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Red Internacional
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INFORME UCA. Riesgo de pobreza y desigualdad social en las personas mayores

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA presentó un informe alarmante sobre las desigualdades existentes en el sistema de protección social de los adultos mayores y los riesgos de pobreza que enfrentan los jubilados.

Lucía Ortega

Lucía Ortega @OrtegaLu_

Martes 5 de septiembre de 2017

Según la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA-2016) que realiza el Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores de la Universidad Católica Argentina (UCA), los sectores vulnerables en el mercado de trabajo, como las mujeres o los trabajadores informarles , son también los más afectados en la vejez y con mayores riesgos de pobreza. Los ingresos medios de los jubilados y pensionados cubrían apenas el 60% del valor de la Canasta Básica para un Adulto Mayor en 2016.

Uno de los avances más significativos que destaca el informe presentado por el Observatorio desde la década de 1980 a la actualidad, aunque no sin retrocesos como durante los años `90, es en materia de cobertura previsional. Es decir, cuántas personas al momento de retirarse (65 años hombres, 60 años mujeres) obtienen algún beneficio, ya sea contributivo o no contributivo. El informe advierte igualmente que “según los datos de EDSA-2016, unas 630.000 personas mayores, teniendo la edad para hacerlo, no accede a una jubilación”.

Asimismo, los datos arrojados por la encuesta no pueden ocultar la alarmante situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan las personas mayores, en especial grupos particulares que en su vida activa ya habían sido marginados laboral y económicamente. El último dato de la encuesta respectiva abarca hasta el tercer trimestre de 2016.

No todo es cobertura…

El informe señala que “a pesar del avance en la cobertura e inclusión previsional de los sectores sociales más vulnerables, las posibilidades de jubilarse continúan estando asociadas a la trayectoria laboral”. Si se observa una foto en la actualidad, podríamos pensar que Argentina es un país muy avanzado en protección social, de hecho, uno de los mejores de Latinoamérica.

La foto tomada por distintas fuentes* indica, de acuerdo a la información que brinda el Observatorio, que “según un estudio publicado recientemente por ANSES, la cobertura previsional individual de la población de 65 años y más oscila entre 90,6% (según la EAHU) y 97,5% (datos de registro), la cobertura conjunta entre 93,9 % (EAHU) y 99,5% (ENAPROSS)”.

Para el estudio que proporciona el Observatorio el resultado es levemente inferior, pero igualmente alto. No obstante, debe aclararse que el resultado no es tan “optimista” como parece. Según el mismo, “una de cada 8 personas (11,9%) en edad de jubilarse (varones de 65 años y más y mujeres mayores de 59 años) no percibe ingresos por jubilación ni pensión”.

Lo antedicho, señalaría que la mayoría de los adultos mayores en Argentina tienen alguna pensión o jubilación mediante la cual son protegidos. De hecho, el Observatorio agrega que “según señalan los informes del Banco Mundial (Rofman y Oliveri, 2011), la Argentina pasó de tener 7 de cada 10 mayores (de 65 años y más) cubiertos por el sistema previsional a incluir 8 de cada 10”, destacándose un proceso de inclusión de las mujeres.

Sin embargo, “las desigualdades económicas son de magnitud significativa. No todos perciben el mismo tipo de prestación, ni los mismos ingresos y, como correlato, no todos logran satisfacer sus necesidades en igual medida”.

Los marginados de siempre

El análisis de resultados de la encuesta que realiza el Observatorio muestra un panorama signado por la desigualdad, e incluso, de preocupante situación económica de una mayoría de jubilados y pensionados.

En primer lugar, el hecho de que casi la mitad de los beneficiarios del sistema previsional tiene una jubilación por moratoria (47%) indica las enormes dificultades de los adultos mayores para conseguir una jubilación ordinaria. Pero además, estar jubilado es más frecuente entre los hombres que entre las mujeres (86,6% entre los primeros y 79% entre las segundas).

“También existen brechas en el análisis por región de residencia: en la CABA las chances de jubilarse superan el 90% mientras que en el Conurbano Bonaerense son del 70,8% y en las ciudades medias y grandes del Interior se ubican entre el 76,5% y el 81,3% respectivamente”, indica el informe.

Pero además, lo esperable: “los sectores socioeconómicos más privilegiados (estratos más acomodados y personas con mayores niveles educativos) tienen mayores chances de acceso a una jubilación respecto a sus pares vulnerables. De hecho, mientras que el porcentaje general de cobertura por jubilaciones es 81,6%, entre los mayores que residen en villas o asentamientos desciende al 69,2%”.

“Así, a pesar de la posibilidad que brindaron los regímenes de regularización de aportes, las oportunidades de acceder a una jubilación son más frecuentes en los sectores sociales que presentaron mayores tasas de actividad y empleos de mayor calidad durante la etapa de actividad”, es decir que se destaca la estrecha relación entre las trayectorias laborales y las oportunidades de alcanzar ciertos ingresos también en la vida adulta mayor. En otras palabras, la fragmentación de los trabajadores activos se extiende hacia los pasivos.

