MINERIA. Royalty minero: mísero 3% frente a las irrisorias ganancias de los privados y transnacionales

El proyecto llevaba tres años sin lograr mayor avance en el Parlamento, situación que cambio el pasado miércoles cuando la Cámara Baja aprobó con 91 votos a favor, 36 en contra y 15 abstenciones, la idea de establecer un derecho en favor del Estado por la explotación de los recursos naturales por parte de empresas privadas. En lo concreto, el proyecto de ley busca regular la imposición de un derecho a modo de compensación al Estado correspondiente al 3% por venta del cobre y litio.

El royalty, es una regalía o compensación que debe pagar quien explota un recurso, generalmente no renovable de un país. Esto no es un impuesto, es un pago extra por la extracción de minerales, en este caso del cobre y litio. Y se le paga al Estado.

Tal idea es cuestionada por el Gobierno y el oficialismo, al punto que el Gobierno hizo uso de la reserva de constitucionalidad, así lo explico el Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, durante su intervención ante las diputadas y diputados “Este es un proyecto de ley que discutimos en esa sala, pero que es inconstitucional, porque busca que la Cámara de Diputados ejerza atribuciones que corresponden a la creación de un tributo, que es iniciativa exclusiva del Presidente de la República. La creación de tributos, su eliminación, reducción o condonación es una materia de iniciativa del Presidente y nuestra Constitución emplea la expresión tributos para contar con un concepto de extensión amplia (…) Sobre esto ya se refirieron varios constitucionalistas. Como gobierno estamos obligados a actuar bajo la institucionalidad vigente”. Por su parte, diputados oficialistas como Issa Kort, Patricio Melero, Juan Antonio Coloma, Juan Fuenzalida y Luciano Cruz Coke, entre otros, también hicieron reserva de constitucionalidad durante la jornada del martes.

El proyecto aún debe pasar por comisiones en la Cámara Baja para que sea despachado finalmente, pero con tal reserva de constitucionalidad no es seguro que siga su tramite legislativo.

Mientras transnacionales y privados siguen saqueando los recursos naturales del territorio, diputados y diputadas negocian migajas con la burguesía. Un pago compensatorio de un 3% frente a las irrisorias ganancias que salen del país por concepto de explotación minera, es una burla, mas cuando, en lo concreto, existe es un simple “impuesto especifico” y nadie sabe cuanto tributan realmente las mineras en Chile. Lo que se sabe es que el grupo de las diez mineras privadas más grandes del sector, que representan cerca del 80% de la producción de cobre del país, han pagado en promedio US$ 3.474 millones en impuestos por año a lo largo de los últimos 14 años, mientras que CODELCO aportó en promedio US$ 3.814 millones anuales en el mismo lapso de tiempo. ¡Sólo CODELCO aporta más que las 10 gigantes de la minería privada!

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El negocio del saqueo no termina con un royalty. Mientras el Estado otorgue una concesión de explotación minera a privados o transnacionales, estos se quedan con utilidades desproporcionadas, mientras las y los trabajadores generan la riqueza, y las comunidades sufren los efectos de estas explotaciones (contaminación, perdida de recursos hídricos).

El estallido social iniciado en octubre del 2019 mostro la fuerza que tiene el pueblo organizado y aburrido del saqueo y la desigualdad de clase que existe en Chile, junto con el poder que tiene la clase trabajadora cuando se organiza y paraliza la economía. Ese es el ejemplo a seguir reproduciendo, porque pone entre las cuerdas al empresariado y a la casta política que legisla a su favor, cómo lo hicieron con el plebiscito y el actual proceso constituyente, con el que desviaron esa fuerza mostrada en la calle hacia una salida llena de trampas que toque lo menos posible la actual constitución.