Violencia estatal. Represión: fuerte denuncia contra el Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Este viernes dos sindicatos de prensa y dos organismos de derechos humanos de Argentina presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Gobierno de Javier Milei y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich por los graves hechos represivos ocurridos desde el miércoles en las inmediaciones del Congreso Nacional.

El escrito de 30 páginas (que puede leerse completo al final de esta nota) lleva las firmas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH). Allí solicitan “medidas cautelares a favor de los trabajadores de prensa y abogados defensores de manifestantes en Argentina para evitar futuras represiones por ejercer su derecho a la libertad de expresión”.

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“Debido a la gravedad de la situación, y ante la inminencia de nuevas represiones frente a otras protestas, solicitamos ahora el otorgamiento de las medidas cautelares a favor de trabajadores de prensa y abogados defensores de manifestantes”, agrega el texto, que se suma a otras presentaciones previas recibidas por la CIDH respecto a las diversas medidas represivas contra la población adoptadas por el Gobierno asumido el pasado 10 de diciembre.

En la presentación se detalla el listado de trabajadoras y trabajadores de prensa y abogados defensores de derechos humanos que resultaron heridos durante la represión de esta semana frente al Congreso. Uno de los casos más graves es el de Matías Aufieri, abogado del CeProDH que recibió un balazo de goma en uno de sus ojos y debió ser operado de urgencia. A él le dispararon cuando estaba en la Plaza Congreso cumpliendo con su rol de defensa de los derechos humanos. Al disparar, la misma Policía Federal violó flagrantemente el protocolo de Patricia Bullrich.

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“No había ninguna columna de manifestantes cortando ninguna calle o avenida. Esa actitud provocativa parecía orientada a forzar que los manifestantes bajaran a la calle para luego reprimirlos. Sin embargo, salvo una o dos personas, el grupo se mantuvo sobre la vereda. En un determinado momento, uno de las motocicletas empezó a disparar y luego otras motocicletas suben a la plaza y empiezan a disparar de manera indiscriminada, una y otra vez. En ese momento Matías le dice que le dispararon al ojo”, se relata en la denuncia.

Además se cuestionan duramente las reformas propuestas por Milei en su proyecto de Ley Ómnibus tendientes a penalizar y sancionar las manifestaciones públicas. “La protesta social es objeto de múltiples restricciones que amplían las vías para la criminalización de las manifestaciones públicas y de la organización social y política en forma amplia”, se afirma en la denuncia.

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A su vez se rechazan las medidas complementarias del “Protocolo de Orden Público” anunciado por Bullrich el 14 de diciembre y la idea de reformar el artículo 194 del Código Penal en pos de aumentar las penas y ampliar los alcances de las personas detenidas bajo la acusación de violar dicha norma (instituida en 1968 por la dictadura de Onganía).

En la denuncia también se menciona el “uso abusivo de armas ‘menos letales’”, las “detenciones arbitrarias”, la presencia de “personal de seguridad con insignia política”, el “uso abusivo de la fuerza”, el “ataque contra trabajadores de prensa” y “declaraciones de autoridades” avalando el accionar de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura. Cada uno de esos ítems se fundamenta con datos concretos y fotografías.

Finalmente, el escrito pide a la CIDH que: “1- Adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la libertad e integridad personal de los trabajadores de prensa y abogados defensores de manifestantes debidamente individualizados; 2- Adopte las medidas de protección que resulten necesarias para que las personas beneficiarias puedan continuar realizando sus actividades de defensores de derechos humanos y trabajadores de prensa sin ser objeto de actos de violencia; 3. Adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho a la protesta conforme a estándares interamericanos; 4. Informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar de manera exhaustiva los hechos denunciados, conforme los estándares del derecho internacional pertinentes, y así evitar su repetición”.

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