Funcionarios judiciales, políticos, fiscales, policías, senadores y miembros del gobierno provincial aparecen señalados en las principales causas judiciales sobre el narcotráfico en la región, sacando a la luz las complicidades del régimen. Y una verdad: no hay narcotráfico sin protección estatal.
Facundo Durán @FakuDuran
Domingo 19 de marzo de 2023 21:44
El mismo Estado que impulsa la militarización de los barrios como salida frente a la crisis del narcotráfico aparece expuesto en cada una de los juicios que se llevan adelante. Fiscales, policías, jueces, funcionarios, senadores y el propio gobierno provincial aparecen señalados en las distintas causas como partícipes de los delitos del narcotráfico, ofreciendo protección política, judicial y policial, recibiendo coimas o pasando información sensible a criminales. En estas líneas, una radiografía de los principales casos que muestran el funcionamiento de un régimen estatal al servicio del narcotráfico.
En las próximas semanas el gobernador Omar Perotti deberá elegir entre dos ternas de postulantes a los reemplazantes del Fiscal General de la provincia y al ex Fiscal Regional de Rosario Patricio Serjal. El puesto quedó vacante cuando Serjal terminó “renunciado” en agosto del 2020 cuando apareció señalado en la causa que investiga la relación entre el empresario del juego clandestino Leonardo Peti, la banda de narcocriminales “Los Monos” y las relaciones que tejieron con funcionarios políticos y judiciales, causa por la que terminó preso.
La causa del juego clandestino se inició con el asesinato del gerente del Banco Nación de Las Parejas. En enero del 2020 Enrique Encino recibió un tiro en la cabeza en un balcón del Casino City Center de Rosario, tras una balacera imputada a Los Monos con la que buscaban negociar la “protección” del casino. Del celular de uno de los atacantes empezó a salir el vínculo con el poder político, policial y judicial con el que opera el narcotráfico en la región.
El primer señalado fue Leonardo Peiti, empresario del juego clandestino ligado a la banda de Los Monos. A él le piden que hable con los “amigos de la fiscalía” por la situación de los detenidos por el ataque al casino. Y Peiti se comunicó con Patricio Serjal, jefe en ese entonces de los fiscales rosarinos. En calidad de “arrepentido”, Peiti prendió el ventilador: reconoció pagar protección a los jefes policiales Daniel Corbellini y José Luis Amaya, a los fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad y al histórico senador peronista Armando Traferri.
Los vínculos con el poder legislativo
Armando Traferri es senador por el peronismo santafesino desde hace 14 años por el departamento de San Lorenzo y fue intendente de la ciudad de San Lorenzo durante casi 11 años. En esa región se concentran los principales puertos cerealeros privados del país. Sin ningún control estatal serio, una mayoría abrumadora de empresarios extranjeros deciden qué entra y qué sale del país por sus puertos privados a través de la hidrovía del Paraná, ruta del narcotráfico que tras un convenio del gobierno de Omar Perotti -también del peronismo- controla la DEA, la agencia norteamericana contra las drogas.
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Entre las causas que acumula, Armando Traferri fue señalado por Leonardo Peiti de haberle cobrado cerca de 250.000 dólares para favorecerlo en la licitación de apuestas online una vez que Omar Perotti ganase la gobernación. También el ex fiscal Ponce Asahad lo señaló como el intermediario entre los fiscales y Leonardo Peiti en el cobro de sobornos. Pese a las acusaciones, el senador peronista nunca fue imputado. Su abogado es José Luis Vázquez, señalado por la agrupación HIJOS por su rol como fiscal bajo la dictadura militar.
En diciembre del 2020 el Senado santafesino cerró filas en defensa de Traferri. La mayoría de los senadores peronistas y del frente que agrupa a radicales y socialistas -hoy alineados con el macrismo- votaron en defensa de Armando Traferri y rechazaron retirarle los fueros para que pueda ser indagado e imputado por asociación ilícita, lo que pedían los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. La defensa de la casta política santafesina y la rosca para juntar los votos estuvo encabezada por la ex jueza y actual vicegobernadora Alejandra Rodenas, que pertenece al espacio de Traferri.
El nombre de la vicegobernadora también apareció ligado a causas narcocriminales. Fue nombrada en el juicio provincial por asociación ilícita a Esteban Alvarado: el narcotraficante había mandado un audio a su abogado pidiendo “que me dé una mano la Rodenas”. El posible vínculo fue también señalado por Maximiliano Pullaro, el ex ministro de Seguridad de Lifschitz, que declaró en el juicio a Alvarado que una causa contra el narcotraficante y los vínculos con la policía santafesina fue cajoneada en el juzgado dirigido por Rodenas en el 2016. Pullaro aprovecha las complicidades del peronismo con el narcotráfico en “modo campaña electoral”, pero fue Ministro de Seguridad del gobierno del Frente Progresista Cívico y Social, tan involucrado como el peronista en el narcotráfico.
