A pesar de las críticas que el presidente había hecho hacia las posturas de la oposición, un juez frenó la aprobación de la nueva Ley de Energía Eléctrica promovida por AMLO.
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Viernes 19 de marzo de 2021
El juez Rodrigo De la Peza, quien encabeza el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, emitió una resolución en la cual se dan suspensiones provisionales luego de atender los amparos presentados por las compañías afectadas.
“Se concede la suspensión provisional solicitada para el efecto de que se suspendan todos los efectos y consecuencias derivados de la Ley de la Industria Eléctrica publicada el 9 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación (DOF)”
De la Peza es el segundo juez en emitir una resolución contra la Ley de Energía Eléctrica promovida por el presidente. El otro sería el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien encabeza el Juzgado Segundo de esa misma jurisdicción.
Las resoluciones afectan la postura promovida por el presidente en la cual la Comisión Federal de Electricidad prioriza las centrales de energía por medio de combustibles fósiles y plantas hidroeléctricas, esto contra las empresas privadas que ofrecen el servicio mediante energías renovables.
Sin embargo, esta resolución deja ver dos cosas: la primera, que se defiende una "libre competencia" que, si bien está estipulada en la constitución mexicana, es prueba de que el régimen que ésta sustenta está hecho para el beneficio de los empresarios, sus compañías privadas y no en favor de los intereses de los trabajadores, comunidades indígenas, mujeres, jóvenes y la mayoría de la población.
En función de ello, la supuesta "autonomía" del Poder Judicial se hace en la medida en que, si bien aparecen como contrapeso a AMLO en el ejecutivo, en los casos más extremos el Poder Judicial ha fungido como un partido político más, con sus propios intereses, los cuales están ligados también al accionar de las empresas privadas. Por mencionar algunos países de la región, está el caso de Brasil, donde el Supremo Tribunal Federal usó la operación Lavajato exclusivamente contra los políticos del PT y afines a Lula para procesarlos por corrupción sin tocar a los políticos de los partidos de la derecha y que devino en el golpe institucional contra Dilma; o como Bolivia, donde las cortes actuaron avalando el golpe de Estado instigado por la OEA y se recostaron en los partidos de la derecha evangélica que encumbraron a Jeanine Áñez
Los jueces, con sus altos salarios y prestaciones prácticamente vitalicias, son una parte medular de la casta política, que aunque pueden tener desacuerdos puntuales con la presidencia, su historial ha sido en gran parte en beneficio de los capitalistas, accionistas extranjeros, mineras, talamontes y el largo entramado de nexos de corrupción inherente al capitalismo. Si alguna vez han emitido resoluciones favorables a los trabajadores, mujeres, comunidad LGBTIQ+, jóvenes y comunidades indígenas, ha sido gracias a la movilización y organización independiente de estos sectores.
El freno que se ha emitido contra la ley de AMLO ofrece una falsa polarización entre quienes, por un lado, pretenden fortalecer el rol de la CFE con tecnología que afecta el medio ambiente y fomenta el despojo a las comunidades originarias, y quienes por el otro quieren chantajear con medidas "ecologistas" el combate al calentamiento global mediante el accionar de empresas extranjeras provenientes de países imperialistas.
Ante esta situación, muy diferente sería que los trabajadores de la CFE gestionaran directamente las centrales de energía eléctrica, decidiendo democráticamente cómo abastecer a la población y cómo usar el presupuesto para modernizar las instalaciones, así como la utilización de energías renovables, la inversión del dinero del erario obtenido mediante la venta de hidrocarburos para fomentar la investigación científica en un plan racional de reconversión tecnológica que permita el reemplazo efectivo de la utilización de combustibles fósiles con medios menos dañinos para el ecosistema, esto en colaboración cercana con las comunidades originarias para causar el menor impacto posible a los ecosistemas y sus modos de vivir. De igual forma, ante la penetración del capital imperialista con el aval opositor, se vuelve necesaria la nacionalización de las plantas concesionadas a empresas extranjeras.
Dicha perspectiva no va a ser levantada ni por la oposición falsa y oportunista del PRI, PAN, PRD y los partidos menores, históricamente ligados a impulsar medidas neoliberales, ni tampoco será puesta en marcha por el gobierno de la "cuarta transformación" que pretende continuar los diversos megaproyectos que ya estaban en la mesa en las administraciones anteriores, pero dándoles su propia marca de identidad. Por eso AMLO pretende mantener la construcción de los gaseoductos, la hidroeléctrica de Huexca, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, y varias otras obras donde no se consulta ni a la población ni a los trabajadores.
Sólo un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre puede llevar a cabo estas tareas. Por ello se vuelve urgente la independencia política de la clase trabajadora, la recuperación de los sindicatos eliminando al charrismo que es correa de transmisión de estos partidos empresariales, y la creación de una organización que responda por los intereses de la clase obrera mexicana en perspectiva socialista, anti-imperialista y revolucionaria.
