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Red Internacional
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Ecología. Santa Cruz: alerta y movilización en rechazo al RIGI y la persecución gremial

Este jueves 28 de noviembre, habrá sesión legislativa en Santa Cruz. El gobierno provincial de Claudio Vidal intentará aprobar la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El Frente Gremial convocó a una movilización frente a la Cámara de Diputados para rechazarlo. Alertan que podría generar daños irreversibles al medioambiente y un saqueo brutal de los bienes comunes, sin ningún beneficio económico para la población. Además, denuncian la persecución gremial de ADOSAC y estibadores portuarios de Puerto Deseado.

Jueves 28 de noviembre 03:43

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El oficialismo provincial de Por Santa Cruz, insistirá nuevamente con la aprobación del RIGI en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Así demostrará su alianza con el gobierno nacional de Javier Milei. El camino para conseguirlo no es fácil, ya que numerosos gremios denuncian que no sería la solución para los problemas regionales que genera el ajuste económico y social que produjo la Libertad Avanza.

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A finales de octubre, el subsecretario de Industria, Matías Cortijo, afirmó en Radio Provincia, la importancia de sumar a Santa Cruz, junto al resto de las provincias que aprobaron el RIGI. Consideró que es necesario impulsar aún más la explotación minera, petrolera y pesquera. Además remarcó que, podría desarrollar la pequeña y mediana industria regional. Así busca argumentar un proyecto que duraría treinta años. Las trece provincias que hasta ahora adhirieron al RIGI son; Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza, Córdoba, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río Negro y Chubut.

Contradicciones en el argumento

Sin embargo, el supuesto éxito que podría dar a Santa Cruz, no genera un amplio acompañamiento de numerosos gremios y otras organizaciones sociales. Hay varios elementos que generan incertidumbre con el hipotético caso de que se aplique el RIGI en santa Cruz. Para empezar, la creciente preocupación generada por el futuro retiro de YPF del Golfo de San Jorge, para los primeros días de enero, enciende todas las alarmas por dos motivos. El primero es el pasivo ambiental que quedaría una vez que se vaya la empresa petrolera de capitales nacionales. Serían cerca de treinta pozos de petróleo o substancias químicas que quedarían abandonadas y al aire libre, con un alto riesgo de contaminación de las napas de agua subterráneas. Un ejemplo es el derrame de petróleo ocurrido a pocos kilómetros de Comodoro Rivadavia, el 25 de agosto pasado. Fue en un pozo abandonado por YPF que trató de minimizarlo, para ocultar la gravedad que puede generar. Algo similar sucedió dos veces con la empresa petrolera CGC (del empresario Eduardo Eurnekian). Fue el 2 de septiembre y el día 18 del mismo mes, cuando un buque estaba cargando petróleo y se produjo el derrame en las aguas del Puerto de Punta Loyola, cercano a la ciudad de Río Gallegos. El gobierno provincial intentó ocultar el derrame, para no generar preocupación con el impacto ambiental que podría generar.

Derrame de petróleo en cercanías de Comodoro Rivadavia

Además acarrearía una gran cantidad de despidos que se calcula que serían alrededor de 2.500 y tiene que ver con la apuesta de la empresa nacional a invertir exclusivamente en Vaca Muerta. Hasta ahora, el gobierno provincial de Claudio Vidal fracasó en todas las tratativas para que no se retire del Golfo de San Jorge. En las últimas semanas hubo nutridas asambleas y manifestaciones de trabajadores petroleros en la zona norte, exigiendo una pronta solución para evitar un masivo crecimiento de la desocupación. Además podría ser un caso testigo para el resto de empresas extractivas que están o llegarían con el anhelado régimen de incentivo y tendrían vía libre que hacer lo que quieran, incluso sin generar puestos laborales necesarios para disminuir la desocupación.

Claudio Vidal

Otra denuncia grave, es la “Carta de Intención”, que firmó Claudio Vidal, mientras estuvo de visita en China, con la Hongdong Fisheries Co Ltd. Es la segunda empresa pesquera más importante del país asiático, que más de una vez intentó instalarse en Argentina. La preocupación ante su llegada, es por las denuncias en las que está implicada con la pesca ilegal y violaciones a los derechos humanos de sus trabajadores. Países como Sudáfrica, Indonesia y Mauritania iniciaron demandas por no respetar su soberanía marítima. Otra denuncia similar existe con buques de la empresa que varias veces fueron detectados en cercanías de la zona exclusiva de Argentina, pescando de manera ilegal desde el año 2017. Otra cuestión, de igual importancia, son las numerosas advertencias por el daño que genera al ecosistema marino, con la pesca de calamares que afecta al equilibrio biológico.

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El rechazo desafía al proyecto de Vidal y su metodología de persecución gremial

Ante la probable implementación del RIGI, se conformó en abril, el Frente Gremial compuesto por 17 sindicatos como Camioneros, el Sindicato del Petróleo de la Cuenca Austral, Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de la Patagonia Austral (ADIUNPA), Sindicato de Empleados Judiciales, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), entre otros. También se suman investigadores del CONICET, organizaciones protectoras del medioambiente y todo el Frente de Izquierda Unidad. Es para lograr el rechazo a su implementación y a otras medidas polémicas del gobierno provincial y nacional. De hecho, el 12 de septiembre pasado, lograron impedir la votación del RIGI, cuando se intentaba aprobar en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. La enorme manifestación que hubo afuera del recinto, junto al paro provincial, logró presionar a la mayoría de los diputados y pasar a comisión el proyecto de ley que abalaba el incentivo a las inversiones.

Además, se sumará la acusación de persecución que Claudio Vidal está realizando al gremio docente ADOSAC, con una multa de más de 1.700 millones de pesos por no acatar la conciliación obligatoria que trató de imponer el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz. Fue mientras se realizaba una medida de fuerza, en rechazo a un ofrecimiento salarial considerado insuficiente por la docencia. Hay que agregar otra multa de 160 millones de pesos al Sindicato de Estibadores de Puerto Deseado que también aplicó el Ministerio de Trabajo, el 19 de noviembre pasado. Dicha sanción fue mientras los trabajadores portuarios realizaban un bloqueo por mejoras salariales.

El Frente de Izquierda Unidad, presentó un Proyecto de Resolución en la Cámara de Diputados de La Nación, rechazando el RIGI en Santa Cruz y denunciando al gobernador Claudio Vidal por perseguir a ADOSAC, junto al gremio portuario. Está firmado por las y los diputados nacionales Mónica Schlottahuer, Vanina Biasi, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Christian Castillo.

Lo cierto es que, Claudio Vidal intenta dar un escarmiento a los conflictos laborales recientes, para evitar que contagie a otros gremios que no están satisfechos con la caída del poder adquisitivo y las condiciones laborales. Pero no consigue doblegar a ADOSAC y a los estibadores portuarios que recibieron numerosas comunicados de solidaridad de otros sindicatos provinciales y nacionales.

Este 28 de noviembre, la concentración está llamada a las 9 de la mañana en las afueras de la Cámara de Diputados. Es una hora antes del inicio de la sesión que intentará aprobar el RIGI. Aún no se sabe con exactitud, si logrará su cometido Claudio Vidal y así congraciarse con el gobierno nacional de Javier Milei. Todo dependerá de la capacidad de movilización que pueda convocar el Frente Gremial y logre una vez más impedir que se apruebe el RIGI en Santa Cruz.


Ernesto Zippo

Familiar de mineros de Río Turbio, provincia de Santa Cruz.

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