DEBATE PARLAMENTARIO. Estado de Alarma hasta el 26 de abril con una "unidad nacional” en crisis

En un hemiciclo casi vacío, el presidente del gobierno ha defendido sin ningún atisbo de autocrítica su gestión de la crisis sanitaria. En una posición que contrasta con las denuncias que salen a diario de los y las trabajadores sanitarios, Sánchez y la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, no se han hecho cargo siquiera de la evidente falta de EPIs y tests. Mucho menos del colapso sanitario que ha dejado, si nos creemos las cifras oficiales, más de 15.000 muertes por coronavirus.

Nada han dicho de que el 80% de la sanidad privada -incluídas 2.200 camas UCI- hayan permanecido sin intervenirse, entre otros escándalos que demuestran como el gobierno “progresista” se ha detenido en todo momento en el respeto a la propiedad privada por encima de nuestra salud y nuestras vidas. Sánchez ha tenido la desfachatez incluso de sacar pecho y citar informes que definen a su intervención como ejemplar.

Sobre el plan de desconfinamiento solo ha adelantado lo que le vienen pidiendo desde la CEOE, el lunes se retomarán las actividades no esenciales. No importa que las condiciones de seguridad e higiene más básicas -como que haya mascarillas- siguen sin garantizarse como le han criticado desde diversos grupos como la CUP, EH-Bildu, BNG o ERC.

En cuanto a las medidas económicas, además de los decretos defendidos por la tarde por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz de Unidas Podemos, Sánchez ha anunciado también que se abrirá una nueva línea de avales para las empresas de 20.000 millones, que las horas del “permiso retribuido recuperable” la patronal podrá recuperarlas a su antojo más allá de 2020 y pateado para adelante, una vez más, la renta garantizada.

Más medidas de rescate a los capitalistas, mientras a los sectores obreros y populares arruinados no deja de ofrecer mijagas.

Unidas Podemos, por medio de su portavoz Pablo Echenique, ha prestado un cerrado apoyo a “su” gobierno. Ni la más mínima diferenciación de la autocomplaciencia del gobierno. Quienes emergieron denunciando los ajustes de 2010 en adelante y cuestionando una democracia “al servicio de los banqueros”, son hoy “Régimen del 78 en estado puro” y parte de un gobierno que gestiona la crisis como cualquier otro ejecutivo al servicio de los capitalistas, tal y como les ha espetado la diputada de la CUP Mireia Vehí.

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La derecha no se suma por ahora a los Pactos de la Moncloa

A pesar de que la prórroga del Estado de Alarma pueda salir adelante, lo hará con la “unidad nacional” que Sánchez e Iglesias han tratado de constituir desde el inicio de esta crisis seriamente debilitada.

El PSOE ha logrado los síes anunciados del PP, Cs, el PNV y el resto de fuerzas de la derecha regionalista. Son el bloque más sensibles a las exigencias de la patronal. Han apoyado sin fisuras el retorno al trabajao de millones a partir del lunes. Que las condiciones sanitarias básicas no están garantizadas no les importan lo más mínimo.

El PNV se le veía satisfecho, fue la formación que más firmemente se opuso a la paralización de actividades no esenciales. El partido histórico de la ConfeBask dejó claro que le importanban más los beneficios que las desastrosas cifras de contagios y muertes en el Estado español y Euskadi.

Vox ha confirmado que votará en contra de la prórroga, y junto al PP, han desplegado una fuerte crítica contra la gestión e “improvisación” del gobierno. Exigen un plan que beneficie aún más a las grandes empresas por medio de exenciones fiscales y, sobre todo, que no se tome la más mínima medida de intervención sobre la economía, a pesar de que justamente eso es lo que no está haciendo el gobierno “progresista”.

Esta defensa cerrada y literal del “régimen actual” y la “propiedad privada”, la han combinado con varias denuncias que en su boca solo pueden sonar a la más aberrante demagogia. Como cuando Casado ha acusado a Sánchez de exijir a las Comunidades Autónomas recortes en sanidad en julio de 2010. Un hecho tan cierto como que tanto el PP como el PSOE, como JxCat en Catalunya, han sido los campeones de los recortes en la última década.

Que tanto el PP como Vox, y en menor medida Cs, estén en esa posición pone en serias dudas el plan del gobierno de impulsar unos nuevos Pactos de la Moncloa. Sánchez ha anunciado que quiere comenzar a negociarlos la semana que viene con los partidos, agentes sociales y gobiernos autonómicos. El voto en contra a los decretos económicos de parte del PP y Vox es una muestra de ello.

