Coronavirus. Se superaron las 100 mil muertes por covid-19 y aun faltan vacunas

Ante un virus tan transmisible, con potencial de afectar a toda la población mundial (arriba de 7 mil millones de personas), sin conocimiento de efectos a largo plazo de aquellos que transiten la enfermedad, y sin los gobiernos tomar medidas de fondo para cortar los contagios y la proliferación de nuevas variantes que escapen a la inmunidad previa, resulta fundamental al menos hacer lo necesario para vacunar a toda la población en el menor plazo posible vacunar a toda la población.

Con una muy alta eficacia contra las muertes y hospitalizaciones, las vacunas además parecen reducir parcialmente la infección y la transmisión (faltan estudios concluyentes). Sin embargo, con numerosas vacunas aprobadas de emergencia, la inmunización de toda la población parece un objetivo de años. ¿Por qué?

La respuesta más inmediata reside en la defensa de las patentes, la comercialización del conocimiento, y la confidencialidad sobre los procesos necesarios para la producción de vacunas. Y la de un puñado de países poderosos que acaparan una enorme mayoría de la producción, mientras que otros a duras penas consiguen cifras mínimas.

Argentina

En Argentina el gobierno de Alberto Fernández puso sus fichas en el acuerdo entre Hugo Sigman, fundador de mAbxience, con la empresa AstraZeneca, y el laboratorio Liomont, con apoyo de la Fundación Carlos Slim, para llevar a cabo todo el proceso productivo de la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Así, se produjo en el país el principio activo suficiente para unas 100 millones de dosis, que se enviaron a México para realizar el envasado final.

El Estado tiene un compromiso de compra por 22,4 millones de dosis, de las cuales ya se pagó el 60 %, y sin embargo a finales de junio solo habían llegado unas 5 millones de dosis. Teniendo en cuenta que los últimos estudios muestran que con una dosis de dicha vacuna se alcanza una eficacia para reducir hospitalizaciones y muertes del 70%, ¿cuántas muertes se hubieran evitado si se hacía efectiva la liberación de patentes de las vacunas y se hacían públicos los procesos necesarios para escalar su producción y envasado en el país?

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¿Cuántas muertes se podrían haber evitado si en vez de continuar enviando las dosis a México, en donde iban a estar sin uso durante meses, se hubiese declarado de interés público mAxience? En medio de una emergencia sanitaria, y en lugar de hacer uso de su soberanía para privilegiar la vida de decenas de miles, el gobierno nacional defendió el negocio de los laboratorios.

Desde el gobierno se aseguró que no había capacidad de envasado, pero si eso era negar la capacidad de la red de laboratorios estatales, la readecuación del laboratorio Richmond en cuestión de semanas para envasar las vacunas Sputnik V terminó por dejar en claro se trataba de escusas para mantener intocables los negocios. Y que con recursos y voluntad política se pueden reacondicionar los laboratorios y ponerlos al servicio de la lucha contra la pandemia.

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El negocio que hicieron los laboratorios en nuestro país es más evidente si consideramos que tanto el grupo empresarial de Sigman, como los Laboratorios Richmond (propiedad de Marcelo Figueiras), recibieron fondos estatales, y se apropiaron de manera privada de las ganancias económicas y de la transferencia tecnológica. Una estafa criminal a la vista de las cifras de fallecidos.

Uno de los argumentos del gobierno para privilegiar los acuerdos con privados para producir la vacuna consiste en afirmar que un país atrasado como Argentina no puede hacerlo. Sin embargo, existen desarrollos locales (como la “ARVAC Cecilia Grierson”) que muestran que sí es posible hacerlo. También está el caso de Cuba, una isla que todavía sigue bajo el bloqueo del imperialismo norteamericano, en una situación muy contradictoria y que está sufriendo el peor momento de la pandemia, pero que ya autorizó el uso de la vacuna Abdala, primer vacuna de América Latina en recibir aprobación, mientras que se encuentra muy avanzada otra, la Soberana 2.

Actualmente, el gobierno sigue el mismo rumbo. Recientemente modificó por decreto el marco normativo para poder firmar contratos (que tienen cláusulas de confidencialidad) con Pfizer, y con Moderna, mediante el cual llegarían recién dosis en entre 6 y 9 meses. Mientras tanto, las cifras de fallecimientos por Covid, con campañas de vacunación mediante, no bajan de las 300 por día.

Si con todas estas trabas aún pudo avanzar la vacunación, ¿cuántas vidas se podrían haber salvado si se hubiesen liberado las patentes, hecho públicos los procesos de fabricación y declarado de utilidad pública los laboratorios y suministros para una producción masiva del fármaco que responda a la necesidad de toda la población y no a la ganancia de los capitalistas, como exigió constantemente el Frente de Izquierda?

A la pandemia se la puede enfrentar, pero para ello hay que priorizar la vida por sobre las ganancias de unos pocos.