Historia. La gran huelga ferroviaria durante el primer gobierno peronista

Una noche de noviembre de 1950 la propia Eva Perón recorrió los talleres de la zona sur del conurbano bonaerense para levantar una huelga que paralizaba el transporte ferroviario. El conflicto afectaba uno de los sectores más importantes de la economía nacional e involucraba a 150.000 trabajadores que demandaban aumento salarial y modificaciones escalafonarias; sin embargo, significó mucho más, enfrentó a una dirigencia sindical estrechamente que solo proponía “esperar”, confiando en las negociaciones que se desarrollaban en las oficinas ministeriales y a un gobierno que atacaba la huelga como método de lucha de la clase trabajadora.

La importancia del sector y el desafío que significó la huelga al control del gobierno y la burocracia sindical se puso de manifiesto no solo en el rol jugado por Evita, sino en el despliegue represivo contra la lucha y sus organizadores con el objetivo de imponer un ejemplo disciplinador por parte de un gobierno que comenzaba a descargar la crisis sobre los trabajadores y los sectores populares.

Comienzo de la crisis del gobierno peronista

Como hemos escrito, el peronismo emergió en un contexto internacional de condiciones excepcionales producto de la situación mundial a la salida de la Segunda Guerra. Hacia el año 1949 esas condiciones comenzaron a cambiar; el fin de la prosperidad económica para la Argentina implicó que emergieran las contradicciones estructurales de su economía. Pronto esta situación impactará sobre los sectores populares: los salarios comenzaron a deteriorarse mientras la inflación subía. Perón dejará en claro la consigna de la hora:

“La consigna de la Argentina de hoy es trabajo, producción y esfuerzo. (…) Los nuevos lineamientos se han hecho conocer para que cada uno entienda su responsabilidad y obre en consecuencia. Producir, producir, producir, que estas palabras resuenen en nuestros oídos como las estrofas armoniosas de las sagradas palabras de nuestro himno nacional: ¡Libertad, Libertad, Libertad!” (Perón, 1 de diciembre de 1949)

Estos objetivos se tradujeron enseguida en un intento de aumento de la productividad del trabajo, baja del costo laboral, deterioro de las condiciones de trabajo y del poder adquisitivo del salario. La imposición de estas condiciones a una clase obrera que había obtenido importantes conquistas sociales solo sería posible con el instrumento de una dirigencia sindical que el régimen había ligado al Estado y transformado en correa de transmisión de las necesidades del capital.

Perón, la burocracia sindical y las huelgas

En sus comienzos el gobierno había tolerado muchos de los movimientos huelguísticos con los que los trabajadores lograron conquistar importantes concesiones en el marco de los convenios colectivos de trabajo e imponerlas a las patronales con un rol cada vez mayor de las comisiones internas y los cuerpos de delegados. Ya hacia 1947 con el gobierno pisando un terreno más fuerte al tener una base social más consolidada, la tolerancia a las huelgas concluyó.

Es que el derecho de huelga negaba un principio clave de la ideología peronista, las relaciones armónicas entre las clases. Por eso, este derecho fue el único que no obtuvo jerarquía legal, no fue incluido en la Ley de Asociaciones Profesionales y tampoco formará parte de los derechos de los trabajadores en la nueva Constitución de 1949. Así, toda lucha fue demonizada asociándola a la influencia “perniciosa” de la izquierda y la acción de “infiltrados”:

“Fuerzas oscuras y clandestinas se han puesto en acción con el objetivo de subvertir las organizaciones de los trabajadores y crear un estado de violencia que habrá de provocar inevitablemente confrontaciones artificiales (…) [los comunistas] se han disfrazado de peronistas para ser aceptados como dirigentes sindicales; de este modo buscan promover demandas inapropiadas e inoportunas, y desencadenar una ola de huelgas con el único objetivo de enfrentar a los trabajadores con el gobierno.” (La Prensa, 21 de agosto de 1947).

Para fines de la década del 40 había operado también un reforzamiento de los mecanismos de centralización del control de los sindicatos en manos de la dirección de la CGT, a la par de su subordinación al Estado y el aumento de su papel disciplinador. Por otro lado, este proceso se dio al mismo tiempo que se consolidaban los sindicatos como estructuras poderosas con el crecimiento de la tasa de sindicalización aumentando su poder de negociación pero afianzando, al mismo tiempo, una burocracia sindical que excluía a las bases obreras de las tomas de decisiones en los distintos ámbitos de actividad de las organizaciones. Este proceso llevó a la purga de dirigentes que pudieran desafiar el poder de la burocracia expresada, en primer lugar, en una persecución abierta contra los militantes de izquierda en el movimiento obrero. [1]

Estos elementos se expresaron con claridad en el desenvolvimiento de algunos de los conflictos laborales que se dieron después de 1948. En ellos, el enfrentamiento del gobierno con luchas que implicaran algún grado de cuestionamiento a la política del gobierno, se hicieran contra la dirigencia sindical oficial o expresaran altos grados de combatividad de las bases, recibieron como respuesta la represión y la intervención desde la cúpula sindical.