A pesar de que esta medida es parte de lograr un consenso que permita descargar la crisis sobre la clase trabajadora, como le han recordado desde la CUP o EH-Bildu, como también pasaba en 1977, habrá sectores del régimen y el establishment que optan por una salida más abiertamente escoradas a la defensa irrestricta del programa de la CEOE sin la mínima concesión. Las dificultades para que Sánchez logre el consenso entre los de arriba logrado por Suárez son mucho mayores que entonces.

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Críticas a la vuelta a reapertura de las actividades no esenciales

La prórroga del Estado de Alarma ha contado también con el rechazo de la CUP. La diputada Mireia Vehí ha tenido la intervención más dura, acusándo al gobierno y en particular a Unidas Podemos, de estar implementando políticas que encadenan a las familais más humildes a endeudarse con la banca para pagar el alquiler, mientras no se imponen si quiera medidas fiscales para recuperar los miles de millones del rescate.

Oskar Matute de EH-Bildu ha criticado la reapertura de las actividades no esenciales cuando el gobierno sabe perfectamente que en la mayor parte de centros de trabajo no se dan las condiciones higiénico-sanitarias para prevenir nuevos contagios. Además ha exigido que se tomen medidas como impuestos a las grandes fortunas o la nacionalización de sectores estratégicos. A pesar de ello, ha mantenido una mano tendida al gobierno y muestra de ello ha sido que no votarán en contra sino que se quedarán en una abstención

La misma postura de voto han anunciado los independentistas catalanes, tanto JxCat -que no ha tomado la palabra al estar su portavoz, Laura Borrás, en cuarentena- como ERC. Rufián ha tenido un discurso cargado de denuncias generales a como nuestra “sociedad” estaba gestionando esta crisis, pero sin lanzar apensas críticas al gobierno -salvo por sus pulsiones recentralizadoras- ni mucho menos reconocer que su partido, que lleva años gobernando la Generalitat con los herederos de Convergencia, ha mantenido un sistema sanitario semiprivatizado y con la financiación en los mismos niveles en la que la quedó tras los recortes de Artur Mas.

Otros socios del gobierno como Compromis, Mas Pais o el BNG, han anunciado su voto a favor. Aún así Errejón ha manifestado no compartir la vuelta al trabajo de los sectores no esenciales por los mismos argumentos que Matute, y en la misma línea que el BNG, y ha llegado a pedir la “reorientación de la industria”para la fabricación de las EPIs y equipamiento sanitario.

Más allá de que todas estas críticas las han pronunciado formaciones que siguen siendo socias parlamentarias del gobierno “progresista”, salvo las de la CUP, muestra que crecen también contradicciones para que el ejecutivo mantener estos apoyos parlamentarios para un plan que promete escalar en descargar la crisis sanitaria y económica sobre los sectores populares.

Ante una crisis de Régimen que va a más, construyamos una izquierda anticapitalista, de la clase trabajadora e independiente del gobierno “progresista”

El gobierno “progresista” se prepara para mantenerse gobernando por medio de los dispositivos excepcionales que le atorga el Estado de Alarma durante varias semanas o incluso meses. La reapertura de las Cortes y las sesiones de control darán más debate y titulares, pero sus competencias para dictar decretos e intervenir autonomías y ayuntamientos siguen siendo las más altas de toda la etapa democrática.

En base a este curso bonapartizante y recentralizador tratarán de capear lo más agudo de la crisis. Pero la crisis del Régimen del 78 no va a hacer más que agravarse, en medio de las tensiones entre sus partidos y el gobierno central y las autonomías -por arriba- y un creciente malestar y respuesta obrera y popular contra las consecuencias económicas y sociales de la crisis -por abajo-.

Poner en pié una izquierda independiente de este gobierno, que no se ubique como el socio “crítico” de quienes son responsables del crimen social en curso -junto con el resto de partidos que han gobernado las últimas décadas- , que pelee por una salida a esta crisis desde la clase trabajadora y con un programa anticapitalista, sigue siendo una cuestión necesaria y urgente. Que las postrimerías del Régimen del 78 no desemboque en otra Transición, sino que podamos imponer procesos constituyentes libres y soberanos donde se abra paso una alternativa de los trabajadores y sectores populares a las hojas de ruta de los diferentes partidos al servicio de las grandes empresas.