#24M. Río Gallegos: se realizó el acto independiente a 47 años del golpe genocida

Como ocurre cada año que se convoca, la concentración fue en avenida San Martín al 600. Allí se encontraba el Monolito de La Memoria, pero fue retirado hace dos años por la intendencia de la ciudad y todavía no fue restituido. Aun así, sigue siendo el lugar donde convoca la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia.

A las 12 horas del mediodía, comenzó el acto con la lectura del Documento Central elaborado por quienes integra la comisión. Milagros Pierini, Patricia Zapata y Ana Redona (fundadoras de la organización), fueron describiendo los motivos del golpe genocida que comenzó en 1976, luego pasaron a denunciar las persecuciones, procesamientos y represiones que sufren las y los trabajadores de Santa Cruz. Otros reclamos fueron la falta de urbanización en varios barrios precarios de la provincia, el cierre de cursos y la extensión horaria aplicada por el Concejo Provincial de Educación en las escuelas y la criminalización que sufren las comunidades originarias.

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Al finalizar la lectura del documento, se abrió el micrófono para quienes quieran hablar. La primera en hablar fue Moira Millán, escritora y referente de la comunidad mapuche de la zona cordillerana de Río Negro y Chubut. Su denuncia al Estado argentino fue contundente, detallando los padecimientos que sufren su pueblo y la criminalización que impone el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.

Luego siguieron el secretario general del gremio docente ADOSAC Javier Fernández, referentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores, Partido Obrero, Partido de Trabajadores Socialistas, Izquierda Socialista y Barrios de Pie. En todas sus intervenciones hubo denuncias del ajuste que se está sufriendo en Santa Cruz y los numerosos procesamientos que existe, entre otros están el procesamiento de docentes, trabajadores estatales, trabajadores de Yacimientos Carboníferos Río Turbio y jubilados de la administración pública.

A continuación compartimos el documento leído en el acto:

24 de marzo de 2023: a 47 años del GOLPE GENOCIDA
Seguimos diciendo VERDAD, MEMORIA Y JUSTICIA

El 24 de marzo de 1976 comenzó la dictadura más sangrienta de nuestra historia reciente que instauró el TERRORISMO DE ESTADO y produjo el asesinato de 30000 detenidos-desaparecidos.

Si bien el antecedente más inmediato fue el nefasto accionar de la TRIPLE A y el “Operativo Independencia” en Tucumán, más lejanos en el tiempo podemos mencionar la actuación de los anteriores gobiernos militares nacidos en los Golpes de Estado de 1930, 1955 y 1966. Situados a comienzos del siglo XX, la violencia ejercida por el estado tuvo su epicentro en las huelgas de los trabajadores de Santa Cruz cuyo punto culminante fue la represión contra los peones rurales; la Semana Trágica en la ciudad de Buenos Aires y la represión en los Ingenios de “La Forestal” en el norte santafesino y chaqueño.

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En cuanto a nuestra realidad más cercana geográficamente, la lucha de los trabajadores santacruceños y magallánicos por mejoras laborales y salariales en los frigoríficos, los puertos, el ferrocarril y los trabajos rurales motivó la unión de los gobiernos y la clase dominante de ambos países para lograr una represión que acalló, por muchos años, todo tipo de reclamo. Los momentos culminantes fueron los sucesos de la región magallánica chilena y la denominada “Patagonia Trágica” en 1920-1921. Aunque todavía no se tiene un número exacto de los huelguistas fusilados, por las cifras que se calculan- 1500- , se puede considerar que fue un genocidio cometido en suelo santacruceño. Genocidio que todavía sigue reclamado Justicia por los peones y sus familias de esa época y, más importante, por los actuales.

La dictadura implementó un régimen que endeudó el país con el FMI, y quienes gobernaron en democracia continuaron pagando una deuda usuraria, lo que da cuenta de una política de Estado que sostuvieron todos los políticos capitalistas. Por eso, en el Congreso, parlamentarios de todos los bloques patronales votaron el pacto con el Fondo Monetario Internacional.

