La Suprema Corte de Estados Unidos permitirá a la administración de Biden poner fin a la política de Trump de "Quédate en México". La decisión es un indulto necesario para los solicitantes de asilo, pero de ninguna manera es suficiente.
Martes 5 de julio de 2022
La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos ha decidido permitir a la administración Biden poner fin a una política de migración de la era Trump, según una opinión emitida por el presidente de la misma, John Roberts, el jueves. El programa formalmente conocido como Protocolos de Protección al Migrante (MPP), frecuentemente llamado la política de "Quédate en México", requiere que los migrantes que llegan a la frontera sur permanezcan fuera de los Estados Unidos mientras esperan que el lento sistema de inmigración estadounidense procese sus solicitudes de asilo. El gobierno de Biden aún no ha puesto fin al programa.
Según Human Rights Watch, más de 71,000 solicitantes de asilo han sido enviados a México en el marco del programa desde enero de 2019 hasta enero de 2021, incluyendo decenas de miles de niños y personas con discapacidades o condiciones de salud crónicas. En estos campamentos, los migrantes vulnerables fueron frecuentemente víctimas de violaciones, secuestros, torturas y asesinatos. Se han iniciado decenas de investigaciones sobre abusos contra los derechos humanos en el marco del programa "Quédate en México".
La Suprema Corte emitió su decisión días después de que 53 migrantes murieran por insolación y agotamiento de calor en un camión abandonado en las afueras de San Antonio, Tejas. También se produce tras la decisión de la Corte de anular el caso Roe vs. Wade por 6 votos a favor y 3 en contra, desencadenando la entrada en vigor de leyes en todo el país que restringen el aborto o lo prohíben por completo.
Las promesas de campaña de Biden incluían votos para revertir las duras políticas de migración de Trump, pero estas palabras han demostrado ser performativas y frágiles. En el primer día de su presidencia, se movió para poner fin al programa "Quédate en México" a través de un memorando de terminación. Después de un breve período durante el cual la política no se aplicó (las deportaciones supuestamente se reanudaron en agosto, cuando el Tribunal Supremo se negó a bloquear un fallo judicial que restablecía la política), un tribunal federal de apelaciones confirmó y restableció el programa en diciembre.
Biden no sólo cumplió con la orden del tribunal federal, sino que amplió la elegibilidad para la deportación para incluir a cualquier persona de países del hemisferio occidental que no sea México. Bajo el mandato de Trump, sólo las personas de países de habla hispana y los brasileños eran elegibles para ser enviados a México. Sin embargo, bajo el restablecimiento ampliado de Biden, los funcionarios fronterizos estadounidenses podrían devolver a los migrantes haitianos, algo que generalmente no sucedía en los años anteriores. Sólo en septiembre y octubre, el gobierno de Biden devolvió o detuvo a miles de haitianos a través del Título 42. Miles de migrantes murieron y fueron objeto de abusos contra los derechos humanos debido al cumplimiento pasivo de la administración. Es importante señalar que la intervención de Estados Unidos ha contribuido a gran parte de la inestabilidad política en Haití, así como en todos los demás países de América Latina y el Caribe, de donde proceden muchos de estos solicitantes de asilo.
La decisión de la Suprema Corte en el caso Biden vs. Texas es, sin duda, un indulto bienvenido para el continuo flujo de solicitantes de asilo que buscan refugio en Estados Unidos. Pero esta decisión no debe confundirse con una política de inmigración progresista; está por debajo incluso del mínimo. Incluso los solicitantes de asilo que pueden esperar en Estados Unidos siguen siendo extremadamente vulnerables y se enfrentan a enormes desafíos, como los tiempos de espera aparentemente interminables para los permisos de trabajo y las audiencias de asilo. Uno de cada seis migrantes con casos de asilo pendientes está esperando a que se programe su próxima audiencia. El tiempo medio de espera es ahora de 1,751 días, es decir, casi cinco años. Estos obstáculos plantean enormes desafíos, no sólo para encontrar trabajo para mantenerse a sí mismo y a su familia, sino para tener cualquier apariencia de estabilidad y salud mental.
No debemos olvidar las innumerables formas en que el gobierno de Biden y la Suprema Corte han continuado o exacerbado la opresión de los migrantes. El sábado, el gobierno de Biden puso fin a sus límites en las detenciones de inmigrantes para cumplir con una sentencia del tribunal federal de Tejas que esencialmente da plena discreción a los agentes del ICE en todo Estados Unidos sobre qué inmigrantes deben, y no deben, detener. A principios de este mes, en el caso Egbert v. Boule, la Suprema Corte hizo más difícil que las víctimas de abusos por parte de agentes de la patrulla fronteriza reciban una compensación en los tribunales, lo que reduce las ya traicioneras normas de responsabilidad de los agentes de la patrulla fronteriza y otros agentes federales de la ley. En palabras del juez Clarence Thomas, ningún tribunal es "competente para autorizar una acción por daños y perjuicios" contra los agentes de la patrulla fronteriza.
Asimismo, las recientes prohibiciones del aborto, un ataque al derecho humano básico a la salud, afectarán de manera desproporcionada a las mujeres migrantes y a las personas LGBTQ+, ya que será más difícil para estas poblaciones viajar fuera de sus estados para acceder a los abortos. Las leyes también las expondrán a un mayor riesgo de deportación si deciden arriesgarse a viajar para someterse a estos procedimientos.
Más allá del aborto, la autonomía corporal ha sido despojada de las poblaciones marginadas por el gobierno estadounidense desde que el país existe. Estados Unidos tiene un largo historial de esterilizaciones forzadas, dirigidas a las mujeres negras, a las personas discapacitadas y a la población carcelaria. La propia Suprema Corte fue responsable de más de 70,000 esterilizaciones forzadas de personas con discapacidad. Hoy en día, los inmigrantes siguen siendo esterilizados a la fuerza en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Hay una desilusión masiva en el gobierno de EE.UU. y sus instituciones; muchos están despertando al hecho de que los demócratas, que tuvieron muchas oportunidades de codificar el fallo de Roe vs Wade en la ley, no son simplemente incompetentes, sino activamente cómplices en la opresión de las masas. Mientras estas instituciones siguen ofreciendo concesiones en un intento de recuperar la legitimidad y suprimir la lucha de clases, no podemos esperar ni confiar en que la élite política de ninguno de los dos partidos capitalistas —cuyo poder se basa en el imperialismo, la guerra económica y la estratificación de los trabajadores a través de las fronteras y el racismo— defienda los derechos de la clase obrera y los oprimidos. Ni los republicanos ni los demócratas representan nuestros intereses, y han demostrado una y otra vez su reticencia a defender, y mucho menos a ampliar, nuestros derechos humanos básicos. Y aunque la Suprema Corte reparta políticas marginalmente "progresistas", sigue siendo una institución antidemocrática que funciona para defender los intereses de la clase dominante y el imperialismo. Debemos decirlo alto y claro en nuestras comunidades, y en nuestros lugares de trabajo, y en las calles: ¡Abolamos la Suprema Corte! Que entren todos.
Este artículo fue originalmente publicado en inglés en Left Voice, sección en inglés de la Red Internacional La Izquierda Diario
Traducción: Óscar Fernández
