El lunes 18 de diciembre el Gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una serie de leyes antiinmigrantes en medio de una crisis humanitaria en su frontera sur, haciendo así una maniobra política en favor de su posible precandidatura por el Partido Republicano, buscando imponer condiciones al gobierno de Biden para que ceda en favor de su partido e implemente medidas más duras en toda la frontera sur.
Miércoles 20 de diciembre de 2023
De todo el paquete de tres leyes la que más ruido ha generado es la SB-4, que permite la detención y deportación arbitraria de inmigrantes hacia a México, sin tomar en cuenta su nacionalidad ni pudiendo contar con un proceso judicial que les permita defenderse (con la clara intención de agilizar el proceso a toda costa).
Ahora la policía puede detener a cualquier persona que considere sospechosa de haber entrado al país de manera ilegal, para que una vez estando bajo custodia pueda ser acusada de un delito menor y enfrentar hasta seis meses de prisión, y en caso de reincidir ahora ser juzgada ya como delito mayor y alcanzar condenas de hasta 20 años de cárcel.
Permitir que una persona pueda ser abordada para pedirle sus documentos por ser “sospechoso” genera que este tipo de detenciones sean realizadas bajo ciertos perfiles raciales que estigmatizan a la comunidad latina de Texas, que representa el grupo poblacional más amplio en el estado con cerca del 40% de la población total, alimentando el acoso y hostigamiento hacia ellos por su sola apariencia convirtiéndolo en un “lugar seguro” para personas xenófobas y antiinmigrantes.
Otras medidas de esta ley llegan al punto de que toda empresa que cuente con 25 o más empleados está obligada a utilizar el “E-Verify”, que es un programa federal para verificar el estado migratorio y la elegibilidad para cualquier empleo. O incluso que en hospitales que aceptan el Medicaid (programa de seguro médico del Gobierno para personas de bajos ingresos), tengan que recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes y en caso de atender a un paciente que no cuente con documentos migratorios, tengan que notificar a las autoridades.
Tanto representantes del Partido Demócrata como el propio gobierno mexicano ya denunciaron que dicha ley es inconstitucional, ya que “la aplicación de las leyes migratorias, el control de la frontera y la negociación de acuerdos internacionales son facultades exclusivas del gobierno federal”, dijo Alicia Bárcena, Secretaria de Relaciones Exteriores mexicana.
En estos últimos años la ley SB-4 no ha sido la única que ha impuesto medidas de este tipo para buscar atender el tema migratorio, tiene como precedente otra ley conocida como la ley “muéstrame tus documentos” rechazada por la Corte Suprema de Estados Unidos en 2012 por considerar que la ley sobrepasaba los poderes del gobierno federal.
Otra Ley a tomar en cuenta es la SB-3, que destina 1.540 millones de dólares extra para la construcción del muro fronterizo (no es casual que la firma de este paquete de leyes haya sido frente a este) y el aumento presupuestal para departamentos de policía y demás operaciones de seguridad.
Activistas y organizaciones sociales se han manifestado en contra, e incluso Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Texas ya anunció que presentarán una demanda contra la SB-4, denunciando que esta es una de las “más radicales y antiinmigrantes del país”.
No olvidemos que durante el gobierno de Biden se rompió un récord de detenciones en las fronteras de EEUU. El uso de medidas radicales para atender el tema migratorio no es exclusivo de los republicanos, ya que en Arizona, la gobernadora demócrata Katie Hobbs reforzó la presencia de la Guardia Nacional en la frontera. Demostrando así que la solución que ambos partidos dan a un tema humanitario es el uso coercitivo de las fuerza del estado para para evitarse problemas y olvidando que son personas las involucradas en esto.
¿Y esto qué tiene que ver con las recientes negociaciones entre Republicanos y Demócratas y la posible candidatura de Greg Abbott?
La enorme crisis migratoria en toda la frontera sur ha hecho que Republicanos acusen a Biden y su gobierno no mostrarse incapaces de solucionar el problema, exigiendo mayor financiamiento para ello. A fecha de este texto el conflicto en Ucrania se mantiene y el gobierno de Biden ha estado buscando la aprobación en el presupuesto de $11,000 millones de ayuda en su guerra contra Rusia.
Ambas fuerzas queriendo imponer sus condiciones políticas han intentaron negociar a principios de este mes que Biden pasará las restricciones contra la inmigración a cambio del financiamiento a Ucrania, y a pesar de no haber llegado a nada, la suspensión del paso de trenes de carga por pasos fronterizos importantes (llevando a la presión de las empresas involucradas para su reapertura) y el paquete de leyes antiinmigrantes de Abbott ponen a este en el foco del ojo público, mientras colocan a los Demócratas en una posición difícil para poder plantar cara en las negociaciones.
Mientras tanto, el gobierno mexicano mantiene la militarización de sus dos fronteras, bajo el control de la Guardia Nacional que ha realizado tareas migratorias, reprimiendo a la caravanas migrantes provenientes de centroamérica. Esto mientras aceptó la creación de oficinas consulares de EEUU en Chiapas, para evitar que los migrantes se acerquen a la frontera norte.
En ese marco, es importante recalcar, que ningún ser humano es ilegal, y que estas políticas irracionales y de odio solo pueden ser enfrentadas con la unidad de las y los trabajadores a ambos lados de la frontera
