Se rebajan las penas para los condenados y exiliados independentistas. Se mantiene el delito de rebelión para castigar futuros desafíos al Régimen del 78. Se incorpora un nuevo tipo penal que aumentará las penas contra la protesta social.
Viernes 11 de noviembre de 2022
La anunciada reforma del delito de sedición presentada este jueves por PSOE y Unidas Podemos queda lejos, muy lejos, de desterrar del Código Penal tipos delictivos de excepción. Es más, en la aplicación del nuevo delito de “desórdenes públicos agravados” es muy probable que veamos aumentar el número de condenas a prisión contra activistas sociales y políticos a los que hasta la fecha la acusación de sedición era demasiado exagerada hasta para el liberticida régimen español.
¿Cómo quedarían los procesados por el referéndum del 1-O?
Según lo anunciado, la propuesta del gobierno de coalición, que cuenta con el apoyo de ERC, rebajaría la pena máxima de 15 a 5 años para los condenados y encausado por sedición a raíz del referéndum del 1-O en Catalunya.
Para quienes fueron indultados, la reforma no afectará a su estado de libertad, aunque sí podrán ver reducidas sus penas de inhabilitación - que pasan de 13 a 8 años de máximo. Para los exiliados, en caso de regresar, podrían ver rebajadas las peticiones de cárcel.
El reparto de “gracia” no es igual para todos. Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, están acusados por sedición, malversación y desobediencia. Mientras que el exconseller Luis Puig y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, lo están por malversación y desobediencia, y solo por sedición respectivamente.
La más beneficiada sería Marta Rovira, que quedaría en una horquilla de 3 a 5 años de prisión. Los tres primeros deberían sumar a esto la pena por los otros delitos, que podría sumar otros 8 años, y Luis Puig una posible pena máxima del mismo tiempo.
En cuanto a inhabilitaciones, los ya condenados fueron indultados parcialmente solo de la pena de privación de libertad. Se mantiene, por tanto, su inhabilitación y la consiguiente prohibición de que se presenten a elecciones. Sin embargo, la rebaja a 8 años de esta pena permitiría que Oriol Junqueras pudiera ser candidato a las próximas elecciones autonómicas catalanas previstas para 2025.
¿Evitará esta reforma nuevos juicios sumarios contra otros disidentes políticos?
La respuesta a esta pregunta es claramente no. El delito de sedición desaparece como tal del Código Penal, pero queda intacto el tipo penal de “rebelión”, que tiene una pena máxima de 30 años de prisión.
La aplicación de este tipo penal a la protesta social o movimientos que desafíen el Régimen del 78, como ocurrió con el catalán, no solo no se puede descartar sino que es muy probable que suceda. En el mismo juicio del procés esta fue la acusación no solo de la extrema derecha de Vox, sino de la Fiscalía General del Estado.
Finalmente, el Tribunal Supremo condenó asumiendo las tesis de la Abogacía del Estado, controlada ya por el gobierno del PSOE. Pero la ausencia de un tipo como el de sedición puede favorecer que en siguientes embates represivos se aplique el de rebelión con penas tan duras o más que las que vimos en la sentencia de 2019.
¿Cómo afectará la reforma al derecho a la protesta?
Lo más pérfido de la reforma es que el nuevo tipo de “desórdenes públicos agravados” puede terminar siendo una nueva y más ofensiva herramienta en manos de la Judicatura y la Fiscalía. El elemento que determinará que una acusación pueda pasar del delito de desórdenes públicos - con una pena máxima de 3 años - a uno de “agravados” - con 5 - será que la “alteración de la paz pública” se haga en grupo.
Lo que podemos llegar a ver en los próximos meses y años es un endurecimiento de las penas contra la protesta social. Algo que, unido al mantenimiento de la Ley Mordaza y el resto de la legislación liberticida por parte del llamado gobierno “progresista”, dibuja un futuro inmediato cada vez más autoritario.
Lejos de celebrar las reforma, como hacen los dirigentes de ERC y la progresía mediática, y a pesar de los naturales ataques que le lanza la derecha y la extrema derecha, estamos ante un acuerdo entre quienes gobiernan en Moncloa y Palau para cimentar la restauración de la normalidad autonómica.
La única solución que podrían empezar a poner fin a la escalada expresiva contra la protesta social y la disidencia política iniciada por el gobierno de Rajoy es la amnistía para los miles de encausados y encarcelados, junto a la derogación de la Ley Mordaza y el resto de legislación contra los derechos y libertades democráticas. Nada de esto está en la agenda ni de PSOE, ni de Unidas Podemos, ni de ERC.
