¡Sin vergüenza! El Círculo de Empresarios plantea ampliar la edad de jubilación hasta los 72 años

El Gobierno tiene que aprobar rápidamente una segunda reforma exprés de las pensiones demandada por Bruselas ante la amenaza latente de no recibir los nuevos desembolsos de los fondos Next Generation, en caso de no implementar los recortes exigidos.

El ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá lleva varios meses intentando cerrar un acuerdo y poner así en marcha la segunda parte de la reforma de las pensiones que se bloqueó en el mes de diciembre, cuando se pretendía alcanzar la firma final para cumplir los plazos de Bruselas y para certificar la última andanada contra las pensiones, con la total conformidad de las burocracias sindicales de CCOO y UGT. Algo nada extraño, al igual que aceptaron sin una sola protesta nada menos que ir ampliando la edad de jubilación desde los 65 hasta los 67 años, mediante la reforma de las pensiones impulsada por el PSOE de Zapatero en 2011.

La patronal pasa a la ofensiva contra las pensiones

En este contexto y en el marco de un coloquio organizado por la Fundación “La Caixa”, el presidente del Círculo de Empresarios Manuel Pérez-Sala ha propuesto la prolongación de la edad laboral hasta los 72 años. Sin ninguna vergüenza, Pérez-Sala manifestó así la intención del conjunto de la patronal: avanzar en un nuevo y duro ataque a las pensiones públicas. “Sé que es duro de escuchar, pero es imposible sostener el sistema (de pensiones públicas) sin posponer la edad de jubilación hasta entre los 68 y los 72 años”, dijo sin ningún rubor. Una auténtica declaración de guerra contra un derecho laboral y social tan elemental como es el derecho a acceder a una pensión en cuantía suficiente como para poder desarrollar una vida digna en una edad que permita disfrutarla en plenitud, después de una vida laboral dura de trabajo alienante y soportando la explotación capitalista.

La segunda reforma de las pensiones del Gobierno “progresista”: un nuevo ataque a las pensiones.

Lo que la patronal dice abiertamente es, a fin de cuentas, llevar hasta el final la propia política del Gobierno “progresista”. De hecho, la propuesta del Gobierno PSOE-UP, busca ampliar el período de cálculo de la base reguladora de la pensión haciendo que pase de los 25 años actuales a 30 años. Esto implica un serio recorte para todos los pensionistas futuros, dado que supone agregar más años en el cómputo del cálculo, y por lo tanto se deberán incluir más años con menores ingresos y, en consecuencia, menores cotizaciones, lo que hará lógicamente descender el resultado final de la pensión a obtener.

El ministro Escrivá ha envuelto este ataque en papel de regalo envenenado, al ofrecer como contrapartida que se podrían eliminar del cálculo hasta 24 mensualidades con las peores retribuciones, por lo que todo quedaría en un cálculo teórico de 28 años efectivos, en lugar de los 30 de partida. Pero el objetivo final, como llevan ya tiempo planteando en muchos foros empresariales, es abarcar la totalidad de la carrera laboral como base del cálculo de la pensión.

Es evidente que la oferta que vende el ministro implica que habrá un recorte fuerte, pese a que él ha insistido cínicamente en que esta reforma tiene un efecto neutro, dado que ofrece la posibilidad de reducir el período de ampliación de facto eliminando los años más desfavorables, lo que evidencia que la ampliación de los años lleva automáticamente un recorte que trata de suavizarse para hacer más llevadero el “trágala”.

Solamente aquellos que, durante ese amplísimo período de 30 años -que equivale prácticamente a toda la vida laboral, sobre todo de las y los trabajadores más jóvenes- hayan tenido alguna circunstancia especialmente desfavorable en su vida laboral y que no se haya prolongado más de las 24 mensualidades, se verán beneficiados. Pero, sobre todo, resulta una auténtica utopía para las y los jóvenes de la clase trabajadora actuales disponer de 30 años de vida laboral efectiva ante la precariedad laboral que padecen, con lo que esa ampliación los lleva directamente a cobrar potencialmente pensiones de porquería, muy al contrario de lo que asegura el Gobierno de Sánchez.

Para justificar su propuesta, el Gobierno ha argumentado también qué a quién más beneficia esta medida es a las nuevas generaciones con carreras laborales que se caracterizan por ser menos lineales y más precarias durante más años y de manera más generalizada. Pero resulta un argumento absolutamente falso, dado que las y los jóvenes de la clase trabajadora lo que necesitan es una legislación laboral y social que defienda sus derechos de manera eficaz, garantizando el trabajo para todos los que lo deseen mediante contratos estables y retribuciones de al menos 1.500 euros, que les permita emanciparse y poder hacer frente a los gastos de supervivencia para llevar una vida digna e independiente. Algo que este Gobierno “progresista” ni ha podido ni ha tratado de realizar, puesto que lograrlo pasa, entre otras cosas, por abordar el reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial, para que trabajemos todos trabajando menos.

