La crisis humanitaria asociada a las migraciones forzadas en Chile agudiza las violencias estructurales sobre los cuerpos migrantes, y lo más grave es que cada vez son más niños, niñas y adolescentes que sufren estas violencias. Las cifras indican que entre el año 2019 y 2020 aumentó en cerca de 400% el número de personas víctimas del abuso y la violencia de las redes de tráfico ilícito de migrantes y de otros delitos asociados como la trata de personas y el secuestro.
Sábado 24 de julio de 2021
Por: Colectivo Sin Fronteras
En los últimos años se ha reiterado la preocupación y denuncia contra la política migratoria, especialmente de este gobierno, que ha vulnerado y vulnera gravemente los derechos de las personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas. Parte de estas vulneraciones han sido ampliamente denunciadas por organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, además de ser evidenciadas por fallos del poder judicial.
Expulsiones colectivas, una ley migratoria que no se ajusta a los compromisos en derechos humanos del Estado chileno, la permanente criminalización de las personas migrantes, las barreras que se mantienen para el ingreso de solicitudes de refugio, el rechazo masivo de las solicitudes de refugio ingresadas, un proceso extraordinario de regularización migratoria que dejó fuera a miles de niños, niñas y familias migrantes que residen en Chile, entre otros; configuran uno de los contextos más adversos que enfrentan migrantes que llegan principalmente de países de la región. Todas estas violencias estructurales están afectando gravemente la vida cotidiana, la salud mental y distintos ámbitos de desarrollo de niños niñas y adolescentes que son parte de estas familias, vulnerando así un amplio conjunto de principios y derechos de la niñez que el Estado chileno ha reconocido y ratificado en distintos instrumentos internacionales, así como en documentos normativos que abordan derechos de la niñez en la legislación nacional, en especial el interés superior del niño, la no discriminación, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el respeto a la opinión de niños y niñas.
A estas violencias, se debe lamentar y condenar el incremento del tráfico ilícito de migrantes, fenómeno que la sociedad civil advirtió como efecto tras las políticas migratorias restrictivas del presente gobierno; en este caso las barreras impuestas a una migración regular, especialmente a través de la visa de responsabilidad democrática y las visas consulares. Las cifras indican que entre el año 2019 y 2020 aumentó en cerca de 400% el número de personas víctimas del abuso y la violencia de las redes de tráfico ilícito de migrantes y de otros delitos asociados como la trata de personas y el secuestro. El reciente caso de un grupo de 31 personas migrantes, que incluía ocho menores de 18 años y al menos uno de ellos que estaba bajo secuestro, según denuncia de sus familiares, nos revela que la vulneración de derechos de la niñez y la adolescencia en contexto migratorio es de la mayor gravedad, tanto en su trayecto como al llegar a territorio chileno. Además de las vulneraciones conocidas, se lamenta que estas se agraven, para los miles de niños, niñas y adolescentes que han ingresado de manera irregular durante los últimos años, ya que ellos y ellas no tienen una vía de regularización efectiva, vulnerándose otros derechos que se les debería resguardar.
Por todos los efectos que se han observado, donde cada vez más se ven afectados niños, niñas y adolescentes, se reitera el llamado a que el gobierno garantice la protección de los derechos de las personas migrantes, principalmente para niños, niñas y adolescentes; y en particular:
- Se establezcan las condiciones para una regularización de todas las personas que han ingresado a Chile, considerando a quienes lo hicieron por pasos no habilitados, y resolviendo las dificultades administrativas que tienen las personas haitianas para presentar la documentación que su consulado no les puede otorgar a tiempo.
- Se garantice un proceso efectivo de regularización migratoria para todos los niños, niñas y adolescentes que ingresaron por pasos no habilitados y se establezcan políticas de protección de sus derechos.
- Se hace un llamado a la sociedad civil a fortalecer los lazos de solidaridad con las comunidades que migran, en especial con las niñeces y adolescencias.
