A continuación hacemos una revisión de los cuatro informes internacionales que se han realizado respecto a las violaciones a los DDHH en Chile desde que inició la revuelta popular, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, informe y visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe ONU y resultados preliminares de la misión Canadiense de observación sobre violaciones a DDHH en Chile, y los duros datos del INDH.
Lunes 24 de febrero de 2020
El pasado 18 de febrero se cumplieron 4 meses de que inició el estallido social que se convirtió en una revuelta popular, profunda, que ha cuestionado los pilares de la herencia de la dictadura y los 30 años de “transición” a la democracia.
La respuesta del gobierno ha sido represión, muertes y torturas, rememorando la brutalidad de la dictadura militar de Pinochet. El gobierno ha buscado lavarse las manos con un “Acuerdo de Paz y Nueva Constitución”, sobre la sangre de toda/os la/os caídos, han impulsado una “Convención Constitucional” atrapada en los marcos del régimen político, donde menores de edad no pueden votar, donde 1/3 puede vetar, y sin posibilidad de discutir los acuerdos internacionales, entre otras trampas. Marzo para muchos será un nuevo salto en las movilizaciones, iniciando con el 8 de Marzo, día internacional de la mujer y el llamado a huelga general, las brigadas de salud que han estado en primera línea atendiendo a los heridos de la represión ya se preparan para enfrentar esos días.
“Sin Justicia no habrá Paz” ha sido una frase que se ha cruzado las movilizaciones, producto de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas desde octubre del año pasado, y así también lo han dejado de manifiesto los organismo internacionales que han visitado Chile, los informes de Amnistía Internacional (21 de noviembre), Human Rights Watch (26 de noviembre), informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH (6 de diciembre), Informe ONU (13 de diciembre), Misión Canadiense de observación sobre Violaciones a DDHH en Chile, resultados preliminares (27 de enero) y la visita de la CIDH entre 26 y 31 de enero.
Los últimos resultados del Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH, a cuatro meses de iniciada la crisis social, son preocupantes. Se han mantenido los casos de traumas oculares, heridos, detenciones arbitrarias y violencia policial generalizada.
"En el último reporte se informa que en visitas a comisarías, observadores/as del INDH verificaron una cantidad de 10.365 personas visitadas en comisarías, desagregadas en 7.490 hombres, 1.603 mujeres y 1.249 niños, niñas y adolescentes detenidos tras participar de manifestaciones. Se ha constatado un total de 3.765 personas heridas en estas visitas, de las cuales en 427 casos se constatan heridas oculares, 34 de ellos con diagnóstico de pérdida o estallido ocular".
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El tormentoso camino en la impunidad para llegar a estas cifras ha sido denunciando por varios organismos internacionales. Analizamos aquí cada uno de ellos y las respuestas del gobierno.
Informe Amnistía Internacional: 21 de noviembre
El 21 de noviembre, Amnistía Internacional, luego de su informe declaraba
“Las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera – principalmente el Ejército y Carabineros (la policía nacional) – están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta”
Hasta ese momento contabilizaban un saldo de cinco muertos y miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas, en su informe responsabilizaban también al Gobierno de Sebastian Piñera como uno de los responsables políticos de estos crímenes.
El informe fue rechazado por el gobierno pues no fueron entrevistados, negando una “política deliberada para dañar a los manifestantes”, declaraban buscar el “resguardo y protección de los derechos humanos”, sin embargo los siguientes informes fueron reafirmando lo planteado.
Dos de los casos eran de La Serena:
“En un caso, Romario Veloz, ecuatoriano de 26 años, murió después de que un militar le disparara en el cuello, mientras participaba en una pequeña marcha en la ciudad de La Serena. Al llegar a un parque de la localidad, el ejército comenzó a disparar de forma indiscriminada en contra de los manifestantes congregados. Vídeos del momento demuestran como Romario estaba caminando tranquilamente con las manos en los bolsillos.
En ese mismo evento, Rolando Robledo de 41 años quedó herido en el tórax por otro disparo de un militar. Pasó varios días en coma con pronóstico grave. De acuerdo con testigos, las autoridades no auxiliaron a ninguno de los dos y el ejército volvió a disparar en contra de los manifestantes mientras intentaban socorrer a los heridos”
Informe Human Rights Watch: 26 de noviembre
El 26 de noviembre se presentó el Informe de Human Rights Watch, el cual dio cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos y pidió una reforma policial para prevenir el abuso de carabineros y fortalecer sus mecánicos de supervisión. Hasta ese momento Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) había presentado ante el Ministerio Publico 442 querellas por lesiones, tratos crueles, torturas, abusos sexuales y tentativas de homicidios atribuibles a fuerzas de seguridad.
