarias protestas en 2023. Estas movilizaciones, que llegaron a reunir a más de un millón de personas, reflejan el rechazo a las medidas que priorizan la sostenibilidad fiscal sobre los derechos laborales.

Te puede interesar: Batalla por las pensiones