La revolución en Nicaragua se dio en el marco de un proceso revolucionario en una región convulsionada por constantes agitaciones políticas y sociales extendidas a todo el Istmo Centroamericano a mediados de los 70 y durante la década de los 80.

Se trató de procesos revolucionarios estimulados por la derrota estadounidense en Vietnam, que dieron un nuevo ímpetu a las luchas obreras, del proletariado agrícola, del pueblo pobre urbano, los campesinos pobres y semiproletarios del campo.

A fines de esa década tuvo lugar un importante triunfo de la revolución en América Central: la destrucción del ejército pretoriano de la Guardia Nacional y la derrota de Anastasio Somoza en Nicaragua mediante un profundo proceso insurreccional de las masas combinado con las acciones guerrilleras. Un acontecimiento que se daba también a menos de seis meses de la caída de la odiada dictadura del Sha en Irán que le hizo complicar el panorama al imperialismo en Medio Oriente.

¿Qué era Nicaragua?

La historia de Nicaragua está plagada de intervenciones militares de EE.UU. El Estado somocista fue prácticamente una creación del imperialismo estadounidense, presente con sus tropas desde 1911 hasta 1933. Fueron ellos los que crearon el ejército genocida de la Guardia Nacional y pusieron a su cabeza a Anastasio Somoza García, quien luego de un golpe militar y ratificado por fraudulentas elecciones, accedió en 1936 a la presidencia de la república. La familia Somoza permaneció en el poder durante 45 años. Desde entonces, el poder real del país estuvo concentrado en manos de esa familia. El derrocado Anastasio Somoza Debayle en julio de 1979 era el hijo de Anastasio Somoza García.

Pero antes de la instalación de esta dinastía se dio la lucha militar de 1927 a 1933 de Augusto César Sandino contra el imperialismo que se identificaba con la lucha contra la dictadura instalada por los marines. Sandino se convirtió en el dirigente de una empecinada guerra civil contra el gobierno de Adolfo Díaz, un protegido de los estadounidenses, que hizo trastabillar no sólo a este gobierno sino a la estructura estatal en su conjunto ya bastante debilitada. La guerra llevada a cabo por Sandino, que contaba con el apoyo masivo del campesinado, impidió la reconsolidación del Estado, aceleró la crisis y obligó a Washington a recurrir a una intervención militar en gran escala contra Nicaragua para salvar lo que quedaba del aparato estatal totalmente semidestruido. El peso entero de la guerra, la administración pública y el funcionamiento del gobierno pasó a manos del ejército invasor.

En esos años el objetivo principal del imperialismo era reconstituir un estado nacional viable. Para ello se hacía necesario destruir completamente el ejército de Sandino, masacrar a los campesinos que lo apoyaban y finalmente asesinar al que fuera conocido como el General de hombres libres. Luego el gobierno de EE.UU. reconstruyó el aparato estatal poniendo en pie la siniestra Guardia Nacional, y para ello estuvo al servicio Somoza García.

La ahora reconocida escritora colombiana Laura Restrepo escribía en 1977, años en los cuales era simpatizante del trotskismo, que Somoza y su familia era dueños de la mayor parte del país. A través de siete grandes grupos (Debayle-Bonilla, Pallais-Debayle, Somoza-Abreu, Somoza-Debayle, Somoza-Portocarrero, Somoza-Urcuyo y Sevilla-Somoza), manejaban trescientos sesenta y cuatro empresas monopolistas, que abarcaban bancos, transporte aéreo, marítimo y terrestre, centros comerciales, centrales azucareras, agencias publicitarias, canteras, periódicos, destilerías y emisoras, y controlaban la producción de textiles, cigarrillos, abonos, aceites, adoquines, clavos, hielo, cobre, cítricos, casas prefabricadas, cemento y varios renglones más. Todo esto en asociación con empresas imperialistas, a las cuales Somoza les sirvió de socio, intermediario y lugarteniente. [1]

Pero entrados los 60, comenzó a desarrollarse una diferenciación en las filas de la burguesía. Por un lado, la oligarquía aliada a la dinastía Somoza y por el otro, una burguesía beneficiada por la expansión económica de esos años, centralmente los sectores agro-exportadores, agroindustriales, industriales y de la banca, para quienes el gobierno de los Somoza se hizo poco funcional. Aquella comenzó a adoptar crecientemente un rol opositor que se profundizó, pues desde la crisis del terremoto de 1972 venía siendo desplazada por Somoza de las actividades económicas que había controlado tradicionalmente.