Uno de los relatos:
“Josué Maureira, de 21 años, ingresó en un supermercado que había sido saqueado en Santiago el 21 de octubre después del toque de queda, pues creyó haber escuchado a una mujer que pedía ayuda, contó. Los carabineros lo encontraron y lo golpearon en el lugar, luego en el furgón y más tarde en la comisaría, indicó. “Me hacían gritar muy fuerte, ‘soy maricón’”, contó Maureira, que llevaba las uñas pintadas y pantalones ajustados.
Un grupo de cinco carabineros lo violaron con un bastón policial y luego lo llevaron a una celda, contó Maureira. A la mañana siguiente, los carabineros lo obligaron a firmar una confesión que habían preparado de antemano, en la cual admitía haber participado en el saqueo, afirmó. Maureira dijo que nunca le informaron cuáles eran sus derechos y que pidió ver un abogado pero no le asignaron uno ni se le permitió contactar a un abogado por sus propios medios.”
El informe contaba que al menos 6.972 personas habían sido detenidas formalmente en comisarías en el contexto de las manifestaciones, sin embargo, la cantidad real de personas privadas de libertad en el contexto de las manifestaciones era mucho mayor.
Según datos oficiales proporcionados a Human Rights Watch, los carabineros detuvieron a más de 15.000 personas entre el 18 de octubre y el 19 de noviembre, y “retuvieron” a otras 2.000 por incumplir el toque de queda durante el estado de emergencia.
El gobierno por su parte recibió con “dolor” por las denuncias de violaciones a los DDHH y “valoro” el informe de HRW pues desestimaba la existencia de una política sistemática con la intención de dañar a manifestantes, además de recibir las recomendaciones de incorporar reformas profundas y protocolos en Carabineros, que significó una modernización de carabineros y todas las fuerzas represivas del estado, en el fondo para perfeccionar sus manera de reprimir, mientras en la impunidad Carabineros rechazó el informe. HRW cifraban en más de 1000 personas heridas por perdigones disparados por efectivos policiales, lo que fue negado por Carabineros, “hay 376 civiles lesionados por perdigones y cuya autoría aún no se encuentra determinada por los órganos persecutores”.
Informe CIDH: 6 de diciembre
El viernes 6 de diciembre se hizo público el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, órgano especializado de la OEA en materia de derechos humanos), en el cual
“condena el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales en Chile, expresa su grave preocupación por el elevado número de denuncias y rechaza toda forma de violencia”.
El informe se realizó previo a su visita a Chile entre el 26 y 31 de enero del 2020, hasta la fecha del informe la cifra de víctimas mortales había ascendido a 26. Según información del Ministerio de Salud, los servicios de urgencias médicas del país atendieron a 12.652 personas heridas en relación con las manifestaciones y el INDH constató directamente en hospitales 2.808 heridos en el contexto de las manifestaciones.
La Comisión expresa su extrema preocupación por traumas oculares como consecuencia del impacto de perdigones o bombas lacrimógenas, según el Ministerio de Salud al 18 de noviembre la cifra es de 194, mientras que el Colegio de Médicos de Chile informa que los casos ascienden a 283.
El informe además menciona la represión vivida en la población Lo Hermida, en Peñalolen, “donde 561 personas alegan hacer sido reprimidas con violencia por carabineros, entre ellos una mujer embarazadas. Denunciado allanamiento y destrucción de 12 casas; atropello a un hombre y un adolescente por sus motocicletas; además utilización de manera indiscriminada de bombas de gas lacrimógeno a hogares, puntos de atención de primeros auxilios e inmediaciones de una escuela y guardería".
La CIDH alarmo sobre el elevado número de denuncias de abuso sexual en el contexto de las detenciones, desnudamientos forzados, sentadillas, amenazas de violación, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de las detenciones. El gobierno por su parte “valoro” nuevamente el informe, y reafirmó su compromiso en “investigar y sancionar” a los responsables, así como asistir a las víctimas en su recuperación. Poniendo en marcha el Programa Integral de Reparación Ocular, pareciera una burla, siendo que ellos han sido los responsables políticos de las violaciones a los DDHH.