Hoy la deuda externa argentina supera los trescientos noventa mil millones de dólares y, en el largo proceso transcurrido, en cumplimiento de las exigencias de los organismos internacionales se han regalado las empresas estatales, se han implementado reformas que quitaron derechos y se ha empobrecido al pueblo argentino ya que, el ajuste pactado por el gobierno y el Fondo Monetario condena a casi la mitad de la población a no alcanzar a la canasta de pobreza. El ajuste comandado por Sergio Massa y Alberto Fernández, por cuenta y orden del FMI y la burguesía nacional que pretende no cargar con los costos de la crisis cuenta con el apoyo incondicional del kirchnerismo. El mismo sector que pretendía convertir la jornada del 24 de Marzo en una instancia más de “operativo clamor” en favor de la candidatura de Cristina Kirchner.

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A esto se le suma una agudización de la criminalización de la protesta social con las causas contra luchadores populares como en el caso de Juan Valentin, Gabriela Ance, Claudio Waskin y Diego Barrionuevo en nuestra provincia, la sentencia contra Arakaki y Ruiz por enfrentar la reforma jubilatoria durante el gobierno de Macri, el protocolo anti piquetes en Salta y Jujuy y la reciente detención en Mendoza de Martín Rodríguez y Lorena Torres en el marco de la jornada de lucha de la Unidad Piquetera.

Si bien la Pandemia provocada por el COVID y las restricciones implementadas por los gobiernos se han ido atenuando, las consecuencias son cada vez más visibles y afectan, de manera especial, a los sectores más vulnerables sin que se pueda observar una política proactiva para paliar dichas consecuencias.

Esa carencia de políticas se hace muy evidente en la cuestión urbanística e inmobiliaria la que obliga a los habitantes de Santa Cruz a echar mano de sus propios recursos y capacidad de organización. Observamos la proliferación de tomas de tierras u ocupación de viviendas, las más recientes en San Julián, Pico Truncado y El Chaltén, que van acompañadas por la carencia de los servicios urbanos básicos, la lejanía de los centros educativos y de salud y la inexistencia de una red de transporte urbano que los atraviese. A esta realidad de extrema precariedad se le suma la imposibilidad de los vecinos de acceder al título de propiedad de su vivienda, aunque somos conscientes de que, el simple otorgamiento del mismo sin posibilitar la existencia de los servicios básicos a los que nos referimos es una solución de muy poco alcance.

Un emblema de estos reclamos es el barrio “Madres a la lucha” que en cada campaña electoral recibe anuncios de urbanización con la promesa de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y con la propuesta de la reubicación. Sin embargo, queremos reiterar que “urbanizar” no es “reubicar” porque eso significaría empezar de cero y quienes viven allí conocen lo que es empezar de cero.
Mientras unos pocos son los dueños de la Patagonia, nuestro reclamo unánime es el de Tierra para todos, urbanización real con servicios de gas, agua, luz, cloacas y pavimento.

Frente a la falta de atención de los gobernantes de turno, en nuestros barrios, la solidaridad se expresa en los comedores populares a cargo casi exclusivamente de mujeres. Su crecimiento en la ciudad de Río Gallegos y zonas aledañas son una evidencia de la falta de trabajo y de la precarización laboral. Los mismos se mantienen gracias a la colaboración de los vecinos y al trabajo incansable de las mujeres cuyos reclamos son ignorados por las autoridades responsables de atender a su provisión. En estos lugares se mantuvieron la manutención y ayuda escolar durante la Pandemia y afrontando la falta de carbón y leña; son espacios que funcionan gracias a la unión, planificación y organización de los propios vecinos. Es preciso entonces que visibilicemos esta problemática que atraviesa a cientos de habitantes de Río Gallegos, como así también destacar la valiosa actividad de las personas que allí trabajan.

No se habla del derecho a la educación de calidad y se oculta bajo falsos criterios de equidad que, en realidad, profundizan las diferencia. Es un hecho innegable que la decadencia educativa santacruceña ha sido progresiva desde hace varios años ante el desinterés, por parte de quienes nos gobiernan, de que la educación alcanzara a todos los sectores y, en especial, a aquellos devastados por una política económica que acarrea despidos y desocupación.

