El colapso de los servicios de Urgencias de varios hospitales y Atención Primaria ha puesto de manifiesto, una vez más, la infradotación a la Sanidad Pública. Un problema que ni los gobiernos autonómicos ni el “gobierno progresista” con Mónica García a la cabeza de esta cartera abordarán.
Lunes 8 de enero
Dos personas pasan ante una pintada que reivindica la Sanidad Pública este miércoles en Madrid. Los centros de salud se encuentra saturados debido a la epidemia estacional de virus respiratorios como la gripe y la covid. EFE/ Mariscal
La noticia sanitaria de estas navidades ha sido, sin duda, el repunte de infecciones respiratorias en todo el territorio español, con una tasa de hospitalización por virus respiratorios que no para de crecer desde octubre.
La novedad es que por primera vez desde 2020 –comienzo de la pandemia de COVID-19– la incidencia de gripe circula con más intensidad que la del resto de virus respiratorios. En la última semana de diciembre se alcanzó un porcentaje de positivos del 46%, mientras que la anterior era del 27% y la tasa de hospitalización también subió de 5,9 a 9,5 casos por 100.000 habitantes.
Las Urgencias de numerosos hospitales se encuentran desde hace días al borde del colapso. La situación, que ha generado caos y largas esperas para los pacientes, pone de manifiesto la falta de recursos en el sistema de salud público.
Tal y como publica La Vanguardia, varios hospitales catalanes se encuentran en una situación crítica: “pacientes tirados en pasillos, enfermos con síntomas graves atendidos en una silla, boxes abarrotados con hasta cinco personas, colas de ambulancias en la puerta de urgencias para dejar o llevarse a usuarios, esperas de hasta ocho, diez o más horas para recibir atención o tramitar un ingreso en planta…”.
Esta es la situación en hospitales como el Consorci Sanitari de Terrassa. Mientras que los profesionales sanitarios y los usuarios denuncian la falta de recursos y la situación en redes sociales, la Conselleria de Salut niega que se esté produciendo un colapso.
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Catalunya no es el único territorio afectado. En La Comunidad de Madrid, las Urgencias hospitalarias también se encuentran al borde del colapso desde finales de diciembre. Actualmente cuentan con 1.000 camas menos que en el peor momento de la pandemia de COVID. Y es que desde el año 2010, el número de camas por cada 1.000 habitantes pasó de 3,37 a 3,05 en esta Comunidad. Una situación que también ha generado todo tipo de escenas, como la atención de pacientes en los pasillos o la cancelación de cirugías.
El sindicato CCOO denunció a finales de diciembre que la gestión del previsible repunte (pues sucede cada año) estaba siendo “desastrosa”. Mientras el hospital de Alcalá de Henares abrió un anexo para atender a más pacientes, en el Severo Ochoa los pacientes graves están siendo atendidos en pasillos. Además, se ha recurrido a doblar los boxes para permitir el ingreso de más enfermos. Donde debería haber un solo paciente grave, actualmente hay dos.
En el Hospital de la Paz se están cancelando operaciones programadas desde hace meses debido al repunte de casos en Urgencias, lo cual ha permitido evitar el colapso, pero a costa de aumentar las listas de espera y generar una peor atención en otros estadios sanitarios.
Tal y como afirmó Luis López, delegado del sindicato MATS para el diario Público, en el Hospital 12 de Octubre la situación es similar: "Llevamos un mes horrible. Los días 25, 26 y 27 han sido una auténtica pasada. Estoy hablando de que este miércoles se atendieron a 800 personas en Urgencias. Hemos tenido personas esperando hasta 15 horas para ser atendidas".
Otros profesionales de este hospital apuntan a que donde hay 86 camas disponibles hay 140 pacientes, un verdadero descalabro que está generando hartazgo entre pacientes y trabajadores del hospital. Una situación que se suma al cierre de muchos servicios de Urgencias de Atención Primaria y a la falta de personal que lleva a que muchos de ellos se encuentren sin médicos.
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Los servicios esenciales como el de la Sanidad Pública se encuentran en una situación de abandono. La sobrecarga de trabajo, las malas condiciones de contratación y la escasez de financiación son síntomas de una gestión que sigue apostando por reforzar la sanidad privada en lugar de blindar la pública.
Una situación por la que apuestan descaradamente gobiernos como el de Ayuso en la Comunidad de Madrid, en lo que es una gestión abiertamente neoliberal y privatizadora. Sin embargo, no solo donde gobierna la derecha empeora la Sanidad Pública. El “gobierno progresista” no ha dado ni un solo paso para revertir las privatizaciones de los últimos años ni para reforzar el sistema público.
Más bien al contrario: la subida de presupuesto en los PGE 2023 apenas compensó la inflación de ese año mientras el militarismo aumentó un 26% su presupuesto.
Una situación que parece no interesar a la nueva ministra de Sanidad Mónica García, que sostuvo en una entrevista que “siempre le ha tenido mucho respeto a la sanidad privada”. Por otro lado, el pacto de gobierno propone una serie de medidas vagas e insuficientes, como el máximo de 120 días de espera para una intervención quirúrgica. Esto es inaceptable, ya que el tiempo medio actual es de 122 días.
Además, si el colapso de las Urgencias en hospitales como La Paz conllevan cancelación de cirugías, este plan tampoco parece viable, sino más bien un brindis al Sol que no lleva aparejado ningún esfuerzo concreto.
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Para conquistar un sistema de calidad que aguante los picos de infección es necesario financiarlo de forma eficaz, desde la atención primaria hasta la hospitalaria aumentando los presupuestos. Se debe estabilizar el trabajo precario de muchos profesionales pasando a plantilla fija a todos los temporales e interinos además de contratar a más profesionales. Se deben derogar leyes y convenios que permiten la gestión privada de centros sanitarios, como la 15/97, y en perspectiva poder luchar por conseguir una nacionalización del SNS y crear una red que facilite y asegure una atención universal; todo gestionado por trabajadores y usuarios.
Para ello es importante extender la lucha y el movimiento en defensa de la sanidad pública que hemos visto desarrollarse estos últimos años en todo el Estado y como sucede hoy en Catalunya. Usuarios, trabajadoras y trabajadores sanitarios, junto al conjunto de la clase trabajadora, son quienes tienen la fuerza necesaria para, no solo frenar la privatización, sino conquistar un modelo que dé respuesta a las necesidades de todas. Por ello los sindicatos deben empezar a trazar un plan de lucha en defensa de lo público para extender esta pelea al conjunto de la clase trabajadora.
