El gobierno de Boric sigue en aprietos con los requerimientos de contraloría de revelar los nombres de las empresas y empresarios que habrían concurrido a las “comidas privadas” de Zalaquett, ahora sale con todo tipo de explicaciones burdas para intentar justificar las relaciones íntimas que guardan con la clase empresarial.
Sábado 20 de enero
A Boric y su gabinete le sigue lloviendo sobre mojado. A la salida del plebiscito le siguió el encarcelamiento de Andrade y compañía, el hundimiento de RD y Comunes como proyectos políticos sigue su curso y amenaza con llevarse puesto al propio Frente Amplio.
La crisis de seguridad y el ensalzamiento que hacen la derecha y los medios, suman ahora la imputación de Yañez como responsable por las violaciones a los derechos humanos durante la rebelión del 2019. El gobierno optó por respaldar la institución y por lo tanto a Yañez aún con la crítica de ciertos sectores del oficialismo y la oposición.
Pero quizás el flanco más débil que tiene el gobierno en este momento son la serie de reuniones que sostuvieron al menos 6 ministros, en la casa del UDI Zalaquett y que no fueron registradas por la ley del lobby a pesar de que Zalaquett es un reconocido lobbista que trabaja para grandes empresas.
La triquiñuela del gobierno para intentar negar el carácter de lobby de estas “comidas” era que ninguno de los participantes expuso algo en ningún momento y por lo tanto no necesitaban ser declaradas como exige la ley del lobby.
Las reuniones que salieron a la luz a finales de diciembre gracias a una investigación de CIPER, recién fueron reconocidas en enero por los ministros involucrados. Tanto Nicolás Grau como Maisa Rojas, se reunieron con representantes de la industria salmonera para “conversar” sobre la ley que regula esta actividad.
Como fue una comidita, en la casa de un UDI procesado por boletas ideológicamente falsas en los casos de financiamiento ilegal de la política, Grau no consideró que esto podía representar Lobby, una vez pillado señaló que si él hubiese sabido antes de llegar que iban a estar representantes de los salmoneros quizás no hubiese participado.
Es por lo bajo una burla. Si Grau no sabía que iban los salmoneros ¿a qué fue a comer donde Zalaquett? ¿Es normal que ministros coman en casas de sujetos procesados por delitos de financiamiento ilegal de la política? ¿Acaso los ministros del Frente Amplio, suelen visitar a militantes de la UDI, RN o Republicanos en sus casas para simplemente compartir un vinito y unos quesos como se preguntaba Matamala el domingo en La Tercera? El chiste se cuenta solo.
El caso de Jeannette Jara (PC) es igual, la flamante ministra comunista se reunió con representantes de las AFP, justo en el momento en que se debatía la reforma a las pensiones del gobierno. El PC, que por años criticó el sistema de jubilaciones instaurado por la dictadura y que condena a millones de jubilados a la pobreza más brutal, resulta que ahora tiene reuniones privadas con sus representantes privados, que defienden con uñas y dientes un negocio espurio e inmoral.
¿Acaso Jara cree que tomando un café y compartiendo un trozo de torta va a poder convencer a enormes conglomerados internacionales de abandonar sus intereses económicos que tantos frutos les han traído? ¿Acaso es que el PC ya renunció hasta a su programa más mínimo y simplemente aceptaron que deberán gobernar en la medida de lo posible y como hicieran ayer, apoyarán la propuesta DC para quedar bien con Dios y con el Diablo?
Resulta de todo irónico que la ministra Vallejo, esa otrora “combativa” dirigente estudiantil, ahora señala que hay que conversar con todos para destrabar debates, por eso mismo no extraña que los comunistas hayan dado su respaldo a la entrega del litio al ex yerno de Pinochet a través de SQM, total lo importante es destrabar debates, no importa cómo o bajo qué métodos.
Tohá y los 20 empresarios
Holger Paulmann, SKY Airlines; Eduardo Navarro, Empresas Copec; Gregorio Ruiz-Esquide, Metlife Chile; Agathe Porte, BNP Paribas Cardif y Triciclos/ Manuia; Luis Felipe Gazitúa, CMPC; Juan Carlos Chomalí, AFP Capital - Sura; Ximena Corbo, CMPC. Renzo Corona, PwC Chile; Andrés Echevería, Frontal Trust; Mario Gazitúa, BCI Seguros; Gonzalo Sarquis, Sinergía Inmobiliaria; Soraya Kasis, Cial Alimentos; Manuel Araya, Entel; Manola Sánchez, Banco BCI - CAP y Mall Plaza; Andrés Merino, AFP ProVida; Manuel Serra, Clínica Indisa; Julio Fernández, Banco Falabella; Karen Thal, ICARE; Hernán Uribe, Ripley Corp. Estos son los nombres y las empresas con las cuales se reunió la ministra Carolina Tohá en sus “cenas de difusión” como señalaron desde el gobierno para justificar que no corresponden a reuniones de lobby.