Cuando la crisis se hizo evidente y el descontento social creció, la inacción de las direcciones sindicales saldrá a la luz y será de las propias bases de donde provendrá el impulso de la movilización que sacudiría al régimen a fines de los 40 y principios de los 50: metalúrgicos, trabajadores de la construcción, ferroviarios, bancarios, entre otros, protagonizaron huelgas “no autorizadas”, dirigidas por líderes surgidos desde las bases ante la negativa de la dirigencia a responder a sus demandas. [2]

Los trabajadores ferroviarios

Desde 1946 los ferroviarios luchaban por aumento salarial y la puesta en vigencia de un escalafón único para todos el gremio e impulsaron desde varias seccionales paros parciales; mientras la Comisión Directiva del sindicato llamaba a esperar las negociaciones, un sector de los ferroviarios se organizó en una comisión interferrocarrilera al margen de la estructura oficial, conformada por delegados de los distintos ferrocarriles. El conflicto finalizó con un aumento salarial y la apertura de la discusión para la revisión del escalafón que quedó en manos de la Comisión Directiva.

El gobierno intervino en la vida del sindicato para aplacar sus pretensiones de autonomía; a medidos de 1948 [3] Pablo Carnero López junto a un grupo de militantes que respondían a Eva Perón se impusieron en la dirección comenzando un camino de disciplinamiento con la separación de los puestos de dirección de laboristas y opositores al gobierno. El Ministerio de Transportes y la Comisión Directiva de la Unión Ferroviaria (UF) trataron la cuestión del escalafón único pero el resultado revivió el descontento: los sectores menos calificados rechazaron la escala de sueldos, desfavorable frente a la inflación. [4]

Así, desde principios de 1950, como señala Gustavo Contreras, “los trabajadores ferroviarios, recuperando la experiencia de organización lograda en la huelga de 1947, empezaron a reunirse en asambleas interseccionales, creando las Comisiones de Enlace. Los trabajadores se organizaban y abrían nuevos espacios para discutir los problemas que los aquejaban. Asediada, la Comisión Directiva denunció a las Comisiones de Enlace ya que incurrían en la irregularidad de reunirse clandestinamente y relajaban la disciplina sindical establecida. Lo cierto es que le preocupaba que el gremio comenzara a movilizarse impugnando su actuación y discutiendo su liderazgo. En este sentido llamó a las Comisiones Ejecutivas de las seccionales a reprimir esas actividades mediante la aplicación de sanciones. En las Comisiones de Enlace empezaban a proponerse nuevas direcciones para hacer frente a las inquietudes y necesidades del gremio.” Los paros progresivos se sucedieron por varios días y provocaron que no corrieran los trenes de carga y que en los de pasajeros los guardas no controlaran boletos ni dirigieran los trenes. [5]

Así, ampliando la participación y desafiando a las dirigencias sindicales, se preparaba la huelga que estallaría en noviembre de 1950.

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La gran huelga ferroviaria

El 15 de noviembre de 1950 comenzaron un paro los peones de limpieza del ferrocarril Roca, los siguieron los guardabarreras y en los días siguientes entró en huelga el personal de carga. Unos días después los servicios quedaron totalmente suspendidos. El 20 los huelguistas realizaron una asamblea que terminó con un paro general hasta la efectiva respuesta al reclamo salarial, exigía además la renuncia de la comisión directiva que proponía seguir esperando por la negociación con el gobierno.

