Mariano Rajoy ha decidido que el 17 de enero sea la fecha en que se constituya el Parlament catalán. La fuerza parlamentaria menos votada decide qué se hace en Catalunya.
Viernes 29 de diciembre de 2017
M punto Rajoy anunció, una vez finalizada la reunión de gabinete, que el 17 de enero próximo será cuando sea constituido el Parlament catalán elegido el 21D. De ésta manera, el líder del PP pretende acelerar los tiempos para evitar que la difícil negociación entre ERC y JxC pueda llegar a un acuerdo. Al mismo tiempo, la formación heredera del franquismo pretende empujar a Ciudadanos a una negociación más bien complicada.
La calidad “democrática” de las instituciones españolas se podría decir que está en números negativos. No es necesario mencionar cómo se convocaron las elecciones del 21D, y toda la ofensiva judicial y policial que lleva meses y continúa. Como si ya hubiera sido poco, tenemos que el PP, la fuerza parlamentaria con menor cantidad de votos, puede hacer lo que quiera. Todo esto, claro está con el apoyo del PSOE y Ciudadanos y todas las reaccionarias instituciones de ésta democracia para ricos.
Una negociación algo encallada
El 22D ya estaba claro que las fuerzas independentistas habían logrado mantener fuelle en el marco de una votación con participación histórica (81% del padrón) con un 47,5% de los votos emitidos. Lograron también 70 escaños, lo cual da una mayoría en el Parlament. Y, es el único bloque que tiene mayoría propia. Ni la reedición del Tripartit (PSC, ERC, CeC), ni los unionistas suman los 68 necesarios para poder imponer un govern diferente.
Sin embargo, no es oro todo lo que brilla. Junts per Catalunya tiene derecho a poner su candidato, al haber quedado por delante de ERC y la CUP. De hecho, un eje de su campaña electoral fue que votándolos volvería Puigdemont a Catalunya. Algo que no es seguro ya que apenas cruce la frontera será detenido. Esquerra, ante ésta situación tiene la posibilidad de poner a su líder, más aún cuando el próximo 4 de enero está citado a declarar Junqueras.
Desde las filas del PDeCAT y JxC especulan con la posibilidad “legal” de que Puigdemont no solo obtenga el acta de diputados, sino que también pueda ser investido President. Buscan realizar una “reforma exprés” del reglamento del Parlament para investirlo telemáticamente. De todas formas, dirigir un país con todos los problemas cotidianos y con el ataque constante por parte del poder central, no es claro que pueda hacerse desde el extranjero o por Internet.
Esta situación no solo afecta a Puigdemont y Junqueras, que no se sabe si podrán ejercer como diputados (esto es, votar) aunque sí podrán obtener su acta de diputados. Sino que también afecta a otros candidatos que también están en la cárcel (Sánchez, Bassa y Forn) y los que están con Puigdemont (Comín, Serret, Puig y Ponsatí). La cuestión es que si toman el acta de diputados y luego no pueden votar, provocarán una pérdida de la mayoría independentista. Es muy probable que estos diputados no hagan uso de su acta pasando la misma para el resto de la lista de sus partidos.
El PSOE, haciendo gala de su “talante democrático” dejó bien en claro que ni Puigdemont, perseguido por la “justicia”, ni Junqueras, cumpliendo prisión preventiva; podrán presidir un nuevo govern. Su secretario de organización, Juan José Ábalos dejó el tema bien en claro, y por supuesto que el PSC está dispuesto a aprovecharlo.
Por el flanco derecho, si bien es cierto que sus diputados no alcanzan la mayoría, la situación cambió por los nueve diputados de ERC y JxC. El PP está presionando a Inés Arrimadas a que se lance a la “aventura” casi imposible de lograr una mayoría del 155. Albert Rivera, contestó que solo pretenden la presidencia del Parlament, para evitar el desgaste político de negociar asuntos que no podrá llevar a la práctica. Lo mismo que hizo Rajoy con el Rey hace unos dos años.
El Régimen del 78 actúa
Más allá de la mayoría que se acabe formando, el Presidente M punto Rajoy está seguro que luego de aplicar el golpe 155 ningún nuevo Govern hará otra cosa que estar dentro de la ley. O mejor dicho, dentro de “su” interpretación de la ley. Una interpretación que permite intervenir económicamente cualquier territorio, que permite premiar a sus “amiguetes” con más inversión pública y castigar a los contrarios.
Este es el modelo de “democracia” del Estado español (y de los países capitalistas). Gobiernan para garantizar los negocios de las grandes empresas. Los gobierno se encargar de perpetrar el robo salario y el saqueo de las arcas públicas para aumentar los beneficios del Ibex 35. Se encargan de tener un dominio territorial centralizado y buscan el enfrentamiento entre los diferentes pueblos del Estado.
Y, si algo de esto falla, tienen el poder judicial. Una cola de jueces interpreta la realidad a gusto y placer. Encuentran rebeliones donde hay manifestaciones pacíficas. Como esto no alcanza retuercen las leyes y las interpretan al revés. Como es el caso del “delito de odio” que originariamente era para proteger las minorías, y ahora sirve para “proteger” a las fuerzas represivas que detentan el monopolio de las armas.
Todo está “coronado” por Felipe VI y Juan Carlos I, los continuadores de Franco. Por ello es que el Régimen del 78 y el Ibex 35 no se pueden reformar. Es imposible que éste entramado institucional sirva a la causa de las libertades democráticas y de las reformas sociales de los trabajadores y el pueblo.
