Fueron expulsados por la policía hace una semana y continúan resistiendo. Nuevas denuncias en Santiago del Estero.
Sábado 1ro de noviembre de 2014
El Movimiento Nacional Campesino Indígena denunció el desalojo de un trabajador agrario de su parcela ubicada en la localidad de Almirante Brown, en el sur del Gran Buenos Aires.
Según el comunicado difundido, el martes 21 de octubre “un grupo de aproximadamente 50 policías, acompañado de una oficial de justicia, se presentaron de forma completamente irregular en el campo del pequeño productor Héctor Velázquez. Sin mostrar orden de desalojo, ingresaron al terreno con una topadora, con la cual voltearon la vivienda”.
Agregaron que los policías, que agredieron físicamente a Velázquez y a su familia, arribaron al lugar en vehículos sin patentes ni número de identificación. Tampoco realizaron un inventario de ningún tipo sobre los bienes del terreno, solo se limitaron a ocuparlo por la fuerza.
La familia persiste acampando en la entrada del predio, acompañados por familiares, vecinos y organizaciones sociales, exigiéndole al gobierno municipal que de una solución definitiva y restituya la propiedad. Mientras tanto la policía se mantiene ocupando el lugar e impidiendo trabajar a Velázquez, obstaculizando su único medio de subsistencia.
Sumado a esto, el lunes el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE) alertó sobre el hostigamiento que están sufriendo las familias de la comunidad El Corralito en el noroeste de la provincia.
Roger Almaraz, miembro de la organización, declaró que “diez familias de El Corralito sufren desde hace tiempo el acecho constante del empresario tucumano Flabian Strukob, quien intenta apropiarse de más de 400 hectáreas; el miércoles último nueve hombres armados destruyeron instalaciones comunitarias” (Telam).
Estos hechos demuestran que, como vienen denunciando las organizaciones campesinas, el avance sobre sus tierras es un fenómeno que en la mayoría de los casos repite el mismo esquema: una alianza entre el poder político, el poder judicial, las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares. Todo esto se presta al servicio de los intereses del empresariado, el agronegocio y la especulación inmobiliaria.
