A pocos días del inicio de clases, ya han comenzado los cierres de aulas por positivos de Covid en profesores y estudiantes. Se imponen cuarentenas de 14 días a todos los niños, pero no se garantizan pruebas PCR, ni licencias pagas para que las familias no pierdan ingresos.
Viernes 11 de septiembre de 2020 22:12
Este jueves fueron cerradas varias clases en escuelas de Ibiza, Sevilla, Pamplona y Madrid. En esta última comunidad, una estudiante dio positivo en una prueba PCR que se había realizado unos días atrás, en un instituto de Carabanchel, uno de los barrios más afectados por los contagios. Ha sido el primer cierre en Madrid por el caso positivo de un estudiante.
A comienzo de la semana, dos maestras habían dado positivo en una escuela concertada del barrio madrileño de Vallecas, dejando sin inicio de clase a dos aulas de primaria. Algo similar había ocurrido en otras escuelas que han sido cerradas en Santander y Laredo. Mientras que Galicia ha anunciado la postergación de una semana en el comienzo del curso escolar.
No pasó ni una semana desde la vuelta a clases –en algunas comunidades autónomas como Cataluña todavía no volvieron a comenzar– y ya se empiezan a ver las profundas contradicciones entre los protocolos, la insuficiencia de la planificación por parte de las autoridades, la falta de más profesores y personal en las escuelas, así como la negativa a realizar test para todos los estudiantes y personal que lo necesite, si ha estado en contacto con contagiados positivos.
Tanto la incertidumbre como la falta de medidas que garanticen un comienzo de curso seguro han suscitado numerosas quejas de familias y docentes, como expresa una profesora en sus redes: “Si esto es tan grave como parece no se puede garantizar una vuelta segura a las aulas. No sé si puedo confiar en una Administración que ya sacrificó a los ancianos de las residencias”. Ese enorme malestar ha obligado a que diferentes sindicatos saquen convocatorias de huelga, si bien en muchos casos se trata de convocatorias formales.
De hecho, aunque los protocolos del Ministerio de Sanidad planteaban la necesidad de hacer un test a todos los alumnos que hayan estado en contacto con un positivo, a las familias del colegio CEIP República de Uruguay de Carabanchel les han dicho que guarden cuarentena, pero no les han garantizado pruebas. Que si los niños tienen síntomas se pongan en contacto con el centro de salud, ha sido la instrucción. Y a esperar que nadie se haya contagiado.
La ministra de Educación del Estado Español, Isabel Celaá, ha asegurado este viernes que la “responsabilidad empieza en casa” y ha afirmado que los padres no deben enviar a sus hijos al colegio si estos tienen síntomas o están pendientes del resultado de una PCR, poniendo el foco del problema en los padres. Sin embargo, la ministra no garantiza que, si los niños tienen que guardar cuarentena por haber estado en contacto con un contagiado, haya licencias pagas para todos los padres, y garantía de que no perderán su empleo. En medio de una crisis económica descomunal, con el paro que se dispara y la pérdida de ingresos durante los meses anteriores, es muy fácil echar la responsabilidad sobre las familias, mientras el gobierno no garantiza los recursos necesarios para mantener las cuarentenas.
Si esto sucede después de solo 4 días de clases, ¿qué puede esperarse en las próximas semanas? ¿Escuelas e institutos que van cerrando y abriendo clases sin cesar, ante cada nuevo caso? ¿Niños asintomáticos o con síntomas leves que son enviados a clase porque sus padres no pueden quedarse sin trabajar? ¿Grupos de estudiantes que se vuelven a reunir sin haberse realizado pruebas PCR a todos los posibles contagiados? Y en este marco, ¿qué tipo de planificación social y educativa pueden hacer los profesores, agobiados por la sumatoria de tareas y el peligro de contagio?
El aumento de los contagios en el Estado español, junto con la crisis social y económica que ha dejado la primera ola del coronavirus, requieren medidas urgentes y un plan de emergencia para abordar la situación.
El inicio de clases debe ser parte de este plan de conjunto que incluya contratación masiva de personal para sanidad y educación en todos los niveles y terminando con la precariedad en el empleo. También test PCR para todos los que hayan tenido situaciones de riesgo de contagio.
Licencias pagas inmediatas para los padres de los niños que deben hacer cuarentenas. Reducción de la jornada laboral, sin reducción salarial, para permitir la conciliación familiar y para erradicar el desempleo.
Esto como parte de un aumento de presupuesto de emergencia para salud y educación. No a las instalaciones precarias para dar clases, utilización de grandes infraestructuras vacías o construcción de anexos en condiciones, bajo el control de profesores, padres y alumnos.
