Procedimientos de adjudicación directa sin publicidad por valor de 20 millones en un solo año, desbarajustes en la contabilidad y complementos retributivos de dudosa legalidad son el panorama que ilustran las auditorías del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.
Miércoles 13 de octubre de 2021
Constituido en un 60% por la Generalitat y por un 40% el Ayuntamiento, entre las tareas que desarrolla la entidad se incluye la gestión de los centros de menores tutelados, pisos para mujeres víctimas de violencia machista, residencias de personas con discapacidad y centros de terapia ocupacional.
Por su parte, la CGT ha anunciado este miércoles que denunciará a la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) para que investigue "sobresueldos, contrataciones a dedo y graves irregularidades" en el Consorci. Basará su denuncia, como indican en su comunicado, en las auditorías al Consorci durante los últimos años, después de que la Sindicatura de Cuentas y la Intervención General de la Generalitat han detectado que el organismo gastó 20 millones de euros en presuntas contrataciones irregulares.
El informe de la Intervención General de la Generalitat de 2015 señala esta incidencia de magnitud sobre el cumplimiento de la normativa de gastos de personal, patrimonial, de contratación y de protección de datos en el Consorci.
En el mismo, se constata también gastos por valor de 284.483 euros en complementos salariales bajo categorías que no figuran en el Convenio. Por estos mismos complementos, el monto que el Consorci pagó en total en 2017 asciende a 325.051 euros. Por otro lado, para fijar o cambiar retribuciones es obligatorio pedir antes un informe a la Dirección General de Presupuestos y a Función Pública de la Generalitat y algo que en este caso no se hizo.
La auditoría de 2017, se hace eco de problemas en la esfera de la protección de datos y los mecanismos de recogida de los mismos. Mientras advirtió de “incidencias” en la contratación, en la que no se pudo comprobar si los procedimientos cumplían "los principios de publicidad, mérito y capacidad". Estas irregularidades se constataron también en el informe de 2019.
Mientras algunos hacen negocios de las necesidades sociales con dinero público, los trabajadores y trabajadoras del sector social, son de los más explotados y precarios. Las condiciones con las que los y las profesionales han tenido que trabajar en plena crisis del coronavirus son indignantes. La subcontratación y la precariedad, son la base de este fraude, que se ceba con el personal y quienes tienen más necesidades.
