El primer juicio por trata donde la víctima también es querellante va por su cuarto día. En el banquillo de acusados se encuentran tres tratantes y el propio estado municipal de Ushuaia.
Jueves 10 de noviembre de 2016 10:38
El juicio de Alika Kinan concentra las miradas de gran parte del movimiento de mujeres en Argentina. Muchas lo definen como un juicio histórico, no sólo porque el delito de la trata es uno de los menos condenados, sino porque Alika puso en el banquillo de los acusados al propio estado municipal de Ushuaia por complicidad con el burdel Sheik.
A pesar de la carga que conlleva un proceso de esta magnitud Alika se mantuvo firme y declaró el primer día de iniciado el juicio. A puertas cerradas y sin público, por la delicadeza del caso, acompañada de su abogada de la Defensoría General de la Nación, Marcela Rodríguez y también del titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
El testimonio de Alika reconstruyó la trama que la acorraló a ejercer la prostitución como único medio de supervivencia, como también su llegada a Ushuaia hacia 1996. Explicó las condiciones infrahumanas a las que estaba sometida ella y ocho mujeres más rescatadas en el 2012 en el Sheik. Abordó la reconstrucción de su vida luego de ser rescatada a partir de su militancia feminista contra el sistema prostibulario desde una perspectiva abolicionista.
Semanas previas al juicio Alika recibió todo tipo de intimidaciones a través de mensajes telefónicos y en Facebook, como también de personas desconocidas en la calles. “A la fiolada ni cabida” fue el descargo de Alika y la Protex también emitió un comunicado en las semanas que entre otras cosas sostenía: “Alika Kinan se llama la víctima que logró tener voz en su caso y a días del inicio del juicio oral y público comenzó a recibir amenazas, presiones, extorsiones, “comunicaciones”, llamados, videos, etc. Mecanismos todos ellos para coaccionarla, amedrentarla, avergonzarla, adoctrinarla, callarla, desacreditarla”.
Los tres imputados por el caso son recordemos Pedro Eduardo Montoya e Ivana Claudia García la pareja dueña del burdel y Lucy Campos Alberca quien era encargada del funcionamiento diario del mismo. Los tres se negaron a declarar.
Mientras tanto en los días de juicio que transcurrieron declaró María Ramona Báez quien era encargada de la inspección municipal durante el allanamiento del Sheik. Confirmó la situación de hacinamiento del lugar y el uso de libretas sanitarias que se utilizaban para las mujeres. Este es uno de los elementos claves que permiten imputar también al estado municipal de Ushuaia como cómplice. No solo por el hecho de que el Sheik contaba con habilitación municipal, sino también por el hecho de que era la misma municipalidad quien otorgaba un expediente sanitario que la habilitaba como alternadora, una figura que se refiere a las mujeres “contratadas para alternar o bailar con los concurrentes” en este tipo de establecimiento.
Quien también brindó su testimonio fue el psicólogo del municipio que intervino en el allanamiento. El psicólogo constató que no existían profesionales especializados en el tema de trata al momento de allanamiento, como también reconfirmó la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las mujeres rescatadas.
Por su parte la defensa de los imputados ensayó una serie de argumentos que redundaban en ocultar la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba tanto Alika como el resto de las mujeres del Sheik. Se refirió a Alika como una “trabajadora sexual” y subrayaron la rotación de la misma por otros prostíbulos, desconociendo por absoluto el carácter coactivo de estas prácticas de los tratantes.
El juicio en las redes
El inicio del proceso judicial estuvo también acompañado por un conjunto de organizaciones de mujeres que se movilizaron hasta el Tribunal. “Todas somos Alika”, “Cárcel efectiva a los proxenetas” fueron algunas de las consignas que llevaron. Por su parte organizaciones de mujeres, políticas y sindicales se manifestaron en Buenos Aires en las puertas de la Casa de Tierra del Fuego.
En las redes sociales y bajo el hastag #AlikaNoEstáSola las muestras de solidaridad se hicieron presentes. Se convocó un tuitazo el miércoles para visibilizar el amplio apoyo con el que cuenta Alika en la pelea contra la trata y la complicidad del Estado.
Sin Estado no hay trata
El caso está recorrido por una constante que las organizaciones que luchan contra la trata de personas subrayan con énfasis: la complicidad del Estado en el desarrollo de este negocio multimillonario a base de la explotación sexual de las mujeres.
El caso de Alika lo testigua con claridad. Cuando arriba a Ushuaia en 1996 lo primero a lo que es obligada Alika es a dirigirse a una comisaría a demostrar que sus antecedentes eran de “buena conducta”. El mismo policía que le haría el legajo luego sería uno de sus clientes habituales. Mientras tanto la Municipalidad le abrió un expediente sanitario y era la encargada a través del sistema de salud de los controles habituales como los exudados vaginales y los análisis de HIV.
El Sheik como otras tantas whiskerías, pools o pubs funcionaron y funcionan a plena luz del día. Estos lugares, que se encuentran concentrados en pocas cuadras del centro, funciona muchas veces con la propia habilitación municipal.
Argentina cuenta con una Ley de Trata votada en el 2008 y promulgada para defender los derechos de las mujeres rescatadas de las redes. Pero tanto el estado municipal de Ushuaia como el provincial de Tierra del Fuego omitieron capítulos enteros al momento de reconocer a Alika como una víctima de trata y permitir así el acceso al conjunto de las garantías y derechos que la ley le brinda.
La primera pelea concreta de Alika en este sentido fue el derecho a la vivienda. Fue el mismo estado provincia quien intentó desalojarla de una vivienda precaria en la que casi se mueren intoxicadas, junto a sus hijos, por las instalaciones precarias del calefón. Alika denunció que como “solución” el Estado decide cortarle el gas. Ella cree que fue para apurar su salida.
Ante los amparos presentados la Justicia Provincial, revictimizándola nuevamente, alegó que por su negación a presentarse como víctima de trata al momento del rescate no tenía derecho a acceder a la vivienda. El mismo argumento que usaron los abogados defensores de los proxenetas durante el juicio. Desarmar la idea del ejercicio consentido de la prostitución fue una tarea en la que Alika transitó sin asistencia integral, apoyándose en sus compañeras de organización.
El Estado, a través de sus funcionarios políticos, jueces y policías, tolera, ampara o directamente es parte de este negocio multimillonario. Mientras tanto es el mismo Estado que ni siquiera implementa políticas eficientes para permitir que las mujeres que han sido sometidas a la explotación sexual reconstruyan sus vidas y que se le repare por los daños que implican el tránsito por este siniestro circuito, a pesar de contar con una ley nacional que las ampara.
El viernes se espera la presentación de la querella. El juicio de Alika, su tránsito de víctima a querellante contra sus proxenetas y la denuncia contra un Estado cómplice puede funcionar como el puntapié de un movimiento de mujeres que organizadas y en las calles exija el desmantelamiento de todas las redes de trata.