Las diferencias en la negociación sobre la segunda reforma de las pensiones del Gobierno planteadas por las cúpulas de CCOO y UGT se han basado en exigir garantías de que las fuerzas políticas parlamentarias que están sosteniendo la gobernanza estuvieran dispuestas a aprobar en el Congreso la reforma en los términos en que estaba la negociación. Y no porque estuvieran planteando ninguna diferencia de fondo, pese a la gravedad del ataque. Es decir, las burocracias se ubicaron como lacayos del Gobierno para que no ocurra como con la reforma laboral de Yolanda Díaz, esa que mantuvo lo esencial de las reformas anteriores y fue vitoreada por la CEOE. Recordemos que, luego del acuerdo firmado con la patronal y los sindicatos, algunos grupos políticos como ERC se desmarcaron, votando en contra del acuerdo y exigiendo como contrapartida a derogación de la Reforma laboral de Rajoy de 2012, algo a lo que los sindicatos ya habían renunciado, dejando a la bancada sindical de la negociación con “el culo al aire” una vez más.

La patronal hasta ahora no ha firmado el plan de Escrivá porque están defendiendo, en una línea complementaria a la del Gobierno “progresista”, su vieja reivindicación de que la fórmula de cálculo debería ir avanzando, lo se está haciendo, hasta alcanzar toda la vida laboral de la persona trabajadora.

La lucha de clases en Francia y la defensa de las pensiones

Las pensiones son un salario indirecto para el conjunto de la clase trabajadora que forma parte de sus retribuciones y que hay que defender con uñas y dientes gobierne quien gobierne. Lo que hay que plantear, por el contrario, es reducir la edad de jubilación como máximo a los 60 años, desarrollando como en Francia, una lucha encarnizada para que no se prolongue aún más la edad de jubilación.

Hoy en Francia, ante un importante ataque por parte de Macron, aunque de menor calado ya que se está planteando aumentar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, desde el pasado 19 de enero, se viene desarrollando la “Batalla de las jubilaciones”, una prueba de fuerza decisiva que concierne al conjunto de la clase trabajadora francesa. La convocatoria de varias huelgas generales unitarias apoyadas por la gran mayoría de las organizaciones sindicales de trabajadores y varias jornadas de lucha con manifestaciones multitudinarias, han movilizado a millones de trabajadoras y trabajadores franceses en el conjunto de las ciudades y núcleos urbanos más importantes del país. A pesar de la estrategia de desgaste de las burocracias sindicales francesas de la SFDT y la CGT, que buscan una negociación con el gobierno en vez de ampliar las demandas del movimiento para poder incorporar al conjunto de los sectores obreros, sobre todo los más explotados, el desarrollo de la autoorganización y la construcción de una huelga reconductible, el movimiento muestra las enormes fuerzas sociales que podrían derrotar a Macron.

Frente a una nueva ofensiva del Gobierno y la patronal contra las pensiones, de este lado de los Pirineos también hay fuerzas para enfrentar el ataque. Pero para que estas fuerzas se pongan en movimiento es necesario exigir a las burocracias sindicales un frente único por un programa de lucha que empiece por la derogación de la Reforma de Zapatero para volver a implantar los 65 años, en perspectiva su rebaja a los 60 años, rechazando la ampliación de período del cómputo para el cálculo de la pensión que quiere imponer el Gobierno “progresista”, impidiendo cualquier privatización de sistema de pensiones públicas, exigiendo la financiación necesaria para el sostén del sistema sobre la base de incrementar las contribuciones empresariales y el aumento progresivo de los impuestos sobre las grandes empresas y fortunas, entre otras medidas esenciales.

Al mismo tiempo, para sumar a la lucha a la juventud trabajadora y todos los sectores de nuestra clase, es necesario exigir pensiones y salarios mínimos de 1.500 euros, que se implante un mecanismo de actualización automática de los salarios y las pensiones según el IPC real y que se termine la precariedad laboral, las subcontrataciones y los trabajos tercerizados.

Los sindicatos alternativos tienen en sus manos llevar adelante esta exigencia a las burocracias de CCOO y UGT, llevando esta pelea a la calle con movilizaciones y sobre la base de asambleas en los centros de trabajo y en los barrios populares que presionen a las bases sindicales de CCOO y UGT para dar la pelea de forma unitaria y con un programa de salvamento para el futuro de las pensiones públicas, contra la inflación y la precariedad laboral.