Una comida donde la ministra del interior expone para importantes grupos empresariales, su mirada política de la realidad del país, algo muy normal pareciera ser en los salones de las grandes corporaciones, casas de importantes representantes de la derecha o de empresarios. ¿A cuántas reuniones de sindicatos o juntas de vecinos asistirá la ministra para entregar su “mirada política de la realidad del país” en el mes? ¿A cuántos sindicatos no oficialistas recibirá Tohá para “difundir” la mirada del gobierno? ¿Cuántos estudiantes endeudados, jubilados, trabajadores precarizados, inmigrantes, personas en situación de calle, niños que pasan hambre, recibirá Tohá o irán a comer a sus casa? probablemente por fuera de una u otra aparición para la TV esta respuesta será cercana a cero.
Y no porque hacerlo estaría bien como una cuestión moral, sino porque las reuniones que sostuvieron tanto Grau como Rojas, Jara, Van Klaveren, Valenzuela o Tohá, no son reuniones “casuales” como intenta justificar el presidente de la CPC “un encuentro en un matrimonio”, sino que representan la real “rendición de cuentas” frente a los dueños del país, es a estos grupos que estos partidos y sus militantes prestan oído, es a estos grupos a los que buscan dejar satisfechos con sus reformas y políticas.
Políticos y partidos al servicio de los empresarios
El ahora Socialismo Democrático, ayer la Concertación, llevan décadas representando los intereses de los grandes grupos empresariales, sus militantes llenaron directorios de las AFP o Isapres, salen del parlamento para integrarse directamente en los negocios del grupo Luksic, Paulmann o Matte. Han legislado a favor de las empresas privadas de la minería, forestales, o portuarias. Son fieles representantes y defensores del modelo neoliberal, ese que instauró la dictadura y de la que se volvieron sus baluartes.
Pero el Frente Amplio y el PC se suponía que venían de otra tradición, los militantes de RD y CS querían instalar un gobierno de “salida del neoliberalismo”, los más radicales hablaban de “ruptura democrática”. Todo eso quedó atrás, sueños de juventud pensaran algunos, idealismo universitario para otros.
Falta por ver qué otros ministros o representantes de gobierno se han reunido con empresarios y como dijera la ex presidenta del PPD: por conveniencia para ellos (empresarios) y para ella (políticos), mejor que no se supiera la relación que existía.
Todo eso no hace más que sacar a la luz la concomitancia que existe entre los actuales partidos con representación parlamentaria y los grupos empresariales, así como lo alejado que estos están de las urgencias sociales y por lo tanto de tomar las medidas necesarias para resolverlas.
Hace falta una alternativa propia de la clase trabajadora y los sectores populares.
El 2024 será un año de elecciones, los partidos tradicionales intentarán volver a ganar la confianza de las mayorías populares apelando a la demagogia y haciendo eco de los discursos reaccionarios que han logrado instalar la derecha y los grandes medios de comunicación.
Pero la clase trabajadora necesita medidas urgentes para alivianar los pesares que impone este sistema capitalista y neoliberal que condena a millones.
Acabar con las AFP y avanzar a un sistema de reparto, solidario controlado por trabajadores y jubilados, garantizar el acceso a la educación pública y gratuita así como la salud y la vivienda, la pelea por garantizar empleos dignos y salarios que alcancen a final de mes, con una rebaja de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados para acabar con la cesantía, entre otras demandas se vuelve una urgencia.
Por eso desde La Izquierda diario y el Partido de Trabajadores Revolucionarios, estamos jugando una parte importante de nuestras fuerzas para poder legálizarnos en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta y así mostrar que hay una alternativa a los mismos de siempre, que la clase trabajadora puede tener sus propios representantes que enfrenten los planes de la derecha y los empresarios que quieren seguir saqueando los recursos naturales del país o condenar a millones a la miseria mientras ellos acumulan ganancias que no podrían gastar en generaciones.
Un ejemplo de esto es el esfuerzo que vienen haciendo los diputados y diputadas del PTS en el Frente de Izquierda en Argentina, que desde sus tribunas parlamentarias denuncian con fuerza los ataques de Milei contra los derechos conquistados gracias a la lucha de nuestros hermanos argentinos. Pero no se contentan con la denuncia parlamentaria, sino que están construyendo una fuerza desde abajo, desde los sindicatos, barrios y centros de estudio para enfrentar en la calle a la ministra de seguridad y su política de criminalización de la protesta social.
Al otro lado de la cordillera hay una izquierda que se planta y muestra que solo el camino de la lucha y la organización y no el cafecito y comidas con lobbistas empresariales es el camino para avanzar a conquistar nuestros derechos.
