Ayuso asegura que “había muertos en todas partes”, justificando su negativa a trasladar a mayores de residencias a hospitales porque “se morían igual”. Más de 7000 ancianos fallecieron sin poder ser atendidos en el hospital debido a esta decisión.
Viernes 16 de febrero
El Gobierno de la Comunidad de Madrid impidió a las residencias trasladar a los ancianos con Covid a los centros hospitalarios a través de lo que se ha denominado “protocolos de la vergüenza”. La explicación que ha dado Isabel Díaz Ayuso ante esta decisión de su Gobierno es que “se morían igual”. Y que, precisamente por eso, la Comunidad de Madrid decidió no publicar las actas de las inspecciones policiales a las residencias en la primera etapa de la pandemia. Estas actas, a día de hoy, siguen sin publicarse.
Tan sólo algunas actas policiales se hicieron públicas y en ellas se señalan “indicios de abandono por parte de las instituciones”. Se conoce de al menos cinco residencias de mayores que llegaron a pedir auxilio a la Comunidad de Madrid en los momentos más crudos de la pandemia, sin ningún tipo de respuesta. Para tapar todos estos casos que salpicarían al Gobierno autonómico y a Isabel Diaz Ayuso, el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid ha llegado a recurrir judicialmente una orden del propio consejo de transparencia.
Ante las preguntas en la Asamblea de Madrid, Ayuso ha afirmado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid “tuvo que entrar en las residencias a ver lo que había ocurrido ¿Y sabe lo que sucedió? Que había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado ¿Y sabe qué sucedía también? Que mucha gente mayor cuando iba a los hospitales también fallecía. Porque cuando una persona mayor está gravemente enferma, con el Covid, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio.”
Las reacciones frente a estas afirmaciones, que muestran la inacción y el abandono deliberado de la Comunidad de Madrid en el peor momento de la pandemia, han sido respondidas por una Ayuso desaforada, que ha espetado “No tienen corazón, humanidad ni ninguna dignidad”. Todo un escándalo.
Es a día de hoy que las actas de inspección de la policía no están en posesión del Ayuntamiento, como es el procedimiento legal, sino que están custodiadas por la propia Comunidad de Madrid. Tan solo 205 de más de mil actas han salido a la luz, pero no debido a que se publicaran, sino a filtraciones realizadas por algún trabajador de la Comunidad, y a que, posteriormente, la Cadena Ser las hiciera públicas. Por tanto, queda claro que no habrían llegado a conocerse de no ser por filtraciones esporádicas.
Entre los informes se recogen los testimonios de una parte de los profesionales de las residencias, muchos de ellos declararon que, de haber sido atendidos en los hospitales, muchos de los ancianos fallecidos no se habrían muerto. También quedan reflejados entre otras cosas que no se recogían los cadáveres, el uso de las zonas comunes para atender a los pacientes y el agotamiento físico y mental de los trabajadores sanitarios. Muchas residencias solicitaron equipos de protección que no fueron suministrados, ni por la Comunidad de Madrid, ni por la UME. Pasado un mes del confinamiento en buena parte de las residencias todavía se usaban bolsas de basura como EPIs y no se había reforzado el personal.
La Comunidad de Madrid no sólo se opuso a que se trasladaran los ancianos, sino que se negó a medicalizar las residencias. Hasta en 6 ocasiones el Gobierno autonómico recurrió la orden de un juez en la que se ordenaba medicalizar las residencias. Y, además, se negó a dar auxilio a personas con discapacidad, a las que también se dejó morir.
Rápidamente, al saberse las declaraciones de la presidenta, la red social X ha estallado con declaraciones de médicos, sanitarios, enfermeras y familiares, relatando algunas de las situaciones a las que llegó la sanidad pública durante la pandemia. No todos los ancianos fueron dejados a su suerte. Algunos de estos testimonios de los trabajadores de hospitales muestran como en muchos casos los ancianos cuyas familias podían derivarlos a hospitales privados si que luego eran trasladados a los hospitales públicos.
Lo que vivimos en los hospitales durante de la pandemia fue algo digno de una película de terror.
Pero si algo saqué en claro, fue que hasta la muerte está atravesada por tu clase social.
(Algo tan obvio como que el agua moja pero vamos con ello)
— 🌾🚩 (@SoloPasabaXahi) February 13, 2024
Los números de fallecidos son escandalosos, 9.468 personas que vivían en las residencias madrileñas murieron en menos de dos meses, entre marzo y abril de 2020. Se sabe que aproximadamente fueron 7.291 ancianos los que murieron sin recibir atención hospitalaria, como han denunciado familiares.
Ante la grave situación que se vivió en la Comunidad de Madrid, fruto de una gestión y protocolos criminales a manos del PP, no puede dejar de llamar la atención que la actual ministra de sanidad Mónica García, parte de la oposición a Ayuso en ese momento, haya salido en repetidas veces en medios de comunicación defendiendo el modelo de la sanidad privada que corroe como el más mortífero virus la sanidad pública.
La nefasta gestión de la Comunidad de Madrid muestra el nivel de deterioro del servicio público que alcanza un sistema sanitario infrafinanciado, infradotado, y que privilegia la sanidad privada. Sin embargo, la realidad es que Madrid tan sólo refleja uno de los casos más avanzados de una política estatal para convertir la sanidad pública en un negocio. El Gobierno de la Comunidad de Madrid desde luego llevó a cabo una gestión criminal que no tuvo comparación con lo sucedido en otras regiones fruto del neoliberalismo salvaje de Ayuso. Sin embargo, esto solo se puede entender por el modelo de sanidad que también defienden el propio PSOE y sus socios en el gobierno central.