Por esos años surgió el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), una organización de carácter nacionalista pequeñoburguesa que adopta como eje político central la guerra de guerrillas contra el régimen de Somoza. El FSLN surgió en 1961 bajo el impacto de la revolución cubana y fue fundado por Tomás Borge, Carlos Fonseca Amador y Silvio Mayorga. En los años subsiguientes (1975), y muertos sus principales fundadores a excepción de Tomás Borge, surgirán tres tendencias centrales al interior del FSLN, cada una con sus propias direcciones: los conocidos como “Terceristas”, cuya dirección está integrada por Daniel Ortega, Víctor Tirado y Humberto Ortega principalmente; la de la “Guerra Popular Prolongada” (GPP), dirigida fundamentalmente por Henry Ruiz y Tomás Borge; y la Tendencia Proletaria cuyo principal dirigente es Jaime Wheelock. De las tres, la más considerada a la izquierda de todas será la “tendencia proletaria”, aunque las diferencias programáticas y de línea entre las tres no son de un carácter que lleve a mayores confrontaciones. Durante todo un período actuarán cada una por separado aunque con el acuerdo tácito de usar las siglas FSLN. Se unificaron el 7 de marzo de 1979 por incidencia de Fidel Castro, quien les ofreció apoyo si se unificaban.

En este marco, la revolución que se avecinaba en Nicaragua tenía a su frente a resolver grandes cuestiones estructurales que se constituían en sus motores: la liberación nacional del imperialismo incrustado hasta los tuétanos en el país centroamericano, el gran problema agrario donde solo la familia de Somoza era dueña de más de 22 mil kilómetros cuadrados de tierras cultivables y otras grandes extensiones de latifundio pertenecían a otros sectores burgueses y terratenientes que estaban en la oposición a Somoza mientras millones de campesinos vivían en las más extremas pobrezas o estaban condenados a una esclavitud como semiproletarios del campo, y el enfrentamiento al régimen dictatorial somocista que en un sentido se "fundía" con el propio Estado.

Se trataba de las tareas democráticas estructurales que enfrentaba la revolución nicaragüense que para resolverse íntegra y efectivamente no podían limitarse a las mismas.

En Nicaragua, la cuestión agraria, así como la lucha contra el imperialismo, asignaba a los campesinos, amplia mayoría en la población nicaragüense, un puesto excepcional en la fase de la resolución de estas tareas democráticas, para lo cual se hacía necesario establecer una alianza revolucionaria entre la clase obrera y los campesinos bajo la dirección política de un partido revolucionario de los trabajadores, alianza que solo era posible luchando irreconciliablemente contra la influencia de la burguesía liberal opositora a la dictadura de los Somoza.

En tal sentido, una vez en el poder y en calidad de caudillo de la revolución democrática, para resolver sus tareas hasta el final, el proletariado se encontraría ante objetivos relacionados con profundas transformaciones del derecho de propiedad burguesa, es decir, la expropiación de la burguesía, transformándose la revolución democrática directamente en socialista. Desde esta perspectiva y estrategia de la revolución permanente es que abordamos la revolución en Nicaragua.

Comienza el agitar de las aguas de la revolución nicaragüense

Durante la década de los 70 una gran agitación del movimiento de masas se plasmó en las importantes huelgas de 1973 y 1974, que fueron ferozmente reprimidas. Entre 1975 y 1976 la represión del gobierno fue cada vez más cruenta. Asesinaron al propio fundador del FSLN, Carlos Fonseca Amador. El descontento experimentó un gran empuje a partir de septiembre de 1977.

En enero de 1978 fue asesinado Pedro Joaquín Chamorro. [2] Esto dio un viraje a la situación: llevó a la burguesía opositora a desafiar más frontalmente al gobierno. Pero a medida que el movimiento de masas entraba en acción esta burguesía opositora buscó la conciliación y el compromiso con la dictadura. Cuando el 12 de agosto de ese mismo año un comando del FSLN tomó el Palacio Nacional de Nicaragua con las cámaras de diputados y senadores en pleno, [3] en la más espectacular de las acciones del Frente, el movimiento propio de las masas se encontraba por su parte en pleno auge, con grandes huelgas de trabajadores como la de los hospitales y de otras áreas, incluyendo del sector privado. La agitación de la clase trabajadora urbana estaba presente.

En septiembre de ese mismo año, el FSLN, en medio de una acción que muchos han considerado aventurera, lanzó una ofensiva militar en diversas ciudades del país. Consideraba contar con fuerzas suficientes como para lanzar una primera gran ofensiva contra la dictadura, pero las acciones armadas no lograron cumplir ninguno de sus objetivos, pues existía una gran descoordinación de las mismas. Se tuvieron que replegar sin poder consolidarse en ninguna ciudad ni establecer un “área liberada” (definición que era parte de sus objetivos).

El contraataque de la Guardia Nacional fue brutal. Masaya, León, Chinandega, Jinotepe, Diriamba y finalmente Estelí experimentaron el fuego y la masacre, con un saldo que se calcula en 10.000 trabajadores, jóvenes, estudiantes y campesinos asesinados. Pero este siniestro golpe no doblegó las energías revolucionarias de todo un pueblo que contaba con las fuerzas suficientes para redoblar su acción de masas pese al efecto negativo de estas acciones de la guerrilla. Se procesó una galvanización del movimiento de masas obreras y campesinas y el aporte de miles de jóvenes que se plegaron a las columnas del FSLN.

La insurrección de las masas y la caída de Somoza

El auge de las masas precipitaba la descomposición del régimen e hizo saltar en pedazos los plazos, los tiempos y los márgenes de maniobra que necesitaba la burguesía criolla y el imperialismo para encontrar una salida. Las huelgas generales, las ocupaciones de tierra, los levantamientos urbanos, anunciaban la entrada en la escena política de las masas contra el régimen somocista en los primeros meses de 1979.

El 4 de junio, las organizaciones de masas y el FSLN decretaron una huelga general que paralizó todo el país. Se dio origen así en los días siguientes a insurrecciones que estallaron en las ciudades de Chinandega, León, Matagalpa, Estelí, Masaya, Granada y Carazo. Pero lo que dio un giro decisivo a la situación fue el movimiento insurreccional espontáneo del 10 de junio en los principales barrios populares de Managua. Surgieron en la capital “zonas liberadas”. Nicaragua estaba insurreccionada, se abrió una crisis revolucionaria sin precedentes, la caída de Somoza estaba a tiro de fusil.

El imperialismo estadounidense, al ver que se le escapaba la situación de las manos recurrió a la OEA para disfrazar una intervención directa con la propuesta del envío de “fuerzas de paz”. No obtuvo respaldo internacional. Somoza se aisló cada vez más y sólo recibió el apoyo de las dictaduras latinoamericanas. El imperialismo esperó que Somoza golpee ferozmente a los obreros y campesinos, para luego intentar el recambio y el surgimiento de un nuevo régimen burgués sin cambios bruscos.

A este trabajo sucio se prestaron los gobiernos de Venezuela, México, Costa Rica y Panamá, los cuales hicieron lo que estaba a su alcance para evitar que el desarrollo de la guerra civil no rompiera la continuidad institucional. Así, en junio, se preparó la conformación de una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua (GRNN) que asumió el control del Estado ante la inminente caída de Somoza. Estaba integrada por dos altos representantes de la burguesía, Violeta Chamorro, la viuda de Pedro Joaquín Chamorro, y Alfonso Robelo Callejas; dos representantes por el FSLN, Daniel Ortega y Moisés Hernán; y ubicado como sector centro Sergio Ramírez Mercado, quien representaba a sectores profesionales. Esta Junta había sido reconocida por los gobiernos latinoamericanos antes señalados, y estaba en su plan que un importante sector de la Guardia Nacional tuviera un lugar garantizado en el nuevo régimen fusionándose con las fuerzas guerrilleras del FSLN.

En el curso de la insurrección surgieron milicias populares espontáneamente a partir de los contraataques de la Guardia Nacional, pero luego eran encuadradas por los comandos regulares del FSLN. Las insurrecciones espontáneas, la encarnizada resistencia de la población, los ataques del FSLN hacían retroceder a la Guardia Nacional a tareas de estricta defensa de sus cuarteles y a la defensa del famoso “bunker” de Anastasio Somoza. Por fin Somoza abandonó el gobierno. Huyó el 17 de julio, con lo cual se abrió la fase final del derrocamiento del régimen.

El FSLN había demostrado ampliamente su superioridad militar, gracias a las acciones de masas, sobre las agotadas fuerzas represivas del régimen. Ante esto, el imperialismo pactó finalmente la capitulación de Somoza y el breve tránsito mediante una negociación con Francisco Urcuyo, diputado somocista. Tras la huida de Somoza, Urcuyo, según previo acuerdo, debía transferir el poder a la Junta de Gobierno para lograr “un cambio en la continuidad”. Pero se le “ocurrió” llamar a las masas a deponer las armas al mismo tiempo que afirmaba que se quedaría hasta las elecciones de 1981.

La revuelta de las masas fue completa. Los trabajadores, la juventud y los milicianos de los barrios populares invadieron el “bunker” de Somoza, se repartieron las decenas de miles de armas de guerra que recuperaron y se alzaron en un combate encarnizado. La Guardia Nacional estalló en pedazos ferozmente derrotada. El 19 de julio, las fuerzas del FSLN entraron en la capital e instalaron la Junta de Gobierno conformada conjuntamente con el personal de la burguesía opositora. Más de 40 mil muertos y 100 mil heridos fue el saldo de los enfrentamientos en este primer período de la revolución, donde el motor central fueron los obreros urbanos, el proletariado agrícola, el pueblo pobre, los semiproletarios del campo y los campesinos pobres. Como reconociera Humberto Ortega, “fue la guerrilla que sirvió de apoyo a las masas”, y no lo contrario.

En todo este proceso los trabajadores tuvieron una participación activa en la lucha insurreccional. La clase obrera nicaragüense, aunque no era muy numerosa en relación con la población total, cumplió un papel muy destacado en esta revolución aunque no avanzaron a constituir organismos propios de poder, ni existió ninguna organización ni antes, durante ni después que los orientara en este sentido. Pero fue parte de los organismos embrionarios de las masas, avanzó en constituir en múltiples lugares comités de fábrica que votaban la expropiación de la empresa.

Así, por ejemplo, en una asamblea obrera de Managua, de acuerdo con relatos de la época, se eligió democráticamente a los nuevos directivos, incluyendo al gerente. Finalmente, se aprobó la conformación del sindicato y del comité de fábrica, con delegados por secciones, se nombró la junta directiva y se levantaron las actas para llevarlas a la Procuraduría, para que emitiera el respectivo Decreto de Confiscación y reconociera los nombramientos llevados a cabo por los obreros. [4]

Pero en los tres años previos la clase obrera nicaragüense realizó huelgas generales, decenas de huelgas parciales y, finalmente, una huelga insurreccional que contó con centenares de obreros armados en los barrios y en el campo, muchos de ellos como combatientes del FSLN. Luego del triunfo de la revolución, algunos sectores adherentes del trotskismo se orientaron solamente a la constitución de sindicatos independientes, cuestión que incluso la dirección del FSLN no toleró, pues encuadraba absolutamente todo en su estructura y dirección política.

Es importante destacar la participación de los trotskistas en este proceso, quienes organizaron la Brigada Internacionalista Simón Bolívar para combatir por la revolución, impulsada por el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) de Colombia, organización orientada por Nahuel Moreno. Alrededor de 110 combatientes constituyeron esta brigada, todos oriundos de diversos países, aunque centralmente de Colombia, entraron a Nicaragua a comienzos de junio. Tuvieron tres heroicos combatientes caídos. En este dossier le dedicamos un apartado especial a esta experiencia importante y cómo, por buscar organizar sindicatos independientes, terminaron los que no eran nicaragüenses expulsados del país por el FSLN.

Gobierno de Reconstrucción Nacional, juntos FSLN y la burguesía opositora

La gran paradoja de esta revolución es que los representantes del capital estaban presentes en la Junta de Gobierno, en los Ministerios, en el aparato administrativo del estado, en el Banco Central.

En la Proclama de la formación del gobierno provisional, la dirección conjunta del FSLN anunció:

“[…] el FSLN da a conocer ante el pueblo nicaragüense y todos los pueblos del mundo un nuevo gobierno de carácter democrático y provisional, que será conocido como Gobierno de Reconstrucción Nacional, integrado por los siguientes dirigentes políticos, pertenecientes a las más amplias áreas de representatividad: señora Violeta viuda de Chamorro; doctor Sergio Ramírez, del “Grupo de los Doce”; Ingeniero Alberto Róbelo, del Frente Amplio de Oposición (FAO); ingeniero Moisés Hassán, del Movimiento Pueblo Unido (MPU); Daniel Ortega, miembro de la Dirección Nacional Conjunta del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Los mencionados dirigentes políticos han aceptado sin reservas formar parte del Gobierno de Reconstrucción Nacional. De esta forma, el FSLN cumple con la promesa de propiciar un gobierno amplio y de carácter nacional, al cual dará su respaldo para el cumplimiento de un programa de reconstrucción nacional.”

Una composición semejante tenía el Consejo de Ministros. El Consejo de Estado se integró con treinta miembros en “representación directa y designados por las siguientes organizaciones y agrupaciones socioeconómicas del país”:

1) Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
2) Del Frente Patriótico Nacional: Movimiento Pueblo Unido, Partido Liberal Independiente, Agrupación de los Doce, Partido Popular Social Cristiano, Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN), Frente Obrero, Sindicato de Radioperiodistas.
3) Del Frente Amplio Opositor (FAO), Partido Conservador Democrático, Partido Social Cristiano Nicaragüense, Movimiento Democrático Nicaragüense, Movimiento Liberal Constitucionalista, Partido Socialista Nicaragüense, Confederación General del Trabajo Independiente, Confederación de Unificación Sindical (CUS).
4) Del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP): Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), Cámara de Industrias de Nicaragua (CADIN), Cámara de Comercio de Nicaragua, Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), Cámara Nicaragüense de la Construcción. [5]

Durante el proceso en curso se había expropiado prácticamente a todo el sector somocista, nacionalizado la banca y el sistema de seguros, un amplio control del sector financiero, la nacionalización de la industria minera, un amplio control de las exportaciones y la distribución del mercado interno, y se había avanzado en conquistas importantes como las campañas masivas de alfabetización, sistemas de salud pública universal, el reconocimiento de las ocupaciones de tierras, y decretos de expropiación de tierras ociosas o no cultivadas. Aunque se había mantenido intacto a todo el sector burgués que era parte del gobierno o era parte de la burguesía opositora al somocismo.

Pero, al mismo tiempo, con el objetivo de integrar a la burguesía antisomocista a la tarea de “reconstrucción nacional” y para obtener créditos internacionales y de los gobiernos imperialistas, se hacieron grandes concesiones a los industriales y a los propietarios. El desarrollo económico continuó dominado por la propiedad privada y el Estado propuso el proyecto de una economía mixta. Se dio inicio al desarme de la población, y el fortalecimiento de un ejército regular, el Ejército Popular Sandinista (EPS).

Pese a todo esto, el viejo sector de la burguesía presente en la Junta fue renunciando, pero se integró otro sector en representación de ella: Rafael Córdoba, dirigente del Partido Conservador Democrático y miembro de la Corte Suprema de Justicia, y Arturo Cruz, antiguo colaborador del Banco Interamericano de Desarrollo. Luego vinieron diversos cambios en la Junta de Gobierno, producto de las grandes contradicciones de la revolución, donde el FSLN asumió cada vez más el control y sostén del gobierno pero sin cambiar sus orientaciones estratégicas de colaboración de clases.

Pero uno de los golpes a la revolución de Nicaragua vino desde Cuba y la política de Fidel Castro, a poco tiempo del triunfo. Castro afirmó que Nicaragua no sería una nueva Cuba:

“Ahora hay muchos interrogantes, y hay mucha gente queriendo establecer similitudes entre lo ocurrido en Cuba y lo ocurrido en Nicaragua... Por eso, a las afirmaciones o temores expresados por alguna gente... de que si Nicaragua se iba a convertir en una nueva Cuba, los nicaragüenses les han dado una magnífica respuesta: no, Nicaragua se va a convertir en una nueva Nicaragua, que es una cosa muy distinta.” [6]

Esto significaba que no se expropiaría a la burguesía y que no se extendería la revolución, con la nefasta consecuencia de mantener aislado al país centroamericano. Y con una política de frenar nuevos procesos revolucionarios centroamericanos surgieron las negociaciones con las burguesías y el imperialismo en las famosas “salidas negociadas”.

La contrainsurgencia militar y la "paz” contrarrevolucionaria

Para el imperialismo la importancia de América Central era fundamentalmente geopolítica y no tan sólo económica, más aún en el marco de la guerra fría y el rol de la URRS en la región, fundamentalmente a través de castrismo. De allí que Estados Unidos iba a buscar por todos los medios aplastar la revolución en Nicaragua, que de profundizarse, se extendería a toda América Central, como ya se avecinada en El Salvador.

Por eso, tras la llegada de Ronald Reagan al gobierno de los EE.UU., se dio inicio a la contraofensiva imperialista, la cual organizó los ejércitos mercenarios de la “contra” (contrarrevolución). Se asedió permanentemente la revolución con el accionar militar y los bombardeos a sectores claves de la economía, como los puertos del Pacífico. El gobierno sandinista le pidió sacrificios a las masas en las tareas de la defensa y la reconstrucción del país, pero le hacía concesiones a la burguesía. Las masas respondieron a los esfuerzos de guerra pero la burguesía boicoteaba la economía.

De esta manera la Administración Reagan se lanzó a una política de contrarrevolución abiertamente intervencionista. Organizó a las bandas contrarrevolucionarias de la “contra” (mercenarios veteranos en el servicio de matar) en Nicaragua, y fortaleció militarmente a los ejércitos genocidas del Istmo Centroamericano. Para ello, transformó a Honduras en un verdadero portaaviones terrestre y en el centro de operaciones de la contra, de la CIA y el Pentágono. Llevó a cabo una de las guerras de contrainsurgencia más complejas y sangrientas en la historia de América Latina.

Nicaragua era asolada por una brutal crisis económica. A la destrucción producto de la revolución se sumaron las acciones descaradas de la contra destruyendo infraestructura o los bombardeos tal como se vio en Puerto Corintio. Procesos hiperinflacionarios por orden del 30 mil por ciento anual hacía estragos en la economía de los trabajadores. La dirección sandinista en lugar de tomar medidas profundas contra la burguesía, así como la expropiación generalizada de los terratenientes y otras medidas antiimperialistas, hacía cada vez más concesiones. La contra misma se aprovechaba el descontento de los campesinos pobres para hacerse de base social.

Aun así, a partir de las dificultades para derrotar militarmente a la revolución, el imperialismo comenzó a combinar esta ofensiva militarista con la política de negociación y los acuerdos de “paz”. Fue el momento en que desde la otrora Unión Soviética hasta el papa Juan Pablo II, pasando por Fidel Castro y toda la socialdemocracia internacional, se levantó la consigna central de “paz en Centroamérica”. De esta manera, en 1983 apareció el Grupo de Contadora compuesto por los gobiernos de Colombia, México, Panamá y Venezuela, cuyo objetivo era logar acuerdos de “paz” para desmontar los procesos revolucionarios del Istmo. Se operó así una división de tareas: la “contra” y los ejércitos genocidas atacaban con armas y el grupo Contadora con papeles diplomáticos.

Ese mismo año, se discutió el “Plan Arias”, propuesto por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias Sánchez, llamado de Esquipulas I por la ciudad guatemalteca en que se realizó el encuentro de presidentes centroamericanos. Luego, en 1987, se firmaron los acuerdos de Esquipulas II con los mismos objetivos. Para “conseguir la paz”, los Estados centroamericanos “solicitan a gobiernos regionales o extrarregionales que apoyan a movimientos armados antigubernamentales que cesen ese apoyo; llaman a un alto al fuego y se comprometen a impedir el uso de sus territorios para acciones desestabilizadoras contra otros gobiernos”. Pero, “curiosamente” este acuerdo no era firmado por Panamá, donde EE.UU. tenía una de sus importantes bases militares del hemisferio occidental.

