Dos años han trascurrido desde el 21 de julio de 2021 cuando los trabajadores de Masisa, trasnacional chilena, introdujeron una denuncia en los tribunales laborales. La demanda exige el cumplimiento de un acta convenio firmada por la directiva de la empresa y los representantes laborales durante 2018.
Sábado 29 de julio de 2023
Por Francesca Díaz / periodista Correo del Caroní
Este 27 de julio trabajadores de la empresa privada Masisa Venezuela protestaron frente a los tribunales de Puerto Ordaz para denunciar un retardo procesal de 2 años en el curso de una denuncia emitida desde el seno laboral para alcanzar la restitución de los beneficios laborales, el acatamiento a la convención colectiva y el respeto a un acta convenio que firmaron durante el 2018.
En julio de 2021, los trabajadores demandaron a la compañía por incumplir con el acta convenio en los tribunales luego de que el caso fuese referido por la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro en 2020; sin embargo, a dos años de introducida la demanda, aún no hay una sentencia. Los obreros aseveran que el Poder Judicial se ha valido de artilugios y retardos para disipar la denuncia.
Jean Mendoza lideró el reclamo y explicó cómo desde 2018 la política salarial cambió causando lo que definió como una “debacle”, en la cual no se aplicaban los aumentos nacionales y el salario cada vez estaba más devaluado. Es por ello que en 2018 firmaron el acta convenio con la directiva, en la cual se comprometían hacer ajustes salariales progresivos a los obreros.
Este convenio estaría vigente hasta finales de ese año, cuando presuntamente se discutiría una nueva convención colectiva; aun así, ni se respetó el acta ni hubo discusión de contratos.
“Exigimos el cumplimiento del acta convenio que se firmó en el 2018. Nosotros exigimos que se cumpla una política salarial porque actualmente los masiseros no ganamos suficiente dinero para adquirir la canasta básica. En el 2020 fuimos a hacer este reclamo a la Inspectoría del Trabajo, se tomaron un año para declinar ese reclamo y enviarlo aquí a los tribunales laborales. Han pasado 2 años, se agotaron las audiencias preliminares, se suspenden las audiencias de juicio. Nos están violando el derecho a que se haga justicia”, destacó Mendoza.
Masisa está ubicada en Macapaima, municipio Independencia, estado Anzoátegui. Los empleados aseguran que están percibiendo salarios de menos de 28 dólares, mientras la canasta básica supera los 500 dólares según Fedecámaras Bolívar. A pesar de la ubicación de la compañía, trabajadores afirman que la mayoría vive en Puerto Ordaz.
Mendoza, quien cuenta con una trayectoria de 21 años en la empresa, fue detenido durante enero del 2022, bajo el cargo de instigación al odio, debido a su participación en protestas laborales. Entonces, sindicatos y organizaciones laborales clamaron por su libertad.
“Exigimos que basta ya de tanto dilatar las audiencias de juicio. Queremos respuesta a los trabajadores, ese reclamo está aquí hace 2 años. Hoy 27 de julio se difirió nuevamente una audiencia. Exigimos que se haga la audiencia de juicio”, destacó el empleado.
El personal destacó que, desde el inicio de la crisis laboral, la compañía ha fundamentado sus incumplimientos en el memorándum 2792, un documento emitido por el Ministerio del Trabajo en el cual se exonera a las empresas de cumplir con sus compromisos económicos y beneficios del personal si ponen en riesgo la economía de la compañía.
Desde el año 2021 los trabajadores tienen las convenciones colectivas vencidas, la inexistencia de sindicato y sufren despidos injustificados.
Nota original en Correo del Caroní
