Así lo decidió el juez Casanello, luego de una extensa indagatoria. Su abogado Cúneo Libarona, sostuvo en declaraciones que “los chicos asumieron una responsabilidad al consumir sustancias”.
Jueves 5 de mayo de 2016
En una extensa declaración ante el juez Sebastián Casanello, el abogado Víctor Stinfale negó todos los cargos pero continuará detenido. En el marco de la causa penal que cuenta con más de 100 testigos, el empresario es acusado de ser parte de los organizadores e involucrado en la venta de drogas dentro de la fiesta, debido a su rol de socio de Walter Santángelo, dueño de la empresa Energy Group, proveedora de Speed y agua Block.
El martes, el fiscal Federico Delgado había solicitado la detención y las indagatorias tanto de Stinfale como de Santángelo. Este último se encuentra prófugo. Ayer por su parte, se presentó de manera espontánea ante Casanello uno de los adolescentes que estuvo internado en el Hospital Rivadavia, acompañado por sus papás y un abogado.
Abogado distractor
En medio de las acusaciones a Stinfale, su abogado, Mariano Cúneo Libarona reafirmó la idea de que la responsabilidad por las muertes es de los mismos jóvenes. En diálogo con radio Rivadavia sostuvo que “el riesgo que asumieron estos chicos no tiene incidencia con la conducta atribuida al organizador” y agregó que “los chicos asumieron una responsabilidad al comprar o tomar del piso o consumir sustancias”. Incluso sostuvo que los jóvenes se “autodestruyen” debido al consumo de drogas y que “no se puede controlar lo incontrolable, no se puede controlar la propia culpa de la víctima”.
Los medios y los funcionarios se dedicaron en los últimos días a sostener que los responsables de lo sucedido fueron los mismos jóvenes que consumían drogas sin conocer qué las componían, en lugar de apuntar a los verdaderos responsables de la seguridad de los asistentes que, entre otras cosas, cortaron el suministro de agua del baño y sobrepasaron los límites permitidos de concurrencia.
Cúneo Libarona cuenta en su prontuario con la defensa de la ex funcionaria menemista Amira Yoma, acusada de narcotráfico en el año 1991 y de imputados en la causa AMIA. Ahora aporta su grano de arena para evitar el esclarecimiento de lo sucedido en Time Warp, desligando a los organizadores de su responsabilidad y culpabilizando a quienes fueron a disfrutar una fiesta.
