DEMOCRACIA PARA RICOS. Senado aprueba modificación a la Ley de Consulta Popular: ¿qué cambió?

El día de ayer con 91 votos en favor y 24 en contra, el Senado de la república aprobó las reformas a la Ley sobre Consulta Popular.

Las modificaciones a esta Ley se refieren a:

• El procedimiento, los ciudadanos presentarán la solicitud de consulta ante una de las cámaras del Congreso de la Unión.
• La cámara respectiva tendrá 20 días naturales para votar el dictamen de aprobación.
• Se realizarán al año, el primer domingo de agosto.
• En temas de trascendencia nacional y regional, se podrá solicitar una consulta popular con el respaldo del 2% (del padrón de electores)
• El Instituto Nacional Electoral (INE) aplicará las consultas.
• Restricción: no podrá someterse a consideración la permanencia o continuidad en el cargo de las personas servidoras públicas de elección popular, el sistema financiero, el Presupuesto de Egresos de la Federación y las obras de infraestructura en ejecución. Ni la restricción de los derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales.
• Digitalización para la obtención de las firmas.
• Los resultados serán vinculantes para los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero cuando la respalden 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o de las entidades que correspondan.

Una vez aprobada por el Senado, esta reforma ya ha sido enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, aunque aún puede ser susceptible de veto (que no se publique y se remita por observaciones a las cámaras por el presidente de la república).

¿Por qué no se nos consultó a las y los trabajadores en las reformas recientemente votadas?

Durante el sexenio del gobierno de la 4T se han impulsado diversas reformas que han impactado en la vida de las y los trabajadores, sin embargo, no se nos abrió la puerta para externar nuestra opinión en torno a ellas; como con la militarización del país a través de la Guardia Nacional, la regulación del outsourcing, entre otros ejemplos. En tanto que con el Tren Maya la consulta se restringió regionalmente a algunos estados para pueblos indígenas y la población afectada, a pesar de ser un asunto nacional y ha sido criticada por no recuperar estándares internacionales en materia de derechos humanos.

La realización de la consulta popular está supeditada a que la realice el Ejecutivo o el Congreso de la Unión, según sus intereses y sus reglas del juego, lo cual evidentemente la limitará en sus alcances. A propósito, habrá que aclarar que, además de los límites del procedimiento, en cuanto al contenido, habrá candados para no intervenir en la materia electoral, el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las obras de infraestructura en ejecución, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y de las fuerzas armadas.

Esto significa que se “consulta” al pueblo siempre y cuando no se cambie cuestiones que pueden afectar a las instituciones existentes ni a sus partidos, que son quienes decidirán su realización. En este punto, también hay que resaltar que no es casual que la aplicación de la consulta se deje en manos de un organismo que ha demostrado ser profundamente antidemocrático, acotando y nulificando las candidaturas independientes, y peor aún, si son trabajadores quienes las buscan.

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Por una democracia de las y los trabajadores

La consulta popular se presenta como una manera de participación política directa, aunque en realidad se trata de una participación ultra limitada, de lo poco con lo que contamos las mayorías en esta democracia degradada. Y se articula con los mecanismos de lo que se llama “democracia representativa”, como el voto para los cargos de elección popular, lo cual, por las restricciones electorales vigentes, se orienta hacia candidatos que principalmente provienen de los partidos afines a los intereses de los empresarios.

Esta democracia participativa, como hemos planteado, no garantizará que se modifiquen leyes o bien, el acceso a nuestros derechos.

La democracia participativa limitada planteada por el gobierno se diferencia de consultas, como la recientemente realizada por la Nueva Central de Trabajadores contra el outsourcing y por la renacionalización de la industria eléctrica, lanzada entre el 19 al 24 de abril e impulsada por organizaciones obreras y populares a lo largo y ancho del país, como vía para visibilizar las demandas y una herramienta para potenciar la organización. Para que realmente se escuche nuestra voz, acciones como la anterior deben ser acompañadas con la más amplia movilización en las calles, independiente del gobierno y la burocracia sindical.

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Frente a una reforma limitada de la democracia actual, en la que se nos veta la participación relativa a la política que han tenido los gobiernos anteriores y el actual, los recursos naturales, las finanzas o la situación laboral. Para hacer valer la intervención popular se requiere: que todo funcionario público sea revocable y rotativo y cobre como una maestra o un doctor. Es necesario, poder decidir sobre aspectos cruciales, sin ninguna limitación como plantea la reforma actual, por ejemplo, mediante una organización asamblearia de los trabajadores, las mujeres y la juventud, desde las bases, con representantes electos cada 1,000 habitantes, con plenos poderes para decidir sobre lo que considere la mayoría de la población.