La autora, abogada en causas de lesa humanidad y defensora de presos políticos, reflexiona sobre esta nueva desaparición. Representó, junto a Myriam Bregman y Guadalupe Godoy, a Jorge Julio López.
Domingo 20 de agosto de 2017 08:35
¿Qué significan para los porteños y sus congéneres las palabras comunidad wichi y comunidad Pu Lof en Resistencia? Nada.
Los historiadores del sistema se empeñaron en no mencionarlas en nuestros estudios, mucho menos vindicarlas. Nuestros orígenes son sistemáticamente ocultados con propósitos económicos, ya que nuestras comunidades ancestrales habitan sus tierras antes que llegaran los “colonizadores” y resultan muy apetecibles para los poderosos.
Los que no nos dedicamos al estudio de la historia, pero sí luchamos constantemente a favor de los desposeídos, los pobres de solemnidad, y contra el régimen capitalista imperante, que produce genocidios, represión, desapariciones forzosas, gatillo fácil, indigencia y otras lacras sociales que son funcionales a este sistema, no nos resulta extraño entonces lo que acontece con Santiago Maldonado. Mucho menos ajeno.
Sin remontarnos al comienzo de la ocupación de nuestro territorio y las matanzas de los poderosos contra los habitantes ancestrales que sería otro escenario a encarar, basta sólo recordar la intervención de la Gendarmería, aliada siempre al poder de turno para reprimir y judicializar las protestas, en el corte de la ruta 34 en Mosconi, Salta, por el año 2000. Sus habitantes eran trabajadores de YPF que fueron echados y vieron frustrados sus ideales de supervivencia y progreso, ya que toda la comunidad trabajaba o dependía de ese Yacimiento.
Un día para resolver el tema del corte de ruta la Gendarmería reprime a todo el pueblo y son trasladados a la ciudad de Salta en camiones como ganado, apaleados, heridos, hubo muertos, y hasta el bombero que tocaba la sirena avisando que venía la represión fue apresado.
Recuerdo que abogados de algunos organismos defensores de los derechos humanos tuvimos que alistarnos para ayudar a la única abogada que tenían allí y participar en las indagatorias de los más de sesenta vecinos lesionados de Mosconi imputados con cargos penales gravosos que había impuesto el juez Abel Cornejo. Nunca hubo un cargo a los gendarmes que reprimieron.
Y si de desapariciones forzosas hablamos, recordemos a Julio Jorge López, donde allí actuó la policía bonaerense, dando pistas falsas, desviando constantemente la investigación, y desde el aparato político no hubo voluntad de llegar a sus ejecutores, sólo el Presidente preguntaba “¿dónde está Tito?”. Y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires mencionó en una entrevista con los querellantes del proceso contra Etchecolatz, que él podía pasar a retiro a miles de policías de la época del proceso militar por un decreto que lo habilitaba. No echó a ninguno. Y qué decir cuando nos entrevistamos con el Ministro de Justicia Aníbal Fernández, que mencionó que hasta ese momento no estaba desaparecido, agregando: “¿y si tal vez esté tomando el té con su tía?” El lo desmintió pero la presencia de las abogadas Myriam Bregman, Guadalupe Godoy y la que escribe esta nota lo confirma, no estábamos las tres solas, había como veinte compañeros que nos acompañaron aquel día en el reclamo de aparición con vida de López.
Y esa diferenciación que se realiza que López fue secuestrado por alguna fuerza clandestina o por algún genocida desocupado, con la desaparición de Maldonado, que sucedió luego de una represión por fuerzas “legales”, hay que advertir que la responsabilidad en uno u otro caso es del Estado, y deben ser sancionados los que actuaron en ambos crímenes. Ya sabemos que a estas democracias de baja intensidad no les preocupa imputar a ninguna fuerza de seguridad, ya que son sus brazos armados para reprimir, desaparecer personas y así poder aplicar sus políticas de ajuste y venta de nuestros territorios. Acompañados también por el poder judicial, que absuelve a los policías del gatillo fácil por matar a los jóvenes pobres, e incrimina a los compañeros que tiran piedritas en una manifestación con penas elevadísimas. Y el legislativo sancionando la ley antiterrorista, etc.
Por último, la metodología empleada en la dictadura genocida o en estos “Estados de derecho” es y fue siempre la misma, demonizar a un grupo, que el represor elige para su eliminación o domesticación, y el informe a la sociedad es en un caso “algo habrán hecho”, en otro “son subversivos, violentos”, en otros porque “son pobres y quieren quedarse con lo ajeno, por su rostro o pertenencia social” o por estar “merodeando”.
Ahora les toca estigmatizar y denigrar a los mapuches, que con su feroz resistencia contra la quita de sus tierras a favor de empresarios extranjeros o para emprendimientos no muy santos, están siendo atacados, lesionados y hasta perpetrando el peor de los delitos cometidos por los Estados que es la desaparición forzada de personas.
Se puede agregar que Mendoza tiene tres casos condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por desapariciones forzosas, mucho antes de López, Exequiel Damonte, tirado al riachuelo por pobre y portación de cara, los cientos de casos que reporta la Correpi de gatillo fácil, y las represiones a los trabajadores por retener su trabajo, etc. En todos estos ejemplos el Estado a través de sus fuerzas de seguridad son responsables y están comprometidos en su esclarecimiento pero la investigación debe ser ajena a las fuerzas complicadas en los casos. Y el involucramiento de las organizaciones sociales y de ddhh debe dar el impulso probatorio, ya que con su ausencia no se llegará a nada efectivo. El proyecto X, el carancho gendarme, entre otros, no se podría haber descubierto sin la insistencia militante de los compañeros afectados.
PD: El Unimog recuerda en la dictadura el traslado de presos “legales” que se realizó desde el Penal del Chaco hasta el paraje Margarita Belén, donde allí los ejecutaron a todos los elegidos por el represor. En Unimog se lo llevan a Maldonado…
