Durante el fin de semana la crisis desatada entre las bandas del narcotráfico y el gobierno provincial escaló cobrándose la vida de otros dos trabajadores, sumando 4 en menos de una semana. Los gobiernos nacional, provincial y municipal anuncian la misma medida que fracasó once veces durante los últimos años: militarizar los barrios. La izquierda plantea un paro regional como parte de una pelea para imponer una salida que ataque a quienes lucran con el narcotráfico: banqueros, empresarios, gerenciadores de puertos y financistas
Facundo Durán @FakuDuran
Lunes 11 de marzo 12:20
El viernes la ciudad estaba paralizada: no circulaban taxis en repudio al asesinato de dos choferes -a quienes atacaron con balas policiales- ni líneas de colectivos, por el ataque a un chofer que falleció el día domingo. Tampoco abrieron los centros de salud.
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Durante el fin de semana la escalada continuó: una bandera desplegada sobre la Avenida Circunvalación advertía al gobernador Maximiliano Pullaro y al Ministro de Seguridad Pablo Cococcioni sobre nuevos ataques. Hubo balaceras en comisarías y en el Servicio Penitenciario. Pero el brutal asesinato de un jóven playero en la madrugada del domingo provocó una conmoción, el cierre de las estaciones de servicio en señal de duelo y el anuncio de que no abrirán mas de noche. Los trabajadores recolectores de residuos anunciaron también el cese del servicio.
El lunes la ciudad amanece paralizada. Se suman muestras de solidaridad con los familiares de los cuatro trabajadores asesinados: junto a la continuidad del paro de la UTA, los docentes nucleados en AMSAFE Rosario anunciaron que no habrá clases rechazando además “las acciones provocativas y violentas del gobierno provincial” y denunciando el plan de militarización. La declaración del gremio de los docentes señala también “la necesidad de un paro regional donde el conjunto de lxs trabajadores planteemos nuestro rechazo a esta situación, la responsabilidad de los gobiernos y la necesidad de construir un camino de salida a esta dramática crisis”.
En la misma sintonía se pronunciaron el Sindicato Aceiteros de Rosario y los estatales nucleados en ATE. También anunciaron que no dictarán clases los docentes de las escuelas privadas ni abrirán las universidades ni los centros de salud. Varias asambleas barriales y centros de estudiantes expresaron la solidaridad con los familiares y denunciaron la responsabilidad de los gobiernos.
Una crisis de la política del gobierno
Hace apenas diez días la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich aseguraba que “podemos decir que los niveles de baja de homicidios, de baja de tiroteos, de baja de incidencias de violencia en la ciudad de Rosario es realmente impactante, hemos logrado que en el mismo período del 2023 los crímenes, los homicidios cometidos en la vía pública, han bajado un 57% en estos dos meses”.
A los pocos días, en una campaña destinada a mostrar “mano dura” en redes, el gobierno provincial difundió imágenes de una requisa en la cárcel de Piñero “a lo Bukele”: detenidos sentados en el piso, esposados con el torso desnudo y rodeados por personal policial. Frente al reclamo de sus familiares, el gobierno redobló su apuesta: “cada vez la van a pasar peor,” anunció en las redes el propio gobernador.
Pero los muertos los pone el pueblo: una semana después la ciudad se encuentra prácticamente paralizada, con cuatro trabajadores asesinados, paro de varios gremios y una crisis política de magnitud, con el desembarco de Patricia Bullrich y el Ministro de Defensa Luis Petri y nuevas tropas federales y militares, una receta implementada por los distintos gobiernos que desembarcaron en once oportunidades con fuerzas federales y once veces fracasaron. Sin ir más lejos, la propia Patricia Bullrich anunció hace apenas tres meses la militarización de los barrios rosarinos con el Plan Bandera, que fracasó rotundamente.
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Una salida distinta a las medidas que ya fracasaron: afectar los intereses de los que lucran con el narcotráfico
Hay un gran ausente en todos los anuncios de los gobiernos: en la conferencia de prensa que brindó Patricia Bullrich junto al Ministro de Defensa Luis Petri, el Gobernador Maximiliano Pullaro y el Intendente de la ciudad de Rosario Pablo Javkin no se nombró a quienes se benefician con el narcotráfico.
En la provincia de Santa Fe y en Rosario se privatizaron todos los puertos, se entregaron las concesiones y se eliminaron todo tipo de controles. Son noticias públicas las toneladas de cocaína que han salido de puertos como el que controla Vicentin en Rosario o de los puertos privados en el cordón aceitero de San Lorenzo. La Hidrovía, por donde circula la cocaína junto al comercio exterior que sale de la provincia fue privatizada y no hay controles ni se sabe qué pasa por ahí. En el 2017 se aprobó con el impulso del gobierno de Macri la creación de Sociedades de Acciones Simplificadas SAS, utilizadas por “los Monos” para crear sociedades en 24 horas sin mucho control.
La salida no puede ser la militarización. No hay posibilidad de crecimiento del crimen organizado, de la trata de personas, del narcotráfico, de la venta de armas, sin complicidad de las fuerzas de seguridad. Y de un régimen político que los proteja.
Desde la izquierda planteamos una salida a la crisis social del narcotráfico. Octavio Crivaro, referente del PTS en el Frente de Izquierda señaló que “para enfrentar el narcotráfico hay que luchar por desmantelar el conjunto del aparato estatal cómplice, estatizar y controlar puertos, nacionalizar la banca por donde se lavan activos, y hay que legalizar las drogas. Para eso, hay que movilizar masivamente al pueblo trabajador”.
Otro trabajador asesinado en Rosario por bandas narcocriminales que operan con amparo estatal, policial y judicial. Cuando Pullaro hizo el posteo marketinero "a lo Bukele" puso abajo "La van a pasar peor". Los trabajadores la están pasando peor y pagando con sus vidas.
— Octavio Crivaro (@OctavioCrivaro) March 10, 2024
Para combatir el narcotráfico hay que derrumbar los mecanismos financieros que permiten el blanqueo de capitales de los empresarios y políticos asociados con los señores del narco, expropiando y nacionalizando todas sus propiedades y sus cuentas bancarias. Junto a esto, se debe conformar una banca estatal única bajo control de los trabajadores. Esto debe ir acompañada por la nacionalización del comercio exterior y de todos los puertos aduaneros privatizados, que, como se vio en Rosario, son la puerta de salida de los cargamentos de drogas. Al mismo tiempo hay que discutir el fracaso del prohibicionismo y la legalización del consumo para atacar el circuito económico ilegal.
En Rosario puertos privados exportan droga, cuevas lavan la ganancia, y fiscales, politicos y comisarios tapan. Pero vuelve la militarización ya fracasada. Sin atacar circuito económico y complicidades y sin discutir medidas sociales y legalización, es un circo pintado con sangre
— Octavio Crivaro (@OctavioCrivaro) March 11, 2024
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Frente a la crisis social y la política de militarización, la propuesta de Amsafe Rosario señala un camino: el paro regional, para que en esta situación intervengan los trabajadores peleando por una salida que ataque el problema de raíz, denunciando la militarización y levantando un programa alternativo que ataque los intereses de empresarios y financieros que lucran con el negocio del narco y la muerte y al régimen político que, gobierno tras gobierno, los ampara.