El gobierno sandinista se sometió en todas estas negociaciones, y puso en un plano de igualdad a los mercenarios de la “contra” organizados por EE.UU. y la burguesía cipaya que operaban en Nicaragua con los millares de luchadores, trabajadores y campesinos pobres que peleaban por su liberación nacional en El Salvador. Al mismo tiempo que impidió cualquier acción de los luchadores salvadoreños en su territorio, avanzó en acuerdos con sectores de la “contra”, a la cual cedió en múltiples terrenos, lo mismo que a la propia burguesía contrarrevolucionaria. Los acuerdos de Esquipulas II parecieron naufragar durante el período de alternancia entre Reagan y George Bush padre, pero en febrero de 1989, Daniel Ortega reanudó las negociaciones en ocasión de la reunión de los cinco presidentes centroamericanos en la localidad salvadoreña de Costa del Sol.

Al no resolver las grandes demandas fundamentales que la revolución nicaragüense había planteado como la revolución agraria, la expropiación de la burguesía y la liberación nacional, el gobierno sandinista fue perdiendo terreno en medio de una crisis provocada por la guerra de hostigamiento y sabotaje económico, de EE.UU. y la contra.

El gobierno de Nicaragua propuso adelantar las elecciones a febrero de 1990 y aceptar las modificaciones propuestas a la ley electoral de 1988 en el marco de los acuerdos de “Costa del Sol”. Aceptó un plan de elecciones generales donde se le facilitaba actividades normales, a los mismos que financiaban y organizaban la contrarrevolución. En febrero de 1990 los sandinistas sufrieron una fuerte derrota por parte de los partidos de la burguesía con Violeta Chamorro a la cabeza en febrero de 1990 en una mega coalición electoral de partidos de la burguesía y que incluía hasta al Partido Comunista de Nicaragua. A partir de esta derrota se aceleró el proceso de negociación que conducirá a la firma de los “acuerdos de paz” en El Salvador y Guatemala, temas que escapan al presente artículo, pero muestran todo el cuadro complejo de las negociaciones de conjunto. Se trataba de desmontar toda la revolución centroamericana.

El papel de las direcciones en el conjunto de la región

El imperialismo golpeó duramente en Nicaragua. Si bien no se decidió a una intervención clásica, organizó y financió una guerra contrarrevolucionaria de importante proporción que obligó a un país ya de por sí debilitado a utilizar importantes recursos materiales y humanos para hacerle frente. Fue la época en qu aunque contaba con la base militar ya existente en Panamá, Estados Unidos construyó la base militar en Honduras como forma de asedio. Desde ahí se puso en pie su ofensiva sobre Nicaragua, que llegó incluso a bombardear estructuras económicas importantes como fue el caso de Puerto Corinto ya mencionado. Luego vino la política de la “paz” contrarrevolucionaria que hemos señalado hacia el final de este artículo.

Pero en este marco se hace importante comprender también el papel que vinieron a jugar el estalinismo y el castrismo y las direcciones nacionalistas pequeñoburguesas de la región frente a la movilización de las masas centroamericanas, como fue el rol del FSLN en Nicaragua.

El estalinismo y el castrismo hicieron los más denodados esfuerzos por limitar primero y contener después a la revolución centroamericana. Se encargaron celosamente de constreñir cada proceso en el marco de estos estados nacionales impuestos por el imperialismo estadounidense. Fueron los comités de negociación en los que participó la dirección del FSLN, la dirección de la guerrilla salvadoreña con el auspicio de Castro y la diplomacia soviética junto a los gobiernos burgueses latinoamericanos y EE.UU., que pactaron la revolución centroamericana, mediante el desarme de los luchadores y los procesos electorales. El resultado está a la vista: después de años de heroicos combates, donde cayeron casi 300.000 luchadores, en Centroamérica impera el “orden” imperialista. La extensión y el triunfo de la revolución centroamericana, su unidad en una federación con Cuba, hubiera significado para el imperialismo yanqui uno de los golpes más terribles de su historia.