Un régimen al servicio del narcotráfico
Las complicidades entre las fuerzas de seguridad, los miembros del poder judicial, la dirigencia política y el empresariado con los narcos tienen muchos años y esos vínculos gozan de buena salud. Como señalamos en esta nota, todos los partidos que han gobernado la provincia, sus funcionarios políticos, judiciales y la policía han resultado implicados en la protección del negocio del narcotráfico, uno de los negocios mas rentables junto al tráfico de armas. Es interminable la lista de jefes y comisarios -de la santafesina, la federal y la gendarmería- que terminan señalados por su participación en el narcotráfico. No solo con el peronismo: bajo el gobierno del Partido Socialista y el Frente Progresista Cívico y Social -fuerza a la que pertenece el intendente de Rosario Pablo Javkin- el jefe de la policía de toda la provincia Hugo Tognoli fue acusado y luego condenado por proteger la actividad de los narcotraficantes Aldo Orozco y Andrés Ascaíni.
Frente al anuncio del envío del ejército y demás fuerzas federales para saturar los barrios de la ciudad de Rosario no hay grietas: desde el gobierno nacional, pasando por los principales referentes del kirchnerismo, el Partido Socialista y el frente del intendente de la ciudad Pablo Javkin hasta los “halcones” de Juntos por el Cambio como Patricia Bullrich respaldaron la medida. Con una agenda electoral corrida a la derecha, el envío de tropas aparece como el anuncio de mayor impacto mediático. Este consenso manodurista oculta otro consenso: son todos cómplices del narcotráfico.
Total repudio! A pocos días del 24 de marzo donde en Rosario marchamos por la memoria de los 30 mil y de todos los pibes asesinados por la policía, Alberto Fernández anuncia que traerá más fuerzas federales y el ejército. Nada bueno podemos esperar de estás fuerzas represivas pic.twitter.com/zYsQoZJbiE
— Celina Tidoni 💚 (@CelinaTidoni) March 7, 2023
Desde la izquierda se cuestiona estas medidas como demagogia electoral y que lo único que buscan es criminalizar los barrios de la ciudad, desplegando fuerzas policiales a días de las movilizaciones del 24 de Marzo. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto también cuestionó la decisión del gobierno: "el Ejército no tiene que estar, las Fuerzas Armadas están para otra cosa, no puede estar los que en otra época mataron a nuestros hijos y, que si bien ahora, son otros, tienen que estar en otras cosas". También el sindicato docente de la ciudad de Rosario AMSAFE señaló en una importante declaración que “nadie puede desconocer la complicidad de las fuerzas de seguridad con las bandas del delito. La Policía es hoy más parte del problema que de la solución. Pero, para funcionar este negocio tiene otras patas como la financistas que lavan la plata del narco y puertos privados por donde entra y sale la droga; la justicia y políticos que están vinculados a este entramado”.
Mientras no se toquen los intereses de los grandes empresarios que lucran con el narcotráfico, no hay solución para la crisis en Rosario. Allí están los intereses de empresas como Vicentín que dirige el puerto de la ciudad donde en el último año se detectaron dos cargamentos por casi tres toneladas de cocaína. O de empresas como Renova, en la que desde su puerto de Timbúes salió un embarque en abril del año pasado que fue descubierto en Australia con 50 kilos de cocaína y un buzo con equipo de alta tecnología muerto.
Octavio Crivaro, dirigente del PTS en el Frente de Izquierda y pre candidato a gobernador señaló que “el mismo Estado que protege al narcotráfico y que reprime a las familias de víctimas de las balaceras, se fortalece a sí mismo con tropas y cámaras de reconocimiento. Aumentará el control social, el espionaje sobre civiles, como pasa en CABA, pero no disminuirá el narco”. Hay que atacar esos intereses para ponerle un freno al narcotráfico, nacionalizando los puertos y las rutas comerciales bajo el control de sus propios trabajadores y terminar con todos los mecanismos financieros que permiten el blanqueo de capitales de los empresarios y políticos ligados al narcotráfico, expropiando y nacionalizando todas sus propiedades y cuentas bancarias.
Santa Fe es un Estado donde todos los partidos de los empresarios están al servicio del narco power y las cerealeras, a quienes no se les cuestiona sus ganancias, sus beneficios, su control de los puertos. En esa subordinación de los partidos a los intereses de los grandes empresarios es donde crece el narcotráfico, un negocio de alta rentabilidad que arroja ganancias incalculables y que complementa sus negocios legales, basados en la soja, la construcción y la especulación financiera, donde se lavan los activos del narcotráfico. Es un régimen político al servicio de un sistema que tiene negocios legales y negocios ilegales. Las consecuencias y los muertos las ponen los sectores de trabajadores y de los barrios.
Las medidas que proponemos permitirían atacar el negocio del narcotráfico. Pero para terminar con un negocio que genera muertes en todo el mundo hay que acabar con este régimen político y social al servicio de los empresarios, con sus negocios legales e ilegales y construir un Estado organizado democráticamente donde gobiernen los trabajadores y trabajadoras en ruptura con el capitalismo y los empresarios, que lucran con negocios como el narcotráfico y la muerte.