El retorno a las clases presenciales post Pandemia reiteró la situación de falta de inversión para los establecimientos educativos; nuevamente nos encontramos con aulas superpobladas, cierre de cursos y salarios por debajo de la línea de pobreza. También dejó al descubierto otro problema que es el del acceso a la educación en todos sus niveles. Por ese motivo, y en un contexto de ajuste al bolsillo de los trabajadores, es que se hace necesaria la implementación del Boleto Estudiantil Gratuito, sin restricciones, y la ampliación de los recorridos del servicio urbano de transporte en los barrios más alejados del centro urbano.

Se da en la actualidad una situación que marca con claridad la política de clase llevada adelante por los diferentes gobiernos y en la que no se aprecia brecha alguna. La misma se caracteriza en la suba sostenida de las ganancias de las grandes empresas, la constante baja de los salarios y una creciente tendencia a la militarización de los conflictos. La crisis ha llevado a los diferentes gobiernos a sentar las bases para un empobrecimiento creciente no sólo de la población sino también, y esta fecha es oportuna para recordarlo, de las libertades democráticas. Una muestra de esto es la respuesta estatal al flagelo del narcotráfico, que se basa en la movilización de tropas y no en atacar las verdaderas causas del mismo, el que cuenta para su desarrollo con la connivencia de los aparatos represivos del Estado.

A esto se agregan las declaraciones de los Milei y Espert planteando la eliminación de dirigentes y de grupos de pensamiento que cuestionan la situación actual. Esas posturas conforman una clara maniobra por “descartar” a quienes no se adapten a esta realidad en la que la pobreza y las formas autoritarias van ganando terreno en nuestra sociedad. Esos verdaderos discursos de odio pretenden sentar las bases de un negacionismo del Terrorismo de Estado que permita, si la situación lo amerita, se pueda restablecer la represión como método político.

Desde hace varias décadas observamos a un Estado que está vaciando la salud pública, que tiene intereses que no representan a la mayoría de la población y que está beneficiando a un grupo concentrado en deterioro de la misma. Se ha profundizado el descuido a la salud mental en su tarea de prevención y asistencia a los enfermos y sus familias; vemos, día a día, cómo aumentan las estadísticas de los suicidios en nuestra provincia con el agravante de que, la mayoría de ellos, son de jóvenes.

A esta situación debemos agregar el hecho de que, los principales implicados en el tema, el personal sanitario que lucha día a día con la cura de sus pacientes continúa denunciando la precariedad sanitaria en nuestra Provincia sin encontrar un eco a sus reclamos y, lo que es más grave, siendo denigrados.

Observamos también que los integrantes de los pueblos originarios siguen sufriendo el abandono y la represión por parte de los gobiernos provinciales y nacional que, de manera coincidente, continúan desconociendo sus legítimos reclamos por su tierra. Frente a los mismos, tanto en los territorios de las comunidades mapuche, como wichi y qom la respuesta proviene de la mano de las Fuerzas de Seguridad.

De allí la actualidad y “urgencia” de esta movilización del 24 de marzo de 2022 ya que los mismos intereses y grupos dominantes que orquestaron el golpe siguen gobernando la Argentina y son los responsables de que, dos de cada 3 niños sean pobres o privados de derechos básicos, de una inflación de 6,6% en febrero y del 102,5% interanual , con jubilados que viven un calvario de miseria cada vez peor, con trabajadores formales bajo la línea de la pobreza, con miles de trabajadores que han sido dados de baja de los planes sociales y millones de ellos que perdieron sus trabajos o , como ocurre mayoritariamente entre los más jóvenes, no pueden insertarse en uno.

Por eso, transcurridos 47 años del Golpe cívico militar, continuamos valorando el esfuerzo de las organizaciones sociales, políticas y estudiantiles que, a pesar de Leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los Indultos, mantienen el reclamo en favor de la Verdad y de la Justicia y continúan bregando para que el acceso a los derechos sea una realidad de la vida cotidiana y no una mera formulación legal.

Y seguimos reclamando: