A tan solo unos días de la enorme movilización del 8 de marzo, Noé Castañón, senador chiapaneco de Movimiento Ciudadano, vicepresidente del Senado y ex priista, presentó un proyecto de ley que a todas luces busca aleccionar al movimiento de mujeres.
Martes 26 de marzo
Esta iniciativa consiste en implementar sanciones de tres a diez años de cárcel a quien cometa “actos de vandalismo” contra monumentos históricos y con una multa de hasta el doble del valor del daño causado. El senador expriista justificó su iniciativa diciendo que “la libertad de expresión y el derecho a la protesta no deben ser interpretados como una invitación al daño del patrimonio cultural”.
Según Castañón habría que diferenciar entre vandalismo e iconoclasia, pues si bien la segunda es una forma de protesta “que busca una re escritura o eliminación de íconos culturales que se consideran injustos, ofensivos o perjudiciales”, el vandalismo busca causar daño y destruir la propiedad.
Esta iniciativa de ley es una clara afrenta contra el movimiento de mujeres que una vez más se expresó masivamente en las calles el pasado ocho de marzo y que entre muchas otras formas de lucha, ha adoptado desde hace años el dejar pintas en muros y monumentos para denunciar la violencia feminicida que al día nos arrebata a 11 mujeres en un país en el que el 95% de los casos se mantienen en impunidad.
Castañón habla de la amenaza que implican estas pintas para “la identidad cultural de México” y de la diversidad cultural y patrimonial del país. Sin embargo, no dice ni una sola palabra de lo que implican para esa “identidad cultural” la profunda violencia machista que se vive en el país y que ha llevado a que se tripliquen las desapariciones de mujeres. Es fácil concluir cuáles son las prioridades del vicepresidente del senado.
No es de sorprender que un personaje como Noé Castañón pretenda ocupar la mano dura para atemorizar a quienes luchan contra la violencia machista. Castañón, quien en el 2019 renunció al cada vez más en decadencia Partido de la Revolución Institucional para ingresar a las filas del supuestamente “progresista” Movimiento Ciudadano, carga con una denuncia penal por parte de la madre de sus hijos por violencia familiar y por incumplir el dictamen de una magistrada que lo privaba de la custodia de sus hijos. A pesar de las protestas de distintas organizaciones feministas, en 2018 fue nombrado senador y en noviembre del año pasado vicepresidente del Senado.
Con intentos como este de criminalizar la lucha de los mujeres contra la violencia, lo que pretenden los políticos del régimen como Castañón, es dictarnos las formas correctas de protestar mientras mantienen una estructura de justicia que perpetúa la violencia y revictimiza a las víctimas de esta.
La criminalización de la protesta no es patrimonio de MC o de la derecha, no olvidemos que en 2019 tras la masiva movilización contra la violencia policial que llenó de glíter la capital, la misma Beatriz Müller declaró que “no había derecho de una protesta a dañar un inmueble histórico, por más razón que tenga quien protesta”.
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Como lo han denunciado miles de mujeres en el país, las paredes se limpian, pero nada nos va a regresar a las víctimas de feminicidio o desaparición. Además, el movimiento de mujeres ha comenzado ya desde hace años a escribir una nueva historia que no está únicamente escrita por el oficialismo o por la terrible violencia que azota sobre todo a las mujeres trabajadoras y a las más pobres: la historia de las que se insubordinan y toman las calles para gritar ¡Ni una menos!