La huelga se extendió a las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín y Urquiza, y hacia el interior del país. “Con la noticia de la cesantía de los artífices de la huelga, el conflicto se agrava y logra paralizar el ingreso de los trenes a la estación de Constitución por varias horas. Durante ese día, se realizan algunas asambleas informales en la misma estación, y se producen los primeros contactos de dirigentes con funcionarios del Ministerio de Transporte. Al día siguiente, la dirigencia de la U.F. se rehúsa a recibir a los huelguistas, por lo que estos se reúnen en el local de la seccional Buenos Aires del F.C.N.G.R. Se registra la participación de delegados de Tolosa, Remedios de Escalada y “Km. V” (Gerli), todos puntos claves para comprender el impacto territorial del conflicto.” [6]

En la sede central del sindicato, el 23 de noviembre se reunió la Junta Consultiva de la Unión Ferroviaria, formada por los presidentes de 43 seccionales (las cabeceras de los ferrocarriles que confluyen en Buenos Aires y las más importantes del interior); la declaración que emitieron fue elocuente: “Exhortar a los ferroviarios que se han plegado a los paros a volver inmediatamente al trabajo, respetando la disciplina sindical, base de las conquistas del gremio, y autoriza a la comisión directiva para que pida la aplicación de la ley que reprime el sabotaje”, Al día siguiente, los dirigentes ferroviarios volvieron a reunirse con Evita y con el Ministro de Transportes. La CGT también llamó a solucionar el conflicto por la vía institucional y nombrando a quienes encabezaban el movimiento los calificó de elementos de la "Unión Democrática" y "peronistas disfrazados”. [7]

Por aquellos días fue que Eva Perón recorrió los talleres e increpó a los huelguistas; circularon diversas versiones de aquellos encuentros pero en todas Evita llamaba a levantar el paro, acusaba a los trabajadores de hacerle el juego a la oligarquía y a la izquierda, de traicionar a Perón y advertía sobre las consecuencias. Las amenazas no surtieron efecto; a mediados de diciembre, al conocer que las demandas no fueron respondidas como esperaban, la asamblea de delegados de las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, Urquiza y San Martín resolvieron reanudar la huelga. El conflicto fue tomando mayores dimensiones con su extensión al Interior del país. La Comisión Directiva de la Unión Ferroviaria renunció.

Los trabajadores retomaron el trabajo; sin embargo, la CGT respondió con la intervención del sindicato y los ferroviarios se volcaron a la movilización. En las calles aledañas a la sede de la Unión ferroviaria “millares de huelguistas que se manifestaban en contra del hecho, fueron contundentemente reprimidos por la policía”. La CGT, el ministro de trabajo y los interventores de la Unión ferroviaria firmaron entonces un acta acordando el aumento de salarios demandados por los huelguistas. [8]

Aun así, los trabajadores siguieron exigiendo el fin de la intervención de su sindicato. Comenzado el año 1951 esta exigencia no había tenido respuesta; por el contrario continuaron las intervenciones a las seccionales y la prohibición de las asambleas. El 23 de enero fue declarada la huelga general por tiempo indeterminado que abarcó al personal de las distintas especialidades tanto de la Ciudad de Buenos Aires como del interior del país.

Los huelguistas pidieron la intervención del general Perón; sin embargo, el gobierno volvió a actuar en forma contundente contra las pretensiones de autonomía de los trabajadores y en respaldo a las dirigencias sindicales. Ordenó la exoneración de los ferroviarios que no se reintegraran al trabajo, que se entregara a la justicia a sus dirigentes por violación de la ley de seguridad del Estado y decretó la movilización de todo el personal que se negase a trabajar, dando lugar a la intervención de las Fuerzas Armadas para juzgar, bajo justica militar, a los huelguistas. El resultado: cientos de trabajadores ferroviarios despedidos, movilización militar del personal, trabajadores presos y miles de procesados, la renuncia de la dirigencia de la Unión Ferroviaria y del Ministro de Transportes.

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Así, mientras otorgaba algunas de las demandas obreras, el gobierno peronista procuraba disciplinar al conjunto de la clase trabajadora e imponer dirigentes sindicales eficaces como instrumentos de la política del gobierno. Sin embargo, sabemos que estas huelgas fueron solo el comienzo de las que se darían pocos años más tarde contra el propio Perón, cuando la crisis se desatara abiertamente contra los trabajadores. Y serán esas luchas fuente de experiencias para las que se llevarán adelante en los años de la Resistencia, tras el golpe que derrocó a Perón, como aquella que tuvo lugar contra el gobierno del radical Arturo Frondizi y su política privatizadora.

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Los trabajadores del transporte con su capacidad estratégica para afectar el funcionamiento de la economía capitalista se transforman en un puntal para la defensa de los intereses populares; hoy la lucha contra la privatización de los ferrocarriles vuelve a tornarse clave para enfrentar el conjunto de los planes del gobierno; retomar las experiencias de enfrentamiento al Estado y contra la burocracia sindical, de coordinación y autoorganización, es parte de esa lucha.