Libertades democráticas. Santa Cruz: denuncian encarcelación y persecución de un Cacique Tehuelche

Paisman en su testimonio aclaró que, la abogada Sonia Sáez, en complicidad con el juez Eduardo Alejandro Quelín, ordenaron su detención por el supuesto robo de 60 animales. Pero en verdad, asegura que la abogada quiere quedarse con el territorio, para entregárselo a una empresa minera de oro y plata. “Todo el tiempo me mandan la policía a mi casa en el campo, en la comunidad, para revisarme todo a cualquier hora. Ocurre sin ninguna orden y con armas largas”, aseguró el cacique.

Te puede interesar: La voz de la izquierda fortalece la batalla que viene: así millones se enteraron de lo que pasaba

Las autoridades ancestrales y las comunidades originarias temen por su integridad física en donde está detenido. Es por esta grave situación que padece Paisman que solicitaron un Habeas Corpus con destino al gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal, al jefe de gabinete José Daniel Álvarez, a la ministra de Desarrollo Social Igualdad e Integración Jazmín Macchiavelli y al subsecretario de Derechos Humanos Rubén Fernández. Exigen la inmediata libertad y el fin de la persecución de Domingo Víctor Paisman.

“Se solicita de manera prioritaria que se atienda su situación, sumando a que las condiciones en las que se encuentra alojado son inhumanas no cuenta con calefacción en esta época del año con bajas temperaturas, lo cual consideramos una violación de lo dispuesto en la Ley N°3816 de Prevención de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes”. La presentación fue firmada por una treintena de comunidades originaria y autoridades ancestrales de la Patagonia y otras provincias como Jujuy, Buenos Aires y Santa Fe.

De manera gradual se van sumando más firmas, a medida que se difunde lo que ocurre con el máximo representante de la Comunidad Rubén Chesa Aike. En Santa Cruz, permanentemente suele ser invisibilizadas las denuncias de las y los habitantes originarios. Desde violación y contaminación de sus territorios ancestrales por parte de empresas petroleras o mineras, agregando casos a abuso de autoridad por parte de representantes de la justicia o de la fuerzas policiales.