Informe ONU: 13 de diciembre
El viernes 13 de diciembre de 2019 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) entregó su informe
luego de una visita realizada por una misión a Chile entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre. Fue sin duda uno de los más completos y lapidarios contra el gobierno.
Con el objetivo de identificar patrones y tendencias a las violaciones a los DDHH, la respuesta institucional de las protestas y hacer recomendaciones al Estado, en 35 páginas el informe hace un análisis entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre del 2019, en el cual se reunió con autoridades, representantes del poder judicial, organizaciones de la sociedad civil y entrevistas a víctimas de violaciones a los DDHH, contando con la colaboración y diálogo con el gobierno de Chile.
El informe parte de un contexto social de “desigualdad económica y obstáculos en el disfrute de los derechos económicos y sociales”, partiendo del crecimiento económico y reducción de la pobreza post dictadura, mientras los niveles de desigualdad en Chile son brutales,
“Según la CEPAL, la riqueza en Chile está altamente concentrada. En 2017, mientras que el 50% más pobre de los hogares poseía el 2,1% de la riqueza neta del país, el 10% más rico tenia dos tercios (66,5%) y el 1% más rico representaba el 26,5%”
En el cual menciona que “varios mecanismos de derechos humanos de la ONU han indicado que el incumplimiento de los derechos económicos y sociales son un área de preocupación", situación que se arrastró durante los gobiernos de la Concertación, de los cuales Michelle Bachelet fue presidenta en dos ocasiones.
El informe denuncia violaciones a los derechos humanos, a partir de las normas internacionales, existen violaciones de estándares sobre el uso de la fuerza, “durante un número significativo de protestas, Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión”, así como la utilizaciones de perdigones de plomo, que no están autorizados para el uso de las fuerzas de seguridad.
Al 19 de noviembre, de las 26 muertes en el contextos de las manifestaciones, “4 casos involucran a agentes del Estado, dos personas murieron bajo custodia policial y 20 de ellas murieron durante protestas sociales (incluidas tres personas que permanecen sin identificar). Cinco de las 26 víctimas son mujeres.”
Uno de los tantos relatos que se mencionan es el de Alexis Andrés Núñez Sandoval (39 años)
“murió el 22 de octubre como consecuencia de un trauma craneal relacionado con palizas y malos tratos por parte de Carabineros en Maipú, Santiago. Alexis Núñez habría participado en una manifestación en Maipú el 21 de octubre, después del toque de queda, cuando personas vieron como tres carabineros golpearon en las piernas, en la cabeza y en tórax, tanto con patadas como con una luma principalmente. Información médica indica que también tenía lesiones provenientes de disparos de perdigones. Alexis Núñez sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) cerrado y fractura de cráneo”.
Lesiones, incluyendo lesiones oculares por el uso de perdigones y otros dispositivos: Al 10 de diciembre el INDH registraba 3.449 personas lesionadas, mientras que para el ministerio de Justicia los heridos eran 4.903 personas, siendo 2.792 miembros de la policía, lo cual varia según las fuentes. Por ejemplo la sobre lesiones oculares el informe menciona a la fecha del mismo, (13 de diciembre) los datos de la Sociedad Chilena de Oftalmología, que cifra en 345 personas con lesiones relacionadas con traumatismo ocular, el INDH en 352, y el ministerio de Salud proporciono atención a 239 pacientes con lesión ocular en el Hospital del Salvador en Santiago. A finales de octubre la Sociedad Chilena de Oftalmología y el Colegio Médico habían calificaron la situación como "una emergencia de salud visual nunca antes vista en el país" y pidieron a las autoridades que dejen de usar armas menos letales. El 8 de noviembre, el sistema de la ONU en Chile también pidió a las autoridades que pusieran fin al uso de tales armas. Al 15 de noviembre, este número había aumentado a 193 (pacientes con trauma ocular grave).
El informe hace una recopilación de 133 actos de tortura y malos tratos, la mayoría durante el arresto o traslado a centros de detención, al 6 de noviembre el INDH había presentado 544 querellas relacionadas con 633 presuntos casos de tortura, (sin contar las querellas por tortura con violencia sexual). *Cifra que hoy han aumentado al doble. Uno de los relatos del informe:
“El Ejército me tiró al suelo, sentí golpes con la culata de un arma en mi cabeza y columna vertebral. Cuando nos subimos al vehículo militar, nos seguían golpeando y dijeron: "llevémoslos al cuartel y veamos cuánto duran con la electricidad". Les suplicamos que nos dejaran ir. Nos sacaron en la oscuridad y pude reconocer que estábamos en la parte de atrás del cementerio. Nos ordenaron poner nuestras caras contra la pared del cementerio. Había unos 12 soldados detrás de nosotros, que cargaron sus armas. Nos hicieron gritar "perdóname, Chile". En ese momento, pensé que nos iban a disparar. Lloramos, nos tomamos de las manos y nos despedimos.” Fernando, 28 años.
El informe recopilo a su vez, información de 24 casos de violencia sexual contra mujeres (14), hombres (6), niñas adolescentes (3) y un adolescente en el contexto de las protestas. Sobre arrestos y detenciones ilegales y/o arbitrarios, “según el Ministerio de Justicia, 28.210 personas fueron detenidas durante el período comprendido entre el 19 de octubre y el 6 de diciembre. 1.615 permanecen en prisión preventiva mientras que los demás han sido liberados. La ACNUDH ha observado que muchas de las personas detenidas en este contexto son jóvenes sin antecedentes penales”. Así mismo observó que el registro de personas detenidas se hace a mano, (sin soporte digital) y muchos no fueron completados con precisión. “En una comisaría en Antofagasta, la ACNUDH encontró a más de 40 personas que habían estado detenidas por hasta tres horas, sin que se registrara su detención”.
En cuanto al acceso a la salud, el informe denunció que cuando se certificaban las lesiones en las instalaciones del hospital, los exámenes se realizaban con detenidos esposados y en presencia de Carabineros. También hubo controles médicos superficiales e informes médicos que no se ajustan al Protocolo de Estambul.
El informe además mide el impacto niña/os y adolescentes, de los cuales del INDH menciona que son menos el 14% de los heridos en el contexto de la protesta y la Defensoría de la Niñez ha establecido que ha habido al menos 374 violaciones a los derechos humanos a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, también en mujeres, LGTBI, migrantes, personas con discapacidad, indígenas, trabajadores de la salud y voluntarios.
Para finalizar el informe da cuenta que pese al gran número de denuncias y acciones judiciales, con respecto a la rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos “solo se han formalizado a nueve imputados como presuntos autores de delitos. El Gobierno también indicó que, hasta el 11 de diciembre, se han formalizado tres militares como presuntos responsables de la muertes de tres civiles. Por otro lado, Carabineros ha iniciado 469 procedimientos administrativos y 332 investigaciones internas a raíz de los informes presentados por el INDH.”
El documento concluye el elevado numero de violaciones a los derechos humanos y el uso desproporcionado de la fuerza en manifestaciones, el bajo número de formalizaciones contra presuntos autores de violaciones a los derechos humanos. Finaliza reconociendo la “cooperación, incluyendo el diálogo franco mantenido, la extensa información recibida” de parte del Gobierno. Ante el informe el gobierno respondió con un documento afirmando acoger las recomendaciones del Alto Comisionado, sin embargo advierte la necesidad de “validar las fuentes de información pues se han corroborado un gran número de noticias falsas”
Misión Canadiense de observación sobre violaciones a DDHH en Chile, resultados preliminares, 27 de enero
Delegados de diversas especializaciones y campos de intervención, diputados de los parlamentos del Quebec y de Canadá, representantes sindicales y de la sociedad civil e investigadores han tomado la misión de documentar las violaciones a los DDHH en los últimos tres meses en Chile, con el fin de actualizar y complementar los datos de misiones anteriores. Entre el 18 y el 26 de enero, realizaron entrevistas a 99 personas de 51 organizaciones, en las ciudades de Santiago, Antofagasta y Valparaíso, en la cual constataron que la represión continua en un contexto de intimidación de la población y criminalización de la protesta social, “se advierte que estas violaciones continúan de forma constante y sistemática, concentrándose en espacios y sectores sociales específicos del país”.
Heridas por perdigones y bombas lacrimógenas, utilización masiva de gases lacrimógenos, violencias y vejámenes sexuales, detenciones sin registro, a veces efectuadas por policías de civil, golpizas, ausencia o negligencia en la aplicación de los protocolos de Carabineros entre otras, utilización de prisión preventiva en algunos casos por largos periodos para sancionar personas contra las cuales no hay necesariamente las pruebas requeridas, agresiones al personal voluntario de salud y a observadores de derechos humanos, también contra periodistas y profesionales de medios de comunicación “el Colegio de periodistas identifica 48 casos de periodistas agredidos por Carabineros”.
El informe menciona 4 hechos ocurridos en enero del 2020:
1) durante la madrugada del Año Nuevo en Valparaíso, un joven profesor de educación física, Matías Orellana, perdió un ojo y sufrió una fractura craneal tras recibir una bomba lacrimógena de Carabineros;
2) el 11 de enero, fue detenido Nicolás Ríos Verdugo (20 años) en el centro de Santiago supuestamente, por policías de civil; según el testimonio de su familia, el joven fue secuestrado, golpeado y amenazado con tortura y violación. Él se encuentra ahora en prisión preventiva por 60 días;
3) El viernes 17 de enero de 2020 se reportan 4 nuevas víctimas de trauma ocular;
4) El lunes 20 de enero de 2020, Matías Yáñez, de 16 años, fue detenido en las cercanías de una marcha, en Valparaíso, apaleado, vejado, amenazado en el vehículo de carabineros y negada por muchas horas la detención a su madre.
Los datos recabados en las entrevistas, acusan que se trata de una represión sistemática y masiva, apuntan a un disfuncionamiento de la institucionalidad chilena que alimenta una impunidad sistémica y desconfianza de la población.
La organización constata que es “un fenómeno de retraumatización, al revivirse prácticas heredadas de la dictadura”.
Hacen un llamado a solidarizar con el pueblo de chile y en defensa de los DDHH, en particular al gobierno de Canadá que no se ha manifestado, “Nos preguntamos si esta timidez de parte del gobierno canadiense tiene que ver con las importantes inversiones financieras de Canadá en Chile, especialmente en el sector minero”. Durante las próximas semanas detallaran un informe profundizando las problemáticas y recomendaciones para traducir al francés, inglés y español y visibilizar en los organismos internacionales.
CIDH visita Chile, entre 26 y 31 de enero
Durante los últimos días de enero, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) viajó a Chile a evaluar en terreno las denuncias sistemáticas a las violaciones a los Derechos Humanos, esto luego de que la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCDH) solicitará las medidas de protección de 284 personas, víctimas de trauma ocular, trabajadores de la salud, periodistas y manifestantes.
La comitiva de la CIDH se reunió con autoridades gubernamentales y de órganos autónomos; con representantes de las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, se encontró con más de 900 víctimas y familiares; y visitó las ciudades de Santiago, Arica, Temuco, Ercilla, Concepción, Antofagasta y Valparaíso. Asimismo, visitó las poblaciones de Lo Hermida, Pudahuel Sur, el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, la Comisaría de Carabineros 3a, el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco y el centro de SENAME Residencia Familiar San Miguel y CREAD Pudahuel.
El informe emanado inicia con un análisis de la profundidad de las demandas por derechos sociales básicos, del mismo modo que el informe de la ONU menciona los altos niveles de desigualdad y exclusión a lo largo del tiempo, sin acceso al derecho a la educación, a la salud, pensiones dignas, agua y un medio ambiente sano, “destaca la insuficiencia de regulación y control de las actividades empresariales que afectan derechos sociales y ambientales”, preocupante la situación de “las profesoras y profesores pensionados, particularmente en Antofagasta; pobladoras y pobladores de las denominadas “zonas de sacrificio ambiental”, entre ellas la zona de Quintero Puchuncaví; y de las regiones que padecen escasez hídrica, como la provincia de Petorca”.
Esto desencadenó un ciclo de protestas que al paso de los días cobró intensidad, la respuesta del Estado frente a las movilizaciones ha sido represión, conductas repetitivas de violencia en contra de manifestantes que resultó en un número elevado de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, y ahora el envío al Congreso de leyes que criminalizan la protesta, el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de reunión.
El último registro es que la cifra de víctimas mortales ha ascendido a 29
La CIDH recibió testimonios de afectados directos y observó documentos audiovisuales de los que se desprende que se han producido disparos de perdigones y de cilindros de gas en dirección al cuerpo, cuello y rostro de manifestantes. “Varios periodistas también denunciaron haber sufrido presiones o despidos, vinculados a su cobertura o a las opiniones que vertieron durante el ciclo de manifestaciones y protestas. En otros casos se conocieron filtraciones respecto a presunto espionaje a periodistas que investigan a los aparatos de seguridad del Estado”.
La Fiscalía dio cuenta que en 4.770 casos de violencia se involucra a Carabinero de Chile, 244 al Ejército, 96 a la Policía de Investigaciones, 27 a la Armada y 15 a otros.
A la fecha del informe, (finales de enero), se habían formalizado la imputación de cargos a 34 agentes del Estado, cifra que de conformidad con la información suministrada durante la visita asciende, en la actualidad, a 38 imputaciones.
Desde el inicio de las movilizaciones se han llevado a cabo al menos 23.274 detenciones, donde al menos 1.615 personas estarían en prisión preventiva. La Defensoría Penal Pública informó que en 32,8% de los casos se alegó ilegalidad de la detención, siendo declaradas ilegales el 8% del total.
La Comisión Internacional de DDHH, expresó grave preocupación por abusos sexuales, torturas y tratos inhumanos, según el Servicio Médico Legal, hasta el 29 de enero, se recibieron 1.172 solicitudes de implementar el protocolo de Estambul. Así mismo como actos de violencia por parte de agentes del Estado a mujeres, comunidad LGTBI, pueblos indígenas, migrantes, personas afrodescendientes, niña/os y estudiantes, con uso de fuerza por parte de Carabineros en centros educativos (entre marzo y septiembre de 2019 se registraron al menos 29 ingresos de Carabineros al Instituto Nacional General José Miguel Carrera).
Se han presentado 959 querellas por Ley de Seguridad Interior, de las cuales 269 fueron por saques a supermercados, 146 por barricadas y bloqueos de calle, y 1 por incitación a la sublevación, este último el caso de Dauno Totoro, que por decir Fuera Piñera el Estado se querello en su contra.
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La CIDH “hace un llamado a todas las instituciones del Estado para responder y atender la crisis social mediante vías democráticas participativas y pacíficas, dando prioridad al diálogo y con el pleno respeto a las libertades fundamentales y los derechos humanos de todas las personas”, llama a realizar una reforma integran de Carabineros de Chile, a que el Estado provea y coordine un programa de reparación integral de las víctimas.
El Estado y el gobierno de Sebastian Piñera los responsables políticos de las violaciones a los derechos humanos, en ese mismo sentido, plantearse cualquier proceso constituyente bajo la impunidad de los crímenes de lesa humanidad que han acontecido en chile no puede ser convenido.
Con todos los informes, y el actuar de Carabineros y Fuerzas Especiales, cobra más fuerza la lucha por la Disolución de Carabineros como institución, que defienden los interesas de los empresarios y reprime al pueblo, así como la salida de Rozas y Piñera, lo cual podremos imponer mediante la movilización.
El gobierno se prepara para marzo blindando a las fuerzas represivas, y sin juicios a los responsables. El ultimo informe indica que desde el estallido social "153 recursos de amparo han sido interpuestos contra uniformados, según los registros judiciales. De ese número, 123 han sido rechazados, 21 fueron acogidos y 8 están pendientes. En cuanto a los recursos de protección, existe registro de 161 casos ingresados a los tribunales, de los cuales 113 están pendientes, 46 fueron rechazados y solo dos fueron acogidos". ¡Esta es la impunidad del gobierno!
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Exigimos el Juicio y Castigo a los responsables políticos y materiales de las violaciones a los derechos humanos.
No a la impunidad, la represión, persecución política y criminalización de la protesta social. Libertad a l@s pres@s políticos.
No puede haber reparación si no hay justicia, la política reparatoria de la ex Concertación fueron becas, insuficientes pues han siguen libres quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Pinochet, sigue en pie Punta Peuco como una cárcel de lujo a quienes asesinaron, violaron y mataron. Luchemos por un plan de reparación gestionados por las organizaciones de DDHH, familiares, organizaciones sociales y que sea 100% financiado por el estado.
Luchemos por una asamblea constituyente libre y soberana, sin Piñera. ¡Con la sangre de nuestro muertos no se negocia!