Haberes de miseria

De acuerdo a los datos obtenidos por el Observatorio a fines de 2016, el promedio de ingresos de los beneficiarios del sistema de protección social era a razón de 1,6 jubilaciones mínimas (equivalente en la actualidad a $ 11.592 en la actualidad). La capacidad de compra de ese ingreso es lo realmente importante, para lo cual el informe concluye que esto variará de acuerdo al parámetro con el que se lo contraste. Para el lector, es evidente que con cualquiera de ellos la situación puede ser muy preocupante o bastante preocupante, en cualquier caso, los jubilados están en un serio riesgo de pobreza.

“Si se toma el último parámetro considerado (la CBT de la Defensoría de la Tercera Edad de CABA), se observa que los ingresos medios de las personas mayores provenientes del sistema previsional o de protección social están por debajo de una CBT para un Adulto Mayor. En líneas generales, los ingresos medios cubren el 60% del valor de esa canasta”, afirma el Observatorio.

“El grupo más próximo al valor de la misma es el que suma ingresos por jubilación y pensión, alcanzando el 90% del valor de dicha canasta; le sigue luego el grupo de quienes se jubilaron por aportes ordinarios, quienes cubren el 80% de ese valor. Los grupos más perjudicados son los que se jubilaron a través de una moratoria y los que reciben solamente una pensión no contributiva, los cuales apenas llegan a cubrir el 40% de esta línea de pobreza”.

Si se adoptan como parámetro el valor de las otras dos canastas que fijan valores por debajo a la estimada por la Defensoría de la Tercera Edad (CBT – INDEC para un Adulto Equivalente o CBT-INDEC correspondiente a un Adulto Mayor se verifica que los ingresos previsionales y sociales tienen una capacidad de compra promedio de 2 canastas y 2,8 canastas respectivamente. Vale aclara que esas canastas refieren a la satisfacción de necesidades elementales de vida, no de una vida “digna”.

“Pero cualquiera sea el método utilizado, caben destacar las diferencias significativas que existen en materia de riesgo de caer en una situación de pobreza por ingreso por parte de las diferentes categorías de beneficiarios del sistema previsional y social”.

En defensa del macrismo

El informe de la UCA es muy completo y riguroso y muestra una realidad a la que nadie puede dar la espalda. Hoy los jubilados y pensionados son casi 7 millones de personas en nuestro país, y una importante mayoría tiene dificultades económicas para llegar a fin de mes u proveerse los cuidados de salud suficientes.

Sin embargo, la pertenencia institucional de la iglesia no puede evitar la adulación al gobierno actual y a las supuestas medidas “en favor de los jubilados”, como la ley de Reparación Histórica que incluyó el reajuste de haberes y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Señala así todas las ventajas que estas medidas habrían significado para los mayores.

Se abstiene así de señalar los aspectos más mezquinos de esa ley, que es el caballito de batalla de este gobierno. La “Reparación Histórica” nunca estuvo orientada a modificar sustancialmente la situación crítica de los jubilados, ya que sólo una minoría pudo recibir algún ajuste que pueda resultar significativo (dividiendo aún más en jubilados “de primera” y “de segunda”), para el resto, por el contrario, significó un nuevo inconveniente al ver que les quitaban otras prestaciones de salud o provinciales o municipales.

Asimismo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) lejos de ser una medida que beneficia a los adultos mayores, los sentencia a la pobreza, pues implica un haber aún más bajo que la mínima (ya que su monto es el 80% de ésta), no es transferible (es decir, no genera derecho a pensión por fallecimiento), no se puede cobrar junto con otros beneficios, y que de hecho significa una elevación de la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años.

Esto es perverso, porque como el mercado de trabajo es cada vez más fragmentado y más precario para el trabajador (informalidad, desempleo, subempleo), apenas una minoría alcanzará a cobrar una jubilación completa, mientras que el 80% de los trabajadores deberán conformarse con esa pensión de miseria o alguna “pensión proporcional”, como dejó entrever en las últimas declaraciones de funcionarios. Se estima que sólo entre un 15 % y un 20% de los adultos mayores en edad de jubilarse reúne los 30 años de aportes.

Por una salida de los trabajadores activos y pasivos

Desde la izquierda en las bancas de Diputados que participan de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, como la diputada Nathalia González Seligra del PTS- Frente de Izquierda, que funcionará en el día de hoy, se defiende la necesidad de que los mayores tengan acceso a una vida digna y plena, sin permitir ni un recorte más del presupuesto, de pensiones, de bajas en el haber, o del intento de imponer una reforma previsional regresiva por el gobierno nacional.

Proponemos que el debate sea público, abierto, y que tenga en primer lugar como protagonistas a los verdaderos involucrados en la Seguridad Social que son los trabajadores.

Es necesario restituir las contribuciones patronales de mínima al 33% vigente antes de la reforma menemista y la eliminación de las exenciones patronales. De esta forma, se puede avanzar en el camino de que el haber mínimo sea igual a la Canasta de Jubilados y que se pague el 82% móvil del salario activo. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debería estar bajo control de los trabajadores activos y pasivos.

* Las distintas fuentes son: EAHU (Encuesta Anual de Hogares Urbanos- Indec), datos de registro (AFIP), ENAPROSS (Encuesta Nacional de Protección y Seguridad Social, MTEySS).


Lucía Ortega

Economista UBA. Coeditora de la sección de Economía de La Izquierda Diario.

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